María Alejandra Cancino Nigenda

Expediente 401/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
401/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
15/06/2023

Partes del expediente

  • María Alejandra Cancino Nigenda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, quince de junio de dos mil veintitrés. Visto; el oficio signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria dictada por ese Tribunal, en el recurso de queja 102/2023. Tomando en cuenta que el citado Órgano Colegiado, resolvió lo siguiente: ". Primero. Se declara infundado el recurso de queja. Segundo. Se confirma el auto recurrido de diez de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo indirecto 401/2023, del índice del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, que desechó la demanda de amparo promovida por********************, contra el acto que reclamó de la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, emitida en toca 390-C-2C01/2018, segundo subsecuente. ." Al efecto se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2º, glósese a los autos el oficio y anexo de cuenta. En atención a lo solicitado por la superioridad acúsese el recibo de estilo y respecto a lo que resolvió procede lo siguiente: ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en los Libros Electrónicos del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción IV, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; además, a juicio de la que suscribe no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN En razón de que en el presente no se formó incidente de suspensión, se deja de proveer lo relativo. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LA PARTE QUEJOSA. Toda vez que no se advierten documentos, ni tomos exhibidos por la parte quejosa, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO AL RELACIONADO EN LA MINUTA.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diez de abril de dos mil veintitrés. Visto; el oficio signado por la Actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual, notifica el acuerdo de treinta de marzo del presente año, emitido en el recurso de queja 102/2023, de su índice, del que se advierte que se admitió el recurso de queja interpuesto por ********************, contra el acuerdo dictado el diez de marzo de este año, en el presente juicio de amparo. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2º, glósese a los autos el oficio de cuenta y téngase a la superioridad acusando recibo del recurso referido en el párrafo que antecede; háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE POR LISTA.

  3. Principal

    Vista; la certificación que antecede y del estado que guardan los presentes autos, se advierte que trascurrió el término establecido en el artículo 86, de la Ley de Amparo y que ninguna de las partes se inconformó contra la sentencia constitucional de uno de marzo de dos mil veintitrés. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II, del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. A. ARCHIVO. Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. B.VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción a), de dicho Acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación. C.INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Toda vez que, en el presente no se formó el incidente de suspensión, se deja de proveer lo conducente. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES. Como lo dispone el artículo 21, inciso a), del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER. Por otra parte, con fundamento en el artículo 18, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados, toda vez que el presente juicio se encuentra concluido, infórmesele al quejoso que queda a su disposición el documento que exhibió en su escrito de demanda, mismo que deberá recoger dentro de un término de noventa días contados a partir de que se le notifique este proveído, con el apercibimiento que de no hacerlo así, correrá la misma suerte del expediente en que se actúa. NOTIFÍQUESE POR LISTA, PERSONALMENTE AL QUEJOSO; Y POR OFICIO A LAS RELACIONADAS EN LA MINUTA.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diez de marzo de dos mil veintitrés. Vista; la demanda de amparo promovida por ********************, contra los actos que reclama al: 1. Segunda Sala Colegiada en Materia Civil, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad. I. Registro. Fórmese expediente, anótese su ingreso en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como juicio de amparo número 401/2023-IV. II. Integración del Expediente Físico y Electrónico. La formación del expediente físico, y en su caso, del incidente de suspensión que derive del mismo, únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escrito o solicitudes). Toda documentación recibida por vía electrónica (demanda, recursos, promociones etc,) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, no así en el expediente impreso. En términos del artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General ".los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el CJF. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no se integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico." Atento a lo anterior, se instruye al Oficial de Partes, al Oficial Judicial A y a los Actuarios adscritos, para que en el ámbito de sus respectivas funciones, realicen la digitalización de constancias y escaneo de las documentales que integran el presente sumario incluyendo las notificaciones respectivas, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. III. Causa de improcedencia. Ahora, es importante precisar que el artículo 113, de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. La norma legal invocada pone de manifiesto la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con lo anterior, diversos tribunales se han pronunciado en el sentido de que lo "manifiesto" se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo "indudable" resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Informa de lo anterior la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 64, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número. 80, Agosto de 1994, con registro digital 210751, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." En el contexto anterior, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la parte promovente reclama a las autoridades responsables: 1. Segunda Sala Colegiada en Materia Civil, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. 2. Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chiapa, con sede en Chiapa de Corzo, Chiapas. Lo siguiente: La orden de lanzamiento ordenada mediante resolución de tres de febrero de dos mil veintitrés, en el toca civil 390-C-2CO1/2018, segundo subsecuente, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la quejosa en contra del auto de cuatro de junio de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 924/2015, relativo al juicio especial hipotecario, del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chiapa, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con residencia en Chiapa de Corzo. Acto respecto del cual, este órgano de control constitucional, considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario. Antes de exponer las razones por las que se estima actualizada la causa de improcedencia, resulta necesario invocar como hecho notorio, el juicio de amparo 1152/2021, del índice de este juzgado, en el que ********************, también figuró como quejosa, y en el que se reclamó lo siguiente: "De la responsable señalada, se reclama la eminente ORDEN DE LANZAMIENTO decretada en el proveído de 8 de noviembre del 2021, en los autos del expediente civil 924/2015 relativo al JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido LICENCIADO ROBERTO HERNANDEZ AGUILAR (parte actora) en su carácter de apoderado legal del Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, en contra de la suscrita quejosa MARIA ALEJANDRINA CANCINO NIGENDA (parte demandada), lo cual constituye una violación directa al contenido de los artículos 14 y 16 de la Constitución General." (Sic). El once de febrero de dos mil veintidós, se dictó sentencia constitucional en el sentido de sobreseer en el mismo, al estimarse actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de conformidad con el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal antes invocado. Inconforme con dicha resolución, la hoy quejosa ********************, interpuso recurso de revisión 178/2022, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil de Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad; mediante resolución de cinco de octubre de dos mil veintidós, la superioridad determinó confirmar la sentencia sujeta a revisión y sobreseer en el juicio de amparo 1152/2021. En lo que interesa, el Tribunal Colegiado, en los antecedentes del acto reclamado, determinó la etapa en la que se encontraba el expediente de origen, bajo los siguientes lineamientos: ". 1. El tres de noviembre de dos mil quince, el Juez del Ramo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chiapa, con sede en Chiapa de Corzo, Chiapas, radicó la demanda de juicio especial hipotecario bajo el número 924/2015, de Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BANORTE (fojas 46 a la 48 del tomo de prueba). 2. Seguido el juicio por sus diversas etapas procesales, el veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, se dictó sentencia en la que se condenó a la parte demandada al pago de diversas prestaciones (fojas 85 a la 91 del tomo de pruebas); resolución que el veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis se declaró ejecutoriada (foja 93). 3. Mediante proveídos de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete y veintitrés de enero de dos mil dieciocho, el Juez responsable tuvo por rendidos los avalúos del inmueble, por los peritos designados por las partes (foja 104 y 129); como fueron contradictorios el juez responsable designó al perito tercero en discordia, del cual en auto de veinte de abril de dos mil dieciocho, se tuvo por rendido el dictamen (foja 141). 4. El once de junio de dos mil dieciocho, tuvo verificativo la audiencia de remate y primera almoneda, donde se declaró rematado el inmueble a favor de la parte actora Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BANORTE (foja 154 a la 156). 5. En proveído de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, el juez responsable no aprobó el remate (foja 158); empero, dicho proveído fue impugnado mediante recurso de apelación, el cual conoció la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado con sede en esta ciudad, el que radicó bajo el toca 390-C-2C01/2018 y dictó sentencia el catorce de diciembre de dos mil dieciocho, donde revocó el proveído recurrido y aceptó el remate (foja 171 a la 176). 6. Mediante proveído de quince de febrero de dos mil diecinueve, el juez responsable tuvo recibida la ejecutoria dictada por la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad y atendiendo a la ejecutoria reiteró la aprobación del remate (fojas 178 a la 180). 7. El diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, el juez responsable tuvo por designado al notario público 118 del Estado de Chiapas para que ante su fe elaborara y autorizara la escritura de adjudicación del inmueble a favor de la parte actora Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BANORTE, asimismo requirió a la parte demandada para que pasara a firmar la escritura de adjudicación bajo el apercibimiento que en caso de incumplimiento, la escritura la otorgaría el juzgador de origen en rebeldía (foja 183 y 184). 8. El catorce de octubre de dos mil diecinueve, previa solicitud de la parte actora el juez responsable tuvo por designado al notario público 23 del Estado de Chiapas para que ante su fe elaborara y autorizara la escritura de adjudicación del inmueble a favor de la parte actora Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BANORTE, asimismo requirió a la parte demandada para que pasara firmar la escritura de adjudicación bajo el apercibimiento que en caso de incumplimiento, la escritura la otorgaría el juzgador de origen en rebeldía (foja 249 y 254). 9. El siete de enero de dos mil veinte, el juez responsable determinó requerir a la parte demandada aquí quejosa la entrega voluntaria del bien inmueble adjudicado a favor de la parte actora Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BANORTE (foja 261 a la 263). 10. En proveído de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, el juez responsable determinó hacer efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de siete de enero de dos mil veinte y decretó en su contra la desocupación del inmueble adjudicado a favor del aquí tercero interesado, con el auxilio de la fuerza pública y rompimiento de chapas y cerraduras, en caso de ser necesario y su ejecución (fojas 325 a la 327); este último es el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto. ." Derivado de lo anterior, la superioridad determinó que la última resolución en el procedimiento de remate lo constituye el auto de catorce de octubre de dos mil diecinueve, bajo los siguientes argumentos: "Lo anterior es así, porque la última resolución dictada en el procedimiento de remate la constituye el auto de catorce de octubre de dos mil diecinueve, donde previa solicitud de la parte actora el juez responsable tuvo por designado al notario público 23 del Estado de Chiapas para que ante su fe elaborara y autorizara la escritura de adjudicación del inmueble a favor de la parte actora Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BANORTE, asimismo requirió a la parte demandada para que pasara firmar la escritura de adjudicación bajo el apercibimiento que en caso de incumplimiento, la escritura la otorgaría el juzgador de origen en rebeldía (foja 249 y 254)". Además, consideró que el auto dictado en el juicio de origen, que hizo efectivo el apercibimiento formulado y decretó en contra de la quejosa la desocupación del inmueble adjudicado a favor del tercero interesado, con el auxilio de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras, no constituye la última resolución del procedimiento de remate, en los siguientes términos: "Por ende, el auto reclamado de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente 924/2015, en el que el juez del conocimiento, entre otras cosas, hizo efectivo el apercibimiento formulado en contra de la demandada en el proveído de siete de enero de dos mil veinte y decretó en su contra la desocupación del inmueble adjudicado a favor del aquí tercero interesado, con el auxilio de la fuerza pública y rompimiento de chapas y cerraduras, en caso de ser necesario y su ejecución, no constituye la última resolución del procedimiento de remate a que se refiere el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, ni forman parte de la etapa de "ejecución del procedimiento de remate", pues esa etapa de remate ya culminó, por lo que el acuerdo reclamado al dictarse con posterioridad -en el que se ordenó la entrega del inmueble adjudicado con el auxilio de la fuerza pública-, forma parte de la etapa de ejecución de sentencia del juicio hipotecario de origen y no pueden ser impugnados a través del juicio de amparo indirecto de manera aislada del remate". Hasta aquí los antecedentes del juicio de amparo 1152/2021 de este índice. Precisado lo anterior, tal y como quedó expresado en párrafos precedentes, el presente juicio de amparo resulta improcedente, toda vez que la orden de lanzamiento reclamada por la quejosa, si bien, constituye un acto de la etapa de ejecución en el juicio de origen; sin embargo, es una resolución intermedia en dicha fase, pues no es la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita, el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; o bien, ordena el archivo del expediente. Resulta aplicable, la Tesis: 1a./J. 52/2020 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, consultable en el Libro 81, Diciembre de 2020, Tomo I, página 293, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y textos siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA CONFORME LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO. LA ORDEN DE ESCRITURACIÓN EN REBELDÍA O DESALOJO ANTE EL DESACATO DEL EJECUTADO CONSTITUYE UN ACTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados emitieron sentencias contradictorias en torno a la fundamentación legal para sustentar la improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, porque mientras un órgano jurisdiccional fundamentó la improcedencia del juicio de amparo en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, considerando dicho acto como uno de ejecución de sentencia, el otro fundó la improcedencia del amparo en el párrafo primero de la fracción IV de ese mismo precepto, relativo a los actos fuera de juicio o después de concluido el juicio. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió que la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado refiere a un acto de ejecución de sentencia porque está encaminado en lograr precisamente la ejecución de lo fallado en juicio, de ahí que la regla de procedencia corresponde a la del párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo y no así al párrafo primero. Justificación: Lo que se explica así porque los actos judiciales dictados fuera o después de concluido el juicio, son aquellos que tienen autonomía propia en tanto no tienen relación alguna con el juicio ni como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; por ende, esos actos se sujetan a la regla de procedencia del primer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. En cambio los actos que tienen vinculación directa con la ejecución de lo fallado en juicio corresponden a la etapa de ejecución conforme el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, al estar relacionados directamente con el objeto de la ejecución de sentencia, además de ser actos en consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, cuya regla de procedencia indica que el amparo indirecto procederá sólo en contra del último acto judicial de ejecución, el cual puede ser cualquiera de los tres siguientes: el que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien el archivo del expediente. Así, bajo la anterior distinción se tiene que la orden de escrituración en rebeldía o de desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, constituye un acto de ejecución; primeramente, porque es consecuencia directa y necesaria de la sentencia judicial y porque al estar dirigido a lograr el cumplimiento de lo obtenido en la sentencia principal que constituye cosa juzgada, no goza de autonomía y no puede ser impugnado de forma autónoma sino como violación procesal de la fase de ejecución una vez que ésta concluya, además porque los derechos y bienes que afecta ya fueron materia del juicio y constituyen cosa juzgada por lo que una vez concluida la etapa de remate sólo resta la materialización mediante la ejecución misma, por lo que el juez tiene que forzar al cumplimiento ya sea mediante la orden de escrituración en rebeldía o la orden de desalojo para lograr la entrega del bien; y considerar que el acto de escrituración en rebeldía y/o acto de desalojo ante la contumacia del ejecutado posee autonomía, trastocaría los objetivos del legislador democrático de resguardar en todo momento el acceso a la tutela judicial efectiva". En el caso concreto, debe tenerse presente lo que establecen los artículos 61, fracción XIII y 107, fracciones IV y V de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.]. IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." Así, si el acto reclamado en el presente juicio lo constituye la orden de lanzamiento ordenada en la etapa de ejecución en el juicio de origen, resulta evidente que no constituye la última resolución del procedimiento de remate a que se refiere el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, ni forman parte de la etapa de "ejecución del procedimiento de remate", pues esa etapa de remate ya culminó, por lo que, la resolución reclamada al dictarse con posterioridad -en el que se ordenó la entrega del inmueble adjudicado con el auxilio de la fuerza pública-, forma parte de la etapa de ejecución de sentencia del juicio hipotecario de origen y no pueden ser impugnados a través del juicio de amparo indirecto de manera aislada del remate. Por lo tanto, al ser una determinación practicada en el procedimiento de ejecución de sentencia, sin que constituya la última resolución dictada en el mismo, es improcedente el juicio de amparo en su contra, de conformidad con el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, conforme al cual, tratándose de actos en ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto procede, por regla general, contra la última resolución dictada en dicha fase procesal, entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento u ordena el archivo del expediente. Lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia P./J. 32/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XIII, abril de 2001, página 31, registro digital 190035, de rubro y textos siguientes: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Asimismo, es aplicable, la Tesis: 1a./J. 52/2020 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Libro 81, Diciembre de 2020, Tomo I, página 293, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro digital: 2022499, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA CONFORME LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO. LA ORDEN DE ESCRITURACIÓN EN REBELDÍA O DESALOJO ANTE EL DESACATO DEL EJECUTADO CONSTITUYE UN ACTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados emitieron sentencias contradictorias en torno a la fundamentación legal para sustentar la improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, porque mientras un órgano jurisdiccional fundamentó la improcedencia del juicio de amparo en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, considerando dicho acto como uno de ejecución de sentencia, el otro fundó la improcedencia del amparo en el párrafo primero de la fracción IV de ese mismo precepto, relativo a los actos fuera de juicio o después de concluido el juicio. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió que la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado refiere a un acto de ejecución de sentencia porque está encaminado en lograr precisamente la ejecución de lo fallado en juicio, de ahí que la regla de procedencia corresponde a la del párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo y no así al párrafo primero. Justificación: Lo que se explica así porque los actos judiciales dictados fuera o después de concluido el juicio, son aquellos que tienen autonomía propia en tanto no tienen relación alguna con el juicio ni como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; por ende, esos actos se sujetan a la regla de procedencia del primer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. En cambio los actos que tienen vinculación directa con la ejecución de lo fallado en juicio corresponden a la etapa de ejecución conforme el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, al estar relacionados directamente con el objeto de la ejecución de sentencia, además de ser actos en consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, cuya regla de procedencia indica que el amparo indirecto procederá sólo en contra del último acto judicial de ejecución, el cual puede ser cualquiera de los tres siguientes: el que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien el archivo del expediente. Así, bajo la anterior distinción se tiene que la orden de escrituración en rebeldía o de desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, constituye un acto de ejecución; primeramente, porque es consecuencia directa y necesaria de la sentencia judicial y porque al estar dirigido a lograr el cumplimiento de lo obtenido en la sentencia principal que constituye cosa juzgada, no goza de autonomía y no puede ser impugnado de forma autónoma sino como violación procesal de la fase de ejecución una vez que ésta concluya, además porque los derechos y bienes que afecta ya fueron materia del juicio y constituyen cosa juzgada por lo que una vez concluida la etapa de remate sólo resta la materialización mediante la ejecución misma, por lo que el juez tiene que forzar al cumplimiento ya sea mediante la orden de escrituración en rebeldía o la orden de desalojo para lograr la entrega del bien; y considerar que el acto de escrituración en rebeldía y/o acto de desalojo ante la contumacia del ejecutado posee autonomía, trastocaría los objetivos del legislador democrático de resguardar en todo momento el acceso a la tutela judicial efectiva. Sin que obste a lo anterior, que la parte quejosa refiera que el auto de cuatro de junio de dos mil veintiuno (recurrido en apelación), lo remite al diverso de siete de enero de dos mil veinte, que apercibió que de no hacerse la entrega voluntaria del bien inmueble objeto de la hipoteca, se ordenaría su lanzamiento; sin embargo, tal y como quedó precisado en el presente acuerdo, en el amparo en revisión 178/2022, el tribunal de alzada determinó que la última resolución en el procedimiento de remate lo constituye el auto de catorce de octubre de dos mil diecinueve. Por lo que, el auto de siete de enero de dos mil veinte (que refiere remite el diverso de cuatro de junio de dos mil veintiuno, recurrido en apelación), fue emitido con posterioridad al último dictado en el procedimiento de remate (catorce de octubre de dos mil diecinueve); resulta evidente que constituye un acto intermedio en la etapa de ejecución. Y, como quedó precisado, al no ser la última resolución dictada en el mismo; entendiendo esto como la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento u ordena el archivo del expediente; el juicio de amparo promovido en su contra es improcedente. IV. Desechamiento de la demanda. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII y 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por ********************, por los motivos expuestos con anterioridad. V. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias. VI. Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en: ********************. Se tienen como autorizados de la quejosa, en términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a ******************** por así haberlo solicitado, ya que sus cédulas profesionales se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. VII. Transparencia y acceso a la información. Además, comuníquese a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma la Jueza Ana Luisa Mendoza Álvarez, Titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Maritza Rosado Abadía, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.

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