María Aidee Arrieta González
Expediente 713/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 713/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- María Aidee Arrieta González
- María Aidee Arrieta González y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA VII ". San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que sobreseyó en el presente juicio de amparo, por tanto, con fundamento en los preceptos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se sobreseyó el juicio, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 713/2021; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito presentado el once de mayo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta población, y turnado al Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, MARÍA AIDEE ARRIETA GONZALES Y MARÍA DE LA PAZ MEDINA ROQUE, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los siguientes actos y autoridad responsable: "II. ES AUTORIDAD RESPONSABLE. La Junta Especial número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, [.] III.- CONSTITUYE EL ACTO RECLAMADO LO SGUIENTE: La omisión de la NO INSTRUCCIÓN DE MANERA CORRECTA DEL EXPEDIENTE EN LA PARTE RELATIVA A dictar audiencia dentro del término de ley y por las dos demandantes, Y DARLE CONTINUIDAD AL PROCEDIMIENTO dentro de los términos señalados por la Ley, lo cual es violatorio de la Ley Federal del Trabajo". Actos que estimaron violatorio de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Mediante acuerdo de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, el Juez Décimo Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, declaró su incompetencia para conocer del juicio en virtud de que el mismo se encuentra relacionado con el 29/2021, del índice de este Juzgado. En auto de cinco de julio de dos mil veintiuno, se registró la demanda con el número 713/2021, y se admitió a trámite; sin solicitar informe justificado a la autoridad responsable, en virtud de que ya existía en autos; se ordenó emplazar a los terceros perjudicados; dar a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido que fue el trámite del juicio, bajo el esquema de trabajo establecido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en los diversos Acuerdos Generales, emitidos con motivo de la pandemia derivada del virus covid- 19, se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en sus fases de pruebas y alegatos conforme al acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, en atención a lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107 constitucionales; 37 y 107, de la Ley de Amparo; 48 y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; conforme al punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General Número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Del análisis integral del escrito de demanda y de las constancias de autos, se advierte que en el caso, la parte quejosa reclama en esencia: 1.- El señalamiento distante de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones; y, 2.- Que se omitió acordar por una actora. TERCERO.- Inexistencia del acto reclamado: Del informe justificado rendido por el Presidente de la Juna Especial número Dos Bis, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en la ciudad de Oaxaca, de Juárez, Oaxaca, se advierte que el acto reclamado consistente en que la responsable omitió acordar sobre una actora es inexistente. En efecto, dicha responsable expresó: ".por lo que respecta al acto reclamado que únicamente fue dictado el auto de inicio por una sola demandante, me permito hacer de su conocimiento que dicho error fue detectado al momento de realzar la notificación al apoderado de la parte actora el día veinticinco de febrero del año dos mil veintiuno, mismo que fue corregido el manera económica y reimpreso en presencia del LIC. JOSÉ BLAS CRUZ PACHECO, apoderado de las actoras". Lo anterior se corrobora con la documental que anexa consistente en copia certificada del acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil veinte, de la que se advierte que fue acordada por las dos actoras, pues se lee: ".Con el escrito inicial de demanda de la C. MARIA AIDEE ARRIETA GONZALEZ Y MARIA DE LA PAZ MEDINA ROQUE, fechado el doce de octubre del año dos mil veinte, recibido por la Oficialía de Partes, Común a las Juntas Especiales de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado." En ese contexto, ante la inexistencia de dicho acto, lo procedente es sobreseer el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y con apoyo en la jurisprudencia número doscientos ochenta y cuatro, consultable en la página doscientos treinta y seis, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete, dos mil, bajo el rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.". CUARTO.- Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado consistente en el señalamiento de la audiencia distante. QUINTO. Causales de improcedencia. Procedencia del juicio de amparo. Los artículos 62, 64 y 65, de la Ley de Amparo, ordenan que previamente al análisis de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa contra el acto reclamado cuya existencia demostró, procede el estudio de las causales de improcedencia o sobreseimiento que hagan valer las partes o se adviertan de oficio, por ser de orden público y de estudio preferente a cualquier otra cuestión planteada. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 158, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". (Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pleno, Apéndice de 1985, Quinta Época, Parte VIII, Materia(s): Común, Tesis: 158, página: 262, registro IUS: 395571). Dicho estudio debe hacerse previo al análisis de fondo del asunto, pues de actualizarse alguna causa de improcedencia, haría innecesario el examen de la controversia constitucional planteada. Ilustra lo antes expuesto, la tesis que dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSAL DE. AL ACREDITARSE ES INNECESARIO ENTRAR AL ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO Y DE LAS PRUEBAS APORTADAS. Al actualizarse una causal de improcedencia el juez de Distrito no está obligado a entrar al estudio del fondo de la materia del amparo, y mucho menos a analizar las pruebas que aportó en la audiencia constitucional, pues dado el orden público de este procedimiento la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio, lo aleguen o no las partes" (Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-2, Febrero, de 1995, Materia: Común, Tesis: IV.3o.108 K, página: 353, registro IUS: 208448) Asimismo, la jurisprudencia 228 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales (pleno, jurisprudencia número 228, Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Novena Época, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice Jurisprudencia SCJN, página 186). En ese tenor, es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual, el juzgador federal se encuentra impedido para establecer si el acto reclamado es constitucional o no, es decir, la improcedencia va a motivar que el órgano de control no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna causa que conforma a dicha institución, ya que ésta se encuentra integrada por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la referida Ley de Amparo, la Constitución General de la República y por la jurisprudencia emitida por el Alto Tribunal, la que se analiza conjuntamente con el artículo 61 de la ley en cita. En efecto, en este asunto, esta resolutora, estima que en el caso, se surte la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;." Del precepto legal transcrito, se colige que un juicio de amparo es improcedente cuando se promueve contra actos que fueron materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, promovido por el mismo quejoso, contra la misma autoridad y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Lo anterior, tiene sustento fundamentalmente en el carácter inimpugnable e inmutable de la cosa juzgada, cuya finalidad es evitar que pueda replantearse en un futuro la misma controversia sobre situaciones jurídicas discutidas y resueltas en un fallo firme, dictado en un anterior juicio de amparo. En torno a la figura jurídica analizada, es menester referir lo considerado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 11/2004 y su acumulada 12/2004, en sesión de veinticinco de septiembre de dos mil siete, pues sustentó que la figura de la cosa juzgada debe entenderse como la inmutabilidad de lo resuelto en las sentencias firmes, sin que pueda admitirse válidamente que éstas sean modificadas por circunstancias excepcionales, puesto que en esta institución descansan los principios constitucionales de certeza y seguridad jurídica; asimismo, es una expresión de la preclusión, al apoyarse en la inimpugnabilidad de la resolución respectiva. Como se ve, la improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo actualiza la figura jurídica de cosa juzgada, que salvaguarda la seguridad jurídica en tanto que una situación de derecho ya resuelta no puede ser motivo de nuevo pronunciamiento jurisdiccional, lo cual atiende a (1) evitar la emisión de sentencias contradictorias y (2) obtener el respeto de la autoridad de cosa juzgada, pues no es jurídicamente factible analizar la constitucionalidad de una misma controversia, respecto de idéntico quejoso en diversos juicios constitucionales. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia I.6o.T. J/40 (10a.), sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 2471, Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "COSA JUZGADA. REQUISITOS PARA QUE SE CONFIGURE. De los criterios sostenidos por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto del concepto de cosa juzgada, se pueden establecer los supuestos que deben verificarse a fin de determinar su existencia en un juicio, los que son: a) Identidad de las personas que intervinieron en los dos juicios; b) Identidad en las cosas que se demandan en los juicios; y, c) Identidad de las causas en que se fundan las dos demandas; sin embargo, se advierte un cuarto elemento de convicción que requiere verificar el juzgador a fin de actualizar la institución de la cosa juzgada y que se refiere a que en la primera sentencia se haya procedido al análisis del fondo de las pretensiones propuestas. Este último requisito cobra relevancia, pues debe considerarse que para que la excepción de cosa juzgada surta efectos, es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia que ha causado ejecutoria y aquel asunto en el que dicha excepción sea invocada, concurra identidad en las cosas, en las causas, en las personas de los litigantes, en la calidad con la que intervinieron y, por supuesto, que en el primer juicio se hubiere analizado en su totalidad el fondo de las prestaciones reclamadas, en razón a que de no concurrir este último no podría considerarse que se está ante la figura de la cosa juzgada, pues lo contrario, llevaría al absurdo de propiciar una denegación de justicia al gobernado, al no darle la oportunidad de que lo demandado sea resuelto en alguna instancia". Así como la tesis I.7o.A.132 K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible a página 2717, tomo XXXI, Abril de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "COSA JUZGADA. HIPÓTESIS EN QUE SE ACTUALIZA DICHA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, AUN CUANDO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS ANTERIOR, PROMOVIDO POR EL MISMO QUEJOSO, CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR IDÉNTICOS ACTOS RECLAMADOS, SE HAYA SOBRESEÍDO. El artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías. Ahora bien, si el quejoso promueve un juicio de amparo que se sobresee y, con posterioridad, inicia otro contra las mismas autoridades responsables y por idénticos actos reclamados, procede también sobreseer en éste, a pesar de que en el primero no se analizó el fondo del asunto planteado, si no se demuestra fehacientemente que los hechos y circunstancias que llevaron a tomar nuevamente dicha determinación fueron distintos a los inicialmente estudiados o que a la presentación de la nueva demanda imperan nuevas situaciones de hecho que modifican lo antes analizado. En consecuencia, lo resuelto en el primer juicio adquiere firmeza, por identidad de los alcances del concepto de ejecutoria, por razones de legalidad, seguridad jurídica y congruencia en las resoluciones de los tribunales de amparo, pues lo contrario implicaría desconocer la decisión previa adoptada, y más aún, avalar la coexistencia de resoluciones contradictorias, ante la probabilidad de que en una segunda controversia se concluya en sentido opuesto respecto de hechos ya examinados." De la literalidad de lo expuesto, se pueden colegir los elementos esenciales para que se dé la cosa juzgada, que son del siguiente orden: a) Identidad de las personas que intervinieron en los dos juicios; b) Identidad en las cosas que se demandan en los mismos juicios; c) Identidad de las causas en que se fundan las dos demandas; y, d) Que en la primera sentencia se haya procedido al análisis del fondo de las pretensiones propuestas, o que en virtud del sobreseimiento decretado en la sentencia de amparo se provoque la inejercitabilidad de la acción de amparo. En el caso, a efecto de sustentar la causa de improcedencia en comento, es un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que la parte quejosa, promovió diverso juicio de amparo que fue radicado con el número 29/2021, del índice de este Juzgado de Distrito, en el que del análisis integral de esa demanda de amparo, así como de la sentencia dictada en el mismo, se advierte que reclamó los actos consistentes en: El acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil veinte, en el que se señaló fecha para la audiencia inicial, para el catorce de diciembre de dos mil veintiuno (muy distante). Expediente en el que en sentencia de once de mayo de dos mil veintiuno se resolvió el juicio de amparo citado, concediendo el amparo y protección de la Justicia Federal a las quejosas para el efecto de que la Junta responsable señalara fecha más cercana atendiendo a los plazos y términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, como se aprecia de las constancias que se encuentran agregadas en autos. En las narradas circunstancias, de la comparación de ambos juicios de amparo, se advierte que en el particular se actualizan los elementos para que opere la cosa juzgada, como se expondrá enseguida: a) Identidad de las personas que intervinieron en los dos juicios. En ese sentido, la aquí parte quejosa antes de instar este juicio de amparo promovió el diverso 29/2021 del índice de este órgano jurisdiccional, contra actos de la Junta Especial número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca. b) Identidad de los actos reclamados, como se puede apreciar de la comparación de ambos juicios, en el 29/2021 la parte quejosa reclama el acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil veinte, en que la responsable señaló una fecha distante para llevar a cabo la audiencia inicial en el juicio laboral; lo cual también reclama en el presente juicio 713/2021. c) Que en la primera sentencia se haya procedido al análisis de las pretensiones propuestas o se haya sobreseído. Se surte, ya que en la resolución que se dictó en el juicio 29/2021, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a las quejosas; dicha determinación ya se encuentra firme al no haberse recurrido, ya que se advierte causó ejecutoria el uno de junio de dos mil veintiuno; lo que provocó que la acción de amparo fuese inejercitable de modo absoluto, es decir, que los actos reclamados se consideran inatacables mediante este medio de control constitucional. De lo anterior, se puede concluir que al existir en el juicio en que se actúa y el diverso 29/2021 del índice de este órgano jurisdiccional, los elementos para que se actualice la cosa juzgada, es decir: a) identidad del quejoso, b) de autoridades y acto reclamado; y c) la existencia de una resolución firme en el juicio; se actualiza la causa de improcedencia en estudio, por lo que, ningún fin práctico tendría analizar el acto reclamado en un nuevo amparo. Esto es, bajo esa óptica, resulta que si sobre los actos que se reclaman por esta vía, ya existe pronunciamiento en diversa ejecutoria dictada, además de que ambos juicios de amparo fueron promovidos por la misma parte quejosa, contra la misma autoridad responsable, se estima no resulta dable jurídicamente pronunciarse al respecto en un nuevo juicio constitucional, pues como se observa, en el caso se considera prevalece el principio de cosa juzgada. Lo anterior es así, toda vez que el legislador quiso evitar con el establecimiento de la improcedencia de mérito, que una misma cuestión concreta pudiera ser objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias de amparo y, por tanto, se produjera una cadena infinita de dichos juicios sobre la misma materia, lo que provocaría inseguridad jurídica a través de amparos interminables, ello en detrimento de la seguridad que se requiere para lograr la armonía social; es decir, que tanto la razón de la ley, como el propósito perseguido, son semejantes a los de la institución de la cosa juzgada. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 52/2011, aprobada por la Primera Sala del Más Alto Tribunal del País, legible en la página 37, Tomo XXXIV, Julio de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "COSA JUZGADA. DEBE ANALIZARSE DE OFICIO CUANDO EL JUZGADOR ADVIERTE SU EXISTENCIA AUNQUE NO HAYA SIDO OPUESTA COMO EXCEPCIÓN POR ALGUNA DE LAS PARTES". En consecuencia, al quedar acreditada la litispendencia se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo; por lo que procede decretar el SOBRESEIMIENTO en el juicio respecto de los actos reclamados por la parte quejosa, de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la propia ley de la materia. SEXTO. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124, de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio promovido por MARIA AIDEE ARRIETA GONZALEZ Y MARÍA DE LA PAZ MEDINA ROQUE. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma la licenciada D. Guadalupe Reyes García, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintiocho de enero de dos mil veinte, y comunicado mediante oficio CCJ/ST/326/2020 de la misma fecha, signado por el Secretario Técnico de la Comisión citada, quien actúa ante la licenciada Virginia Francisca Maldonado Peralta, Secretaria de Juzgado que autoriza, dándose por concluida la audiencia y levantándose para constancia la presente acta que se firma. Doy fe.
- Principal
MESA VI...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos, específicamente la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de tres días concedido en proveído de cinco de julio del año en curso, a los terceros interesados Evangelina Yáñez Villaseñor y Jorge Alberto Torres Arellano, sin que señalaran domicilio en la Ciudad de Oaxaca o zonas conurbadas, para oír y recibir notificaciones; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado y con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena notificar a dicha parte procesal por lista de acuerdos, las subsecuentes notificaciones de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio en la Ciudad de Oaxaca o zonas conurbadas, para tal efecto. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurre el término de quince días para que la autoridad responsable rinda su informe justificado. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON TRES MINUTOS DEL TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. NOTIFÍQUESE.
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