María Alejandra Pineda Porras

Expediente 843/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
843/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
17/11/2020

Partes del expediente

  • María Alejandra Pineda Porras

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, que transcurrió el plazo de cinco días que prevé en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja. En consecuencia, con fundamento en el artículo 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado el auto de veintiocho de octubre de dos mil veinte, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por lo anterior, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE]; y, archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DESTRUIBLE en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo donde sin decidir el juicio en lo principal se da por concluido. Por otra parte, como lo dispone el capítulo Décimo Tercero, artículo 35, primer y segundo párrafo del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran el plazo que aduce el penúltimo párrafo del artículo 21 del mencionado Acuerdo, deberá transferirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de octubre de dos mil veinte. Vistos los autos que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que María Alejandra Pineda Porras no dio cumplimiento al requerimiento realizado por este Juzgado Federal el veintiocho de septiembre y nueve de octubre de dos mil veinte; por tanto, es legal hacer efectivo el apercibimiento decretado en autos, en virtud de que es indispensable para la admisión de la demanda, que se cumplan cabalmente los requisitos que establece el artículo 108 de la Ley de Amparo. En el caso, en el proveído de veintiocho de septiembre del año que transcurre, se requirió a la parte impetrante para que realizara lo siguiente: "Narre de forma precisa y cronológica los hechos o abstenciones acontecidos dentro del juicio ejecutivo mercantil 240/2010 del Juzgado Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del distrito judicial de Puebla, así como del toca de apelación 454/2019 de la Tercera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, entre lo que deberá destacar el contenido del proveído de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho (emitido en el juicio de origen), y de la resolución de diecisiete de marzo de dos mil veinte (dictada en el toca de apelación), o en su caso, exhiba copia certificada de dichas actuaciones." Por otra parte, en el diverso acuerdo de nueve de los actuales, se previno a la parte solicitante del amparo a fin de que efectuara lo siguiente: "[.] proporcione el domicilio correcto y actual de las personas referidas en el párrafo anterior, y si no los conoce, lo manifieste bajo protesta de decir verdad. [.]". Por lo que al no haber dado cumplimiento a lo precisado en párrafos que anteceden, la consecuencia jurídica es tener por no presentada la demanda promovida por María Alejandra Pineda Porras, lo anterior, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    1 ORDEN DE TRAMITAR INCIDENTE Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias simples de la demanda de amparo, tramítese por duplicado y separado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1770/2019, promovido por Macedonio López Bueno, María Evarista Ordaz Diagas y Lorena López Ordaz, contra actos del Dirección General de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Puebla y otras autoridades. 2PETICIÓN DE INFORMES PREVIOS Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 138, fracciones II y III y 142, ambos de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe previo que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, contado a partir de la notificación de este auto, enviándoles al efecto copia simple de la demanda, apercibidas que de no hacerlo, se presumirá cierto el acto reclamado, y se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, y 259 de la ley de la materia, en relación con los diversos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 3°, 4° y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $86.88 (ochenta y seis pesos con ochenta y ocho centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veinte. Ahora, a fin de evitar en la medida de lo posible el contacto innecesario entre personal de las autoridades responsables y servidores públicos de este órgano jurisdiccional mientras dura la presente contingencia, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que en lo subsecuente, podrán remitir sus informes a través de correo electrónico a la dirección oficial de este órgano jurisdiccional, que es: 3jdo6ctocaljf@correo.cjf.gob.mx. En el entendido que, las autoridades responsables de optar por rendir su informe previo por vía electrónica, deberán hacerlo desde su correo electrónico oficial; asimismo, deberá constar plenamente identificado en el correo electrónico, el nombre de este Juzgado, el expediente al que va dirigida la comunicación, la dependencia remitente, el nombre completo de la persona que remite el correo, el número de oficio al que dan contestación o la fecha del acuerdo o actuación a la que se refiere, así como los demás datos necesarios para la plena identificación de la comunicación oficial correspondiente. Asimismo, de conformidad con lo previsto en los artículos 28, fracción III, y 30, fracción I, de la Ley de Amparo, en caso de tener signado un convenio de interconexión o intercomunicación con el Consejo de la Judicatura Federal, deberá remitir su informe a través de dicho sistema, a fin de facilitar la comunicación, evitar la presencia física y la concentración de personas en este órgano jurisdiccional. En la inteligencia que de remitir vía correo electrónico o sistema de interconexión, ya no será necesario enviarlo vía ordinaria; ello, de no tener pruebas que ofrecer para acreditar el acto reclamado o alguna causa de sobreseimiento. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que si el Administrador de la Oficina de Servicios Directos Poder Judicial Siglo XXI, o en su caso el Actuario Judicial de la Adscripción devuelve los oficios que contienen la trascripción de este proveído por inexistencia de las autoridades destinatarias, se tendrán como inexistentes y se mandará suspender toda comunicación procesal posterior con ellas, lo anterior con fundamento en los artículos 63, fracción IV de la ley de la materia; 57 y 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente. 3 CORREO OFICIAL DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y FIREL Asimismo, requiérase a las autoridades responsables a efecto de que señalen correo electrónico oficial con el propósito de que este Juzgado de Distrito esté en posibilidad de realizar las notificaciones electrónicas a través de dicho medio; asimismo, para que proporcionen un teléfono oficial para confirmar, en su caso, los envíos, atendiendo a la situación de excepcionalidad de que se trata. Además, se les exhorta para que soliciten la consulta y práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, y arábigo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19, de veintiocho de julio de dos mil veinte, respecto al periodo de vigencia, para lo cual deberá contar y proporcionar un usuario vigente registrado en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación (firma electrónica que produce los mismos efectos jurídicos que la autógrafa); en el entendido de que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. 4 AUDIENCIA INCIDENTAL Con fundamento en el numeral 138, fracción II, de la Ley de Amparo, se señalan las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del cinco de noviembre de dos mil veinte, para que se lleve a cabo la audiencia en este incidente. 5 SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO En principio, resulta pertinente destacar que de la lectura integral de la demanda que motivó la radicación del juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, se advierte, por un lado, que los quejosos Macedonio López Bueno, María Evarista Ordaz Diagas y Lorena López Ordaz se auto adscriben como personas indígenas habitantes de la comunidad de Santa María Zacatepec, perteneciente al municipio de Juan C. Bonilla, Puebla, misma que refieren de origen Náhuatl y, por otro, que dichos peticionarios de amparo acuden a la presente instancia constitucional en defensa de los derechos de la comunidad indígena a la que pertenecen. Al respecto, debe precisarse que sobre los dos aspectos puestos de relieve en el párrafo que antecede, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha pronunciado, entre otras, las tesis que en seguida se transcriben: Del mismo modo, de la referida lectura del escrito de demanda se observa que Macedonio López Bueno, María Evarista Ordaz Diagas y Lorena López Ordaz, aduciendo un interés legítimo conforme a lo que señala el artículo 131 de la Ley de Amparo, solicitan la suspensión provisional de los actos reclamados consistentes, en concreto en: El proceso de adjudicación y ejecución de los contratos de obra pública OP/LP-003/CEASPUE/20180069 y OP/LP-003/CEASPUE/20180070, que dieron origen al denominado Proyecto Integral para la Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario de en la Zona Industrial de Huejotzingo, Puebla, otorgados a favor de las empresas "Ger Construcciones del Centro", Sociedad Anónima de Capital Variable y "Oli construcciones", Sociedad Anónima de Capital Variable, para descargar las aguas pluviales y sanitarias del Parque Industrial Ciudad Textil de Huejotzingo, Puebla, y fraccionamientos aledaños, sobre el Río Metlapanapa, en afectación de la comunidad indígena de Santa María Zacatepec, Puebla, como pueblo originario del Municipio de Juan C. Bonilla, Puebla; así como las consecuencias directas e indirectas de la ejecución de ese proyecto, relativas a la omisión de vigilar y procurar la protección ambiental de ese afluente, con violación al derecho de autodeterminación de la comunidad afectada. Ello, por considerar que con la ejecución del aludido proyecto se afecta grave e irreparablemente el patrimonio cultural de la comunidad indígena a la que pertenecen, entendiéndose como tal el cúmulo de creaciones materiales e inmateriales que han sido trasmitidas a lo largo de décadas y generaciones en la zona geográfica de que se trata. Establecido lo anterior, debe precisarse que los quejosos, solicitan la suspensión aduciendo un interés legítimo, y en este supuesto, es aplicable lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 131 de la Ley de Amparo De la lectura del citado precepto, se advierte que se refiere al supuesto en que se solicite la suspensión cuando se aduzca en el juicio de amparo un interés legítimo, caso en el cual debe concederse la medida cautelar cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de negarse, y el interés social que justifique su otorgamiento; además, deben cumplirse previamente los requisitos de procedibilidad de la medida cautelar que son a) La exigencia de que el quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional, y en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, b) Debe realizarse la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social de la norma, o si regula disposiciones de orden público. Así, debe decirse que de conformidad con el artículo 131 de la Ley de Amparo, para el otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados cuando se aduzca un interés legítimo basta que los quejosos demuestren de manera indiciaria el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se les niegue, y el interés social que acredite su otorgamiento. En el caso, en este estadio procesal, con las anteriores premisas fácticas y normativas, y preponderantemente al hecho de que los agraviados, acuden a la sede constitucional defendiendo derechos fundamentales a la libre determinación y autonomía, el territorio, los recursos naturales, el medio ambiente, la biodiversidad, el agua, la salud y la identidad cultural; permiten colegir a este órgano jurisdiccional que de no suspenderse la ejecución de los actos respecto de las consecuencias que piden los quejosos se podría causar un perjuicio irreparable a su pretensión de ser consultados y a los derechos que refieren. En el presente caso, el primero de los requisitos se encuentra satisfecho ante la existencia de la solicitud de la parte quejosa y con el interés legítimo suspensional que acreditan al afirmar y demostrar ser integrantes de la comunidad indígena de Santa María Zacatepec, Puebla, como pueblo originario del Municipio de Juan C. Bonilla, Puebla, con las documentales que exhiben consistentes en las constancias de identidad, expedidos a su favor por el Presidente Auxiliar Municipal de Santa María Zacatepec, Juan C. Bonilla, Puebla. Además, la apariencia del buen derecho está justificada en tanto comparecen a juicio como integrantes de un pueblo o comunidad indígena cuya protección a su autodeterminación, previa consulta y acceso a sus recursos naturales es privilegiada por el artículo 2 Constitucional, relacionado con el 4 de la Carta Magna La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes. III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad, así como acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido elector o designados, en un marco que respete el pacto federal, la soberanía de los estados y la autonomía de la Ciudad de México. En ningún caso las practicas comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales.. IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad. V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en esta Constitución. VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley. VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos, observando el principio de paridad de género conforme a las normas aplicables. Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas. VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público. B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de De lo anterior, se desprende que de acuerdo con el artículo 2 de la Constitución Federal, México es una nación que tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. De este reconocimiento jurídico se desprenden una serie de derechos para los pueblos, comunidades y personas indígenas de México, cuya justiciabilidad es fundamental para el modelo del Estado de Derecho pluricultural que perfila la constitución. Así, se puede advertir los derechos de las personas, comunidades y pueblos indígenas, entre otros, el derecho a la tierra, al territorio y a sus recursos naturales. De esta manera, existe esa apariencia, respecto de la preservación de sus recursos naturales tal como está previsto en sus artículos 2º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tomando en cuenta la aseveración de los quejosos al referir que se verían afectados con la ejecución de los contratos de obra pública OP/LP-003/CEASPUE/20180069 y OP/LP-003/CEASPUE/20180070, que dieron origen al denominado Proyecto Integral para la Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario de en la Zona Industrial de Huejotzingo, Puebla, otorgados a favor de las empresas "Ger Construcciones del Centro", Sociedad Anónima de Capital Variable y "Oli construcciones", Sociedad Anónima de Capital Variable, para descargar las aguas pluviales y sanitarias del Parque Industrial Ciudad Textil de Huejotzingo, Puebla, y fraccionamientos aledaños, sobre el Río Metlapanapa, en afectación de la comunidad indígena de Santa María Zacatepec, Puebla, como pueblo originario del Municipio de Juan C. Bonilla, Puebla. Por ello, es inconcuso que con la ejecución de los actos reclamados pueden verse afectados irreparablemente sus derechos fundamentales a la libre determinación y autonomía, el territorio, los recursos naturales, el medio ambiente, la biodiversidad, el agua, la salud y la identidad cultural, pues aunque no se pierde de vista que es una obra pública, con su ejecución se ven mayormente afectados derechos de la colectividad indígena a la que pertenece la parte quejosa. Esto es así, porque la materia que el otorgamiento de la medida cautelar busca preservar, es la no afectación de un bien por un acto autoritario sin justificación legal, a fin de tutelar que el acto no quede ejecutado de manera irreparable y preservar la materia del amparo. En la inteligencia de que la afectación al interés social debe centrarse en el número de personas que podrían verse perjudicadas con la ejecución de los contratos de obra pública OP/LP-003/CEASPUE/20180069 y OP/LP-003/CEASPUE/20180070, que dieron origen al denominado Proyecto Integral para la Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario de en la Zona Industrial de Huejotzingo, Puebla, otorgados a favor de las empresas "Ger Construcciones del Centro", Sociedad Anónima de Capital Variable y "Oli construcciones", Sociedad Anónima de Capital Variable, para descargar las aguas pluviales y sanitarias del Parque Industrial Ciudad Textil de Huejotzingo, Puebla, y fraccionamientos aledaños, sobre el Río Metlapanapa, en afectación de la comunidad indígena de Santa María Zacatepec, Puebla, como pueblo originario del Municipio de Juan C. Bonilla, Puebla, pues es de suma importancia velar porque impere el Estado de derecho, en el que los órganos de gobierno ejerzan sus atribuciones sobre los particulares con respeto a sus derechos fundamentales, lo cual implica que los actos de autoridad se encuentren regulados por los ordenamientos legales correspondientes, a fin de evitar actuaciones arbitrarias. Por tanto, al demostrar de manera indiciaria la afectación inminente que conllevaría la ejecución de los actos reclamados por la parte quejosa, y por ende, la existencia de ese perjuicio real y actual en su esfera de derechos, así como el interés social de que sus derechos como comunidad sean respetados que inexorablemente se verían afectados; con fundamento en los artículos 128, 131 y 148 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional solicitada por los quejosos, para el efecto de que no se lleven a cabo las obras, actuaciones o acciones necesarias para ejecutar los contratos de obra pública OP/LP-003/CEASPUE/20180069 y OP/LP-003/CEASPUE/20180070, que dieron origen al denominado Proyecto Integral para la Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario de en la Zona Industrial de Huejotzingo, Puebla, otorgados a favor de las empresas "Ger Construcciones del Centro", Sociedad Anónima de Capital Variable y "Oli construcciones", Sociedad Anónima de Capital Variable, para descargar las aguas pluviales y sanitarias del Parque Industrial Ciudad Textil de Huejotzingo, Puebla, y fraccionamientos aledaños, sobre el Río Metlapanapa, en afectación de la comunidad indígena de Santa María Zacatepec, Puebla, como pueblo originario del Municipio de Juan C. Bonilla, Puebla, o bien, para que cesen de manera inmediata en el supuesto de que ya hubiesen iniciado. Lo anterior, en el entendido de que tal prohibición de ejecutar o cese de obras, única y exclusivamente habrán de referirse a la realización de las tareas, gestiones, trabajos, construcciones, remodelaciones, edificaciones, o cualquier otra actividad que implique o pueda implicar la afectación del patrimonio cultural o inmaterial de la comunidad indígena en cuestión, en la inteligencia de que serán las propias autoridades responsables las encargadas de evaluar, bajo su más estricta responsabilidad, cuáles actividades de ejecución del pluricitado proyecto son susceptibles de llevarse a cabo o en su caso proseguir, y cuáles no, ya que el objeto primordial de esta medida cautelar es la preservación del patrimonio cultural de mérito, conservación que desde luego resulta ser de orden público e interés social. Lo anterior, a afecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran, se preserve la materia del amparo, y no se lleguen a afectar de manera irreparable los derechos que se encuentran en juego; en la inteligencia que la vigencia de esta medida prevalecerá hasta en tanto se dicte la suspensión definitivita en términos de lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley de Amparo. 6 EXHORTACIÓN A LAS PARTES A TRAMITAR ASUNTOS EN LÍNEA De conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19, de veintiocho de julio de dos mil veinte, se exhorta a las partes para que soliciten la consulta y práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, para lo cual deberá contar y proporcionar un usuario vigente registrado en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación (firma electrónica que produce los mismos efectos jurídicos que la autógrafa). Además de que dicha solicitud podrá presentarla en el portal de servicios en línea desde el módulo de promociones y recursos. 7 EXHORTACIÓN A LAS PARTES PARA QUE PROPORCIONEN NÚMERO DE TELÉFONO MÓVIL Y CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO De conformidad con el artículo 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19, de veintiocho de julio de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes para que proporcionen número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario. 8 COMISIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS A ESTE JUZGADO FEDERAL Con fundamento en el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19, de veintiocho de julio de dos mil veinte; se comisiona a los actuarios judiciales adscritos a este juzgado de Distrito para que practiquen las notificaciones a las partes mediante notificación electrónica a través del Portal de Servicios en Línea, por oficio electrónico o digitalizado con Firma Electrónica o por lista electrónica, según corresponda, en el entendido de que al tratarse de juicios de amparo, están en aptitud de enviar los oficios generados electrónicamente o digitalizados con FIREL y remitidos por correo electrónico institucional. Tratándose de las autoridades responsables o autoridades terceros interesados que no estén interconectadas, se autoriza la notificación a dichas autoridades por correo electrónico institucional con oficio generado electrónicamente o uno digitalizado con FIREL; obteniéndose la confirmación de la recepción del correo, la cual se certificará respectivamente. En estos casos, para dar margen a lo anterior, se comisiona a los actuarios adscritos a este Juzgado Federal a realizar la búsqueda de los correos electrónicos oficiales de las autoridades señaladas como responsables y/o tercero interesadas y; en caso de que no exista un correo oficial levanten la razón correspondiente con la FIREL respectiva, en la que hagan constar tal circunstancia para acordar lo que corresponda. 9 COMUNICACIONES ENTRE ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se podrá realizar mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. 10 DIGITALIZACIÓN Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, en concordancia con los Acuerdos Generales 12/2020, 13/2020 y 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración. Asimismo, se le hace saber a las partes que no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 11 RESERVA DE INFORMACIÓN este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6º de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales. 12 PUBLICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO En observancia al artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19, de veintiocho de julio de dos mil veinte, se ordena que el presente acuerdo se publique a través de la lista electrónica que se genera de manera automática vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el cual podrá ser consultado por a partes en la página: https://www.dgepj.cjf.gob.mx/expdientes/circuitos.asp?Cir=6&Exp=1. 13 EXPEDICIÓN DE COPIA CERTIFICADA En diverso aspecto, como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en supletoriedad a la Ley de Amparo, expídasele copia certificada por duplicado del presente proveído, teniendo por autorizadas para recibirla a las personas que menciona, previa toma de razón que de su recibo obre en autos, quienes deberán comparecer con identificación oficial y vigente y una copia simple de la misma. En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que para la entrega física de esa copias, deberán tomar en cuenta lo dispuesto en los artículos 3 y 4 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relacionados con la atención al público en general y la generación de citas programadas. En la inteligencia que de optar por solicitar acceso al expediente electrónico a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos del artículo 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la copia de las constancias que obren en ese expediente electrónico con la evidencia criptográfica correspondiente, se considerarán copia certificada electrónicamente. Sin que por el momento proceda expedir copia de la suspensión definitiva que se llegue a dictar en el presente incidente por todavía no constar en autos. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, de la cual se desprende que en el juicio de amparo 2104/2019-III se celebró la audiencia constitucional a las nueve horas con quince minutos del seis de octubre de dos mil veinte, encontrándose dicho expediente en proyecto de sentencia; por tanto, fórmese cuadernillo de antecedentes. Por otra parte, con fundamento en los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio del Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Chignahuapan, Puebla, visto su contenido, no es el caso de realizar mayor proveído al respecto, atento a que mediante proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, se tuvo a la autoridad oficiante devolviendo el despacho 99/2020 con número de orden 139/2020, debidamente diligenciado; esto es, al remitir a este órgano jurisdiccional el emplazamiento al presente juicio de garantías, realizado al tercero interesado Rafael Martínez Palafox. Finalmente, una vez que se dicte la mencionada sentencia, glósese este cuadernillo al expediente principal sin previo acuerdo. Notifíquese.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla · 15,571 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano