María Aide Rochin Barraza
Expediente 1301/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1301/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 16/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- María Aide Rochin Barraza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista la certificación que antecede, así como del estado de autos, se advierte que transcurrió el término que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes impugnaran el auto emitido el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, sin que hayan interpuesto recurso alguno contra el mismo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. ARCHIVO Ahora, al no existir diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 del citado ordenamiento legal, aplicado a contrario sensu, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente, como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En consecuencia, toda vez que el presente asunto no se considera de relevancia documental, en acatamiento al Acuerdo General del Plenos del Consejo de la Judicatura Federal de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a determinar su destino legal. Lo anterior, pues en su artículo 21, inciso a), prevé que son susceptibles de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, los expedientes relativos a juicio de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados. Hipótesis en la que se ubica el presente expediente, toda vez que en este juicio de amparo se sobreseyó fuera de audiencia respecto de todos los actos reclamados y no fue promovido incidente de suspensión; por tanto, una vez que transcurran tres años de concluido, es susceptible de destrucción el presente expediente. Hecho lo anterior, realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta, a fin de dar cumplimiento a los artículos 23 y 24 del mencionado acuerdo general.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta y anexo, signado por la Presidenta del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, remite copia certificada de la diligencia de once de noviembre del año en curso, desahogada en el juicio laboral 40/2021 de su índice. Ahora bien, es menester precisar que los actos reclamados en la presente contienda constitucional se hicieron consistir en: - La omisión de fijar fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, en el juicio laboral 40/2021, dentro de los plazos y términos de ley. - La omisión de notificar a las partes el citado auto que en su caso dictará el Tribunal responsable, dentro de los plazos y términos contemplados por las leyes correspondientes. - La omisión de tramitar dicho sumario laboral dentro de los plazos y términos indicados en las leyes aplicables. Sin embargo, de las documentales aportadas por el Tribunal responsable, consistente en copia certificada de diversas constancias relativas al citado expediente, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, pues aun cuando los actos reclamados existieron a la fecha de presentación de la demanda, materialmente no pueden surtir efecto legal alguno al dejar de existir el objeto o materia de los mismos, por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio. Al respecto, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de que, sí durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61de la Ley de la Materia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, siempre y cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse. Con relación a lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J.10/2013, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En el caso, la causa de improcedencia que se actualiza es notoria, manifiesta e indudable, ya que, como se dijo, aun cuando el acto reclamado existió a la presentación de la demanda, materialmente no puede surtir efecto legal alguno al dejar de existir el objeto o materia del mismo. Al respecto, la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXII del artículo 61, de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo". La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria pronunciada al resolver el amparo en revisión 3044/98, sostuvo que para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia es necesario tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, agregó la citada Sala que, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de este Alto Tribunal ha interpretado diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Además, refirió ese Máximo Tribunal que, entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la quejosa en el goce del derecho que se estime violado o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Esas consideraciones se compilaron en la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, publicada en la página 189, Tomo XXIV, diciembre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". Precisada esa premisa jurisprudencial, en el particular se tiene que de los antecedes del acto reclamado narrados por la solicitante del amparo y de las constancias remitidas por la autoridad responsable, relativas al juicio laboral 40/2021, se advierte, en lo que aquí interesa, lo siguiente: 1. El veintisiete de febrero de dos mil veinte, la actora en el juicio de origen, hoy quejosa, presentó su escrito inicial de demanda ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, en contra de Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, y Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 27. 2. En auto de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, la citada junta se declaró legalmente incompetente para conocer del expediente OPDL 2-85/2020, en favor del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa. 3. En proveído de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, el Tribunal responsable aceptó la competencia planteada y requirió a la parte actora (aquí quejosa) para que diera cumplimiento con lo ahí apuntado. 4. En acuerdo de diez de marzo del actual, admitió a trámite la demanda y ordenó emplazar a las demandadas Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, y Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 27. 5. En audiencia especial de once de noviembre siguiente, la actora en el juicio laboral, aquí quejosa, se desistió de la demanda, acciones y prestaciones intentadas contra las demandadas, por lo que se le tuvo por desistida del juicio laboral 40/2021 y se ordenó el archivo del mismo como asunto total y definitivamente concluido. Lo relatado revela que el juicio laboral ya se encuentra concluido a raíz del desistimiento de la parte actora de la demanda, acciones y prestaciones intentadas en dicho procedimiento. En ese contexto, si en el particular la parte quejosa promueve el presente juicio de amparo con la finalidad de que el procedimiento laboral se substancie con las formalidades de ley (se fije fecha para el desahogo de la audiencia conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, dentro de los plazos y términos de ley, así como que se notifique el proveído en el que, en su caso, se fijará la misma, y se tramite el citado juicio laboral dentro de esos plazos y términos); y durante el juicio de amparo, en el juicio de origen la parte aquí quejosa se desistió de dicho sumario laboral y se ordenó el archivo del asunto; entonces, se impone concluir que aun cuando el tribunal responsable hubiera sido omisa en llevar a cabo las actuaciones solicitas por la quejosa, el objeto o materia de ésta ha dejado de existir. Lo anterior, en virtud de que siendo el objeto o materia del acto reclamado que el tribunal responsable fijara fecha para el desahogo de la audiencia conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, dentro de los plazos y términos de ley, así como que se notificara el proveído en el que se señalara la misma, y tramitara el citado juicio laboral dentro de los plazos y términos que contemplan las leyes, ante el desistimiento de la parte actora, aquí quejosa, y el archivo del juicio laboral como concluido, resulta inconcuso que el objeto o materia del presente juicio de amparo ha desaparecido del mundo jurídico, aun cuando de autos no se advierta que el tribunal hubiera realizado lo solicitado por la quejosa. Lo que implica la modificación del entorno en el cual se reclama la actitud omisiva de las responsables, ya que, en caso de que resultara inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la quejosa en el goce del derecho que estima vulnerado o bien ningún efecto jurídico tendría la sentencia concesoria por haber finalizado el procedimiento del que derivan las omisiones reclamadas en el presente juicio de amparo. Conforme a lo expuesto, es claro que el juicio de amparo indirecto promovido en contra del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, por las omisiones de fijar fecha para el desahogo de la audiencia conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, dentro de los plazos y términos de ley, así como de notificar el proveído en el que se señalara la misma, y tramitar el juicio laboral 40/2021 dentro de los plazos y términos que contemplan las leyes, es improcedente, en términos del artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo. En tales condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia en estudio (61, fracción XXII de la Ley de Amparo), como se adelantó, PROCEDE SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO, en términos del numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal. SE DEJA SIN EFECTO AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Atento a lo anterior, se deja sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional para las DOCE HORAS DEL VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.
- Principal
En virtud de no haberse presentado quien legalmente represente al tercero interesado a notificarse personalmente del acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, en las instalaciones del Juzgado de adscripción, precisamente en la sección de actuaria, dentro de los dos días hábiles siguientes, previo citatorio que se le dejó; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 27 fracción I, inciso b) y 29, de la Ley de Amparo, se le notifica por medio de lista que se fijó en los estrados del Juzgado y se publica en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, el acuerdo de referencia, que dice:Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta y anexo, signado por la Presidenta del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, remite copia certificada de la diligencia de once de noviembre del año en curso, desahogada en el juicio laboral 40/2021 de su índice. Ahora bien, es menester precisar que los actos reclamados en la presente contienda constitucional se hicieron consistir en: - La omisión de fijar fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, en el juicio laboral 40/2021, dentro de los plazos y términos de ley. - La omisión de notificar a las partes el citado auto que en su caso dictará el Tribunal responsable, dentro de los plazos y términos contemplados por las leyes correspondientes. - La omisión de tramitar dicho sumario laboral dentro de los plazos y términos indicados en las leyes aplicables. Sin embargo, de las documentales aportadas por el Tribunal responsable, consistente en copia certificada de diversas constancias relativas al citado expediente, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, pues aun cuando los actos reclamados existieron a la fecha de presentación de la demanda, materialmente no pueden surtir efecto legal alguno al dejar de existir el objeto o materia de los mismos, por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio. Al respecto, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de que, sí durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61de la Ley de la Materia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, siempre y cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse. Con relación a lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J.10/2013, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En el caso, la causa de improcedencia que se actualiza es notoria, manifiesta e indudable, ya que, como se dijo, aun cuando el acto reclamado existió a la presentación de la demanda, materialmente no puede surtir efecto legal alguno al dejar de existir el objeto o materia del mismo. Al respecto, la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXII del artículo 61, de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo". La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria pronunciada al resolver el amparo en revisión 3044/98, sostuvo que para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia es necesario tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, agregó la citada Sala que, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de este Alto Tribunal ha interpretado diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Además, refirió ese Máximo Tribunal que, entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la quejosa en el goce del derecho que se estime violado o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Esas consideraciones se compilaron en la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, publicada en la página 189, Tomo XXIV, diciembre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". Precisada esa premisa jurisprudencial, en el particular se tiene que de los antecedes del acto reclamado narrados por la solicitante del amparo y de las constancias remitidas por la autoridad responsable, relativas al juicio laboral 40/2021, se advierte, en lo que aquí interesa, lo siguiente: 1. El veintisiete de febrero de dos mil veinte, la actora en el juicio de origen, hoy quejosa, presentó su escrito inicial de demanda ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, en contra de Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, y Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 27. 2. En auto de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, la citada junta se declaró legalmente incompetente para conocer del expediente OPDL 2-85/2020, en favor del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa. 3. En proveído de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, el Tribunal responsable aceptó la competencia planteada y requirió a la parte actora (aquí quejosa) para que diera cumplimiento con lo ahí apuntado. 4. En acuerdo de diez de marzo del actual, admitió a trámite la demanda y ordenó emplazar a las demandadas Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, y Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 27. 5. En audiencia especial de once de noviembre siguiente, la actora en el juicio laboral, aquí quejosa, se desistió de la demanda, acciones y prestaciones intentadas contra las demandadas, por lo que se le tuvo por desistida del juicio laboral 40/2021 y se ordenó el archivo del mismo como asunto total y definitivamente concluido. Lo relatado revela que el juicio laboral ya se encuentra concluido a raíz del desistimiento de la parte actora de la demanda, acciones y prestaciones intentadas en dicho procedimiento. En ese contexto, si en el particular la parte quejosa promueve el presente juicio de amparo con la finalidad de que el procedimiento laboral se substancie con las formalidades de ley (se fije fecha para el desahogo de la audiencia conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, dentro de los plazos y términos de ley, así como que se notifique el proveído en el que, en su caso, se fijará la misma, y se tramite el citado juicio laboral dentro de esos plazos y términos); y durante el juicio de amparo, en el juicio de origen la parte aquí quejosa se desistió de dicho sumario laboral y se ordenó el archivo del asunto; entonces, se impone concluir que aun cuando el tribunal responsable hubiera sido omisa en llevar a cabo las actuaciones solicitas por la quejosa, el objeto o materia de ésta ha dejado de existir. Lo anterior, en virtud de que siendo el objeto o materia del acto reclamado que el tribunal responsable fijara fecha para el desahogo de la audiencia conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, dentro de los plazos y términos de ley, así como que se notificara el proveído en el que se señalara la misma, y tramitara el citado juicio laboral dentro de los plazos y términos que contemplan las leyes, ante el desistimiento de la parte actora, aquí quejosa, y el archivo del juicio laboral como concluido, resulta inconcuso que el objeto o materia del presente juicio de amparo ha desaparecido del mundo jurídico, aun cuando de autos no se advierta que el tribunal hubiera realizado lo solicitado por la quejosa. Lo que implica la modificación del entorno en el cual se reclama la actitud omisiva de las responsables, ya que, en caso de que resultara inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la quejosa en el goce del derecho que estima vulnerado o bien ningún efecto jurídico tendría la sentencia concesoria por haber finalizado el procedimiento del que derivan las omisiones reclamadas en el presente juicio de amparo. Conforme a lo expuesto, es claro que el juicio de amparo indirecto promovido en contra del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, por las omisiones de fijar fecha para el desahogo de la audiencia conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, dentro de los plazos y términos de ley, así como de notificar el proveído en el que se señalara la misma, y tramitar el juicio laboral 40/2021 dentro de los plazos y términos que contemplan las leyes, es improcedente, en términos del artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo. En tales condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia en estudio (61, fracción XXII de la Ley de Amparo), como se adelantó, PROCEDE SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO, en términos del numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal. SE DEJA SIN EFECTO AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Atento a lo anterior, se deja sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional para las DOCE HORAS DEL VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.
- Principal
Dese vista a las partes, con los informes justificados rendidos por el Presidente y Tribunal, Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa y el Actuario adscrito, con residencia en esta ciudad, con un anexo el último de ellos.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
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