María Alejandra Hernández Betanzos

Expediente 438/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
438/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
06/06/2018

Partes del expediente

  • María Alejandra Hernández Betanzos

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que el auto de veintidós de mayo del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo, no fue recurrido por la promovente y que ha transcurrido el término que la ley le concede para hacerlo; por consiguiente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, conforme al artículo segundo de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno respectivo y archívese este asunto como concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de destrucción, al haberse desechado la demanda de amparo, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo; en el entendido de que se procederá para tal efecto con posterioridad al SEIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del Acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al SEIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos a la parte QUEJOSA, la determinación que dice: Vista la demanda de amparo promovida por María Alejandra Hernández Betanzos contra actos del Gobernador del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y otras autoridades. Al respecto, se acuerda: FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE bajo el número 438/2018. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. El artículo 113 de la Ley de Amparo, que a letra dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El dispositivo transcrito establece que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de garantías y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." DESECHAMIENTO. En el caso, el amparo deviene improcedente al actualizarse una causa que impide su admisión y tramitación, la cual es oficiosa por ser de orden público en términos del artículo 62, de la Ley de Amparo. En efecto, la quejosa reclama de las autoridades responsables, lo siguiente: "A).- Del H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE se reclama, en general, el dictamen, la aprobación, la votación y la expedición del inconstitucional e inconvencional artículo 274 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz de Ignacio de la llave, publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 13 de octubre de 1932, y cuya última reforma [al referido numeral] se publicó en el mismo órgano de difusión el 01 de febrero de 1992; mismo que permite faculta, autoriza u obliga al juzgador que conozca de un proceso civil a nombrar al o los peritos que corresponden a las partes cuando éstas dejen de hacerlo fuera de los momento señalados en el propio ordenamiento; cuando el designado por éstas deje de aceptar el nombramiento conferido; cuando habiéndolo aceptado no rinda su dictamen; cuando el nombrado renuncia al cargo aceptado o cuando el designado no se encuentre en el lugar del juicio o donde deba practicarse la prueba. En lo especial o particular, del mismo órgano legislativo en cita se reclama como acto destacado la inconstitucionalidad de la fracción I del referido artículo 274 del Código Procesal Civil local que permite, faculta, autoriza u obliga al juzgador a nombrar a los peritos que corresponden a una parte litigante cuando ésta dejare de hacerlo. Lo anterior [incisos Ay B] por considerar que tal dispositivo en general y su fracción I en lo particular, violan los derechos humanos en su vertiente de derechos a la impartición de justicia, pues vulneran los principios de equidad procesal, imparcialidad y acceso a la justicia en condiciones de igualdad, que deben regirla, previstos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los diversos Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano, pues permiten, facultan, autorizan u obligan al juzgador a subrogarse o supraponerse a la voluntad de la parte litigante y satisfacer o cumplir las cargas y obligaciones procesales que a aquella corresponden, lo cual vulnera los principios de imparcialidad judicial y de equidad procesal; así como porque la aplicación, ejecución y/o materialización del acto de aplicación que de manera particular y unilateral llevó a cabo la responsable judicial demandada, es igualmente violatorios de tales principios y derechos por las mismas causas expuestas. B).- Del CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO reclamo la promulgación, publicación, expedición y entrada en vigor que en su momento realizó de la referida porción normativa del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz de Ignacio de La llave; actos que, si bien no se reclaman por vicios propios, sí resultaron necesarios para que la disposición legal que se tilda de inconstitucional rigiera y fuera imponible a los gobernados en general y a quienes contendemos en un proceso ordinario en lo particular. C).- Del C. DIRECTOR DE LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO reclamo la publicación en las aludidas Gacetas Oficiales del Código local de Procedimientos Civiles en que se contiene el precepto cuya inconstitucionalidad se reclama, mismo que fue publicado en la Gaceta respectiva del 13 de octubre de 1932; así como la publicación de la última reforma al mismo, publicada en la correlativa Gaceta Oficial el día 01 de febrero de 1992. D).- Del CIUDADANO JUEZ CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTE XI DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO, reclamo la resolución dictada el 26 de abril del año en curso, en los autos del Juicio Ordinario Civil No. 121/2017-IV de su índice, en la que resuelve el recurso de revocación interpuesto por mi abogado patrono en contra de los acuerdos dictados en la audiencia prevista en el numeral 219 del Código Procesal Civil de la entidad y, aplicándome de manera terminal la fracción I del numeral 274 que tildo de inconstitucional, confirma en sus términos los acuerdos dictados fundándose en, entre otros, tal precepto." Luego, del estudio integral del escrito de demanda y manifestaciones que bajo protesta de decir verdad formuló la parte quejosa, se advierte lo siguiente: La quejosa María Alejandra Hernández Betanzos promovió juicio reivindicatorio en contra de María Guadalupe Jiménez Ayard y Raúl Lara Jiménez, el cual fue radicado bajo el número 121/2017-IV, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa. Por auto de veintinueve de junio de dos mil diecisiete, se dictó auto preparatorio de pruebas, en el cual se admitió la prueba pericial ofrecida por la actora, requiriendo a la parte demandada para que designaran perito de su parte, apercibiéndolos que de no hacerlo ese juzgado lo haría en rebeldía. Fenecido el término, la hoy quejosa mediante escrito de siete de agosto de dos mil siete, solicitó a la responsable se abstuviera de hacer efectivo el apercibimiento decretado, así como aplicar la fracción I del artículo 274 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. El dos de octubre de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la audiencia prevista por el artículo 219 del código procesal, en la que, al proveer sobre las pruebas de la parte demandada, el juez responsable hizo efectivo el apercibimiento decretado y designó perito en rebeldía en su favor, dejando pendiente la recepción y el desahogo de la prueba pericial ofrecida por la actora, hasta que se colegiara dicha probanza con el dictamen que en su momento rindiera el perito de los aquí terceros interesados. Asimismo, en la citada audiencia, al desahogar las pruebas del demandado Raúl Lara Jiménez, específicamente la prueba testimonial ofrecida por él, la autoridad responsable se rehusó a desahogarla en razón de que el abogado patrono de los demandados había renunciado a su presentación, así como revocado el domicilio procesal. Inconforme con lo anterior, el nueve de octubre de dos mil diecisiete, la quejosa interpuso recurso de revocación, el cual fue resuelto el veintiséis de abril del año en curso, confirmando en sus términos todos y cada uno de los actos impugnados, refiriendo la promovente que se resolvió de esa manera al considerarse inacreditada su solicitud para no aplicar la fracción I, del artículo 274 del código adjetivo. Precepto respecto del cual reclama su inconstitucionalidad. Ahora bien, en primer lugar de lo expuesto se evidencia que la quejosa es parte en el juicio natural de donde emana el acto reclamado; por ende, se considera que no le asiste la calidad de tercera extraña, de ahí que no se actualiza el supuesto a que alude el numeral 107, fracción VI de la Ley de Amparo, que permite la promoción del juicio de amparo contra actos dentro o fuera de juicio que afectan a personas extrañas, pues el quejoso, por las razones expuestas carece de tal calidad. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 729, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, cuyo rubro y texto son: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." Precisado lo anterior, este Juzgador estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V ambos de la Ley de Amparo, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, éstos últimos interpretados en sentido contrario, toda vez que no se está en el supuesto de un acto en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. Los numerales invocados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El juicio de amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." De la intelección de los preceptos transcritos, se advierte que para la procedencia del juicio de amparo indirecto, concretamente en cuanto a la hipótesis enunciada (107, fracción V de la Ley de Amparo), es necesario que los actos de autoridad que se combaten, sean de imposible reparación, entendidos como tales, aquellos que sus consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, que la afectación o sus efectos no se destruyan con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio; de modo que no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad. En relación a ello, es preciso señalar que nuestro máximo tribunal de justicia de la nación ha determinado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, siempre y cuando sus consecuencias sean susceptibles de afectar en forma inmediata y directa alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las llamadas garantías individuales, tales como la vida, la integridad personal, la libertad personal en sus diversas manifestaciones, la propiedad y la posesión, el embargo, la imposición de multas, sólo por citar algunos. En tanto que los actos de ejecución reparable, no tocan por sí mismos tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia en la medida en que influyen para que el fallo sea adverso a los intereses del quejoso. El prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, y el supuesto de los segundos se actualiza respecto de los derechos adjetivos o personales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal. Apoya lo expuesto la jurisprudencia P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el número 56, publicada en la página 11, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Agosto de 1992, cuyo tenor es el siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Así también la tesis sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el volumen 72, Sexta Parte, publicada en la página 201, Materia Común, cuyo tenor es el siguiente: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO BIINSTANCIAL. Cuando se señalan como actos reclamados violaciones al procedimiento cometidas durante la secuela del mismo que afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, previstas en los artículos 159 y 160 de la Ley de Amparo, resulta improcedente el juicio de garantías promovido en la vía indirecta, ya que al disponer el artículo 161 de la propia ley reglamentaria del juicio constitucional, que dichas violaciones sólo podrán reclamarse en la vía de amparo, al interponerse la demanda contra la sentencia definitiva, se está en la hipótesis de la fracción XVIII, del artículo 73 de la citada codificación, motivo por el que debe decretarse el sobreseimiento, atento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción III, de la ley de la materia". Bajo este entorno, es evidente que la actuación que en esta vía se combate, no tiene una ejecución que sea de imposible reparación, pues no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, toda vez que sólo entrañan una posible infracción a sus derechos adjetivos que únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal, es decir, meramente procesales, como son el que el Juez responsable, continúe con la tramitación de la controversia de que se trata en la etapa respectiva, para luego, en el momento procesal oportuno, emitir la determinación que la dé por concluida; por ende, la violación que en un momento dado llegare a cometerse con las actuaciones de las que se queja la inconforme, al constituir únicamente una posible infracción a las leyes del procedimiento, pueden quedar subsanadas con posterioridad, si la sentencia o resolución que ponga fin a ese juicio, resulta finalmente favorable a sus intereses y, aun cuando ello no sea así, podrá reclamarlas por vía de amparo directo que promueva contra aquella en la medida en que trascienda a su resultado, conforme al numeral 172, fracción IX de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, por igualdad de razón, la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." Asimismo, la tesis I.1o.A.7 K (10a.) sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, publicada en la página 1231, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, del tenor literal siguiente: "RESOLUCIÓN RECAÍDA A UN RECURSO INTERPUESTO CONTRA UN ACTO INTRAPROCESAL. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA SI LA DETERMINACIÓN RECURRIDA EN LA VÍA ORDINARIA NO TIENE UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados dentro de juicio que no sean de imposible reparación, es decir, que no afecten materialmente derechos sustantivos del quejoso consagrados en la Carta Magna o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Consecuentemente, si se insta el amparo contra la resolución recaída a un medio de defensa interpuesto contra un acto intraprocesal, para decidir sobre su procedencia, debe atenderse a la naturaleza de la determinación recurrida, pues la pretensión principal que subyace en la interposición de un recurso es que se revoque o modifique el acto materia de la impugnación, por lo que es partícipe de la naturaleza de este último. Luego, si el acto combatido en la vía ordinaria no es de ejecución irreparable, porque no trastoca derechos sustantivos del demandante, atendiendo al vínculo indisoluble que existe entre aquél y la resolución que decida el medio de defensa, si la acción constitucional no procede contra el acto primigenio, tampoco lo será contra la que recaiga al recurso." Robustece también a lo anterior, la tesis IV.2o.C.5 K (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, que aparece visible a página dos mil ciento cincuenta y nueve, del Libro 3, Febrero de dos mil catorce, Tomo III, Materia Común, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación, cuya voz y contenido señalan: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en el mismo medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, sigue prevaleciendo la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación, sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Unidos (sic) Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera.". Es así como se concluye que el acto reclamado no es de aquéllos que generan un perjuicio de imposible reparación, que a manera de ejemplo son, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordenara la intervención de la correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos, el que conminara a una parte para que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, etcétera. Lo anterior, pues en los primeros dos casos se pueden afectar las propiedades y posesiones, en el tercero la libertad personal, en el cuarto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el quinto la libertad de trabajo, y en el sexto la de tránsito, sin que ninguna de estas afectaciones se pueda reparar en una actuación posterior en el juicio; entonces, al no encuadrarse el acto combatido en ese tipo de supuestos, se concluye que no nos encontramos ante un acto de imposible reparación. Resulta aplicable por su contenido, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número P./J. 37/2014 (10a.), que se transcribe a continuación: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Sin que se inadvierta que la quejosa reclama también la inconstitucionalidad del artículo 274 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, en el que la autoridad responsable basó su determinación; sin embargo, no puede desvincularse el estudio de la citada norma al acto de aplicación, pues éste último es el que causa perjuicio a la promovente; por lo que al no afectar derecho sustantivo alguno y mucho menos constituir una violación procesal relevante, es inconcuso que no causa un perjuicio irreparable, ya que la peticionaria del amparo puede obtener una satisfacción a sus intereses en la sentencia que en su momento pronuncie el Juez responsable, y en caso de no serlo, puede reclamarlo en amparo directo que promueva contra ella, conforme al artículo 170, fracción I, cuarto párrafo, de la ley de la materia, que dice: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. (.)" Lo anterior, pues para la procedencia del juicio de amparo indirecto debe acreditarse que el primer acto de aplicación de la ley reclamada, dentro del procedimiento, debe causarle un perjuicio de imposible reparación, pues en caso contrario llevaría a paralizar todos los juicios con el sólo hecho de impugnar la inconstitucionalidad de la ley, lo que es contrario al fin perseguido en el juicio de amparo; entonces, al ser el acto reclamado una cuestión de constitucionalidad de una norma de posible reparación, puede hacerse valer en el juicio de amparo directo que en su oportunidad promueva. Sirve de Apoyo, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número P./J. 78/2007 (9a.), que se transcribe a continuación: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. PROCEDE EN LA VÍA INDIRECTA SIEMPRE Y CUANDO CAUSE UN PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de los criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido sobre el particular, se advierte que es procedente el juicio de amparo indirecto contra una ley que con motivo del primer acto de aplicación dentro de un procedimiento cause un perjuicio de imposible reparación al quejoso, con base en la excepción al principio de definitividad que prevé el artículo 73, fracción XII, párrafo tercero, de dicha Ley, porque no existe obligación de agotar, antes de acudir al juicio de garantías, los recursos ordinarios establecidos por la ley del acto cuando se reclama su inconstitucionalidad, sino que rigen los criterios generales del amparo contra leyes, es decir, no hay obligación de agotar tales recursos, pero si se decide hacerlo, deberá esperar a su resolución para poder acudir al juicio de amparo indirecto. Por el contrario, si el acto de aplicación de la ley reclamada no es de los considerados como de imposible reparación, aun cuando éste se haya dictado dentro de un procedimiento de naturaleza civil, deberá operar la regla contenida en el artículo 158, párrafo tercero, de la Ley de la materia, porque para que se actualice su procedencia resulta indispensable preparar el juicio mediante el agotamiento de los recursos procedentes, en acatamiento al principio de definitividad." DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En las apuntadas condiciones, al actualizarse en la especie la hipótesis prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V, este último interpretado a contrario sensu, ambos, de la Ley de Amparo, lo procedente es, con fundamento en el artículo 113 de la Codificación en consulta, DESECHAR POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda en cuestión. SE TIENE COMO DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DE LA PARTE QUEJOSA, se tiene el que señala en el escrito que se provee y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Adriana Ivette Silva Ferrusca y Noel Pérez Elvira y Noel Pérez Elvira, quienes acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuenta con los registros números 166342 y 30809 y por autorizados con las restricciones que impone la última parte, del párrafo segundo, del citado precepto, a Liliana Abril Figueroa Martínez, toda vez que dentro de la base de datos del referido sistema, no aparece el registro correspondiente, amén de que tampoco acreditó contar con documento legal para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Asimismo, por cuanto a su petición de autorizar la consulta del expediente vía electrónica, en atención a su contenido como lo solicita se autoriza la consulta del expediente electrónico a favor del usuario "cjebufete", con apoyo en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, en la vía y forma descrita en el aviso emitido por la Dirección General de Estadística Judicial dependiente del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación titulado "Consulta de Expediente Electrónico". DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo. DEPURACIÓN En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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