María Alejandra Galván Reséndiz
Expediente 562/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 562/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/06/2023
Partes del expediente
- María Alejandra Galván Reséndiz
Actuaciones
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. I. Estado de autos. Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte legitimada no interpuso recurso de revisión contra el auto de treinta de mayo de dos mil veintitrés, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Archivo del expediente. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 20 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental en términos del numeral 15 de dicho acuerdo; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. III. Otras consideraciones. Se hace la aclaración que las partes no allegaron al juicio principal algún documento que por sus características amerite ser devuelto. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, treinta de mayo de dos mil veintitrés. I. Informe Justificado. Agréguese a los autos el informe justificado, con anexo rendido por la Auxiliar de la Junta Especial Número Cincuenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Querétaro, mediante el cual rinde informe justificado y allega constancias. En consecuencia, se tiene por rendido el citado informe justificado y con base en lo que dispone el numeral 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las demás partes para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, téngase como pruebas documentales las que allega a su informe, conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo. Ahora, en atención a lo informado por dicha autoridad en el oficio de cuenta y visto el contenido de las constancias que remitió en apoyo al mismo, se hace patente la actualización de una causa de improcedencia del juicio de amparo, tal como lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Para dar sustento a lo anterior es necesario señalar a la autoridad que señaló como responsable y precisar el acto reclamado que le atribuye:****Teniendo en cuenta lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo, donde se dispone que la observancia de las causas de improcedencia en el juicio debe ser de orden público y de estudio preferente a cualquier otro aspecto, tal y como está interpretado por la Jurisprudencia número 800, consultable en la página 553, Tomo VI, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO", este juzgado federal estima que el juicio de amparo que ahora se atiende resulta improcedente, como se explica enseguida. Una vez analizada la actuación remitida por la responsable, se advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque han cesado los efectos del acto reclamado, como se explica enseguida. Por ende, es claro que en la especie, han cesado los efectos del acto reclamado, por haberse extinguido la omisión combatida, toda vez que han desaparecido los efectos de la omisión reclamada, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa, siendo ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que merezca ser suprimida por el otorgamiento del amparo solicitado.Se insiste, al haber girado el exhorto correspondiente a la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias, es inconcuso que ya no existe el acto de autoridad que motivó la presentación del presente asunto, de ahí lo que procede es sobreseer el presente juicio fuera de audiencia en términos de los artículos 61 fracción XXI y 63 fracción V, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada en autos a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo.Notifíquese;
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. I. Testimonio de recurso de revisión. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Vigésimo Segundo Circuito, mediante el cual devuelve los autos originales del presente asunto y remite testimonio de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión administrativa ******************** de su índice, de cuyo contenido se advierten los siguientes resolutivos: "[.] PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La justicia de la Unión ampara y protege a ******************** en contra del acto reclamado, precisado en la sentencia recurrida y para los efectos señalados en la misma. [.]" Acúsese recibo. Hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar; glósese el cuaderno de antecedentes que se encontraba formado y efectúense las anotaciones en el libro de gobierno. II. Requiere cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad vinculada al cumplimiento, para que, dentro del plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, en lo que a su esfera competencial corresponde, cumpla con los efectos establecidos en la sentencia emitida por este juzgado, plazo que se fija atendiendo al cúmulo de expedientes y el procedimiento que debe instrumentar para acatar el fallo de amparo. III. Apercibimiento. Con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se apercibe a la citada autoridad, que en caso de no dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en el plazo precisado, se hará acreedora a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente, cuya cuantía va en proporción al cargo que ostenta y salarios que por esa causa reciben; asimismo, al margen de la multa que se le imponga, en caso de contumacia, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, actualización publicada el diez de enero de dos mil veintitrés. IV. Responsabilidad en que pueden incurrir las autoridades responsables. Se hace del conocimiento de las autoridades requeridas que conforme con lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurren en responsabilidad penal aquellos funcionarios que incumplan una sentencia de amparo o no la hagan cumplir, en cuyo caso se les impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables y el Tribunal de Alzada.
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