Maria Alejandra Rios Trejo
Expediente 331/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 331/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Maria Alejandra Rios Trejo
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, dos de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que las partes interesadas y facultadas interpusieran el recurso de queja en contra del proveído que DESECHÓ DE PLANO la demanda de garantías promovida por -, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, se declara que el proveído de mérito, HA CAUSADO ESTADO. En ese sentido y advirtiéndose que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; lo anterior, por haberse desechado la demanda de garantías. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Notifíquese.
- Principal
.CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA POR LISTA LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE DIECISEIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Vista la demanda de amparo promovida por -, por propio derecho, contra actos del Director de la Unidad de Combate al Secuestro de la Procuraduría de Justicia del Estado, y otra autoridad; regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número I-331/2018-C. Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: "IV. ACTO RECLAMADO. La falta de PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA a mi favor dentro de la carpeta de investigación ZAM/108/00812/2017 con - que se integra en mi agravio por el delito de secuestro." El suscrito estima que procede desechar el libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXII, en relación con el 6° de la Ley de Amparo. Para aclarar la postura anterior, es conveniente precisar lo que establece el precepto legal 113, de la Ley Reglamentaria, de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "ARTICULO 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El numeral trascrito, autoriza al juzgador a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, debe tenerse en consideración, que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguna durante el juicio. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Por su parte los numerales 61, fracción XXIII y 6° ambos de la Ley de la materia, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De la interpretación sistemática de la fracción XXIII del artículo 61, y del diverso numeral 6° ambos de la ley de la materia, se destaca como requisito de procedencia del juicio de garantías, que la parte quejosa acredite el perjuicio o afectación que de manera personal y directa sufra en su esfera jurídica, lo cual es exigido con el objeto de justificar plenamente la facultad del accionante de garantías, para acudir ante el órgano jurisdiccional federal competente, a demandar la tutela del derecho que afirma se encuentra afectado, lo que se traduce en un presupuesto o condición esencial indispensable, porque implica que quien ejerza la acción constitucional, debe resentir un perjuicio o menoscabo en su esfera jurídica, por la emisión del acto reclamado. Lo anterior, porque un acto de autoridad puede engendrar una situación jurídica concreta, en beneficio o en perjuicio de una o varias personas, en relación con la formación, modificación o extinción, de una relación de derecho; por lo tanto, cuando afecta a uno o varios individuos en su persona o patrimonio, creando, modificando o extinguiendo en su perjuicio una situación jurídica concreta, el juicio de amparo es procedente, y por el contrario, cuando no afecta la esfera jurídica del particular, el juicio de amparo es improcedente, porque la demanda únicamente puede promoverse por la parte a quien cause perjuicio el acto reclamado, en términos del artículo 6° de la ley de la materia. En conclusión, la esfera jurídica de la parte quejosa, sólo se advierte afectada cuando con la emisión del acto reclamado son alterados parcial o totalmente el cúmulo de derechos y obligaciones que posee. Expuesto lo anterior, debe indicarse que las actuaciones practicadas en la carpeta de investigación constituye una facultad del representante social (investigación y persecución de los delitos) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Federal; de ahí que dichos actos no afectan en forma alguna los derechos subjetivos de la peticionaria del amparo, en razón de que no genera perjuicios a los derechos legítimamente tutelados cuya transgresión cometida por una autoridad, haga procedente la acción constitucional para obtener la suspensión o cancelación del inicio y tramitación de dicha averiguación. Se afirma lo que precede, toda vez que el hecho de que las autoridades señaladas como responsables integren una carpeta de investigación, investiguen la comisión de delitos y practiquen las diligencias necesarias, no implica que con ello cause daños o perjuicios al gobernado, excepto cuando de la misma investigación deriven actos de molestia o privativos de libertad, derechos o posesiones, lo que haría factible la transgresión de derechos y, en consecuencia, la facultad para solicitar la protección constitucional, pero sólo respecto de esos actos de molestia o privativos, mas no de la integración, tramitación y procedimiento de la carpeta de investigación que se hace referencia. En ese contexto y dado que corresponde a las instituciones públicas el acreditamiento de la actualización del delito, por imperativo constitucional en todos los casos se le constriñe a realizar "la investigación y persecución de los delitos", debiendo para ello, realizar todas las diligencias que resulten necesarias para una debida integración de la averiguación previa; tal proceder no puede ser transgresor de derechos sustantivos del gobernado. Orienta el criterio del suscrito, por las razones jurídicas que la sustentan, la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 351, Tomo XX, diciembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto a continuación se citan: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.- El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad." Con base en lo anterior, es dable concluir que si por mandato constitucional el Ministerio Público por una parte, goza de las facultades de investigar los delitos y por otra, tiene la obligación de acreditarlos, es posible establecer que los actos que de manera habitual tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, por ser susceptibles sus efectos de ser posteriormente contrarrestados o anulados, no trascienden de manera irreparable a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irrogan un perjuicio, ya que éste en todo caso se materializa hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal, determine en un momento dado si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. En tales condiciones, el acto reclamado en mención, no causa agravio a la inconforme pues consiste en la omisión de la autoridad responsable de solicitar al juez de control respectivo la orden de aprehensión correspondiente dentro de la carpeta de investigación ZAM/108/00812/2017 con NUC 1005201726608, y más bien la determinación final es la que en su caso pudiera perjudicarle, además de que no existe disposición legal alguna que permita a los gobernados oponerse a la labor ministerial. Aunado a eso, los actos que reclama la parte quejosa dentro del presente asunto no se encuentran en los supuestos que establece el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues a la letra dice "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación"; del que se desprenden los actos concretos que puede reclamar la parte quejosa, así como la instancia y el término que tiene para hacerlo, por tanto, queda expedito su derecho para hacer valer lo que en derecho corresponda. En consecuencia al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXII, en relación con el 6° de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de garantías de cuenta, con apoyo en lo establecido por el artículo 113, de la Ley de la Materia. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Se tiene a la promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, por autorizando para tal efecto, a la persona que menciona, y únicamente en términos del artículo 12 de la ley de la materia, al licenciado - virtud a que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Hágase del conocimiento de las partes que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este Órgano Jurisdiccional. ";. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de abril de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por -, por propio derecho, contra actos del Director de la Unidad de Combate al Secuestro de la Procuraduría de Justicia del Estado, y otra autoridad; regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número I-331/2018-C. Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: "IV. ACTO RECLAMADO. La falta de PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA a mi favor dentro de la carpeta de investigación ZAM/108/00812/2017 con - que se integra en mi agravio por el delito de secuestro." El suscrito estima que procede desechar el libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXII, en relación con el 6° de la Ley de Amparo. Para aclarar la postura anterior, es conveniente precisar lo que establece el precepto legal 113, de la Ley Reglamentaria, de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "ARTICULO 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El numeral trascrito, autoriza al juzgador a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, debe tenerse en consideración, que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguna durante el juicio. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Por su parte los numerales 61, fracción XXIII y 6° ambos de la Ley de la materia, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De la interpretación sistemática de la fracción XXIII del artículo 61, y del diverso numeral 6° ambos de la ley de la materia, se destaca como requisito de procedencia del juicio de garantías, que la parte quejosa acredite el perjuicio o afectación que de manera personal y directa sufra en su esfera jurídica, lo cual es exigido con el objeto de justificar plenamente la facultad del accionante de garantías, para acudir ante el órgano jurisdiccional federal competente, a demandar la tutela del derecho que afirma se encuentra afectado, lo que se traduce en un presupuesto o condición esencial indispensable, porque implica que quien ejerza la acción constitucional, debe resentir un perjuicio o menoscabo en su esfera jurídica, por la emisión del acto reclamado. Lo anterior, porque un acto de autoridad puede engendrar una situación jurídica concreta, en beneficio o en perjuicio de una o varias personas, en relación con la formación, modificación o extinción, de una relación de derecho; por lo tanto, cuando afecta a uno o varios individuos en su persona o patrimonio, creando, modificando o extinguiendo en su perjuicio una situación jurídica concreta, el juicio de amparo es procedente, y por el contrario, cuando no afecta la esfera jurídica del particular, el juicio de amparo es improcedente, porque la demanda únicamente puede promoverse por la parte a quien cause perjuicio el acto reclamado, en términos del artículo 6° de la ley de la materia. En conclusión, la esfera jurídica de la parte quejosa, sólo se advierte afectada cuando con la emisión del acto reclamado son alterados parcial o totalmente el cúmulo de derechos y obligaciones que posee. Expuesto lo anterior, debe indicarse que las actuaciones practicadas en la carpeta de investigación constituye una facultad del representante social (investigación y persecución de los delitos) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Federal; de ahí que dichos actos no afectan en forma alguna los derechos subjetivos de la peticionaria del amparo, en razón de que no genera perjuicios a los derechos legítimamente tutelados cuya transgresión cometida por una autoridad, haga procedente la acción constitucional para obtener la suspensión o cancelación del inicio y tramitación de dicha averiguación. Se afirma lo que precede, toda vez que el hecho de que las autoridades señaladas como responsables integren una carpeta de investigación, investiguen la comisión de delitos y practiquen las diligencias necesarias, no implica que con ello cause daños o perjuicios al gobernado, excepto cuando de la misma investigación deriven actos de molestia o privativos de libertad, derechos o posesiones, lo que haría factible la transgresión de derechos y, en consecuencia, la facultad para solicitar la protección constitucional, pero sólo respecto de esos actos de molestia o privativos, mas no de la integración, tramitación y procedimiento de la carpeta de investigación que se hace referencia. En ese contexto y dado que corresponde a las instituciones públicas el acreditamiento de la actualización del delito, por imperativo constitucional en todos los casos se le constriñe a realizar "la investigación y persecución de los delitos", debiendo para ello, realizar todas las diligencias que resulten necesarias para una debida integración de la averiguación previa; tal proceder no puede ser transgresor de derechos sustantivos del gobernado. Orienta el criterio del suscrito, por las razones jurídicas que la sustentan, la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 351, Tomo XX, diciembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto a continuación se citan: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.- El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad." Con base en lo anterior, es dable concluir que si por mandato constitucional el Ministerio Público por una parte, goza de las facultades de investigar los delitos y por otra, tiene la obligación de acreditarlos, es posible establecer que los actos que de manera habitual tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, por ser susceptibles sus efectos de ser posteriormente contrarrestados o anulados, no trascienden de manera irreparable a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irrogan un perjuicio, ya que éste en todo caso se materializa hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal, determine en un momento dado si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. En tales condiciones, el acto reclamado en mención, no causa agravio a la inconforme pues consiste en la omisión de la autoridad responsable de solicitar al juez de control respectivo la orden de aprehensión correspondiente dentro de la carpeta de investigación ZAM/108/00812/2017 con NUC 1005201726608, y más bien la determinación final es la que en su caso pudiera perjudicarle, además de que no existe disposición legal alguna que permita a los gobernados oponerse a la labor ministerial. Aunado a eso, los actos que reclama la parte quejosa dentro del presente asunto no se encuentran en los supuestos que establece el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues a la letra dice "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación"; del que se desprenden los actos concretos que puede reclamar la parte quejosa, así como la instancia y el término que tiene para hacerlo, por tanto, queda expedito su derecho para hacer valer lo que en derecho corresponda. En consecuencia al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXII, en relación con el 6° de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de garantías de cuenta, con apoyo en lo establecido por el artículo 113, de la Ley de la Materia. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Se tiene a la promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, por autorizando para tal efecto, a la persona que menciona, y únicamente en términos del artículo 12 de la ley de la materia, al licenciado - virtud a que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Hágase del conocimiento de las partes que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este Órgano Jurisdiccional. Notifíquese personalmente.
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