Maria Alejandra Zarco Valdivia
Expediente 1415/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1415/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/09/2022
Partes del expediente
- Maria Alejandra Zarco Valdivia
Actuaciones
- Principal
... Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido por la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl; a través del cual informa que aceptó la incompetencia declinada por éste juzgado federal, registrándolo bajo el juicio de amparo 1085/2022-III; en consecuencia, se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, el estado procesal de este juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: El cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, ya éste juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo (artículo 21, fracción d) del acuerdo en cita). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. De igual forma, se comunica a la parte agraviada que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, y una vez que transcurra dicho término contados a partir de la presente orden de archivo, se procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. C...
- Principal
Toluca, Estado de México; diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Visto el Acuerdo General 16/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia, se provee lo siguiente: Radicación. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Sofía Susana Aguilar Gómez, y otros, contra actos del Titular de al Dirección General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) y otras autoridades. Fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el Libro de Gobierno así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE con el número 1415/2022-IV. Incompetencia. Es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese orden, este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, carece de competencia legal para conocer el presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación literal de dicho precepto se advierte que el Juez de Distrito es competente por razón de territorio para conocer del juicio de amparo, en los siguientes casos: 1. Es Juez competente para conocer del asunto aquel en cuya jurisdicción tenga ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. 2. Es competente el juez de distrito que prevenga en el conocimiento del asunto, cuando a otro también le resulte competencia, porque la ejecución del acto reclamado se lleve a cabo en sus jurisdicciones. 3. Es Juez competente aquél en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo, siempre y cuando el acto reclamado no requiera de ejecución material. Como se aprecia, la competencia por territorio en materia de amparo se fija en atención a la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio, se debe calificar ésta, a fin de determinar si posee ejecución material o si se trata de actos que carezcan de principio de ejecución. Además, el artículo 37 de la Ley de Amparo en cita, al establecer que es competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado, se refiere a actos positivos en el lugar donde se deban ejecutar. La intención del legislador al fijar la competencia de los Jueces de Distrito en función de la ejecución material de los actos reclamados, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al Juez de Distrito más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se ejecute, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos cuando el acto se haya comenzado a ejecutar en un distrito y se siga ejecutando en otro, pues, sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa contra el acto de autoridad, para detener la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia. Tal intención queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, en el cual se establece que si el acto no requiere ejecución material será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Apoya las consideraciones expuestas, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 2a./J.13/95, registro 200781, en la página 107, tomo I, junio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, que dice: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." Ahora, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que la totalidad de los quejosos reclaman: La promulgación de la reforma a los artículos 70 y 133 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios del Estado de México y Municipios, publicada en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, mediante decreto número 21, el treinta y uno de enero de dos mil veintidós. La discusión, aprobación y expedición de la reforma a los artículos 70 y 133 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios del Estado de México y Municipios, publicada en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, mediante decreto número 21, el treinta y uno de enero de dos mil veintidós. La aplicación retroactiva a los quejosos de los artículos 70 y 133 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios del Estado de México y Municipios, publicada en la Gaceta de Gobierno del Estado de México. Pretendiendo los quejosos que se calcule y pague su beneficio económico de una pensión en los términos que refiere. Ahora, el pago de dicho beneficio está intrínsecamente ligado al domicilio de los beneficiarios por ser razonablemente el lugar en el que se está cobrando y disfrutando; por lo que, tales actuaciones tienen consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas que lo ejercen, el cual se desenvuelve en su domicilio y es éste el lugar en el que resienten su ejecución. De tal manera, que las actuaciones reclamadas son ejecutables y tienen su materialización en el lugar donde se recibe el pago de esas pensiones que se pretenden sean calculadas y pagadas las diferencias, que refieren se encuentran en su favor. Es aplicable, por identidad sustancial, la jurisprudencia 2a./J. 152/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXX, Octubre de 2009, página 95, que prevé: "PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. Si el acto reclamado en el juicio de garantías se hace consistir en la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria por no aplicarse los aumentos a los que el quejoso considera tiene derecho, derivados de las reformas al párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en vigor a partir del 5 de enero de 1993 y 1o. de enero de 2002, atribuida al Subdirector General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto mencionado, implica la privación del ejercicio del derecho como es a disfrutar de una pensión correctamente cuantificada, pues por virtud de esa negativa la autoridad afecta la esfera jurídica del quejoso al pagarle incompleta su pensión. Por otro lado, el pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta, al ya no estar unido a su centro de trabajo. Bajo este tenor, cuando en el amparo se reclame la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos correspondientes, tal acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas jubiladas, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resientan su ejecución, por lo que conforme al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, sin importar que no se demande destacadamente la falta de pago porque tal situación es consecuencia natural del indicado acto reclamado. Este criterio es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado." Así como la tesis 217-228, Tercera Parte, página 73, publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Volumen, registro digital 237105, con rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCION DE OTRO JUEZ. Se debe fincar la competencia para conocer del negocio en el juzgado dentro de cuya jurisdicción se pretende ejecutar el acto que se reclama, sin que sea óbice para resolver así el hecho de que la autoridad responsable resida en territorio de otro Juez de Distrito, que pudiera inducir a estimar competente a éste, porque dicha responsable ejerce sus funciones en el lugar de ejecución del acto reclamado. Así, conforme a la reclamación planteada mediante la presente vía constitucional, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza el primer párrafo de la hipótesis de competencia prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que al efecto establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De lo que se colige, que es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado; por lo tanto, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la presente demanda de amparo respecto de los quejosos. Esto es, del análisis de la totalidad de las constancias que integran la demanda de amparo se advierte que todos los quejosos reciben su pensión en Texcoco, lo cual se corrobora con los comprobantes de pago electrónico. En ese contexto, este órgano jurisdiccional considera que es legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo, toda vez que los actos reclamados tienen ejecución de forma material en la circunscripción territorial en que ejerce jurisdicción el Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno; por lo que evidentemente este órgano jurisdiccional no tiene competencia por razón de territorio. Ahora bien, el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, establece lo siguiente: "(.)Los juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los siguientes municipios: Acolman, Amecameca, Atenco, Atlautla, Axapusco, Ayapango, Cocotitlán, Chalco, Chiautla, Chicoloapan, Chiconcuac, Chimalhuacán, Ecatzingo, Ixtapaluca, Juchitepec, La Paz, Nezahualcóyotl, Nopaltepec, Otumba, Ozumba, Papalotla, San Martín de las Pirámides, Tecámac, Temamatla, Temascalapa, Tenango del Aire, Teotihuacán, Tepetlaoxtoc, Tepetlixpa, Texcoco, Tezoyuca, Tlalmanalco y Valle de Chalco Solidaridad." (lo resaltado es propio) En ese sentido, si el acto reclamado en la demanda de amparo tiene ejecución material en el municipio de Texcoco de Morelos y los órganos que ejercen jurisdicción territorial en ese municipio son los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, es evidente que este Juzgado de Distrito no tiene competencia para conocer de la demanda de amparo, por razón de territorio. En las relatadas condiciones, este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, y con apoyo además en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límite territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, declina la competencia para conocer del presente asunto a favor del Juez de Distrito en el Estado de México con residencia en Nezahualcóyotl, en turno, pues los quejosos pretenden que se calcule y pague su beneficio económico de pensión (pago), lo cual está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta, al ya no estar unido a su centro de trabajo; bajo este tenor, los actos reclamados tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas jubiladas, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resientan su ejecución, por lo que conforme al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, en los términos precisados. Sin que pueda considerarse que el Juez competente es aquél en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo, ya que en el caso en concreto el acto reclamado requiere de una ejecución material como se refirió anteriormente. En consecuencia, de conformidad con la circular DGGJ/0012/2020, signada por el Titular de la Dirección General de Gestión Judicial, se ordena comunicar el presente auto mediante oficio, a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, vía correo electrónico institucional, requiriéndole para que remita la boleta de turno respectiva a este órgano jurisdiccional, en el entendido que una vez que se cuente con esta información, se enviará el original del juicio de amparo 1415/2022-V. Domicilio procesal. En otro orden, de conformidad con los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su diverso 2°, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa, en el entendido que únicamente deberán realizarse personalmente las que así lo ameriten en términos del precepto 26 de la Ley de Amparo; por lo que, las restantes deberán efectuarse por medio de lista, que se realiza mediante la publicación en internet, prevista en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en los sitios oficiales del Consejo de la Judicatura Federal y colóquese en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita tal y como lo prevé al artículo 21 del Acuerdo General aludido. Correo Electrónico y Número Telefónico. En relación al correo electrónico y número telefónico que proporciona la parte quejosa, en términos del Acuerdo General 21/2020 señalado, únicamente tómese nota de dicho datos, y se comisiona al Actuario y al Secretario de la adscripción a efecto de que puedan hacer su uso para comunicaciones no oficiales. Autorizados. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo se tienen por autorizados en términos restringidos a las personas que autoriza en su demanda de amparo, por no contar con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación de días y horas inhábiles. En términos del artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio de amparo, de igual forma, se faculta al Secretario adscrito a este órgano de control constitucional, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. ...Notifíquese personalmente.
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