María Alejandrina Zavaleta Y González
Expediente 1365/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1365/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/01/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- María Alejandrina Zavaleta Y González
Actuaciones
- Principal
... se declara que ha causado estado el referido auto...archívese el presente asunto como concluido...se decreta que este expediente carece de relevancia documental...este expediente es susceptible de ser destruido...
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte promovente.
- Principal
... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE qiunce de diciembre DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL AVISO DE NOTIFICACIÓN, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa de Enríquez, Veracruz, quince de diciembre de dos mil dieciséis. Vista; la demanda de amparo promovida por María Alejandrina Zavaleta y González, por propio derecho, contra actos del Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades, por violación a las garantías contenidas en los artículos 1, 8, 14, 16, 19 y 20 Constitucionales. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número que le corresponda. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la demanda que se intenta, se hace necesario reproducir el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que a la letra dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente la tesis en cuestión interpreta que, para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado por la quejosa se hace consistir toralmente en la resolución emitida por el Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, mediante la cual ordena suspender la pensión alimenticia de la que dice venía gozando desde el mes de junio de la presente anualidad, en su calidad de concubina del finado Modesto Meza Carrillo. Expresiones las anteriores que para este Juzgado adquieren el carácter de una confesión rendida en términos de lo dispuesto por el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a la determinación anterior, la tesis proveniente del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página ochocientos cincuenta y siete, Tomo XII, Diciembre de mil novecientos noventa y tres, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." En el caso a estudio el suscrito estima que el juicio de amparo resulta improcedente en términos de lo establecido en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, el cual establece que el juicio de garantías resulta improcedente contra las resoluciones que admitan un recurso o medio de defensa ordinario, por lo cual, el juicio que pretende instaurar la quejosa, resulta inadecuado al existir un recurso ordinario que no se agotó, siendo éste el juicio administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a que se refiere la fracción VII del artículo 3° de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues tal precepto establece en forma específica la procedencia del referido juicio, contra las resoluciones que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante el cual puede revocarse, modificarse o anularse el acto que reclama la parte quejosa. En efecto, para tener por demostrada esa causal de improcedencia conviene reproducir el contenido textual de los artículos citados que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)." "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.). VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; (.)". El precepto y fracción de la Ley de Amparo antes transcritos, ponen de manifiesto, como ya se dijo, que el juicio de garantías es improcedente contra resoluciones respecto de las cuales concede la Ley algún recurso, por virtud del cual pueden ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando no lo hubiese hecho valer oportunamente la parte agraviada. Asimismo, el artículo 3°, fracción VII de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, previene expresamente que dicho órgano conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En ese orden de ideas, es evidente que el acto reclamado por la quejosa se ubica dentro de la hipótesis prevista por el artículo 3°, fracción VII de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues como ya quedó establecido, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se desprende que el acto reclamado lo constituye la resolución emitida por el Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, mediante la cual ordena suspender la pensión alimenticia de la que dice venía gozando desde el mes de junio de la presente anualidad, en su calidad de concubina del finado Modesto Meza Carrillo; de lo que se colige que se está en presencia de un acto administrativo de autoridad emitido por el citado Instituto y por ende es susceptible de ser conocido por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Tiene aplicación al caso la tesis I.6o.T.388 L, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página mil doscientos quince, del Tomo XXVII, Junio de dos mil ocho, Materia Laboral, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA SUSPENSIÓN DEL PAGO DE UNA PENSIÓN ALIMENTICIA DECRETADA MEDIANTE RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE DEBÍA SER CUBIERTA DE LA PENSIÓN JUBILATORIA OTORGADA POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO A UN TRABAJADOR QUE POSTERIORMENTE FALLECE. CORRESPONDE AL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. Si la parte actora, en su carácter de divorciada y beneficiaria del pago de una pensión alimenticia decretada mediante resolución judicial que debía ser cubierta del monto de la diversa pensión jubilatoria otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado al trabajador que posteriormente fallece, demanda la orden de suspensión del pago de aquélla, se está en presencia de un acto de autoridad del referido instituto por el que crea una situación jurídica que afecta su esfera legal; y si bien es cierto que dicha pensión jubilatoria tiene el carácter de prestación de seguridad social, también lo es que se transforma en un vínculo administrativo que nada tiene que ver con la relación laboral que existió entre el de cujus y la dependencia para la cual prestó sus servicios. Por consiguiente, la competencia para conocer de la demanda relativa se surte en favor del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." En el caso particular, en modo alguno se advierte que la impetrante del amparo haya combatido el acto reclamado mediante el citado juicio contencioso administrativo, aunado a que, dicho acto no encuadra en ninguno de los casos de excepción que establece el artículo 61, fracción XVII de la Ley de la materia, que a saber son: "Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento.". De ahí que es dable sostener que no satisfizo el principio de definitividad del juicio de amparo, lo que torna improcedente la acción constitucional ahora intentada. Sirve de apoyo la Jurisprudencia, visible en la página 37, Volumen 12, Sexta Parte del Semanario Judicial de la Federación, sustentada en la Séptima Época por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito la cual a la letra dice: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por lo que cabe concluir que la promovente no agotó el medio de impugnación ordinario; esto es, el referido juicio administrativo, previsto por el artículo 3°, fracción VII de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mediante el cual se pueden nulificar, revocar o anular el acto reclamado y por lo tanto, se itera, inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, actualizándose la hipótesis prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia; por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la citada Ley de Amparo, se desecha la demanda de garantías origen de este asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 749, publicada en la página 505, Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional". Las tesis a que se hace alusión, aun cuando se refieren a la interpretación de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, siguen cobrando vigencia ya que sobre el tema que se analiza en particular, el ordenamiento que regula el juicio de garantías no sufrió modificación que provoque la pérdida de su vigencia, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que fue expedida la nueva Ley de Amparo. No pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional el hecho de que la quejosa solicita la suspensión del acto reclamado, pues de la lectura íntegra del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como de los diversos 128 y 139 de la Ley de Amparo vigente, se despende que el ordenamiento legal citado en último término, no exige mayores requisitos que el primero para conceder la suspensión solicitada, razón por la cual el juicio contencioso administrativo debe agotarse previo a la promoción del juicio de amparo. Se cita por ser aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 19/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, visible en la página setecientos ochenta y tres, tomo I, abril de dos mil quince, cuyo rubro es del tenor siguiente: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Asimismo, la jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, visible en la página mil ciento noventa y cuatro, tomo II, marzo de dos mil dieciséis, de rubro: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO." Y, finalmente la tesis III.2o.A.56 A (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página mil ochocientos treinta y siete, tomo III, agosto de dos mil catorce, de rubro: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL AMPARO, AL NO EXIGIR LA LEY QUE LO RIGE MAYORES REQUISITOS QUE LA DE ESTA ÚLTIMA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO IMPUGNADO." Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la promovente, el señalado en la demanda de garantías y, por autorizados con las restricciones previstas por el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Víctor C. Manuel Galicia Franco y Adglae Cuetlaxochitl Galicia Álvarez, toda vez que no tienen cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo proveyó y firma, el licenciado Alberto Arbea Pérez, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, autorizado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito, en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales; comunicado mediante oficio número CCJ/ST/8603/2016 de seis de diciembre de dos mil dieciséis, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Bernardo Arbea Pérez, secretario quien autoriza y da fe.
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