María Alejandra Silva Gutiérrez
Expediente 1059/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1059/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- María Alejandra Silva Gutiérrez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que no se recurrió el auto de veinticuatro de agosto del año en curso, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ***, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Asimismo, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del indicado Acuerdo General, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, al tratarse de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda que dio origen al juicio en que se actúa. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Por ende, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese
- Principal
Visto el escrito de demanda signada por *** contra actos del Secretario de Salud del Gobierno Federal y otras. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 1059/2021-4 del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E. DESECHAMIENTO En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se examinará, el escrito de demanda y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano. El citado artículo 113 dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ese artículo impone la obligación al juez de distrito de examinar el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; atento a ello, por motivo manifiesto se entiende descubierto, patente y claro, y por indudable aquello que no puede ponerse en duda; esto es, de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualice; de modo que aún de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, llevaría a la misma convicción de improcedencia. Proceder que se sustenta en el artículo 17 constitucional, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Ahora, del estudio integro de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa señaló como actos reclamados: El oficio número 2051, de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, mediante el cual se le comunicó a la quejosa el "reintegro a sus labores de manera presencial de acuerdo a su jornada". El Acuerdo por el que se da a conocer el medio de difusión de la nueva metodología del semáforo por regiones para evaluar el riesgo epidemiológico que representa la enfermedad grave de atención prioritaria COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Causa de improcedencia manifiesta e indudable. Este Juzgado de Distrito considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo en relación con los diversos numerales 1° y 5°, fracción II, de ese ordenamiento legal, así como el diverso 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley [.]" El numeral transcrito, prevé la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que la misma resulte de alguna disposición de la ley. Por su parte, el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte [.]" Los artículos 1° y 5, fracción II, de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales [.]." Artículo 5.- Son partes en el juicio de amparo: [. ] II.- La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilaterial y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas [.]" De los dispositivos legales previamente transcritos se advierte con claridad que el juicio de amparo procede solamente contra "actos de autoridad"; y, el acto que aquí se reclama no puede ser considerado en esa categoría. En efecto, la interpretación sistemática de los artículos antes transcritos se deriva que el juicio de amparo tiene por objeto resolver controversias que se susciten por actos de autoridad que violen derechos humanos, y que autoridad para efectos del juicio de amparo, es aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Por lineamiento jurisprudencial (P.XXVII/97), se determinó que autoridad para efectos del amparo es la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. El criterio jurisprudencial de la Segunda Sala, -registro 161133-, precisa la nota distintiva del acto de autoridad, a saber: Supra a subordinación con un particular; Esa relación tenga su nacimiento en la ley; Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Expuesto lo anterior, se tiene que en la demanda de amparo, la promovente manifestó bajo protesta de decir que labora como médico general adscrito al Centro de Salud Jesús de Rosal, de la Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo, en esta ciudad de Pachuca, con funciones de médico operativo, en un horario de las veinte a las ocho horas (doce horas). Con lo anterior, queda demostrado que el acto que reclama es consecuencia de la relación laboral existente entre la peticionaria y el nosocomio para el cual labora de manera personal y subordinada; debido a que dicho acto incide y causa perjuicio en la esfera de derechos que posee al ser parte trabajadora. Por tanto, los actos que pretende combatir a través del presente juicio, tienen una naturaleza particular y no laboral, la cual no se genera por un vínculo jurídico que se mantenga entre trabajador y patrón, ya que en este caso la autoridad señalada como responsable no actúa con una potestad de imperio, puesto que el acto en que incurre, es meramente particular e interno entre la misma y la peticionaria de amparo. Luego, es evidente que entre la peticionaria y la autoridad responsable subyace un vínculo empleado-patrón, atendiendo a la relación laboral que existe entre la trabajadora y el Centro de Salud Jesús de Rosal, perteneciente a la Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo, por tanto, se está en presencia de una relación de coordinación -no de supra a subordinación, (gobierno gobernado)-, cuyas diferencias están sujetas a la jurisdicción de las instituciones laborales, acorde al artículo 123 Constitucional; ante ello, al emanar el acto reclamado de una dependencia pública que actúa como patrón, la parte quejosa tiene expedito su derecho para hacerlo valer ante los tribunales correspondientes, pues el acto impugnado, no puede ser objeto de examen constitucional, en tanto ello es propio de una controversia ante las autoridades del trabajo y no del juicio de amparo, pues como se dijo, entre ellos existe una relación de coordinación, obrero-patrón, la cual debe ventilarse ante las instancias laborales correspondientes, ya que el juicio de amparo tiene entre otros objetos, resolver las controversias que se susciten por actos u omisiones de autoridad, y no son tales las diferencias de carácter laboral suscitadas entre dependencias de gobierno y sus empleados. Por consiguiente, el acto u omisión combatido por la peticionaria de amparo, es actuación que se circunscribe exclusivamente al plano laboral y en esa medida, desvinculada totalmente de las características propias que revisten los actos de autoridad para efectos del juicio de amparo; lo cual implica que el promovente, debe acudir ante las instancias ordinarias a impugnar los derechos laborales que dice, le vulneran con dicha omisión, para en su caso, estar en condiciones de someter a la jurisdicción constitucional las determinaciones que se adopten al respecto y le irroguen perjuicio. Cierto, el acto reclamado, en su caso, sólo conlleva una actuación propia de la relación privada que une a las dependencias con la parte quejosa como particular, en virtud que su pretensión final es el resguardo domiciliario, lo que consiste en el cumplimiento de una prestación de trabajo que, por regla general, no es reclamable en la vía constitucional. Si bien en algún momento de la contingencia, en aras de privilegiar el acceso a la justicia en términos del artículo 17 de la Constitución, y por estar cerradas las autoridades ordinarias de trabajo, se pudo entender, excepcionalmente, la tutela del derecho en el amparo; actualmente ya no prevalece tal imposibilidad, pues es un hecho notorio que se reactivaron sus funciones, por lo que debe acudirse a la vía que legalmente corresponda para hacer dicho reclamo. Lo anterior se encuentra sustento en la jurisprudencia VII.2o.T. J/71 L (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, del tenor siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO TIENEN ESE CARÁCTER LOS PATRONES A LOS QUE SE LES RECLAMA LA NEGATIVA A OTORGAR MEDIDAS PREVENTIVAS (RESGUARDO DOMICILIARIO) ANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARSCoV2, POR LO QUE PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA RELATIVA POR CAUSA NOTORIA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Hechos: Diversos trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que prestan sus servicios en unidades médicas de dichos organismos, reclamaron mediante juicio de amparo indirecto la negativa a otorgarles medidas preventivas (resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV2, que causa la enfermedad COVID-19, siendo admitidas las demandas por los Jueces de Distrito; proceder que fue controvertido a través del recurso de queja por el patrón a quien se le atribuyó el carácter de autoridad responsable. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que los patrones no son autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto, cuando se les reclama la negativa a otorgar medidas preventivas (resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria existente por el virus SARS CoV2, que causa la enfermedad COVID-19, por lo que procede desechar la demanda por causa notoria e indudable de improcedencia. Justificación: Lo anterior es así, porque la relación establecida entre la parte quejosa y las autoridades señaladas como responsables no es de supra a subordinación, sino que se trata de una relación de coordinación regulada por el derecho laboral, pues el acto reclamado, en esencia, es la negativa a otorgar medidas preventivas (resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria existente por el virus referido, en virtud de que su pretensión final es el otorgamiento de una licencia para ausentarse de sus labores, lo que, evidentemente, no es un acto de autoridad, sino en todo caso, una actuación propia de la relación privada que une al patrón con los quejosos como particulares. Luego, no se está en el caso de tener a los patrones como responsables para los efectos del juicio de amparo en este tipo de asuntos, al ser una cuestión de carácter laboral que debe exigirse ante la autoridad ordinaria de trabajo correspondiente, por lo que en dichos supuestos se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 1o., fracción I y 5o., fracción II, estos últimos aplicados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, que provoca el desechamiento de plano de la demanda de amparo, sin que sea obstáculo el hecho de que, si bien en algún momento de la contingencia, en aras de privilegiar el acceso a la justicia en términos del artículo 17 de la Constitución General, y por estar cerradas las autoridades ordinarias de trabajo, se pudo entender, excepcionalmente, la tutela del derecho en el amparo; empero, hoy día ya no prevalece tal imposibilidad, pues reactivaron sus funciones, por lo que debe acudirse a la vía ordinaria laboral para hacer dicho reclamo, en tanto esa jurisdicción está restablecida." Sin que pase inadvertido para quien esto Juzga, que la quejosa también señaló como acto reclamado el "Acuerdo por el que se da a conocer el medio de difusión de la nueva metodología del semáforo por regiones para evaluar el riesgo epidemiológico que representa la enfermedad grave de atención prioritaria COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación", en virtud de ser dicha normatividad el fundamento del acuerdo reclamado. Sin embargo, al haberse actualizado la causa de improcedencia, antes mencionada, en contra del acto de aplicación, esto es, el oficio número 2051, de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, mediante el cual se le comunicó a la quejosa el "reintegro a sus labores de manera presencial de acuerdo a su jornada", lo procedente, también es desechar la demanda respecto de la normatividad reclamada, dado que su estudio no puede estar desvinculado del acto de aplicación, el cual se reitera, no resulta procedente, por las razones antes enunciadas. Lo anterior se encuentra establecido en la Jurisprudencia 71/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 235, Tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del mes de Agosto de 2000, de rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN." Por tanto, con fundamento en los artículos 5°, fracciones I y II, 113, 61, fracción XXIII, y demás relativos y aplicables de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. A mayor abundamiento, debe decirse que no escapa a la consideración de este Órgano de Control Constitucional que el Acuerdo reclamado, publicado el veintisiete de julio de dos mil veintiuno, en el Diario Oficial de la Federación, el cual entró en vigor al día de su publicación, determinó en su artículo Segundo, lo que se transcribe enseguida: "ARTÍCULO SEGUNDO. Las personas a quienes se haya administrado un esquema de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 y habiendo transcurrido dos semanas posteriores a la aplicación de la última dosis, no serán consideradas dentro de la población en situación de vulnerabilidad para contraer dicha enfermedad grave de atención prioritaria. [.]". Por tanto, si de las constancias que al efecto adjuntó la quejosa a su escrito de demanda, se advierte que el Doctor tratante, adscrito a la Unidad de Medicina Familiar del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Hidalgo, emitió una constancia de salud a favor de la impetrante, el veintinueve de julio del año que transcurre, de la cual se advierte que, fue la aquí quejosa, fue diagnosticada con "hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus dos e hipotiroidismo", precisando que el retorno a las actividades queda a consideración de la Dependencia a la cual está adscrita, atendiendo a lo dispuesto en el artículo segundo del Acuerdo, antes citado. Ello evidencia, que la determinación de retorno a sus actividades, con independencia del diagnostico descrito, se encuentra bajo la responsabilidad de sus centros de trabajo, aunado a que cuenta con el esquema completo de vacunación en contra del virus SARS-CoV-2la, circunstancia que permite establecer la posibilidad de reingreso a sus actividades laborales, preservando su salud. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Toda vez que el usuario que señala la quejosa para la realización de la notificaciones vía electrónica, no lo reconoce el sistema; realícense las notificaciones de carácter personal en el domicilio particular de la quejosa, a saber ***, hasta en tanto señala nuevo usuario para la realización de notificaciones en línea. Téngase como autorizada en los términos restringuidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la profesionista que cita toda vez que no se localizó registro de cédula a su nombre en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del diez de mayo del año en curso, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese personalmente.
- Principal
TODA VEZ QUE DE LA RAZÓN ACTUARIAL QUE ANTECEDE SE ADVIERTE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO COMPARECIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO FEDERAL A NOTIFICARSE DEL PROVEIDO DE VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, DICTADO EN EL JUICIO EN EL QUE SE ACTÚA; EN CONSECUENCIA, SE PROCEDE A NOTIFICARLE EL REFERIDO PROVEÍDO A DICHA PARTE POR MEDIO DE LISTA, EL CUAL ENUNCIA: "SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO.". NOTIFÍQUESE
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