María Alejandra Lizola Cirerol

Expediente 373/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 15 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
373/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
24/02/2023

Partes del expediente

  • Departamento de Gestión de Pensiones y Jubilaciones del ISSSTECALI
  • María Alejandra Lizola Cirerol

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el proveído de seis de octubre de dos mil veintidós, en el que se declaró cumplido el fallo protector, por lo que queda firme dicho auto, para los efectos legales correspondientes. En consecuencia, de conformidad con el párrafo cuarto del ordinal 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido; realícense las anotaciones correspondientes en el Libro Uno de Juzgado, Juicios de Amparo, así como en la carátula de este expediente. Por otro lado, se hace la acotación que el presente asunto, es susceptible de depuración a partir del veinticinco de febrero de dos mil veintiséis.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, diez de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito presentado vía electrónica por Andrea Mariel Soto Romero, autorizada de la parte quejosa, mediante el cual desahoga la vista concedida en auto de treinta de septiembre del presente año, en relación al informe de cumplimiento rendido por la autoridad responsable; sin que sea el caso realizar pronunciamiento alguno al respecto, toda vez que ya obra en autos idéntica información de lo cual se proveyó en auto de seis de octubre en curso. Notifíquese.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, seis de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta presentado por Andrea Mariel Soto Romero, autorizada de la parte quejosa, mediante el cual desahoga la vista concedida en auto de treinta de septiembre del presente año, en relación al informe de cumplimiento rendido por la autoridad responsable; por lo que se procede a resolver si la ejecutoria de amparo concedida en el presente juicio, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable se encuentra o no cumplida, se cita al respecto, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, de rubro "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." - Efectos del fallo protector - Al respecto, debe decirse que el veintiocho de julio de dos mil veintidós, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a María Alejandra Lizola Cirerol, para los siguientes efectos: "OCTAVO. Efectos del amparo. Con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, los efectos de la concesión del amparo, son para que las autoridades responsables, Departamento de Gestión de Pensiones y Jubilaciones y Dirección de Pensiones y Jubilaciones, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios de Baja California (ISSSTECALI). Otorguen respuesta congruente y completa a la solicitud formulada por la parte quejosa en el escrito presentado el veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Notifiquen legalmente dicha respuesta, en el domicilio que se haya señalado para tal efecto" Misma que causó ejecutoria el trece de septiembre del año en curso, requiriéndose a las autoridades responsables por el cumplimiento. -Análisis de los actos en cumplimiento a la sentencia- A efecto de acreditar el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, la Delegada autorizada de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, remitió el oficio DPJ/1423/2022, de veintiséis de septiembre del año en curso, dirigido a la quejosa María Alejandra Lizola Cirerol, con firma de recibido de veintisiete de septiembre siguiente, a través del cual en atención a la solicitud presentada el veintiocho de febrero del año en curso, se le informó que no se puede emitir determinación definitiva ya que existe en trámite un juicio contencioso administrativo en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, radicado en el Juzgado Primero de dicho Tribunal, bajo el número de expediente 151/2022 en el que combate la negativa ficta recaída en la solicitud de pensión, que es también materia de la petición que se atiende. Documentales que de conformidad con lo que señala el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone el numeral 2 de la propia legislación, tienen pleno valor probatorio. De las misma se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo concedida en el presente asunto, toda vez que el veintisiete de septiembre siguiente, se le notificó la respuesta a la petición formulada por la quejosa María Alejandra Lizola Cirerol, en escrito que presentó el veintiocho de febrero del año en curso, en sentido a que no se puede emitir determinación definitiva ya que existe en trámite un juicio contencioso administrativo en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, radicado en el Juzgado Primero de dicho Tribunal, bajo el número de expediente 151/2022 en el que combate la negativa ficta recaída en la solicitud de pensión, que es también materia de la petición que se atiende; con lo que se dio cumplimiento a lo que establece el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo. Es evidente que con ello se colman los lineamientos de la sentencia en la que se concedió la protección constitucional, por lo cual debe concluirse que el fallo protector ha quedado cumplido. Sin que obste a dicha determinación, las manifestaciones de la quejosa María Alejandra Lizola Cirerol, por conducto de su autorizada, formuladas mediante escrito de cuenta, en el sentido de que se inconforma con el cumplimiento dado por las autoridades responsables; ello, toda vez que como se advierte de párrafos que anteceden los efectos de la sentencia amparadora fueron únicamente para que las autoridades responsables dieran respuesta fundada y motivada a la petición formulada por la peticionaria del amparo, a su escrito presentado el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, lo cual como se advierte ya aconteció; sin embargo, la parte quejosa pretende que la resolución dictada en cumplimiento al fallo protector deba ser acorde a los términos en que fue planteada su petición y resuelta sobre la misma. Cuestiones que no pueden ser materia de estudio en esta determinación, puesto que el fallo protector, se reitera, únicamente constriñó a las autoridades responsables a dar respuesta congruente a lo peticionado por la quejosa, pero sin establecer lineamientos para que dichas autoridades resolvieran conforme a las pretensiones de la quejosa. Por otra parte, basta que la parte quejosa se remita a las consideraciones que sustentaron la contestación dada por las autoridades responsables en cumplimiento, para que ahora sí, conozca los motivos y fundamentos al tenor de los cuales se examinaron las cuestiones planteadas y se determinó que era improcedente su solicitud -con lo que la quejosa quedó restituida en el goce de sus derechos transgredidos ante la omisión de dar respuesta a su petición-; sin embargo, esta no es la vía idónea para revisar si lo contestado resulta, o no, ajustado a derecho. Es aplicable en lo conducente, lo analizado en la jurisprudencia 1ª./J.89/2007 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 66, Tomo XXV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de 2007, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD INTERPUESTA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. LA MATERIA DE SU ESTUDIO DEBE LIMITARSE AL ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO RELATIVO, SIN PRONUNCIARSE SOBRE LA LEGALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES DE LA RESPONSABLE.- La materia de la inconformidad prevista en el artículo 105 de la Ley de Amparo, planteada contra la resolución de un juez de distrito o de un tribunal colegiado de circuito, que estima cumplimentada la ejecutoria concesoria del amparo debe limitarse al análisis del cumplimiento de dicha sentencia, sin pronunciarse sobre la legalidad de las consideraciones en que la autoridad responsable haya fundamentado el acto con el que pretende acatarla, pues ello es ajeno a la indicada inconformidad". Se cita en apoyo a lo expresado, la jurisprudencia PC.XV. J/6 A (11a.), con registro digital 2024038, instancia Plenos de Circuito, Undécima Época, Materias(s): Constitucional, Administrativa fuente Semanario Judicial de la Federación, que reza: "DERECHO DE PETICIÓN. FORMA EN QUE SE CUMPLE CON LA EXIGENCIA DE RESPUESTA CONGRUENTE Y COMPLETA A LA SOLICITUD DE PENSIÓN DE UN TRABAJADOR. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes emitieron criterios contradictorios al determinar, uno de ellos, que cuando se concede el amparo por violación al derecho de petición, para el efecto de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI) emita una respuesta congruente y completa a una solicitud de pensión, la negativa a continuar con el trámite ante la falta de un requisito, torna incongruente la respuesta por sustentarla en motivos que no se desprenden de los preceptos legales que se invocaron, mientras que el otro sostuvo que era suficiente la coherencia de lo contestado en relación con la petición para satisfacer esa exigencia, sin posibilidad de analizar la legalidad de lo expresado. Criterio jurídico: El Pleno del Decimoquinto Circuito establece que cuando se concede el amparo por violación al derecho de petición, vinculando a la autoridad a emitir una respuesta congruente y completa a una solicitud, la exigencia de congruencia se satisface con la emisión de argumentos coherentes entre sí y con lo solicitado, siempre que sea racional, mediante la exposición clara y directa de las razones de hecho y de derecho del porqué no es posible jurídicamente acceder a lo peticionado, siempre que no evidencie evasiva o renuencia a otorgar lo pedido, sin posibilidad de analizar la legalidad de lo expuesto en la respuesta, aun cuando con ello el peticionario no obtenga respuesta favorable, por ser esto último materia de otro medio de defensa, conforme lo dispone la jurisprudencia 2a./J. 1/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Justificación: Si la protección constitucional se otorga para que la responsable dé una respuesta congruente y completa a una solicitud de pensión que le fue presentada, y al acatarla determina que ésta es improcedente porque resulta jurídicamente imposible remitir el expediente de solicitud de jubilación al resto de las áreas involucradas en su trámite ante la falta de un requisito (en los casos a estudio, el comunicado por parte de la patronal en el que indique la propuesta para que se incorpore a la nómina de pensionados de este instituto y causa baja como trabajador en activo), el cual informa y sustenta jurídicamente, la respuesta es congruente con lo solicitado porque, por un lado, no contiene afirmaciones contradictorias entre sí y, por otro, es coherente con lo peticionado al dirigirse a la pretensión efectuada y, además, es racional, porque informa al peticionario qué es lo que falta para la continuación en el trámite, lo que sustenta, además, en disposiciones legales que estima aplicables, sin que pueda calificarse la legalidad de esto último según la jurisprudencia 2a./J. 1/2001 citada." En razón de lo expuesto, se concluye que se ha dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo. Hágase del conocimiento de la parte agraviada el presente proveído, para los efectos del precepto 202 de la Ley de Amparo. Para el cumplimiento al presente proveído, se instruye al actuario judicial realice las acciones correspondientes conforme a la ley aplicable con los oficios correspondientes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma electrónicamente María del Socorro López Villarreal, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, ante Karina Campas Serrano, Secretaria que autoriza y da fe, asimismo, certifica que la promoción y el presente acuerdo se encuentran debidamente incorporados al expediente físico y electrónico del Juicio de Amparo 373/2022-2. Doy fe.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Agréguense a los presentes autos el oficio y anexo de cuenta que remite la Delegada autorizada de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, mediante el cual acompaña el oficio DPJ/1423/2022, de veintiséis de septiembre en curso, dirigido a la quejosa María Alejandra Lizola Cirerol, con firma de recibido de veintisiete de septiembre que transcurre, a través del cual en atención a la solicitud presentada el veintiocho de febrero del año en curso, le informan que no se puede emitir determinación definitiva ya que existe en trámite un juicio contencioso administrativo en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, radicado en el Juzgado Primero de dicho Tribunal, bajo el número de expediente 151/2022 en el que combate la negativa ficta recaída en la solicitud de pensión, que es también materia de la petición que se atiende. Con lo anterior, dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación correspondiente, manifieste lo que a su interés convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro de dicho término este tribunal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base a los elementos que obren en el expediente y los demás aportados por las autoridades; lo anterior, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo. Se cita al respecto, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, visible en la página 243, del Tomo XI, marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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