María Alejandra Ortencia López Esteves
Expediente 1606/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1606/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 25/09/2018
Partes del expediente
- Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla
- María Alejandra Ortencia López Esteves
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
... Vista la razón secretarial, en la que se hace constar que ninguna de las partes recurrió el auto de sobreseimiento fuera de audiencia de treinta de agosto de dos mil dieciocho (fojas 28 a 30), dictado en este juicio; con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º, de la Ley de Amparo, se declara que el referido auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. En cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción I, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que sin decidir en lo principal lo dio por concluido. ...
- Principal
De la certificación de cuenta y del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que por auto de veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho (foja 27), la autoridad responsable Magistrado Presidente, Magistrada Representante de los Trabajadores y Magistrado Representante del Estado, en representación del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, rindieron el informe justificado correspondiente Asimismo, de las constancias que remitió la autoridad citada, se advierte que la autoridad responsable el veintisiete de octubre de dos mil dieciséis admitió a trámite la demanda laboral instaurada por la hoy quejosa***********; y, el cuatro de abril de dos mil diecisiete emplazó a la parte demandada dentro del juicio laboral D-425/2015, de su índice lo que se corrobora con las constancias remitidas por la autoridad responsable y que anexó a su informe justificado, documentales que tiene pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable supletoriamente. Por tanto, el acto reclamado consistente en la omisión de la autoridad responsable de admitir la demanda presentada el doce de mayo de dos mil quince, y de no realizar el emplazamiento a la parte demandada dentro del juicio laboral D-425/2015, deviene inexistente como enseguida se expondrá. A fin de demostrar la hipótesis que se anuncia conviene mencionar que, para efectos del juicio de amparo, un acto es inexistente entre otros casos, cuando se alega violación a los derechos fundamentales con motivo de un hacer por parte de la autoridad, y ésta niega el acto que se le atribuye por no haber realizado esa acción, sin que la parte quejosa ofrezca prueba idónea en contrario para desvirtuar esa negativa. También deviene inexistente el acto reclamado cuando, previo a la promoción del juicio de amparo, no se ha producido la afectación a los derechos fundamentales del justiciable, ya sea porque al momento de presentar la demanda el acto de autoridad no había sido emitido, o bien, cuando pese a su emisión, la autoridad responsable repuso al gobernado en el goce del derecho constitucional violado, antes de accionar el juicio constitucional; hipótesis esta última que se actualiza en el presente caso. Se afirma lo anterior pues, en relación a la omisión de admitir la demanda presentada el doce de mayo de dos mil quince, y de no realizar el emplazamiento a la parte demandada dentro del juicio laboral D-425/2015, se advierte de las documentales que adjuntó la autoridad responsable a su informe justificado que el veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, admitió a trámite la demanda y el cuatro de abril de dos mil diecisiete, emplazó a la parte demandada dentro del juicio laboral D-425/2015. De todo lo anterior se advierte la inexistencia de que se habla, en virtud de que el acuerdo y emplazamiento respectivo se realizaron con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo; esto es, la autoridad responsable admitió a trámite la demanda y emplazó a la demandada el veintisiete de octubre de dos mil dieciséis y el cuatro de abril de dos mil diecisiete, respectivamente; y, la demanda de amparo fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales el tres de agosto dos mil dieciocho. Por tanto, se concluye que en el caso el acto reclamado consistente en la omisión de admitir la demanda presentada el doce de mayo de dos mil quince, y de no realizar el emplazamiento dentro del juicio laboral D-425/2015, del índice de la autoridad responsable, no existía a la fecha de la presentación de la demanda de amparo origen del presente juicio, lo cual tuvo verificativo el tres de agosto de dos mil dieciocho, toda vez que la autoridad responsable en esa fecha, ya había admitido la demanda y emplazado a la parte demandada. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 3/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Número 79, julio de 1994, del rubro "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA." ... Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las NUEVE HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Háganse las anotaciones correspondientes. ...
- Principal
.. De la certificación de cuenta y del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que por auto de veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho (foja 27), la autoridad responsable Magistrado Presidente, Magistrada Representante de los Trabajadores y Magistrado Representante del Estado, en representación del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, rindieron el informe justificado correspondiente Asimismo, de las constancias que remitió la autoridad citada, se advierte que la autoridad responsable el veintisiete de octubre de dos mil dieciséis admitió a trámite la demanda laboral instaurada por la hoy quejosa***********; y, el cuatro de abril de dos mil diecisiete emplazó a la parte demandada dentro del juicio laboral D-425/2015, de su índice lo que se corrobora con las constancias remitidas por la autoridad responsable y que anexó a su informe justificado, documentales que tiene pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable supletoriamente. Por tanto, el acto reclamado consistente en la omisión de la autoridad responsable de admitir la demanda presentada el doce de mayo de dos mil quince, y de no realizar el emplazamiento a la parte demandada dentro del juicio laboral D-425/2015, deviene inexistente como enseguida se expondrá. A fin de demostrar la hipótesis que se anuncia conviene mencionar que, para efectos del juicio de amparo, un acto es inexistente entre otros casos, cuando se alega violación a los derechos fundamentales con motivo de un hacer por parte de la autoridad, y ésta niega el acto que se le atribuye por no haber realizado esa acción, sin que la parte quejosa ofrezca prueba idónea en contrario para desvirtuar esa negativa. También deviene inexistente el acto reclamado cuando, previo a la promoción del juicio de amparo, no se ha producido la afectación a los derechos fundamentales del justiciable, ya sea porque al momento de presentar la demanda el acto de autoridad no había sido emitido, o bien, cuando pese a su emisión, la autoridad responsable repuso al gobernado en el goce del derecho constitucional violado, antes de accionar el juicio constitucional; hipótesis esta última que se actualiza en el presente caso. Se afirma lo anterior pues, en relación a la omisión de admitir la demanda presentada el doce de mayo de dos mil quince, y de no realizar el emplazamiento a la parte demandada dentro del juicio laboral D-425/2015, se advierte de las documentales que adjuntó la autoridad responsable a su informe justificado que el veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, admitió a trámite la demanda y el cuatro de abril de dos mil diecisiete, emplazó a la parte demandada dentro del juicio laboral D-425/2015. De todo lo anterior se advierte la inexistencia de que se habla, en virtud de que el acuerdo y emplazamiento respectivo se realizaron con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo; esto es, la autoridad responsable admitió a trámite la demanda y emplazó a la demandada el veintisiete de octubre de dos mil dieciséis y el cuatro de abril de dos mil diecisiete, respectivamente; y, la demanda de amparo fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales el tres de agosto dos mil dieciocho. Por tanto, se concluye que en el caso el acto reclamado consistente en la omisión de admitir la demanda presentada el doce de mayo de dos mil quince, y de no realizar el emplazamiento dentro del juicio laboral D-425/2015, del índice de la autoridad responsable, no existía a la fecha de la presentación de la demanda de amparo origen del presente juicio, lo cual tuvo verificativo el tres de agosto de dos mil dieciocho, toda vez que la autoridad responsable en esa fecha, ya había admitido la demanda y emplazado a la parte demandada. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 3/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Número 79, julio de 1994, del rubro "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA." ... Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las NUEVE HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Háganse las anotaciones correspondientes. ...
- Principal
... se tiene por recibido el oficio y anexo de la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, a través del cual remite copia certificada del auto de veintidós de agosto de dos mil dieciocho, del que se advierte que señalo las TRECE HORAS DEL CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la audiencia de ley. En consecuencia, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, para que en el término de tres días cumpla con la ejecutoria de mérito, esto es, llegada la data para la continuación de la audiencia de ley -cinco de septiembre de dos mil dieciocho- remita copia certificada de las constancias que acrediten que concluyó el desahogo de la misma. Apercíbase a la referida autoridad que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá a ****************, persona física que actualmente ocupa el cargo de Presidenta de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, **************representante de los trabajadores y ************, representante de los patrones, una multa de ******************, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, y 259, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 apartado B y Sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 3°, 4° y 5°, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $*********, atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho. En el entendido que en términos del artículo 193, primer párrafo de la Ley de Amparo, los citados titulares requeridos seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo; y de igual forma serán comprometidas las personas físicas que ocupen el cargo con posterioridad si durante el ejercicio de sus funciones se debió dar cumplimiento a la ejecutoria. Asimismo, conforme a lo previsto por el artículo 192 segundo párrafo de la ley de la materia, se hace del conocimiento a la autoridad responsable que de no dar cumplimiento en la forma y términos señalados, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus cargos y su consignación; en el entendido que el cumplimiento extemporáneo injustificado no es excluyente de responsabilidad. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, que informa la jurisprudencia número VI.2o.T. J/2 (10a.), visible en la página 2579 del Tomo IV, Noviembre de 2014 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto, siguientes: "APERCIBIMIENTO DE MULTA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO. CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ES UN TRIBUNAL, INTEGRADO POR MÁS DE UN TITULAR, DEBE HACERSE A CADA UNO DE SUS INTEGRANTES (ESPECIFICANDO NOMBRE Y APELLIDOS) Y NO AL TRIBUNAL EN ABSTRACTO. El artículo 192 de la Ley de Amparo prevé el procedimiento para el cumplimiento de una ejecutoria en la que se otorga la protección de la Justicia Federal. Inicialmente, establece que una vez que la sentencia protectora haya adquirido firmeza, la autoridad federal la notificará a la autoridad responsable y le requerirá que cumpla con ella dentro del plazo de tres días, apercibiéndola que, de no hacerlo sin causa justificada, le impondrá a su titular una multa de cien a mil días de salario, de acuerdo con el artículo 258 de la ley de la materia, y remitirá el expediente a la superioridad (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación) para seguir el trámite de inejecución. Conforme a esta disposición, cuando la autoridad responsable es un órgano integrado por más de un titular, el apercibimiento de multa no debe hacerse a dicho órgano en abstracto, sino a cada una de las personas físicas que lo integran, especificando el nombre y apellidos de cada una de ellas, en el entendido de que, en términos de la última parte del primer párrafo del artículo 193 de la citada ley, los titulares a quienes se les imponga la multa seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo y las personas físicas que los sustituyan tendrán responsabilidad, si durante el ejercicio de sus funciones debe darse cumplimiento a la ejecutoria.". Asimismo, tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.". Sin que haya lugar a requerir a la autoridad responsable, por conducto de su superior jerárquico en términos del artículo 192 de la ley de la materia, en razón de que la Junta responsable es un organismo plenamente autónomo en el ámbito jurisdiccional. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia 2a./J.36/2011(10a), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada de dieciséis de noviembre de dos mil once, publicada en la página 3515, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo.". ...
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla · 10,245 expedientes
- María Adela Pérez Marroquín1096/2019
- María Adelina Domínguez Hernández658/2022
- María Agustina Marín Hernández807/2018
- María Alberta Campos Aguilar1902/2023
- María Alejandra Betancourt Aguirre1932/2023
- María Alejandra Chiquito Cano1750/2017
- María Alejandra Ortencia López Esteves1634/2017
- María Alejandra Villaseñor Carmona1924/2023
- María Alicia Alcantara Castillo627/2020
- María Alicia Alcantara Castillo1171/2021
- María Alicia Angéles Coyotl Coyotl y Otros.1430/2019
- María Alicia Romero Ramírez2253/2018