María Adelaida Tuz Alcocer

Expediente 351/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
351/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
16/02/2021

Partes del expediente

  • María Adelaida Tuz Alcocer

Actuaciones

  1. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, dieciséis de febrero de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, con apoyo en las disposiciones contenidas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, que recobró vigencia respecto de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales distintos a los pertenecientes a los del Primero, Segundo, Decimoctavo, Decimosexto y Decimoquinto, Circuitos, a partir del doce de enero de dos mil veintiuno, según lo dispone la circular SECNO/1/2021, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, el ocho de enero anterior, este juzgado determina el levantamiento de la suspensión decretada, lo que implica la continuación del trámite del presente asunto -desde el punto en que quedó pausado, pero no su reinicio-, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, pero con los debidos ajustes derivados del citado Acuerdo. Asimismo, de conformidad a lo dispuesto en los numerales 5, 6, 7, 12, 22 y 28 del referido Acuerdo General 21/2020, póngase en conocimiento de las partes que la reanudación de labores de este órgano judicial, atenderá a preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, por lo que como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará´ de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. Por otra parte, de la certificación secretarial de cuenta y, toda vez que ha transcurrido el plazo legal de diez días, dentro del que las partes pudieron recurrir en revisión el acuerdo dictado en este juicio de amparo el trece de octubre de dos mil veinte, en el que se sobreseyó fuera de audiencia este juicio constitucional, sin haberlo hecho, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al citado ordenamiento legal, se declara que dicho proveído HA CAUSADO EJECUTORIA. Comuníquese lo anterior a las responsables; háganse las anotaciones en el libro respectivo, y como ya no existe cuestión pendiente en este asunto, se declara como concluido y se ordena su archivo. 1. Como el presente expediente no cuenta con valor jurídico, histórico o documental, en cumplimiento al artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relacionado con el Capítulo 8, punto 8.1.2., apartado 2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal se establece que el presente expediente es DESTRUIBLE, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se SOBRESEYÓ respecto de todos los actos reclamados, toda vez que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto; además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. 2. Este expediente al ser destruible, se conservará por el término de tres años en el "Archivo de trámite" de este Juzgado, en virtud de que se dan los supuestos establecidos en los artículos 8, fracción I, y 9, ambos del citado Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, como lo establece el penúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General; lo anterior, previa las anotaciones en los sistemas o libros de control correspondientes, tal como lo establece el numeral 23 del mencionado Acuerdo que rige en materia archivística a los órganos jurisdiccionales. Haciéndose la precisión que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión. Hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo archivístico, así como en la relación que se integre. Notifíquese

  2. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los presentes autos y después de haber realizado una lectura minuciosa de los mismos, se advierte que por error involuntario, se notificó por oficio a diversas autoridades con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, el diverso proveído de trece de octubre de dos mil veinte, mediante el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio de amparo indirecto; por tanto, a fin de no retrasar la secuela procesal en el presente asunto, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso f) de la Ley de Amparo, túrnense los autos a cualquiera de los Actuario adscritos, a fin de que por su conducto notifique a las correctas autoridades responsables Tribunal Burocrático de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, y Actuario de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad, el referido proveído mediante acuerdo inserto en el oficio que se gire, así como el presente auto; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Por otra parte, téngase por recibido el oficio y anexo remitido por la Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de diversas constancias que obran en el juicio laboral su informe justificado. Ahora bien, no es el caso hacer mayor pronunciamiento, toda vez que mediante diverso proveído de trece de octubre de dos mil veinte, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto. Notifíquese.

  3. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, trece de octubre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la demanda de amparo fue promovida por ************************ apoderado legal de ************, en contra del acto y las autoridades que a continuación se especifican: ACTO RECLAMADO: La omisión de emitir y notificar la fecha y hora para que se materialice la ejecución del auto de requerimiento de pago y embargo en el juicio laboral *** AUTORIDADES RESPONSABLES: 1.- Tribunal Burocrático de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche. 2.- Actuario adscrito al Tribunal Burocrático de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche. En consecuencia, con apoyo en los artículos 63, fracción V y 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, esta juzgadora estima necesario analizar si durante la sustanciación de este juicio ha sobrevenido, o no, alguna causa de improcedencia. Lo anterior, porque de existir alguna causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con el ímpetu de privilegiar el principio de acceso efectivo a la justicia establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con la finalidad de comprender los alcances de la causa de improcedencia citada, debe señalarse que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando son derogados o revocados, y esto origina una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se combate. Lo anterior también se produce 1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, del texto siguiente: ".De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.".cuando una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo a la promoción del amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Así, la cesación de efectos del acto reclamado significa que se deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, lo que implica no sólo la contención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia del acto reclamado, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad cuando ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no dejó huella alguna en el conjunto de derechos del gobernado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esa tesitura, de la interpretación coherente a los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo en vigor, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando se reúnen los siguientes elementos, a saber: a) Insubsistencia del acto reclamado, o bien, constitución de una nueva situación jurídica que destruye la que dio motivo al juicio de amparo; b) Desaparición de todos los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional; y c) Que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Ahora, de las copias certificadas que remitió la Presidenta del Tribunal Burocrático de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, mediante oficio ********, de dieciocho de marzo de dos mil veinte, se advierte que el dieciocho de marzo del año en curso, se notificó la fecha y hora para llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo, dentro del juicio laboral ******; y con ello lograr la materialización del auto de ejecución. Dichas constancias adquieren pleno valor probatorio, acorde a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º. De lo anterior, se colige que en el presente caso sí se cumplen con los lineamientos citados con antelación, pues si bien a la fecha en que fue promovido el juicio de amparo (nueve de marzo de dos mil veinte), existía la actitud omisiva atribuida a las autoridades responsables al no emitir y notificar la fecha y hora para que se materialice la ejecución del auto de requerimiento de pago y embargo, emitido dentro del juicio laboral *****; lo cierto es, que durante la sustanciación de este juicio, se notificó, el dieciocho de marzo de la presente anualidad, a la parte actora, la fecha y hora para llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo, y así lograr la materialización del auto de ejecución del mismo, circunstancia que produjo de manera natural una situación jurídica que puso fin a la existencia y efectos de la omisión reclamada, borrando sus efectos, en forma inmediata, total e incondicional, y reanudando las cosas al estado que tenían antes de la supuesta violación constitucional. Pues bien, al haberse acreditado los lineamientos establecidos por el más alto tribunal de la nación, es evidente la materialización en el caso de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, relativa a la cesación de los efectos del acto reclamado. De este modo, en el supuesto de una hipotética concesión de amparo, la justiciable no podría haber obtenido mayores beneficios que los señalados, lo cual viene a corroborar que la cesación de los efectos de la omisión controvertida sí trajo consigo el restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraban antes de la existencia del acto objeto de impugnación constitucional. De ahí que se surta en el presente asunto, la causa legal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, pues se antepone la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá y que tampoco dejó huella alguna en la esfera jurídica de la solicitante del amparo, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión. Así, se estima que la improcedencia del juicio constitucional es manifiesta e indudable. Es manifiesta, porque la causa de improcedencia, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado quedó demostrada con las constancias que integran este expediente. También es indudable, si se toma en cuenta que lo anterior de ninguna manera podría ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente puedan ofrecer las partes en la audiencia constitucional, de modo que el sentido de la sentencia sería el mismo. Por tanto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracciones V, ambos de la Ley de Amparo, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE ESTE JUICIO, FUERA DE AUDIENCIA, y por ende, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta minutos, del catorce de octubre de dos mil veinte. Se comunica lo anterior a las partes para los efectos legales correspondientes. Asimismo, se ordena al secretario judicial encargado del libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo, proceda a realizar la anotación correspondiente. De conformidad con el Acuerdo General 29/20073 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, captúrese el día de su publicación la presente determinación, con la certificación secretarial respectiva, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    SE TIENE DEBIDAMENTE NOTIFICADA A LA PARTE QUEJOSA DEL ACUERDO DE TRECE DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, QUE DICE: an Francisco de Campeche, Campeche, trece de octubre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la demanda de amparo fue promovida por ************************ apoderado legal de ************, en contra del acto y las autoridades que a continuación se especifican: ACTO RECLAMADO: La omisión de emitir y notificar la fecha y hora para que se materialice la ejecución del auto de requerimiento de pago y embargo en el juicio laboral *** AUTORIDADES RESPONSABLES: 1.- Tribunal Burocrático de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche. 2.- Actuario adscrito al Tribunal Burocrático de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche. En consecuencia, con apoyo en los artículos 63, fracción V y 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, esta juzgadora estima necesario analizar si durante la sustanciación de este juicio ha sobrevenido, o no, alguna causa de improcedencia. Lo anterior, porque de existir alguna causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con el ímpetu de privilegiar el principio de acceso efectivo a la justicia establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con la finalidad de comprender los alcances de la causa de improcedencia citada, debe señalarse que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando son derogados o revocados, y esto origina una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se combate. Lo anterior también se produce 1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, del texto siguiente: ".De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.".cuando una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo a la promoción del amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Así, la cesación de efectos del acto reclamado significa que se deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, lo que implica no sólo la contención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia del acto reclamado, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad cuando ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no dejó huella alguna en el conjunto de derechos del gobernado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esa tesitura, de la interpretación coherente a los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo en vigor, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando se reúnen los siguientes elementos, a saber: a) Insubsistencia del acto reclamado, o bien, constitución de una nueva situación jurídica que destruye la que dio motivo al juicio de amparo; b) Desaparición de todos los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional; y c) Que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Ahora, de las copias certificadas que remitió la Presidenta del Tribunal Burocrático de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, mediante oficio ********, de dieciocho de marzo de dos mil veinte, se advierte que el dieciocho de marzo del año en curso, se notificó la fecha y hora para llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo, dentro del juicio laboral ******; y con ello lograr la materialización del auto de ejecución. Dichas constancias adquieren pleno valor probatorio, acorde a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º. De lo anterior, se colige que en el presente caso sí se cumplen con los lineamientos citados con antelación, pues si bien a la fecha en que fue promovido el juicio de amparo (nueve de marzo de dos mil veinte), existía la actitud omisiva atribuida a las autoridades responsables al no emitir y notificar la fecha y hora para que se materialice la ejecución del auto de requerimiento de pago y embargo, emitido dentro del juicio laboral *****; lo cierto es, que durante la sustanciación de este juicio, se notificó, el dieciocho de marzo de la presente anualidad, a la parte actora, la fecha y hora para llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo, y así lograr la materialización del auto de ejecución del mismo, circunstancia que produjo de manera natural una situación jurídica que puso fin a la existencia y efectos de la omisión reclamada, borrando sus efectos, en forma inmediata, total e incondicional, y reanudando las cosas al estado que tenían antes de la supuesta violación constitucional. Pues bien, al haberse acreditado los lineamientos establecidos por el más alto tribunal de la nación, es evidente la materialización en el caso de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, relativa a la cesación de los efectos del acto reclamado. De este modo, en el supuesto de una hipotética concesión de amparo, la justiciable no podría haber obtenido mayores beneficios que los señalados, lo cual viene a corroborar que la cesación de los efectos de la omisión controvertida sí trajo consigo el restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraban antes de la existencia del acto objeto de impugnación constitucional. De ahí que se surta en el presente asunto, la causa legal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, pues se antepone la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá y que tampoco dejó huella alguna en la esfera jurídica de la solicitante del amparo, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión. Así, se estima que la improcedencia del juicio constitucional es manifiesta e indudable. Es manifiesta, porque la causa de improcedencia, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado quedó demostrada con las constancias que integran este expediente. También es indudable, si se toma en cuenta que lo anterior de ninguna manera podría ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente puedan ofrecer las partes en la audiencia constitucional, de modo que el sentido de la sentencia sería el mismo. Por tanto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracciones V, ambos de la Ley de Amparo, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE ESTE JUICIO, FUERA DE AUDIENCIA, y por ende, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta minutos, del catorce de octubre de dos mil veinte. Se comunica lo anterior a las partes para los efectos legales correspondientes. Asimismo, se ordena al secretario judicial encargado del libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo, proceda a realizar la anotación correspondiente. De conformidad con el Acuerdo General 29/20073 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, captúrese el día de su publicación la presente determinación, con la certificación secretarial respectiva, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente.

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