Maria Agustina Felipa Mendez Romero
Expediente 1949/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 16 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1949/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 23/01/2023
Partes del expediente
- Maria Agustina Felipa Mendez Romero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
SENTENCIA DEFINITIVA- VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1949/2022-III, promovido por ..., por propio derecho, contra las autoridades y respecto del acto que más adelante se precisa, por considerarlo violatorio de los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. I. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO .................... 72. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se, VIII. RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ... respecto del acto precisado en el punto III de esta sentencia, y por los motivos expuestos en el diverso punto VI. Notifíquese; personalmente a la quejosa y electrónicamente a los terceros interesados.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, trece de enero de dos mil veintitrés. Se forma expedientillo Vista la certificación de cuenta, se advierte que el doce de enero de dos mil veintitrés se celebró la audiencia constitucional relativa al presente juicio de amparo indirecto y se turnaron los autos para el dictado de la sentencia que en derecho corresponda. Por tanto, se instruye la formación de un expedientillo a fin de proveer lo conducente respecto de los oficios y escritos que se dirijan al presente expediente hasta en tanto se dicte la sentencia definitiva. En la inteligencia que, una vez resuelto el juicio de amparo en que se actúa, se deberán agregar las constancias originales al cuaderno principal, para que obren como corresponda. Escrito de la parte quejosa. Finalmente, agréguese a los autos el escrito signado por la parte quejosa ********************, mediante el cual realiza diversas manifestaciones; resérvese acordar lo conducente hasta que se dicte sentencia en el presente asunto. Notifíquese.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En San Andrés Cholula, Estado de Puebla, a las doce horas con veinte minutos del doce de enero de dos mil veintitrés, fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1949/2022-III, ........................ Acto seguido, el Secretario Encargado del Despacho acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se cierra este período, se tiene por celebrada la presente audiencia constitucional, ---------------y en su momento díctese la sentencia correspondiente.--------------
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diez de enero de dos mil veintitrés. Pérdida de derechos para ofrecer pruebas. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que en proveído de veintidós de diciembre de dos mil veintidós, se otorgó a las partes el plazo de tres días para que ofrecieran las pruebas que estimaran convenientes respecto al incidente de liquidación de sentencia planteado por la Directora de Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla. Sin embargo, las diversas autoridades responsables fueron omisas en ofrecer medio de convicción alguno, no obstante de encontrarse debidamente notificadas para ello. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 120, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se les hace efectivo el apercibimiento con que se les conminó. Pruebas ofrecidas por la autoridad responsable, Directora de Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública. Respecto de las pruebas presuncional e instrumental que ofreció la Directora de Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública, por conducto de su representación, en su escrito recibido el veintidós de diciembre de dos mil veintidós, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley de Amparo, se admiten y se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de dar cuenta con ellas en la audiencia incidental. De igual forma, se admite la prueba pericial en materia de contabilidad ofrecida por la autoridad antes precisada. En ese orden, con el cuestionario de puntos concretos bajo el cual se desahogará la pericial en materia de contabilidad exhibido por la parte oferente, se ordena correr traslado a las partes, a fin de que, dentro del plazo de tres días, adicionen los puntos que consideren pertinentes, bajo el apercibimiento que, de no hacerlo, se tendrá por precluido su derecho para hacerlo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 44/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan lo siguiente: "PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE LA APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA OTORGAR A LA CONTRAPARTE DEL OFERENTE EL DERECHO A ADICIONAR EL CUESTIONARIO QUE ESTE EXHIBIÓ. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles que en materia de amparo establece el artículo 2o. de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido el criterio de que respecto de instituciones contempladas en dicha ley que no tengan reglamentación o que teniéndola sea insuficiente, procede la supletoriedad, con la única limitación de que las disposiciones que se apliquen supletoriamente no estén en contradicción con el conjunto de normas que se deba suplir, sino que sean congruentes con los principios del juicio de amparo. En este tenor, si las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles no contravienen lo dispuesto en la Ley de Amparo, sino que, por el contrario, resultan acordes con el principio de economía procesal bajo el cual se constituye el juicio de garantías, a efecto de tener procedimientos ágiles, que se desenvuelvan en el menor tiempo posible y con el menor empleo de recursos, en fiel seguimiento de la garantía de pronta administración de justicia tutelada por el artículo 17 de la Constitución Federal, se concluye que procede la aplicación supletoria del artículo 146 del mencionado código, para otorgar a las contrapartes del oferente de la prueba pericial el derecho de adicionar el cuestionario exhibido al efecto, pues con ello se privilegia la economía procesal y la pronta administración de justicia, lo que no acontece en el supuesto contrario, pues de negarse la aplicación supletoria señalada, implicaría que las contrapartes del oferente de la prueba pericial tendrían que ofrecer también esa probanza, a efecto de que se pudiera emitir un dictamen que, aunque se refiriera a la misma materia del debate, comprendiera puntos distintos de los abarcados en el primer cuestionario." Requiere perito oficial. A fin de agilizar el trámite y la integración de la prueba pericial ofrecida en autos y, con ello, garantizar a las partes el derecho de acceso a la impartición de justicia pronta y expedita previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las garantías judiciales y la protección judicial establecidas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se ordena girar atento oficio a la Barra de Peritos del Estado de Puebla, Asociación Civil y a la Fiscalía General del Estado de Puebla, para que en auxilio de la Justicia Federal y de las labores propias de este Juzgado, designen perito en la materia de contabilidad, quien, dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación del presente auto, deberá manifestar por escrito y bajo protesta de decir verdad los siguientes datos: Datos generales. (edad, estado civil, lugar de nacimiento y lugar de residencia, ocupación y domicilio para oír y recibir notificaciones). Aceptación del cargo. El perito deberá asentar de manera expresa que acepta y protesta el cargo conferido. Además, deberá remitir copia certificada de una identificación oficial vigente. Lo anterior, en términos de lo dispuesto en el multicitado artículo 120 de la Ley de Amparo; asimismo, remítase al perito oficial copia del cuestionario sobre el cual versará la prueba en comento. Se apercibe al perito que en caso de ser omiso o no informar la imposibilidad que tenga para cumplir con el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Se hace de su conocimiento que puede remitir dicha información por los medios de comunicación siguientes: Correo electrónico institucional: 7jdo6ctoacaljf@correo.cjf.gob.mx Fax: (222) 3-03-72-00 extensión 1526. Telegrama a la dirección: Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación en Puebla, Avenida Osa Menor número 82, piso 12, Ala Norte, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula, Puebla, código postal 72810. Asimismo, se apercibe a la Barra de Peritos del Estado de Puebla, Asociación Civil y a la Fiscalía General del Estado de Puebla que de ser omisos, se les impondrá una multa equivalente a cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, por desacato a un mandato judicial, de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Se requieren constancias. En ese orden de ideas, se requiere a la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Puebla a través de la Dirección General de Capital Humano y la Dirección de Recursos Humanos, para que, dentro del plazo de tres días, informen a este órgano jurisdiccional lo siguiente: Desglose de las prestaciones que percibía Jonathan Fernando Hernández Herrera, esto es, describa los conceptos y montos que integran su salario, tales como remuneraciones, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo entre otros. La fecha de ingreso y/o alta del citado quejoso que desempeñaba en la Dirección de Seguridad Vial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, específicamente, como Policía "A". La fecha que causó baja del cargo con el que se desempeñaba. Remita los tres últimos recibos de nómina que le fueron entregados al quejoso Jonathan Fernando Hernández Herrera. En la inteligencia que las constancias requeridas deberán estar debidamente rubricadas, foliadas y entreselladas, así como en orden progresivo, para estar en aptitud de proveer lo conducente respecto del incidente de liquidación de sentencia. Sirven de fundamento, la jurisprudencia: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. ANTE LA FALTA DE PRECISIÓN DE LA CANTIDAD QUE DEBE DEVOLVERSE AL QUEJOSO QUE OBTUVO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN CONTRA DE UNA LEY TRIBUTARIA QUE REGULE CONTRIBUCIONES QUE SE RIJAN POR EL PRINCIPIO DE AUTOLIQUIDACIÓN, ES EN SEDE JURISDICCIONAL DONDE DEBE SUSTANCIARSE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO PARA PRECISARLA (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 47/2009). Conforme a los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 105, 111 y 113 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo que haya dictado un fallo protector debe velar por que éste se acate, sin que pueda ordenar el archivo de expediente alguno si no está cumplida la sentencia relativa. De ahí que si la causa del retardo para la ejecución de la sentencia concesoria de la protección constitucional contra una ley tributaria que regule contribuciones regidas por el principio de autoliquidación, consiste en la falta de precisión de la cantidad que la autoridad responsable debe devolver al quejoso, resulta evidente que corresponde al Juez de amparo o a la autoridad que haya conocido del juicio precisarla, para lo cual deberá desarrollar el siguiente procedimiento: 1. En relación con la devolución de la cantidad derivada de los actos de aplicación de la norma inconstitucional, requerirá al quejoso para que con los recibos oficiales correspondientes acredite las cantidades pagadas en cumplimiento de aquélla y, en atención al principio de autoliquidación tributaria que rige a la contribución de que se trate, formule el cálculo por ese concepto a su cargo, desaplicando la parte del precepto declarada inconstitucional, precisando la cantidad que debe quedar en poder de la autoridad fiscal como pago de aquélla y la que se le debe devolver; en la inteligencia de que el juzgador no señalará plazo para su desahogo, pero hará saber al quejoso que éste es una condición indispensable para continuar con el procedimiento de cumplimiento de la sentencia de amparo. 2. Desahogado el requerimiento, el Juez Federal -quien podrá considerar la pertinencia de los elementos aportados por el quejoso, puesto que él ejerce el control de este procedimiento- dará vista con dicho documento a la autoridad responsable o a la competente para ordenar la devolución, por un plazo de cinco días, para que de manera motivada manifieste lo que a su interés convenga, apercibida en el sentido de que, de no hacerlo, se tendrá como consentida la cantidad a devolver precisada por el quejoso y con base en ésta se formularán los requerimientos de ejecución de sentencia. 3. Si ambas partes coinciden en el monto a devolver, el juzgador de amparo sólo deberá requerir a la autoridad correspondiente su devolución, junto con el que pudiera generarse por su actualización, así como por los intereses de acuerdo con las leyes fiscales aplicables, hasta que sea devuelto, a fin de que cumpla la sentencia concesoria. 4. De no coincidir, el juzgador de amparo ordenará la devolución del monto que la autoridad reconoce y dejará a salvo los derechos del interesado en la parte que no se satisfizo su pretensión, para que los haga valer a través del recurso de queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo." Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta a mil unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Levanta reserva escrito de parte quejosa. Visto el estado de autos, se advierte que en acuerdo de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, se reservó proveer lo conducente respecto de las pruebas ofrecidas por la parte quejosa y la ampliación de puntos al cuestionario presentado por la autoridad responsable antes mencionada, a fin de desahogar la prueba pericial en materia de contabilidad ofrecida en autos; hasta en tanto feneciera el plazo de tres días otorgado a las partes mediante proveído del veintitrés del mismo mes y año; lo que ya aconteció; por ello, se acuerda lo siguiente: Manifestaciones del quejoso respecto el incidente de liquidación de sentencia. El quejoso Jonathan Fernando Hernández Herrera, desahoga la vista otorgada en auto de veintidós de diciembre de dos mil veintidós y realiza diversas manifestaciones respecto del incidente de liquidación de sentencia; asimismo ofrece pruebas. Pruebas. Respecto de las pruebas presuncional e instrumental, así como de las documentales que ofreció el quejoso en su escrito recibido el veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley de Amparo, se admiten y se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de dar cuenta con ellas en la audiencia incidental. Adición de puntos. Por otra parte, se tiene a la parte quejosa adicionando puntos al cuestionario planteado en relación a la prueba en materia de contabilidad ofrecida en autos; en consecuencia, con el cuestionario de mérito que se atiende, córrase traslado a las demás partes para su conocimiento. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y vía electrónica al Coordinador de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP).
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