María Alejandra Baires Castro

Expediente 267/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
267/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
01/06/2021

Partes del expediente

  • Hernaín Villanueva Mejía
  • María Alejandra Baires Castro

Actuaciones

  1. Principal

    En uno de junio de dos mil veintiuno, doy cuenta al Juez con la certificación secretarial que antecede y con el estado procesal que guardan los presentes autos. Conste. VILLAHERMOSA, TABASCO, UNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el trece de mayo de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Lesy Marisol Castro Guillén y otros; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Notifíquese.

  2. Principal

    AUDIENCIA Y SENTENCIA CONSTITUCIONAL En Villahermosa, Tabasco, a las diez horas con diez minutos del trece de mayo de dos mil veintiuno, estando en audiencia pública Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa debidamente asistido de Armando Blanco Palmeros, Secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, respecto del juicio de amparo 267/2021-6, promovido por Lesy Marisol Castro Guillen, María Alejandra Baires Castro, Nuvia Jimena Calderón Gómez, Lesvia Raquel Gómez Nolasco, Hernán Villanueva Mejía, José Jeriberto Murillo Ruiz, Yensy Merary Manzanares Barahona y Dyland Isaac Murillo Manzanares. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Al respecto, el Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con la presuncional legal y humana y con la instrumental de actuaciones, probanzas ofrecidas por la parte quejosa en su escrito de demanda (fojas 2 a 10). Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Se abre la fase de alegatos; el Secretario da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: De conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes para hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 267/2021-6, promovido por Lesy Marisol Castro Guillen, María Alejandra Baires Castro, Nuvia Jimena Calderón Gómez, Lesvia Raquel Gómez Nolasco, Hernán Villanueva Mejía, José Jeriberto Murillo Ruiz, Yensy Merary Manzanares Barahona y Dyland Isaac Murillo Manzanares, contra los actos que reclama del Instituto Nacional de Migración (Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional en el Estado de Tabasco), con sede en esta ciudad, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 8, 14, 16, 17, 33 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito de demanda recibida el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada y turnada por la Oficina de Correspondencia Común a este órgano jurisdiccional el mismo día, Lesy Marisol Castro Guillen, María Alejandra Baires Castro, Nuvia Jimena Calderón Gómez, Lesvia Raquel Gómez Nolasco, Hernán Villanueva Mejía, José Jeriberto Murillo Ruiz, Yensy Merary Manzanares Barahona y Dyland Isaac Murillo Manzanares, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de los actos y autoridad que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS: La deportación, la privación de la libertad y cualquier detención judicial y/o administrativa, proveniente de las distintas autoridades federales, estatales, municipales y toda autoridad mexicana. AUTORIDAD RESPONSABLE: Instituto Nacional de Migración (Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional en el Estado de Tabasco), con sede en esta ciudad. SEGUNDO. PREVENCIÓN. En proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno (fojas 11 a 18), se radicó la demanda de amparo bajo el expediente 267/2021-6 y se previno a los quejosos en los siguientes términos: (.) ".Por tanto, con fundamento en los artículos 108, facción IV, en relación con el numeral 114 de la Ley de Amparo, requiérase a los promoventes para que dentro del plazo de CINCO DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído; por escrito, bajo protesta de decir verdad, aclaren su demanda conforme a lo siguiente: ÚNICO. Deberán precisar qué actos reclaman a las autoridades responsables domiciliadas fuera de la jurisdicción de este juzgado, habida cuenta que el señalamiento de los actos reclamados a ellas resulta ambiguo, es decir, no se justifica cuál es la razón de incorporarlas a la contienda constitucional. (.) Se apercibe a los promoventes que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se admitirá únicamente respecto a la autoridad residente en esta ciudad, que señalaron en su escrito inicial de demanda; y no se tendrán por autoridades a las ordenadoras y ejecutoras distintas." Determinación que le fue notificada a los impetrantes de amparo el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno (foja 25), sin que desahogarán la aludida prevención. TERCERO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En auto de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno (fojas 31 a 34), se hizo efectivo el apercibimiento precitado a los impetrantes y se admitió a trámite la citada demanda de amparo únicamente respecto a la autoridad residente en esta ciudad, que señalaron en su escrito inicial, a la que se ordenó requerir para que rindiera informe justificado, se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que precede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: La deportación, la privación de la libertad y cualquier detención judicial y/o administrativa. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. No son ciertos los aludidos actos reclamados por haberlos negado al rendir su informe justificado la Representante Local, Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en Tabasco, con sede en esta ciudad, autoridad señalada como responsable (fojas 40 y 41), de lo que se dio vista oportuna a la parte quejosa en auto de quince de abril de dos mil veintiuno, en términos del primer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, sin que se desvirtuara lo anterior, lo cual era indispensable a efecto de que este juzgador estuviera en aptitud legal de analizar la constitucionalidad del acto reclamado. Sobre el particular, es de tomar en cuenta lo expuesto en la tesis VI.2o.A.4 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, febrero de 2002, página 903, del rubro y texto siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo". En efecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de sus derechos fundamentales que alega, ya que el que insta el juicio de amparo tiene la ineludible obligación de establecer, directamente o mediante el informe rendido por la autoridad responsable, la existencia del acto que impugna y a justificar, con los medios de pruebas que tiene a su alcance, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, la autoridad responsable no rinda el mencionado informe. Resulta aplicable, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 180 del Tomo III, Apéndice de 1917 a 2000, cuyo contenido es: "INFORME JUSTIFICADO. LA SIMPLE NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS ES SUFICIENTE PARA QUE SE TOME EN CUENTA, SIN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE TENGA QUE AGREGAR OTRAS MANIFESTACIONES O ANEXAR PRUEBAS.- No afecta jurídicamente al informe en que las autoridades responsables se limitan a exponer que no son ciertos los actos que de cada una de ellas se reclaman, que en él no se haga mención del nombre y domicilio del tercero perjudicado ni se manifieste si se han realizado actos similares o distintos de los reclamados que afecten o puedan afectar los derechos agrarios de los quejosos, ni, en su caso, los fundamentos legales de aquéllos; sin que, asimismo, se informe sobre los actos en virtud de los cuales los quejosos adquirieron los derechos agrarios que aducen, ni se remitan las constancias necesarias para precisar tales derechos. Dichas omisiones no bastan para invalidar la negativa de los actos reclamados por parte de las autoridades responsables, al no encontrarse desvirtuada por prueba alguna en contrario, ni existir disposición legal que determine que las repetidas omisiones acarreen como consecuencia la presunción de ser ciertos los actos reclamados, procediendo el sobreseimiento del juicio de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Por ende, se consideran inexistentes los referidos actos reclamados a la autoridad señalada como responsable en el presente asunto. Es aplicable lo expuesto en la tesis IX.1o.83 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Septiembre de 2004, página 1714, cuyo rubro y texto es: "ACTO RECLAMADO. EL SOLO DICHO DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO DEMUESTRA SU EXISTENCIA. Ninguna eficacia probatoria tiene, para demostrar la existencia del acto reclamado, la circunstancia de que se promueva el juicio de amparo y que bajo protesta de decir verdad se exprese en la demanda que son ciertos los actos reclamados, pues ello no desvirtúa su negativa por parte de las autoridades responsables". Ante tales circunstancias, con fundamento en lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en el presente juicio ante la inexistencia de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 284, visible a página 236, Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que literalmente reza: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". CUARTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal se: R E S U E L V E PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Lesy Marisol Castro Guillen, María Alejandra Baires Castro, Nuvia Jimena Calderón Gómez, Lesvia Raquel Gómez Nolasco, Hernán Villanueva Mejía, José Jeriberto Murillo Ruiz, Yensy Merary Manzanares Barahona y Dyland Isaac Murillo Manzanares, contra los actos reclamados y la autoridad precisadas en el resultando PRIMERO, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando TERCERO de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

  3. Principal

    mesa VILLAHERMOSA, TABASCO, QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado, rendido por la Representante Local, Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en Tabasco, con residencia en esta ciudad, autoridad señalada como responsable; en tal razón, con el contenido de éste, dése vista a las partes, para su conocimiento, en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo. Ahora, en relación a los números telefónicos y correos electrónicos que proporciona, este juzgado toma conocimiento de ellos, únicamente como comunicaciones no procesales, de conformidad con lo establecido en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del pleno de Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, toda vez que carecen de eficacia jurídica para tales efectos. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; agréguense a los autos el oficio de cuenta signado por la Representante Local, Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Delegación Federal del Instituto Nacional de Migración en Tabasco, autoridad señalada como responsable; mediante el cual rinde su informe relativo a la suspensión de plano, concedida en proveído de diecisiete de los actuales; por tanto, con fundamento en el artículo 126 de la Ley Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido. Ahora, en relación a los números telefónicos y correos electrónicos que proporciona, este juzgado toma conocimiento de ellos, únicamente como comunicaciones no procesales, de conformidad con lo establecido en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, toda vez que carecen de eficacia jurídica para tales efectos. Notifíquese.

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