María Alejandra Chan Pamplona
Expediente 1784/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 24 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1784/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 22/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- María Alejandra Chan Pamplona
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Visto el oficio electrónico firmado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso oficio que se le giró en estos autos remitiéndole el expediente físico correspondiente al presente juicio y el respectivo anexo. Circunstancia de la cual este órgano jurisdiccional queda enterado, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, catorce de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guarda el presente expediente, se ordena agregar el oficio electrónico firmado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, con el que comunica que en el amparo en revisión 86/2023 de su índice, se admitió el recurso interpuesto en contra de la sentencia dictada en estos autos. Circunstancia de la cual este órgano jurisdiccional queda enterado, para los efectos legales conducentes. Ahora bien, la citada Superioridad solicita que le sea remitido el expediente físico correspondiente al presente juicio y el anexo respectivo; en consecuencia, remítansele de inmediato para los efectos legales correspondientes en el amparo en revisión de mérito. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de enero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos el escrito signado por la quejosa María Alejandra Chan Pamplona, con el que interpone RECURSO DE REVISIÓN en contra de la sentencia firmada en el presente asunto el diez de enero actual. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, córrase traslado a las autoridades responsables, los terceros interesados y la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, con una copia simple de dicho escrito de expresión de agravios. Una vez hecho lo anterior, envíese vía interconexión el escrito de expresión de agravios del aludido recurso, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, para que resuelva lo que estime procedente. Desde este momento, se otorga a dicha Superioridad el acceso electrónico para la consulta del presente expediente. Por tanto, se ordena a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), haga las gestiones correspondientes en dicho sistema. Lo anterior, sin que haya lugar de formar el cuadernillo físico relativo a dicho recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 1784/2022-I-B, promovido por María Alejandra Chan Pamplona; y, A N T E C E D E N T E S PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado en el Buzón Judicial el veintisiete de julio de dos mil veintidós; recibido en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán en esa propia fecha; y turnado el veintiocho siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció María Alejandra Chan Pamplona, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama del Congreso del Estado de Yucatán; Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, ambos con sede en esta ciudad; Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y actuario de su adscripción, ambos con sede en Kanasín, Yucatán. SEGUNDO. Pronunciamiento respecto de la demanda de amparo. Por proveído de veintinueve de julio de dos mil veintidós, se desechó parcialmente por los actos reclamados por las autoridades responsables y actos siguientes: Del Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. El acuerdo de seis de julio de dos mil veintidós, en el que se ordenó notificarle la admisión de la prueba pericial en genética en la persona de la quejosa, por medio de exhorto. Del Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Kanasín, Yucatán. El acuerdo dictado el once de julio de dos mil veintidós, en el expedientillo formado con motivo del exhorto 751/2022, en el que se tuvo por recibido dicho exhorto y se ordenó la notificación a la quejosa, por conducto del actuario de su adscripción. Del actuario adscrito al Juzgado Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Kanasín, Yucatán. La ejecución (notificación) del mencionado acuerdo. Por otra parte, se admitió a trámite únicamente respecto de los actos reclamados al Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial y Congreso del Estado, ambos del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, se solicitó sus respectivos informes justificados; se ordenó emplazar a los terceros interesados y se ordenó dar a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, la intervención legal que le compete y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, al analizar integralmente cada uno de los apartados del escrito de demanda y, sin tomar en consideración los calificativos y los conceptos de violación, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y ésta, conjuntamente, con las constancias procesales que se integraron al expediente durante su tramitación, se obtiene que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables lo siguiente: Del Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, el acuerdo dictado en la audiencia preliminar de cuatro de julio del año en curso, en el juicio ordinario oral familiar 823/2021, en la parte en la que se ordenó el desahogo de una prueba pericial en genética en la persona de la quejosa; así como los apercibimientos con multa decretados, en caso de no comparecer al desahogo de la prueba testimonial y pericial. Del Congreso del Estado de Yucatán, la omisión legislativa en materia de reconocimiento de presuntos hijos o hijas, niños, niñas, adolescentes y adultos, después de fallecido el progenitor. Así también, como la omisión legislativa de un ordenamiento, lineamientos y protocolos para la realización de pruebas periciales en genética y biológicas. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la Jueza Primero de Oralidad Familiar en turno del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán (número de promoción 19001), pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con el legajo de constancias que remitió como justificación del acto reclamado, deducidas del juicio ordinario familiar oral de reconocimiento de paternidad 823/2021 y el disco óptico que adjuntó a su informe, los que alcanzan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que respecto del primero, resulta ser un documento expedido por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que les asigna la ley; mientras que el segundo, constituye la videograbación de las actuaciones llevada a cabo por la responsable que tiene la certificación de la fecha y lugar en que fue realizada, así como de los hechos que la contienen. Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 231, que dispone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Así como, la jurisprudencia 43/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 10ª Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703, con número de registro 2004362, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." También es cierto el acto reclamado al Congreso del Estado de Yucatán (número de promoción 19298), pues aunque lo negó al rendir su informe justificado, por conducto de la directora jurídica, hace manifestaciones que evidencia su existencia; lo que se corrobora en el contenido del mismo. Cobra aplicación, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV-Julio, Octava Época del semanario Judicial de la Federación, cuyo texto indica: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Inexistencia de causales de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de Amparo, en vigor, por lo que procede el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Sin que obste lo manifestado por la tercero interesada Cinthia Minerva Pisté Tzeel, en lo personal y como representante de la menor de edad de iniciales J.P.T., quien expone el argumento de que la parte quejosa en sus conceptos de violación, consistente en que el interventor no posee facultades o legitimación para representar a la sucesión en el procedimiento de origen, se debe sobreseer en el juicio (sin referir la causal), ya que no propone alguna causal de improcedencia, sino que son alegatos relacionados con los conceptos de violación propuestos. QUINTO. Conceptos de violación. Al no existir diversa causal de improcedencia hecha valer por las partes, ni advertirse de oficio la existencia de alguna otra, lo procedente es analizar el fondo del asunto mediante el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cuya transcripción se estima innecesaria, porque no existe algún precepto que obligue a ello, además de que no se le causa perjuicio, pues en todo caso se observarán los principios de congruencia y exhaustividad. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Estudio de la litis constitucional respecto del acto reclamado al Congreso del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. Son infundados los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, motivo por el cual deberá negarse el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita, respecto de los siguientes actos reclamados: La omisión legislativa en materia de reconocimiento de presuntos hijos o hijas, niños, niñas, adolescentes y adultos, después de fallecido el progenitor; y La omisión legislativa de un ordenamiento, lineamientos y protocolos para la realización de pruebas periciales en genética y biológicas. De la revisión integral de la demanda de amparo, específicamente el apartado relativo a los conceptos de violación, se advierte que la parte quejosa se duele de las omisiones del Congreso, primero, de no establecer algún tipo de procedimiento para el reconocimiento del niño, niña y adolescente u adulto después de fallecido el progenitor y segundo, la omisión de un ordenamiento, lineamientos y protocolos para la realización de pruebas periciales genéticas y biológicas que se encuentran contempladas dentro del Código de Familia como pruebas periciales, lo que considera se traduce en omisiones legislativas atribuidas al Congreso del Estado. Dicho reclamo es infundado por lo siguiente. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional 14/2005, estableció que, en atención al principio de división funcional de poderes, los órganos legislativos del Estado cuentan con facultades o competencias de ejercicio potestativo y de ejercicio obligatorio, y en su desarrollo pueden incurrir en diversos tipos de omisiones. Asimismo, precisó que, por un lado, puede darse una omisión absoluta cuando los órganos legislativos simplemente no han ejercido su competencia de crear leyes ni han externado normativamente voluntad alguna para hacerlo; agregó por otro lado, que puede presentarse una omisión relativa cuando al haber ejercido su competencia, lo hacen de manera parcial o simplemente no la realizan integralmente, impidiendo el correcto desarrollo y eficacia de su función creadora de leyes. También refirió que en un Estado Federal, el principio de división funcional del poder se desarrolla constitucionalmente mediante la atribución de competencias expresas a los órganos superiores del Estado; en este sentido, el principio que cierra la posibilidad de actuación de las autoridades dentro del ordenamiento jurídico, es que todo aquello que no se encuentra expresamente facultado para las autoridades se encuentra prohibido, y que las autoridades sólo pueden realizar los actos dictados sobre bases expresas previstas en el ordenamiento y, en particular, en la Constitución. Señaló que este sistema competencial establecido en la Constitución se expresa positivamente de varias maneras: existen prohibiciones expresas que funcionan como excepciones o modalidades de ejercicio de otras competencias concedidas; existen competencias de ejercicio potestativo, en donde el órgano del Estado puede decidir si ejerce o no la atribución conferida y, finalmente, existen competencias de ejercicio obligatorio, en donde el órgano del Estado se encuentra obligado a ejercer la competencia establecida en la Constitución. Ahora bien, en relación con los órganos legislativos del Estado, refirió que las facultades o competencias de ejercicio potestativo son aquellas en las que dichos órganos pueden decidir si las ejercen o no, y en qué momento lo harán. La competencia, en sentido estricto, no implica una obligación: es simplemente la posibilidad establecida en el ordenamiento jurídico de crear, modificar o suprimir normas generales. Es decir, en este tipo de competencias, los órganos legislativos cuentan con la potestad de decidir si las ejercerán o no y en qué momento las llevarán a cabo, sin que estén obligadas a ejercerlas. Por tanto, el órgano legislativo tiene la potestad de decidir, libremente, si crea o no determinada norma jurídica y en qué momento lo hará. Por otro lado, estableció que las facultades o competencias de ejercicio obligatorio son aquellas a las que el orden jurídico adiciona un mandato de ejercicio expreso, es decir, una obligación de realizarlas por parte de los órganos legislativos a los que se les han otorgado, con la finalidad de lograr un correcto y eficaz desarrollo de sus funciones, de ahí que en caso de que no se realicen, el incumplimiento trae aparejada una sanción. En este tipo de competencias, el órgano legislativo no tiene la opción de decidir si crea o expide una norma general determinada, sino que existe un mandato o una obligación a su cargo de expedir determinada ley. Esta obligación (mandato) de ejercicio de la facultad para la expedición de leyes, puede encontrarse de manera expresa o implícita en las normas constitucionales, así sea en su texto mismo o en su derecho transitorio. Respecto de esto último, ello es así en tanto que las normas transitorias cumplen con la función de establecer las obligaciones, parámetros y tiempos para la adecuación de los cambios normativos establecidos por el órgano de reforma constitucional. Agregó que atendiendo a esta clasificación (competencias o facultades de ejercicio obligatorio y de ejercicio potestativo), es necesario considerar las posibilidades de no ejercicio de estas, lo cual se traduce en omisiones. Claramente existen solamente dos opciones en relación con el no ejercicio de las competencias concedidas a los órganos legislativos; por un lado, se puede dar una omisión absoluta por parte del órgano legislativo del Estado, en donde éste simplemente no ha ejercido su competencia de crear leyes en ningún sentido, ni ha externado normativamente ninguna voluntad para hacerlo, de ahí que la misma siga siendo puramente potencial. Por otro lado, el órgano legislativo puede haber ejercido su competencia, pero de manera parcial o simplemente no realizándola de manera completa e integral, impidiendo así el correcto desarrollo y eficacia de su función creadora de leyes. En este último caso nos encontramos frente a omisiones relativas en cuanto al ejercicio de la competencia establecida constitucionalmente. De igual forma, precisó que combinando ambos tipos de competencias o facultades (de ejercicio obligatorio y de ejercicio potestativo) y de omisiones (absolutas y relativas), pueden presentarse las siguientes omisiones legislativas: a) Absolutas en competencias de ejercicio obligatorio, cuando el órgano legislativo tiene la obligación o mandato de expedir una determinada ley y no lo ha hecho; b) Relativas en competencias de ejercicio obligatorio, cuando el órgano legislativo emite una ley teniendo una obligación o un mandato para hacerlo, pero lo realiza de manera incompleta o deficiente; c) Absolutas en competencias de ejercicio potestativo, en las que el órgano legislativo decide no actuar debido a que no hay ningún mandato u obligación que así se lo imponga; y, d) Relativas en competencias de ejercicio potestativo, en las que el órgano legislativo decide hacer uso de su competencia potestativa para legislar, pero al emitir la ley lo hace de manera incompleta o deficiente. Consideraciones plasmadas en las jurisprudencias 10/2006 y 11/2006, visibles en las páginas 1527 y 1528, Tomo XXIII, febrero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro electrónico 175872 y 175869, respectivamente, de rubro y texto siguiente: "OMISIONES LEGISLATIVAS. SUS TIPOS. En atención al principio de división funcional de poderes, los órganos legislativos del Estado cuentan con facultades o competencias de ejercicio potestativo y de ejercicio obligatorio, y en su desarrollo pueden incurrir en diversos tipos de omisiones. Por un lado, puede darse una omisión absoluta cuando aquéllos simplemente no han ejercido su competencia de crear leyes ni han externado normativamente voluntad alguna para hacerlo; por otro lado, puede presentarse una omisión relativa cuando al haber ejercido su competencia, lo hacen de manera parcial o simplemente no la realizan integralmente, impidiendo el correcto desarrollo y eficacia de su función creadora de leyes. Ahora bien, combinando ambos tipos de competencias o facultades -de ejercicio obligatorio y de ejercicio potestativo-, y de omisiones -absolutas y relativas-, pueden presentarse las siguientes omisiones legislativas: a) Absolutas en competencias de ejercicio obligatorio, cuando el órgano legislativo tiene la obligación o mandato de expedir una determinada ley y no lo ha hecho; b) Relativas en competencias de ejercicio obligatorio, cuando el órgano legislativo emite una ley teniendo una obligación o un mandato para hacerlo, pero lo realiza de manera incompleta o deficiente; c) Absolutas en competencias de ejercicio potestativo, en las que el órgano legislativo decide no actuar debido a que no hay ningún mandato u obligación que así se lo imponga; y, d) Relativas en competencias de ejercicio potestativo, en las que el órgano legislativo decide hacer uso de su competencia potestativa para legislar, pero al emitir la ley lo hace de manera incompleta o deficiente." "ÓRGANOS LEGISLATIVOS. TIPOS DE FACULTADES O COMPETENCIAS DERIVADAS DEL PRINCIPIO DE DIVISIÓN FUNCIONAL DE PODERES. En atención al citado principio los órganos legislativos del Estado cuentan con facultades o competencias de ejercicio potestativo y de ejercicio obligatorio. Las primeras son aquellas en las que dichos órganos pueden decidir si las ejercen o no y el momento en que lo harán; de manera que esta competencia en sentido estricto no implica una obligación, sino la posibilidad establecida en el ordenamiento jurídico de crear, modificar o suprimir normas generales, es decir, los órganos legislativos cuentan con la potestad de decidir libremente si crean determinada norma jurídica y el momento en que lo harán. Por su parte, las segundas son aquellas a las que el orden jurídico adiciona un mandato de ejercicio expreso, es decir, una obligación de hacer por parte de los órganos legislativos a los que se les han otorgado, con la finalidad de lograr un correcto y eficaz desarrollo de sus funciones; de ahí que si no se realizan, el incumplimiento trae aparejada una sanción; en este tipo de competencias el órgano legislativo no tiene la opción de decidir si crea o expide una norma general determinada, sino que existe un mandato o una obligación a su cargo de expedirla o crearla, que puede encontrarse expresa o implícitamente en el texto de las propias normas constitucionales, o en el de sus disposiciones transitorias." Por otra parte, cabe señalar que al fallar el amparo en revisión 1359/2015, en sesión del quince de noviembre de dos mil diecisiete, la Primera Sala del Alto Tribunal, al referirse a las omisiones legislativas como actos reclamados estableció que en el marco del juicio de amparo sólo habrá una omisión legislativa propiamente dicha cuando exista un mandato constitucional que establezca de manera precisa el deber de legislar en un determinado sentido y esa obligación haya sido incumplida total o parcialmente. Recalcó que en caso de no existir un mandato constitucional que establezca con toda claridad el deber de legislar, la conducta de la autoridad carecería de toda relevancia jurídica para efectos del juicio de amparo, de ahí que en esa vía procesal no tuviera mucho sentido hablar de omisiones de ejercicio potestativo. Agregó que era posible sostener válidamente que a través del juicio de amparo indirecto pueden combatirse como actos de autoridad, omisiones atribuibles directamente al Poder Legislativo. Estimó que los tribunales de amparo tienen facultades constitucionales para ordenar la restitución de los derechos de los quejosos cuando éstos sean violados por una omisión legislativa absoluta, y que en un Estado constitucional de derecho todas las autoridades deben respetar la Constitución. Así, aun cuando el Poder Legislativo tenga una función de la máxima importancia dentro de nuestro orden constitucional y ésta se le haya encomendado de manera exclusiva, aunque con cierta intervención del Poder Ejecutivo, también se encuentra sometido a la Constitución, concluyendo que en estos casos el Poder Legislativo no es libre para decidir no legislar. Lo anterior, pues cuando la Constitución establece un deber de legislar respecto de algún tema en específico a cargo del Poder Legislativo, el ejercicio de la facultad de legislar deja de ser discrecional y se convierte en una competencia de ejercicio obligatorio, y en tal escenario, la única manera de mantener un estado de regularidad constitucional es que los tribunales de amparo estén en aptitud de determinar si en un caso concreto una omisión de legislar se traduce además en una vulneración a los derechos de las personas, por lo que consideró importante enfatizar que un acto de autoridad que vulnera derechos es inconstitucional, sin importar que se trate de una acción o una omisión, ni la autoridad a la que se le atribuya ese acto. Así, concluyó que cuando exista un mandato constitucional dirigido al Poder Legislativo en el que se le imponga claramente el deber de legislar o de hacerlo en algún sentido específico, los tribunales de amparo tienen la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la Constitución. Particularmente, tienen el deber de proteger a las personas frente a las omisiones del legislador, garantizando que éstas no se traduzcan en vulneraciones de sus derechos fundamentales. De lo expuesto, se concluye que habrá una omisión legislativa propiamente dicha cuando exista un mandato constitucional que establezca de manera precisa el deber de legislar en un determinado sentido y esa obligación haya sido incumplida total o parcialmente, y que en caso de no existir un mandato constitucional que establezca con toda claridad el deber de legislar, la conducta de la autoridad carecería de toda relevancia jurídica para efectos del juicio de amparo (omisiones de ejercicio potestativo), cuyo criterio se encuentra establecido en la tesis del rubro y texto siguientes: Así lo sostuvo en la tesis aislada 1a. XX/2018, visible en la página 1100, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo I, página 1100, Décima Época, registro electrónico 2016424, de rubro y texto: "OMISIONES LEGISLATIVAS. SU CONCEPTO PARA FINES DEL JUICIO DE AMPARO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que en el marco del juicio de amparo sólo habrá una omisión legislativa propiamente dicha cuando exista un mandato constitucional que establezca de manera precisa el deber de legislar en un determinado sentido y esa obligación haya sido incumplida total o parcialmente. En efecto, en caso de no existir un mandato constitucional que establezca con toda claridad el deber de legislar, la conducta de la autoridad carecería de toda relevancia jurídica para efectos del juicio de amparo, de ahí que en esta vía procesal no tenga mucho sentido hablar de omisiones de ejercicio potestativo. Por último, es importante aclarar que autoridades distintas al Congreso de la Unión también podrían estar constitucionalmente obligadas a emitir normas generales, abstractas e impersonales." En ese sentido, si respecto de la omisión legislativa reclamada en este juicio de amparo, no existe un mandato constitucional en el sentido que refiere la quejosa, esto es, que el legislador debe establecer por una parte, los mecanismos para el reconocimiento del niño, niña, adolecente o adulto después de fallecido el supuesto progenitor; y por otra, ordenamientos, lineamientos y protocolos para la realización de pruebas periciales genéticas y biológicas, es claro que resultan infundados los conceptos de violación que expuso, pues no se trata de omisiones legislativas de carácter absoluta en competencias de ejercicio obligatorio, pues no hay mandato alguno u obligación que así se lo imponga, sino en todo caso constituye el acto del que se duele la promovente, de omisiones de ejercicio potestativo, la cual carece de toda relevancia jurídica para efectos del juicio de amparo. En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, lo que procede es negarle el amparo y protección de la Justicia Federal, respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable Congreso del Estado de Yucatán. SÉPTIMO. Estudio de la litis constitucional respecto de los actos reclamados al Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. Como cuestión previa, para una mejor comprensión del asunto, es menester precisar que de las constancias que se allegaron al sumario deducidas del expediente 823/2021 relativo al Juicio Ordinario Familiar Oral de Reconocimiento de Paternidad promovido por Cinthia Minerva Pisté Tzeel en contra de la sucesión del señor que en vida respondía al nombre de Gabriel de Portugal Chan Pamplona, representado por su interventor judicial Israel Alfonso Chablé Cámara, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprenden los siguientes antecedentes: Mediante escrito presentado el seis de diciembre de dos mil veintiuno, Cinthia Minerva Pisté Tzeel promovió el Juicio Ordinario Familiar Oral de Reconocimiento de Paternidad en contra de la sucesión del señor que en vida respondía al nombre de Gabriel de Portugal Chan Pamplona (fojas1 a 14 del anexo). En el escrito inicial, para acreditar sus pretensiones, entre otras pruebas, ofreció la prueba testimonial a cargo de María Alejandra Chan Pamplona (aquí quejosa), Diana Chan Pamplona y Luis Chan Baeza; asimismo, la prueba pericial genética que debe practicarse a los antes citados; para tal efecto propuso a la doctora Lizbeth Josefina González Herrera. Acerca de los puntos sobre los cuales debe versar la prueba de experto, la tercero interesada estableció lo siguiente: "Asimismo la presente prueba pretende y tiene por objeto probar la existencia del parentesco por consaguinidad entre JIA PISTE TZEEL y GABRIEL DE PORTUGAL CHAN PAMPLONA, cuya idoneidad siendo los siguientes puntos en los que la prueba en cita versará: La perito deberá tomar una muestra de material genético de la adolescente JIA PISTE TZEEL así como de los C.C. ******************** DIANA CHAN PAMPLONA y LUIS CHAN BAEZA BAEZA (hermanas y padre de la parte demandada) en razón de la imposibilidad material de extraer dicha muestra directamente del señor GABRIEL DE PORTUGAL CHAN PAMPLONA dado que, al haber fallecido por consecuencias de virus Covid-19, su último destino material no fue la inhumación sino la incineración. La perito deberá realizar un estudio genético para identificar y determinar la huella genética presente en el ácido desoxirribonucleico (ADN) de la muestra sanguínea de los C.C. ******************** DIANA CHAN PAMPLONA y LUIS CHAN BAEZA BAEZA. La perito deberá realizar un estudio genético para identificar y determinar la huella genética presente en el ácido desoxirribonucleico (ADN) de la muestra sanguínea de la menor JIA PISTE TZEEL. La perito determinará si existe parentesco consanguíneo entre la menor JIA PISTE TZEEL y los C.C. ******************** DIANA CHAN PAMPLONA y LUIS CHAN BAEZA BAEZA. Con base a lo anterior, la perito estimará si puede atribuirse cierto parentesco entre la menor JIA PISTE TZEEL y GABRIEL DE PORTUGAL CHAN PAMPLONA. Realizará diligencias adicionales que, a su leal y saber entender, resulten necesarias para cumplir con el objetivo de esta prueba. Dirá sus conclusiones." 2. La demanda fue turnada al Juzgado Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y previo auto de prevención, se admitió por acuerdo de uno de febrero de dos mil veintidós, asignándole el número de expediente 823/2021, en la que la juez responsable ordenó emplazar al demandado por conducto del interventor judicial licenciado Israel Alfonso Chablé Cámara (fojas 70 y 71 del anexo). 3. En audiencia preliminar de cuatro de julio de dos mil veintidós, la jueza Primero de Oralidad del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, tuvo por admitidas las pruebas ofertadas por la parte actora del juicio de origen, en las que aquí interesa, siendo las siguientes: Respecto a las testimoniales a cargo de María Alejandra Chan Pamplona y otros, se fijaron las trece horas con cuarenta y cinco minutos del dieciocho de agosto de dos mil veintidós, para efecto de llevar a cabo el desahogo de la citada probanza, bajo el apercibimiento que de no comparecer se les aplicaría a cada uno, multa equivalente a veinte unidades de medidas de actualización. Asimismo, por lo que hace a la prueba pericial en genética que deberá practicarse a la quejosa, se le citó para el uno de agosto de dos mil veintidós, a las doce horas, para el efecto de realizar la prueba biológica, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se la aplicaría una multa de veinte unidades de medidas de actualización. 4. Por acuerdo de uno de agosto de dos mil veintidós (foja 163 del anexo), entre otras cosas, se suspendió la audiencia principal para realizarse la prueba biológica admitida. La parte relativa a las pruebas testimonial y pericial en genética ordenadas en la audiencia preliminar de cuatro de julio de dos mil veintidós, constituyen los actos reclamados. Establecidos los antecedentes del acto reclamado, se tiene que la quejosa se ostenta como tercero extraña al juicio ordinario oral familiar de origen. Como se ve, en el tema que nos ocupa, se encuentra inmerso el derecho a la identidad de una niña, en correlación con el diverso derecho al debido proceso, y la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, al resolver el amparo en revisión 121/2013, el cual constituye uno de los precedentes de los que derivó la Jurisprudencia: 1a./J. 11/2014 (10a.) de rubro: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO" consideró, esencialmente, lo siguiente: -Consideró preciso señalar que la ponderación entre derechos fundamentales implica un método de control racional de los valores y principios fundamentales reconocidos en la Constitución o bien, en instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, por no regular por sí mismos ante posibles colisiones con valores y principios de su mismo rango. -Que el juzgador debe, en su razonamiento jurídico, atender al mandato de optimización de los derechos y principios fundamentales, para pretender siempre la mayor satisfacción de alguno de ellos con el objeto de articular su aplicación y justificación en la afectación del otro, ya que los derechos fundamentales no son en sí mismos ilimitados, ello al ponderar derechos fundamentales, y al respecto invocó la tesis plenaria Tesis: P. XII/2011, de rubro "CONFLICTOS QUE INVOLUCRAN DERECHOS FUNDAMENTALES. SU RESOLUCIÓN JURÍDICA." -En ese sentido, al existir colisión entre el derecho a la identidad de la tercero perjudicada, en relación al derecho que le asiste a conocer su origen biológico, contra el derecho al debido proceso del quejoso, según el cual los tribunales al dirimir las controversias judiciales deben apegarse a las formalidades del procedimiento; por lo cual, es necesario precisar el contenido de dichos derechos. -Atinente al derecho a la identidad, consideró que dicha Primera Sala, al resolver el diverso amparo directo en revisión 2750/2010, fallado en sesión del veintiséis de octubre de dos mil once, ya ha determinado que éste consiste en un derecho personalísimo que se configura como un derecho de defensa y garantía esencial para la condición humana y sólo puede justificarse su intromisión siempre que medie un interés superior, así como que ese derecho no es exclusivo de los niños sino que le corresponde a toda persona inclusive en su mayoría de edad. -Si bien el derecho a la identidad en mayor medida se analiza respecto de los menores de edad, y se reconoce expresamente su estatus como derecho fundamental, el cual puede derivarse tanto del artículo 4° constitucional como de los diversos tratados internacionales que protegen los derechos de la niñez, este no es un derecho exclusivo de los niños, sino que en tratándose de los mismos adquiere mayor relevancia por imponer al juzgador un especial peso al momento de su ponderación frente a otros derechos. -Por ello, para el caso de mayores de edad, destacó que la Corte ya señaló que el derecho a la identidad es un derecho fundamental, procedente la dignidad humana, consagrada en el artículo 1°, Constitucional. Así, el derecho a la identidad personal, de niños y adultos ha sido definido por el Pleno dicha autoridad suprema, como el derecho de la persona a tener sus propios caracteres, físicos e internos y sus acciones, que lo individualizan ante la sociedad y como consecuencia dicho derecho se define como el que tiene toda persona a ser quien es, en la propia conciencia y en la opinión de los otros; es decir, es la forma en que se ve a sí mismo y se proyecta en la sociedad y citó al respecto la tesis plenaria Tesis: P. LXVII/2009 de rubro "DERECHOS A LA INTIMIDAD, PROPIA IMAGEN, IDENTIDAD PERSONAL Y SEXUAL. CONSTITUYEN DERECHOS DE DEFENSA Y GARANTÍA ESENCIAL PARA LA CONDICIÓN HUMANA." -En el tópico, la identidad se construye a través de múltiples factores psicológicos y sociales, sin embargo, la imagen propia de la persona está determinada, en buena medida, por el conocimiento de sus orígenes biológicos, los cuales resultan de enorme trascendencia, al incidir tanto desde el punto de vista psicológico como desde el punto de vista jurídico, ya que de la relación filial entre padre e hijo o hija, surgen, por mandato de ley, una serie de consecuencias jurídicas, entre las que destacan los derechos que adquiere el hijo y dentro de los cuales se encuentran la capacidad sucesoria legítima y la posibilidad de asentar en el acta de registro de nacimiento el apellido del padre de quien se probó la relación filial, citó como aplicable al tema la tesis Aislada 1a. XLV/2012 (10a.) de rubro "DERECHO A LA IDENTIDAD PERSONAL. EL CONOCIMIENTO DEL ORIGEN BIOLÓGICO DE LA PERSONA TIENE TRASCENDENCIA PSICOLÓGICA Y JURÍDICA PARA EL INDIVIDUO." -Así, robustecido lo anterior, considerando que la filiación se entiende como la relación que se genera entre procreantes y procreados o entre adoptantes y adoptado, formando un atributo de la personalidad jurídica, como elemento esencial del estado civil de las personas y como derecho adicionado con el ejercicio de otros derechos que comparten idéntica jerarquía normativa superior, como sucede con el libre desarrollo de la personalidad, el acceso a la justicia y la dignidad; por ello, la relación filial es una consecuencia del establecimiento de la verdad biológica, y por ende, toda persona tiene derecho no solamente a llevar los apellidos de sus padres sino a obtener certeza sobre su filiación, tanto paterna como materna, con el fin de reclamar su condición de hijo y para que se cumplan, en beneficio suyo, las obligaciones de sus progenitores. -Como consecuencia de ello, al estar de por medio la dignidad humana, el derecho a un nombre y al conocimiento de su filiación es trascendente no solamente por mandato constitucional, al reconocer el nombre como un derecho humano no suspendible. Es decir, está íntimamente relacionado con el ejercicio del derecho a gozar de una salud física y mental en el más alto nivel posible al conocer la persona su origen biológico y su objetivo es garantizar el efectivo ejercicio y goce el derecho a la salud. -Por otro lado, explicó que el derecho al debido proceso, el Alto Tribunal lo define como aquellas formalidades esenciales que sujetan todo proceso jurisdiccional, que permiten a los gobernados ejercer defensas, ofrecer excepciones, previo a que la autoridad modifique su esfera jurídica en forma definitiva, tales como: La notificación del inicio del procedimiento; La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; La oportunidad de alegar; y, Una resolución que dirima las cuestiones debatidas. -De ahí que las formalidades esenciales del procedimiento permiten garantizar una adecuada y oportuna defensa antes de un acto de privación o afectación a la esfera jurídica de los particulares, pues al no respetarse ocasionaría una transgresión a otros derechos fundamentales del gobernado tales como su derecho de audiencia y de acceso a la justicia y el derecho al debido proceso está relacionado con el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 17 de la Constitución Federal, por ser una segunda etapa necesaria para que se satisfaga el derecho de acceso a la justicia o bien a la tutela judicial, motivo por el cual también constituye un derecho fundamental no suspendible en atención a la ponderación de la subsistencia de determinadas garantías jurídicas para la defensa de los derechos humanos. -Así, al realizar la ponderación de ambos derechos -derecho a la identidad y derecho al debido proceso- la Primera Sala, determinó que constituyen derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en la materia, en específico en los artículos 14, 17 y 29 de la Constitución Federal y los artículos 8 y 18 de la Convención Americana de Derechos Humanos: -Asimismo, consideró lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto al debido proceso legal y destacó que en su contenido ya quedó establecido que los tribunales deben ser imparcialesencontrando relacionado lo anterior con el principio de la igualdad procesal, al constituir este una formalidad esencial del debido proceso; entonces, tanto el derecho a la identidad constituye un derecho humano fundamental a la dignidad de la persona humana, como el derecho al debido proceso que constituye un derecho humano y fundamental a las garantías judiciales esenciales para ser escuchado en un procedimiento jurisdiccional previamente a un acto privativo de derechos. -Sin embargo, consideró que no son irrestrictos, por lo que al colisionar o dirigirse en forma contraria respecto de otros derechos del mismo carácter fundamental deben atenderse como mandatos de optimización y entonces es necesario desarrollar un ejercicio de ponderación para su aplicación conjunta en el caso concreto. -Al respecto, determinó que ante la incógnita de si el derecho a la identidad al ser un derecho personalísimo inherente a la dignidad humana tiene la posibilidad de vencer las formalidades esenciales del procedimiento que se erige como derecho humano y fundamental para la defensa de terceros, considera que no es correcto establecer que el derecho a la identidad debe prevalecer frente al derecho al debido proceso, en atención a que no existe justificación alguna de tal magnitud que permita situar el interés individual de una de las partes para conocer su origen biológico, que el interés de la otra, para que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento, sin pasar por alto el interés también individual de certeza y seguridad jurídica del debido proceso de los procedimientos jurisdiccionales que le permitan ejercer una adecuada defensa y excepción a las pretensiones que le demandan. -Lo anterior, poniendo de manifiesto que al tratarse de juicios sobre cuestiones familiares que tienen como objetivo el reconocimiento forzoso o judicial de la filiación por medio del ejercicio de la acción de investigación de paternidad contra determinada persona, el juzgador debe atender el material probatorio aportado por las partes para conocer la filiación; por tanto, a quien se demanda se llama a juicio y su primer derecho es que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento para ejercer su defensa aunado a la evidencia que en el proceso de investigación judicial de la paternidad, ambas partes, actor y el demandado, se ubican en igualdad de circunstancias para ofrecer pruebas, formular pretensiones y excepciones, por ende, consideró que no hay justificación alguna para concluir que lo procedente es privilegiar los intereses de la actora de dicho procedimiento frente a las formalidades esenciales del procedimiento, que son irrestrictas para los intereses de las partes. -En el ejercicio de ponderación de derechos ya realizado por la Primera Sala, advirtió que si una de las partes no es menor de edad, el juzgador no estaba obligado por la exigencia del principio del interés superior de la niñez a velar por los intereses de la actora, de ahí que si hubiese sido el supuesto se encontraría justificado el desequilibrio de la relación procesal del actor-demandado, para considerar que no debían aplicarse las reglas del procedimiento en cuanto al desahogo de dicha prueba pericial; lo anterior aunado a la obligación de los juzgadores a respetar el derecho de igualdad ante la ley en los procedimientos, pues es también un principio de seguridad necesaria para la defensa de derechos; salvo situaciones de clara desventaja de alguna de las partes, cuya justificación implique un trato diferenciado como en casos donde se involucran derechos de menores de edad o personas en situación de desventaja y vulnerabilidad. -No obstante, expuso que si en un juicio de reconocimiento forzoso o judicial de paternidad, en el que ambas partes se ubican en un mismo plano de igualdad, debe ser vista con una perspectiva de equidad procesal de manera que deben tomarse en cuenta las circunstancias del caso, siguiendo el mandato de optimización de los derechos fundamentales, es preciso analizar la situación de los derechos en colisión, y en el caso, debe privilegiarse el derecho al debido proceso frente al derecho a la identidad, en atención a que el primero es materializado en las garantías jurídicas esenciales para la defensa fáctica de los derechos fundamentales, incluido en éstas el derecho a la identidad, de ahí que si una de las partes reclama que le fue vulnerado el derecho al debido proceso y las formalidades esenciales del procedimiento a efecto de lograr una defensa adecuada y un efectivo acceso a la justicia, dicho derecho debe vencer al derecho a la identidad de la otra parte, pues tiene mayor relevancia el resguardo de la efectividad del derecho al debido proceso, aun para efectos de exigir el cumplimiento del derecho a la identidad ante instancias jurisdiccionales, ya que debe estarse a la regulación relativa para que se garantice la judicialización del derecho a la identidad que no sólo asiste a los menores, sino a toda persona. -En ese sentido, en una controversia donde se demanden cuestiones de reconocimiento de paternidad no pueden pasarse por alto las formalidades esenciales del proceso en el cual se establecen reglas y requisitos indispensables para su tramitación, a saber las reglas del ofrecimiento, preparación, y desahogo de las pruebas, de donde se colige que ante la omisión de desahogarse debidamente alguna probanza, lo procedente es considerar a ésta desierta al no satisfacerse los requisitos de ley. - Consideró garantizado el derecho de la actora en el juicio natural a ofrecer las pruebas que sustenten sus pretensiones, junto con el acceso efectivo a la justicia, así como el derecho de defensa del demandado para oponer excepciones y defensas en contra de las acciones intentadas en su contra. De ahí que si al fallar alguna de las partes en el cumplimiento de sus cargas y obligaciones procesales, resulta acertado aplicar las regulaciones y formalidades del procedimiento, sin suponer que exista un obstáculo para el ejercicio de los derechos de las partes, al considerarse el acceso a la justicia ejercido conforme las formalidades esenciales de los procedimientos. -En este aspecto, expuso que si la controversia familiar es un juicio en donde el juez requiere atender a probanzas, es necesario que las partes cumplan con sus cargas procesales y por ello deben vigilar continuamente el procedimiento en colaboración con el juzgador pues dicha omisión al no cumplir, puede acarrear consecuencias desfavorables para los intereses sustanciales que están defendiendo, como en el caso de análisis sometido a su potestad, en el distinguió que el derecho a la identidad de la actora, no sólo por ser un derecho fundamental personalísimo de relación directa a la dignidad humana, implica que deban pasarse por alto principios fundamentales inherentes, del mismo modo, a la dignidad humana para la debida defensa y desarrollo de los procedimientos jurisdiccionales. -Y en el caso en concreto, determinó que no se encuentra que el derecho a la identidad pues no puede ser satisfecho en plena vulneración a los principios y formalidades esenciales del procedimiento, tales como la posibilidad de defensa del demandado y la equidad procesal de las partes, y por tanto, el derecho al debido proceso reviste mayor importancia para ser garantizado de forma extensiva. -Afirmó lo anterior, pues al tratarse de las formalidades esenciales de los procedimientos jurisdiccionales, estas cobran mayor relevancia constitucional atinentes al cuidado de la certeza y legalidad de las actuaciones de los tribunales al ser obligatorio actuar con imparcialidad y acorde a las reglas y principios procesales, para con ello otorgar un trato igualitario de las partes en los procedimientos, salvo en los juicios en los que sea necesario apoyar a la parte en desventaja, como sucede en los asuntos en los que se involucran menores. Lo anterior, precisamente, no sólo porque una de las partes pretenda ejercer una acción derivada de un derecho humano, significa que los tribunales deben romper el equilibrio procesal de las partes, si no puede justificarse motivo alguno dentro del procedimiento. -Dicho de otro modo, que las acciones derivadas del algún derecho no implican per se la posibilidad de eludir las formalidades esenciales del procedimiento, los principios de legalidad y las obligaciones de cualquier autoridad jurisdiccional, de resguardo y protección a otros derechos subjetivos de igual jerarquía pues si no hay justificación para ello y de tal relevancia que implique la necesidad de evadir esas formalidades, la respuesta general en todos los casos es privilegiar la certeza y legalidad de los procedimientos, ya que considerar lo contrario implicaría que las autoridades desatiendan su obligación de velar por la protección a otros derechos, cosa que no puede suscitarse debido a que es su deber actuar con imparcialidad, de ahí que los órganos jurisdiccionales deban atender a la igualdad y equidad procesal sin pasar por alto que en una controversia se encuentren en juego pretensiones derivadas del ejercicio de algún o algunos derechos fundamentales, pues debe entonces el juzgador verificar sigilosamente el respeto y cumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento al constituir las garantías jurídicas por excelencia para el acceso a la justicia de los gobernados. -Entonces, en el ejercicio de ponderación del debido proceso frente al derecho a la identidad de un individuo en un procedimiento en el cual las partes se ubican en igualdad de circunstancias procesales, lo que se privilegia finalmente es el principio de legalidad sustancial al dirimir la controversia con base en la ponderación realizada frente a los derechos subjetivos de carácter fundamental de los individuos, pues la regulación de ley que establece las cargas procesales es esencial para la eficacia y garantía de cualquier derecho fundamental. Por su parte, en los conceptos de violación, la quejosa expone, esencialmente, que se violan en su perjuicio los derechos consagrados en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales por los motivos siguientes: La responsable vulneró el debido proceso al ordenar se le realice en su persona una prueba genética, ya que no es parte del juicio de origen. Asimismo, agregó que si bien existe un mandamiento escrito para que se le realice la prueba genética, esta no se encuentra fundada ni motivada, ya que de manera errónea la jueza responsable, al aplicar los artículos 280 y 286 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, no señalan ninguna acción hacía los familiares del progenitor. Añadió que la prueba admitida, es contraria a derecho, porque la interpretación de la juez responsable sobre el artículo 280 del citado código, en el sentido de valerse de cualquier persona, objeto o documento, debe ser una interpretación conforme a la Constitución y a los derechos humanos, ya que se trata de un acto de molestia y/o acto privativo. Para sustentar sus argumentos citó la tesis de jurisprudencia de registro digital 200080 y rubro "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTICIÓN". De igual manera, arguye que se le niega su derecho a controvertir la decisión de la autoridad judicial, que no tiene precepto legal aplicable exactamente al caso para generar obligación de un tercero extraño a juicio de proporcionar su ADN para ser examinado. Sostiene que tampoco existe en el Código de Familia precepto legal que obligue a los parientes del demandado en el juicio de origen a proporcionar su información de ADN ni se establece la forma, su utilidad e idoneidad, y sí se pretende extraer su información genética mediante un apercibimiento. Además, no se le informó de los protocolos y lineamientos para cuidar la privacidad de la información obtenida con la prueba en comento. De igual forma, sustenta sus argumentos en la tesis de jurisprudencia 1a./J 17/2003 y rubro "PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA. SU ADMISIÓN Y DESAHOGO TIENEN UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPACIÓN SUSCEPTIBLE DE AFECTAR DERECHOS SUSTANTIVOS DE LA PERSONA". Continuó agregando que se le niega enterarse del resultado de sus datos personales, si tiene o no parentesco con una menor cuyos derechos se están "tutelando" y atropellando los de su persona, violando el artículo 14 Constitucional, que contempla el derecho de audiencia que tuviese para hacer valer sus excepciones o allanamiento de la demanda, derecho y medios de defensa que pudiera hacer valer por los medios de revocación o apelación que podría hacer valer si fuera parte; desconociendo la motivación y fundamentación para ese actuar de la autoridad. La autoridad al citar la fecha y hora en que habrá de realizarse la prueba biológica, denota una falta de fundamentación y motivación, ya que desconoce cuál es el domicilio que determinaron para el desahogo de dicha prueba, ya que la juez no lo establece y existe ambigüedad del lugar en donde ha de desahogarse. También se duele la quejosa, del apercibimiento para realizar la prueba testimonial y la prueba pericial por parte de la juez responsable, al carecer de una debida motivación, ya que si bien se encuentra facultado de conformidad con los artículos 78, fracción VIII y 83, ambos del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán; lo cierto es, no dio a conocer en la audiencia preliminar, porqué estimó pertinente o por qué empleó la multa relativa. Finalmente, sustentó estos argumentos con la tesis de jurisprudencia de registro digital 170307 y rubro "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR". Ahora, uno de los conceptos de violación sintetizados deviene fundado y suficiente para otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. De la lectura de la parte conducente de la audiencia preliminar combatida se advierte que efectivamente asiste razón a la parte quejosa, ya que la autoridad responsable vulnera en perjuicio de la quejosa la garantía prevista en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al incumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, pues sin escuchar a la quejosa admitió y ordenó que se practicara en su persona la prueba pericial en genética molecular de ácido desoxirribonucleico; cuando, en primer término debió citar a la quejosa, darle oportunidad de alegar y posteriormente pronunciarse sobre su admisión o desechamiento. Lo anterior encuentra fundamento en el artículo 14 Constitucional en su párrafo segundo, que dispone: "Artículo 14. (...) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho". En relación con las formalidades esenciales del procedimiento a las que alude el precepto reproducido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que enseguida se trascribirá, determinó que son las que garantizan una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo, las cuales consisten en el llamamiento al juicio, la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa, así como la de alegar y que se dicte una resolución que dirima las cuestiones debatidas. La referida jurisprudencia se encuentra visible en la página 133 del Tomo II, diciembre de 1995, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado". Pues bien, resultan fundadas las alegaciones de la parte quejosa, en el sentido de que les causa perjuicio el hecho de que previo a la admisión de la prueba pericial genética molecular de ácido desoxirribonucleico, no fue llamada para efecto de estar en aptitud de realizar las manifestaciones que considerara pertinentes. En efecto, como se advierte de la audiencia preliminar de cuatro de julio de dos mil veintidós, dentro de los autos del juicio familiar de origen, la jueza responsable al analizar la pertinencia de la prueba pericial genética molecular de ácido desoxirribonucleico, únicamente escuchó a la parte actora y demandada del juicio familiar, admitió la prueba, y ordenó se citara a María Alejandra Chan Pamplona (aquí quejosa) para efectos de que le fueran recabadas las muestras que requiere la experta para que dicho medio de convicción sea desahogado, lo anterior bajo apercibimiento que de no comparecer se le impondría una multa equivalente a veinte unidades de medida de actualización. Ahora bien, tratándose de la prueba pericial en genética molecular de ácido desoxirribonucleico, resulta indispensable que las personas sobre las cuales se vaya a practicar dicha prueba sean escuchadas previo a la admisión de dicho medio de convicción. Se sostiene de esa manera, porque en principio la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la prueba pericial genética puede afectar los derechos fundamentales del individuo, de modo que, previo al acto de privativo resulta necesario escuchar a todas las partes que van intervenir, en este caso, además del actor oferente de la prueba y al demandado también a la quejosa, porque sobre ella se recabara las muestras necesarias para su desahogo. Como sustento de lo anterior se cita la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA. SU ADMISIÓN Y DESAHOGO TIENEN UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN SUSCEPTIBLE DE AFECTAR DERECHOS SUSTANTIVOS DE LA PERSONA. Cuando en un juicio ordinario civil en el que se ventilan cuestiones relacionadas con la paternidad, se dicta un auto por el que se admite y ordena el desahogo de la prueba pericial para determinar la huella genética, con el objeto de acreditar si existe o no vínculo de parentesco por consanguinidad, dicho proveído debe ser considerado como un acto de imposible reparación, que puede afectar los derechos fundamentales del individuo, por lo que debe ser sujeto a un inmediato análisis constitucional, a través del juicio de amparo indirecto, en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, por la especial naturaleza de la prueba, ya que para desahogarla es necesario la toma de muestras de tejido celular, por lo general de sangre, a partir del cual, mediante un procedimiento científico, es posible determinar la correspondencia del ADN (ácido desoxirribonucleico), es decir, la huella de identificación genética, lo cual permitirá establecer no sólo la existencia de un vínculo de parentesco, sino también otras características genéticas inherentes a la persona que se somete a ese estudio, pero que nada tengan que ver con la litis que se busca dilucidar y, no obstante, puedan poner al descubierto, contra la voluntad del afectado, otro tipo de condición genética hereditaria, relacionada por ejemplo con aspectos patológicos o de conducta del individuo, que pertenezcan a la más absoluta intimidad del ser humano." Aunado a lo anterior, debe tomarse en consideración que el artículo 347 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, prevé que durante el desahogo de la prueba pericial, los peritos al exponer sus conclusiones sobre el motivo que versa la prueba, tanto el juez como la parte contraria tienen el derecho de indagar con respecto a los conocimientos del experto, haciendo las preguntas pertinentes sobre la capacidad que tiene, la objetividad de su actividad, el método utilizado para llevar a cabo sus conclusiones, de modo que, al no ser escuchada la quejosa, el Juez responsable hace nugatoria dicha prerrogativa, sobre todo porque la prueba fue admitida en sus términos y se ordenó su desahogo sobre la quejosa sin que previamente fuera escuchada. Lo anterior pone de manifiesto, que la quejosa al no ser escuchada previo a la admisión de la prueba de expertos que se practicará en su persona, se trasgrede el derecho fundamental de audiencia, ya que como lo afirman en su demanda se les está sometiendo a practicarse una prueba sin que haya sido consultada acerca de la forma y de los términos en que fue ofrecida, sobre todo porque no es parte formal dentro del juicio de origen. Es decir, no se pronuncia en torno a la idoneidad de tal medio de convicción para corroborar las prestaciones de la parte actora, sino de la necesidad de que todos aquellos intervinientes sean oídos por la autoridad jurisdiccional de primera instancia, sobre todo aquellos sobre los cuales se les practicarán los exámenes y muestras correspondientes, ya que sobre ellos recae directamente el desahogo de la prueba en comento. De ahí que sea indudable el plano de desigualdad e indefensión en que la autoridad señalada como responsable colocó a la promovente de la acción constitucional al violar flagrantemente el derecho de audiencia, y por ende, desatender el equilibrio procesal que debe imperar en todo procedimiento en el que los particulares sean parte. En consecuencia, al haber sido admitida la prueba molecular de ácido desoxirribonucleico, sin que previamente haya sido escuchada la quejosa ******************** es que la autoridad responsable transgredió el derecho fundamental de audiencia. En consecuencia, ante lo fundado de los conceptos de violación, procede conceder el amparo y protección constitucional, a la impetrante en términos del considerando siguiente. Dicha concesión por cuestiones de accesoriedad corresponde al acto relativo al apercibimiento decretado para el desahogo de las pruebas pericial y testimonial, pues deberá llevase a cabo una nueva audiencia en las que se escuche a la aquí quejosa y se resuelva lo que legalmente corresponda. OCTAVO. Efectos de la concesión. Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, la autoridad responsable Juez Primero de Oralidad Familiar Turno Matutino del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, deberá: Deje insubsistente lo determinado en la audiencia preliminar de cuatro de julio de dos mil veintidós, del Juicio Ordinario Familiar Oral de Reconocimiento de Paternidad 823/2021, únicamente en la parte relativa a la prueba pericial genética ofrecida por la parte actora a cargo de la quejosa María Alejandra Chan Pamplona. Previo a la nueva fecha y hora que determine la jueza del conocimiento, atendiendo a la naturaleza de la prueba, sea citada la quejosa María Alejandra Chan Pamplona, a fin de que sea escuchada en relación a la citada prueba; y, Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción se pronuncie como legalmente corresponda. Sin que con dicha concesión se le constriña a resolver de una manera distinta a la que hizo, sino que con libertad de jurisdicción, emita la determinación que considere, pero subsanando el vicio formal del que adoleció el acto reclamado; esto es, con los requisitos a que se contrae el artículo 14 Constitucional. NOVENO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. DÉCIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. DÉCIMO PRIMERO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ******************** en contra de los actos atribuidos al Congreso del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por las razones señaladas en el considerando sexto de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ******************** contra los actos que reclamó a la Juez Primero de Oralidad Familiar Turno Matutino del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando séptimo y para los efectos precisados en el considerando octavo de esta sentencia. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando noveno de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando décimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese personalmente y cúmplase
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