María Alejandra Agundis Martínez

Expediente 1184/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1184/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
13/12/2017

Partes del expediente

  • María Alejandra Agundis Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta del Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de este Circuito, mediante el cual transcribe el proveído de once de diciembre del presente año, del que se advierte que admite la demanda de amparo con que se formó el juicio de amparo de donde deriva este cuaderno. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que no existen promociones pendientes por acordar ni actuaciones qué practicar, con apoyo en lo dispuesto por el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de Veintiocho de Septiembre de Dos Mil Nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito se ordena el archivo del presente cuaderno como asunto concluido. Háganse las debidas anotaciones en el libro de gobierno. Además, con fundamento en el punto Vigésimo, fracción I, del Acuerdo Conjunto invocado, se determina que el presente expediente auxiliar es susceptible de destrucción, dentro del plazo de seis meses a que se refiere el señalado punto Vigésimo, del Acuerdo General 1/2009 antes mencionado en virtud de que en el expediente en que se actúa no existen glosados documentos originales ni se ordenó mandar alguno al seguro de este Juzgado.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta del Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de este Circuito, mediante el cual transcribe el proveído de veintisiete de noviembre del presente año, dictado en lo autos del A.D.A. 824/2017.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo Del análisis integral de la demanda de cuenta, se advierte que la promovente reclama la resolución de veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, dictada en los autos del expediente administrativo 759/16-25-01-I-OT, relativo al recurso de reclamación formulado por la aquí quejosa en contra del auto de desechamiento de demanda de juicio de nulidad. Bien, en los numerales 34, 35, 47 y 170 de la Ley de Amparo, en lo que interesa, se dispone: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma. "Artículo 35. Los juzgados de distrito y los tribunales unitarios de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo indirecto. También lo serán las autoridades del orden común cuando actúen en auxilio de los órganos jurisdiccionales de amparo. "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley. "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." De los artículos transcritos, se obtiene que el juicio de amparo directo es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, mismo que procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, pronunciadas por tribunales judiciales, administrativos agrarios o del trabajo. También, se advierte que las resoluciones que ponen fin al juicio son aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido; además que para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. En el caso, el acto reclamado en el juicio consiste en la resolución de veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, dictada en los autos del expediente administrativo 759/16-25-01-I-OT, la cual declaró infundado el recurso de reclamación que interpuso María Alejandra Agundis Martínez en contra del auto que desechó su demanda; sin embargo, dicho acto reclamado, al tratarse de una resolución que pone fin al juicio, es impugnable en amparo directo en términos del artículo 170 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, con apego a lo establecido en los numerales 47 y 170 de la Ley de Amparo, el suscrito carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata; determinándose que su conocimiento corresponde, salvo mejor opinión, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito en Turno; a quien deberá remitirse la misma, así como sus copias respectivas, a través de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, para los efectos legales correspondientes, solicitándole que una vez en su poder, acuse el recibo correspondiente. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia autorizada de la demanda de garantías y autógrafa de este acuerdo.

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