Maria Alejandra Rico Chavez

Expediente 903/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 12 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
903/2021
Año
2021
Actuaciones
1
Última actuación
12/11/2021

Partes del expediente

  • Maria Alejandra Rico Chavez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la demanda de cuenta presentada por ****, por su propio derecho, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Ario de Rosales, en el Estado de Michoacán de Ocampo Fórmese expediente impreso y electrónico, de conformidad con lo previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, y regístrese en el libro de gobierno con el número 903/2021-III. Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la promovente señala como autoridad responsable y actos reclamados los siguientes: Además del análisis de dicho ocurso y anexos, no se desprende que reclame actos que tengan ejecución en la jurisdicción de este juzgado federal, es decir Ciudad de México; por ende se advierte que lo reclamado se ejecutó y sigue teniendo ejecución en el estado de Michoacán, lugar donde está radicado el juicio de origen de donde deriva lo reclamado. Por lo cual, en términos del artículo 33, fracción IV, 37 de la Ley de Amparo, este Juzgador carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo en cita. Lo anterior, porque los artículos 33, fracción IV y 37 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 33. Son competentes para conocer del juicio de amparo: I. La Suprema Corte de Justicia de la Nación; II. Los tribunales colegiados de circuito; III. Los tribunales unitarios de circuito; IV. Los juzgados de distrito; y V. Los órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales de los Estados y del Distrito Federal, en los casos previstos por esta Ley. Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De los preceptos transcritos, se desprende que la competencia por territorio en materia de amparo obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de un acto meramente declarativo, y posteriormente, se deben analizar las características de la ejecución. Este análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo considerando sus consecuencias directas o inmediatas y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen, pues su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa e inmediata se vincula a éste. Así, cuando la ejecución de un acto se lleve a cabo en lugares respecto de los cuales, ejerzan jurisdicción jueces distintos, la competencia se fincará en favor del que previno; y en el caso de que no requiera ejecución, es competente aquél en cuya jurisdicción se presentó la demanda. En ese contexto, del análisis del artículo 37 de la Ley de Amparo, se desprenden tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, mismas que a continuación se detallan. a) La primera, contenida en el primer párrafo, destaca que con independencia del lugar en que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda consiste en que la competencia del Juez de Distrito, se establece en razón de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo; y, c) La tercera deriva del último párrafo del precepto legal en estudio, que establece que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Entonces, de conformidad con las reglas que estatuye el artículo 37 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de amparo, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado, en el entendido de que la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de amparo. Sirve de apoyo a las consideraciones expuestas, la jurisprudencia 13/95 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro y texto los siguientes: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." En el caso, se advierte que la quejosa pretende la protección de la Justicia Federal en su favor contra la falta de notificación y emplazamiento al juicio ordinario civil, nulidad de testamento, expediente 143/2016, tramitado ante el Juez Mixto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Ario de Rosales, en el Estado de Michoacán de Ocampo. Además del análisis de dicho ocurso y anexos, no se desprende que reclame actos que tengan ejecución en la jurisdicción de este juzgado federal, es decir Ciudad de México; por ende se advierte que lo reclamado se ejecutó y sigue teniendo ejecución en el estado de Michoacán, lugar donde está radicado el juicio de origen de donde deriva lo reclamado. Por ende, resulta evidente que el acto reclamado se lleva fuera de la jurisdicción territorial de este órgano jurisdiccional, por lo que resulta competente para conocer del juicio de amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el juicio de origen. Tiene aplicación al caso, la tesis emitida por la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 88 del Volumen 217-228, Séptima Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyo tenor es el siguiente: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 36, PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". Así como el criterio emitido por la Tercera Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12 del Volumen 199-204, Cuarta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyo tenor es: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse". Por tanto, es dable aseverar que lo reclamado por la peticionaria de amparo se sigue ejecutando en el Estado de Michoacán, y que para efectos de la competencia, se debe fincar al Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, en turno. De ahí que, como lo reclamado tiene consecuencias jurídicas y de hecho en una jurisdicción diferente al de este resolutor; y por ende se considera que es competente el Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, en turno, para conocer de la demanda de amparo promovida por ****, por su propio derecho, contra el acto y autoridades antes señaladas. Por lo tanto, este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, se declara legalmente incompetente para conocer el presente juicio de amparo, razón por la cual se ordena remitir los autos del presente expediente al Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, en turno, a fin de que se avoque al conocimiento del presente asunto. Por otra parte, se solicita al Juez de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada, asimismo acuse el recibo de estilo correspondiente. Con motivo de lo anterior, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Por otro lado, téngase a la quejosa señalando como domicilio procesal las listas que se fijan en los estrados de este juzgado para oír y recibir notificaciones por haberlo señalado expresamente en la demanda de amparo, lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Por otra parte, se autoriza únicamente para que a través del correo electrónico que proporciona, se entable comunicación no procesal, siguiendo los lineamientos indicados en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Se faculta en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que indica siempre y cuando cuenten con su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y en caso contrario únicamente se les autorizara para oír y recibir notificaciones, conforme a lo establecido en el párrafo segundo, última parte, del numeral invocado. Respecto a las demás personas que indica se les autoriza para los efectos que precisa. Consulta al expediente electrónico. En relación a su solicitud se concede el acceso al expediente electrónico, al usuario "****", en virtud de que se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), lo anterior en términos del numeral 3 de la Ley de Amparo. Exhortación a tramitar asuntos "en línea". Por otra parte, con base en lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19, se exhorta a la parte a que, de estimarlo pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea (juicio en línea). Asimismo, para mejorar la comunicación con la parte se les exhorta a que proporcione alguna modalidad a través de la cual se pueda tener un contacto expedito, es decir, a que señalen un número telefónico en el que puedan recibir mensajería instantánea (verbigracia whatsapp), así´ como un correo electrónico. Hágase del conocimiento de la parte que tiene expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo atendiendo a lo previsto en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, por lo que las partes deberán manifestarlo expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en el entendido que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se emitan se aplique sin supresión de datos, conforme a lo dispuesto en el numeral 21 de la última ley en cita. Notifíquese y por oficio al Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, en turno. Mesa III.

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