Maria Aglae Valdepeña Posada

Expediente 480/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
480/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
29/11/2018

Partes del expediente

  • Maria Aglae Valdepeña Posada

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de treinta y uno de octubre del año en curso, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, agréguese el cuadernillo de pruebas y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Hágase del conocimiento de las partes que el presente expediente se encuentra dentro de la hipótesis que establece el punto VIGÉSIMO PRIMERO, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que deroga el Acuerdo General conjunto 1/2001, de la misma superioridad. Por ende, conforme con los puntos cuarto, décimo y décimo primero del acuerdo de mérito, una vez que transcurran tres años transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ello, haciendo constar en la carátula que el presente asunto CONSTITUYE ARCHIVO RECIENTE, CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL Y DE VALOR JURÍDICO, NO CONSTAN DOCUMENTOS ORIGINALES, así como que es susceptible de DEPURACIÓN, toda vez que se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados en el presente asunto, además de haberse negado la protección de la justicia federal, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III del invocado punto VIGÉSIMO PRIMERO, del Acuerdo General en mención, por lo que deberán conservarse. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista la sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho a la parte quejosa que dice: SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. Visto para resolver los autos del juicio de amparo ********************, promovido por ******************** contra actos de la Directora General de Tránsito Municipal, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en la oficialía de partes de este juzgado el treinta de julio de dos mil dieciocho, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Directora General de Tránsito Municipal, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad, de quienes reclamó: IV ACTO RECLAMADO. Reclamo de la autoridad señalada como responsable ordenadora, la orden de detener y privar de la libertad, además de mantenerla incomunicada y sujeta de malos tratos a la directa agraviada, según lo relato en párrafos más adelante y de las autoridades señaladas como segundo término se reclama la ejecución de las mismas. SEGUNDO. Derechos humanos que se estimaron violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda de amparo. Previa ratificación, mediante proveído de treinta y uno de julio de dos mil dieciocho se admitió a trámite la demanda, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal correspondiente, se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables, y se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la que se llevó al tenor del acta que antecede y termina con el dictado de la presente resolución. CONSIDERANDOS PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, es necesario precisar los actos reclamados que se desprendan del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, incluso tomando en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, toda vez que los actos se reclaman a autoridades que tienen su residencia en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. En ese sentido, al realizar el análisis citado, se obtiene que la parte quejosa reclama: La orden de detención y privación de libertad, así como la incomunicación y malos tratos, y su ejecución. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en párrafos precedentes y de los cuales se procederá a su análisis. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, registro 192097, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, registro 181810, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Juez Cívico y Directora General de Tránsito Municipal, con sede en esta ciudad, al rendir sus respectivos informes justificados, negaron la existencia de los actos consistentes en la incomunicación y malos tratos, atribuidos por la quejosa, lo que se corrobora con la constancia de notificación a la directamente agraviada, el veintinueve de julio del año en curso, en la cual la Actuaria de la adscripción hizo constar que no presentaba golpes visibles. De igual forma la Directora General de Tránsito Municipal, negó respecto a la orden de detención reclamada; sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar tales negativas. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 804176, de rubro: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Aunado a lo anterior, del informe justificado que rindió el Juez Cívico adscrito al Centro de Recuperación Cívica Total, dependiente de la Dirección de Oficialía Jurídica y Barandilla, se advierte lo siguiente: [.] Así también reclama PRIVACIÓN DE SU LIBERTAD, este acto se acepta, pero no es ilegal, ya su detención es consecuencia de un arresto que se derivó como sanción a la comisión de una falta administrativa, como lo fue el conducir un vehículo de motor en estado de ebriedad; para la aplicación de dicha sanción se abrió el procedimiento administrativo correspondiente de acuerdo a lo que señala el artículo 180 del Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez y como allí se indica, se llevó a cabo una audiencia oral en Tránsito para el Municipio de Juárez y como allí se indica, se llevó a cabo una audiencia oral en donde se le hizo saber al quejoso lo que representa el juez cívico, el motivo por el cual fue presentado ante el, el derecho a ser acompañado o asistido por cualquier persona o abogado presentado ante el, el derecho a ofrecer las pruebas que considere pertinentes desarrollado todo esto, con la autoridad envestida en el juez cívico se emitió la resolución misma que se le hizo saber al quejoso (sic) en la misma audiencia. De los hechos que generaron la detención de la quejosa de acuerdo a la remisión con número de folio DSPM-3704-00001753/2018 que realizaron los agentes aprehensores, se desprende que a las 02:25 horas del día 29 de Julio del año 2018, en las calles Pérez Serna y Camino Viejo a San José, el quejoso conducía un vehículo de motor en estado de ebriedad y esto encuentra sustento con lo señalado en el certificado médico que le fuera practicado al quejoso y que quedo registrado con el número de folio 86646 en donde se establece como resultado del examen clínico, que se encuentra en estado de ebriedad; por estos hechos el quejoso fue presentado ante el suscrito Juez Cívico, dando inicio al procedimiento administrativo que corresponde de acuerdo a lo que señala el artículo 180 del Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, estado de Chihuahua; se le hace saber al quejoso la razón de su presentación así como de los derechos que le asisten de ser representado por persona o abogado de su confianza y de ofrecer las pruebas que consideren oportuno, al hacer de los conocimientos de los hechos al quejoso y al escuchar que no tenía datos de prueba que aportar se procedió a analizar las circunstancias de los mismos y en cumplimiento a lo que dispone el artículo 180 en su cuarto párrafo numeral o fracción VII, se emitió una sanción de 24 horas de arresto mismas que contarían a partir de la hora en que fue realizado el certificado médico en donde se señala el nivel de alcohol en la sangre.[.] En las apuntadas condiciones, se advierte que el acto que es susceptible de lesionar los derechos de la aquí quejosa ******************** lo constituye la privación de su libertad, el cual si bien es cierto, la sanción fue determinada por el Juez Cívico, la ejecución de dicha detención fue realizada por los agentes de vialidad ********************. Sin embargo, dichas autoridades no fueron señalados como responsables, en términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, para los efectos del presente juicio, no obstante que este órgano, al advertir la intervención de dichas autoridades, otorgó a la parte quejosa la posibilidad de hacerlo, pues fue requerida para ello en veintisiete de agosto del presente año. Dicho acuerdo se ordenó notificar personalmente, en acatamiento a la jurisprudencia del rubro: "INFORME JUSTIFICADO, CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA", sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 93, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época; el cual se cumplimentó, previo citatorio, por notificación a través de la lista publicada el treinta y uno de agosto del presente año; sin que en autos obre constancia de que la quejosa haya desahogado, oportunamente esa prevención, en el término de quince días que se le otorgó. En ese tenor, si las autoridades que ejecutaron los actos reclamados, lo fueron las agentes de vialidad ********************, quienes no fueron llamadas al presente sumario como autoridades responsables, resulta jurídicamente imposible examinar la constitucionalidad del acto, pues no fueron oídas, sin que sea el caso de abordar, oficiosamente o al cobijo de la figura de la suplencia de la queja, el estudio de actos atribuidos a autoridades no señaladas como responsables. En efecto, conforme al artículo 79 de la Ley de Amparo, la suplencia de la queja sólo tiene por efecto subsanar la deficiencia de los conceptos de violación o de los agravios, según se trate, mas no que el juez señale y emplace a una autoridad no designada como responsable; máxime cuando la naturaleza del negocio no lo autoriza, porque entonces se extralimitaría en sus atribuciones legales. Principalmente, porque que las autoridades no designadas por la inconforme se trata precisamente de autoridades ejecutoras; mientras que quienes señaló como responsables en el escrito de demanda de garantías, no tuvieron intervención alguna en el expediente de que emanan los actos que reclama, según se analizó con antelación. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, tesis 108, página 69, Quinta Época, registro 394064, que a la letra dice: AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída. CUARTO. Existencia del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, a continuación se analiza la certeza del acto reclamado. El Juez Cívico dependiente de la Dirección de Oficialía Jurídica y Barandilla, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto consistente en la privación de la libertad de la quejosa ******************** por lo que se tiene por acreditada su existencia. Lo anterior, se corrobora con la copia certificada de la resolución de veintinueve de julio de dos mil dieciocho, en la que el citado Juez le impuso a la ahora quejosa un arresto administrativo de veinticuatro horas, al haber sido sorprendida por las autoridades de tránsito municipal, conduciendo un vehículo automotor, en estado de ebriedad, la cual anexó a su informe justificado y a la que se le reconoce valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de ahí que deba tenerse por cierta la existencia del acto que les fue atribuido. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, materia común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. QUINTO. Causas de improcedencia. De manera preliminar se debe analizar la procedencia del presente juicio de amparo, por ser cuestión de orden público y de estudio preferente, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, que dice: 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. En ese aspecto, al no advertirse causal de improcedencia que deba estudiarse de oficio o que haya sido alegada por alguna de las partes, procede analizar el fondo de la cuestión planteada. SEXTO. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado consistentes en los artículos 14 y 16 Constitucionalidad. El estudio de los conceptos de violación expresados en la demanda de amparo, conducen a este Juzgado de Distrito a determinar lo siguiente: En el único concepto de violación, la quejosa afirma de manera general y abstracta que las autoridades responsables violaron lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República. Lo alegado en esos términos es inoperante. Para evidenciar este aserto, conviene establecer que los actos de autoridad están investidos de una presunción de validez que, cuando son impugnados, necesariamente debe ser destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por la parte quejosa es ambiguo y superficial, en tanto que no se señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, lo alegado se torna inoperante, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir. Apoya esta consideración, la jurisprudencia 1833, aprobada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917Septiembre 2011, novena época, Tomo II, materia común, página 2080, del siguiente tenor: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Los actos de autoridad y las sentencias están investidos de una presunción de validez que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por la parte quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez es inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, en la medida que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo pretendido y las razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para colegir y concluir lo pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se expresen en los conceptos de violación de la demanda de amparo o en los agravios de la revisión deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de no ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el órgano colegiado y deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante argumentos non sequitur para obtener una declaratoria de invalidez. En la especie, la quejosa refirió, de manera general, que las autoridades responsables violaron lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República. Con esas llanas expresiones, el quejoso eludió referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su reclamación, porque no expone las razones por las que considera que la orden de arresto decretada en su contra es inconstitucional. En esos términos, la quejosa no justificó la razón de su dicho ni controvirtió las consideraciones en que se sustentaron los actos reclamados, dado que sus manifestaciones se refieren a aspectos generales y abstractos, que sólo constituyen locuciones vagas e imprecisas, con los que no controvierte de forma concreta la imposición del arresto administrativo de veinticuatro horas, que se le impuso al haber sido sorprendida por las autoridades de tránsito municipal, conduciendo un vehículo automotor, en estado de ebriedad; en cambio, su alegato contiene visos de generalidad que no pueden ser analizados por este Órgano; de ahí que lo alegado sea inoperante. Apoya esta consideración, la jurisprudencia 8, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación (actualización 2002), novena época, tomo VI, materia común, página 12, del siguiente tenor: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse." Ahora bien, toda vez que no se advierte deficiencia de la queja que suplir en el presente juicio. En las relacionadas condiciones, al resultar inoperante el único concepto de violación expresado, se impone negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 62, 63, fracciones IV y V, 64, 65, 73, 74 y 75 y demás relativos a la Ley de Amparo vigente, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo ******************** promovido por********************, respecto del acto que reclamó a la Directora General de Tránsito del Municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a********************, contra la orden de detención y su ejecución, que atribuyó al Juez Cívico adscritos al Centro de Recuperación Cívica Total, dependiente de la Dirección de Oficialía Jurídica y Barandilla, en los términos indicados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado xxxx, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada xxxx, hasta el día de hoy, treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos se desprende que por auto de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, se dio vista a la quejosa, a fin de que manifestara si era su deseo señalar como autoridades responsables a los agentes que realizaron su detención; sin que a la fecha se haya recibido promoción alguna al respecto. Atento a lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído antes citado, y se continúa con el trámite del presente juicio, únicamente respecto de los actos y autoridades precisadas en su demanda. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.*arc

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, se desprende que está transcurriendo el término otorgado a la parte quejosa en auto de veintisiete de agosto pasado, a fin de que manifieste si es su voluntad o no ampliar su demanda de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 111, fracción II, en relación con el artículo 17 de la Ley de Amparo, se difiere la citada audiencia y se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para su desahogo. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada * Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia del titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, y con apoyo del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *. Doy fe.

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