María Adela Marquez Aguirre

Expediente 181/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 25 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
181/2021
Año
2021
Actuaciones
25
Última actuación
21/09/2021

Partes del expediente

  • María Adela Marquez Aguirre

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como legalmente el oficio signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango, mediante el cual acusa recibo del juicio de derechos 181/2021-III del índice de este órgano jurisdiccional, del cual aceptó la competencia para conocer del mismo quedando registrado con el número 959/2021. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Por otra parte, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del indicado Acuerdo General, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que este expediente es susceptible de destrucción. Realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); así como en la carátula del mismo. Finalmente, debido a que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Notifíquese

  2. Principal

    Visto el estado que guarda el cuaderno en que se actúa, del que se advierte que mediante oficio 39106/2021 de fecha treinta de julio de dos mil veintiuno, se ordenó remitir al Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Durango, el juicio de derechos 181/2021-III del índice de este juzgado, promovido por ***, solicitando el acuse de recibo respectivo, sin que a la fecha en que se actúa obre en autos; en consecuencia, solicítese atentamente - VIA SISE - al JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE DURANGO, para que, de no existir inconveniente legal alguno, remita a este juzgado acuse de recibo del juicio citado (959/2021 de su índice), ello con la finalidad de que el presente cuaderno de antecedentes se remita al archivo definitivo. Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguense a los autos para que obren como legalmente correspondan los oficios signados por el Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado y Juez de Control y Enjuiciamiento del Cuarto Distrito Judicial, ambos con residencia en el Estado de Durango. En atención al contenido del primero, se tiene a la oficiante informando que remite el oficio signado por la Juez de Control y Enjuiciamiento del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Durango, con las consideraciones ahí plasmadas, circunstancia de la cual se toma conocimiento. Por otra parte, se tiene a la Juez de Control y Enjuiciamiento del Cuarto Distrito Judicial con residencia en el Estado de Durango, remitiendo las constancias requeridas mediante proveído de dos de julio de dos mil veintiuno. En consecuencia de lo anterior, y visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la demanda promovida por María Adela Márquez Aguirre, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Durango (denominación correcta), notificado como Juez de lo Penal de Primera Instancia, del Distrito Judicial de Santiago Papasquiaro, Durango y otras autoridades, el acto reclamado se hace consistir en la orden aprehensión dictada por Juez de Control y Enjuiciamiento del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Durango (en su carácter de ordenadora), quien al rendir su informe justificado refirió:... Luego, considerando que la autoridad responsable señalada con el carácter de ejecutora, Comandante de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia "Grupo Tulancingo" (denominación correcta), manifestó la inexistencia del acto reclamado. Y, en relación a la diversa señalada como Agentes de Investigación del Grupo Aprehensiones de Santiago Papasquiaro, en proveído de treinta de abril del presente año, se declaró su inexistencia, suspendiéndose todo tipo de comunicación con la misma y dejando de tener el carácter de responsable dentro del presente juicio de derechos. Lo anterior motiva la estimación de que este Juzgado Tercero de Distrito no es legalmente competente por razón de territorio, para fallar el presente asunto. Hacerlo implicaría atentar una disposición de orden público, cuyo estudio, por ser presupuesto procesal es de análisis preferente. Es aplicable al caso la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia d la Nación, que aparece publicada en el tomo XCVII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que este pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso." Al respecto, el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, señala lo siguiente: "Articulo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia." De la literalidad del precepto constitucional transcrito, se advierte que el juicio de amparo se promoverá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, destacando que para efectos de su tramitación, entre otros requisitos, se limitará al informe de la autoridad señalada como responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil novecientos setenta y cinco, del tomo XXV, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, bajo el rubro: "COMPETENCIA EN AMPARO. La fracción IX del artículo 107 constitucional, somete el conocimiento de los juicios de garantías, de la competencia de los Jueces de Distrito, al de la jurisdicción en que esté el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, sin distinguir si el amparo se endereza contra actos de autoridades judiciales o distintas de éstas". Por su parte, el artículo 37 de la Ley de Amparo previene que: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se hay ejecutado." De lo expuesto, se advierte que se surte la hipótesis señalada en el primer párrafo del artículo 37 de la ley de la materia, consistente en que cuando el acto reclamado requiera de ejecución, el Juez de Distrito competente para conocer del juicio de amparo lo es aquél en el lugar donde el acto que se reclama deba tener ejecución, trata de ejecutarse, se esté ejecutando o se hace ejecutado. Así es, toda vez que la data no existe dato que permita evidenciar que la ejecución material del acto reclamado, consistente en la orden de aprehensión, se llevará a cabo con autoridades residentes en la jurisdicción de este órgano federal; por tanto, se colige que la competencia para conocer del presente juicio de amparo, por razón de territorio, corresponde a los Juzgados de Distrito en el Estado de Durango, conforme al Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En efecto, al no haberse acreditado que dicho acto de captura se vaya a materializar en esta entidad federativa, debe conocer del procedimiento constitucional, conforme a la regla prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad que la emitió pues, por regla general, es en ese sitio donde el acto deberá tener ejecución. Lo anterior, habida cuenta que hay que tomar en cuenta el propósito del legislador al establecer el artículo 37 referido, al otorgar a la persona sujeta a proceso las condiciones necesarias para tener un fácil acceso al mismo. Máxime, que la orden de molestia reclamada, al ser de naturaleza ejecutiva o de ejecución material tendrá sus consecuencias jurídicas, en el Estado de Durango, en el que se ejecutarán el acto que reclama. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencial PC.I.P. J/39 P (10a.), del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 1071, Libro 53, Abril de 2018, Tomo 11, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro:, 2016596, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RADICA LA AUTORIDAD QUE LA EMITIÓ, CUANDO UNA VEZ RENDIDOS LOS INFORMES JUSTIFICADOS DESAPARECE LA POSIBILIDAD DE EJECUCIÓN EN MÁS DE UN DISTRITO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDOPÁRRAFO DEL ARTICULO 37 DE LA LEY DE AMPARO. Del precepto indicado se advierte que, la competencia para conocer del juicio de amparo, cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, recae en el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Dicha posibilidad surge con el señalamiento de autoridades ejecutoras' con injerencia en distintas demarcaciones territoriales y se toma en consideración para que el Juez de amparo que reciba la demanda sea momentáneamente competente. Ahora bien, tratándose de la orden de aprehensión, si al rendir los informes justificados las autoridades responsables ejecutoras niegan los actos reclamados y el quejoso no desvirtúa esa negativa, es inconcuso que esa posibilidad de ejecución en distintos Distritos desaparece, pues al no existir otro elemento 1: cierto y objetivo que; sirva para concluir categóricamente que el acto se ejecutará en otro ámbito territorial y no donde se emitió la orden de aprehensión, debe conocer del procedimiento constitucional, conforme a la regla prevista en ~I párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad que la emitió pues, por regla general, es en ese sitio donde el acto deberá tener ejecución. Luego, si bien el quejoso manifestó que su domicilio se ubica dentro de esta entidad federativa; empero, adoptar el criterio de que el domicilio del quejoso determinara la competencia, equivaldría a dejar al arbitrio del promovente de derechos humanos la determinación de la competencia, con el sólo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover. Pues lo anterior, no desvirtúa que la ejecución de la orden de aprehensión tendrá lugar en el Estado de Durango, en donde reside la autoridad ordenadora que aceptó la existencia del acto reclamado, además, no se debe tomar en cuenta para el conocimiento del asunto que el quejoso señalara como su domicilio el ubicado dentro de la jurisdicción de este juzgado, pues se reitera, conforme al citado artículo 37 de la Ley de Amparo, se debe atender al lugar en el que se ejecutará el acto reclamado y no al domicilio señalado para ese fin. En efecto, al ser un acto que requiere ejecución material, es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en esta jurisdicción que haya aceptado el acto reclamado, situación que en el caso concreto no acontece, pues, se insiste, no se acreditó que alguna autoridad del fuero común o federal correspondiente al Estado de Hidalgo, la fueran a ejecutar, ni tampoco la parte quejosa acreditó tal circunstancia. Con lo que se corrobora que la ejecución material de la orden de captura reclamada se verificará en el Estado de Durango. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 52/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Libro XXIII, de agosto de dos mil trece, Tomo 1, página 383, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables.". Asimismo, sirve de fundamento la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema corte de Justicia de la Unión, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo II, septiembre de 1995, visible en la página 97, registro IUS 200455, de rubro y texto: "COMPETENCIA. ORDEN DE APREHENSIÓN, AMPARO CONTRA LA. Si en la demanda de garantías el quejoso reclama la orden de aprehensión dictada por una autoridad que reside en el lugar donde promueve el juicio de amparo, pero señala domicilio para oír notificaciones en otro lugar distinto, no por esa circunstancia debe estimarse que la competencia para conocer del asunto, radica en el juez de Distrito donde se ubica dicho domicilio, pues adoptar este criterio, equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover; en cambio, como es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable que resida en la jurisdicción del juez de Distrito, cuando éstas se señalen como responsables, debe fincarse la competencia al juez federal de ese lugar." [Lo subrayado fue realizado por este juzgado de distrito]. Por tanto, es incuestionable que la circunstancia que, en principio pudo originar la duda de que este juzgado federal era competente ha desaparecido, pues en ningún momento se trató de ejecutar y mucho menos se ejecutó la orden de aprehensión reclamada en el Estado de Hidalgo, dado que como ha quedado precisado, el Juez de Control y Enjuiciamiento del Cuarto Distrito Judicial de Santiago Papasquiaro, Durango, admitió la existencia del acto aquí reclamado, por ende, es inconcuso que dicha orden fue requerida para su cumplimiento a las autoridades administrativas del Estado de Durango. En esas condiciones, como el acto reclamado fue ordenado y tiene su ejecución en el Estado de Durango y no en la jurisdicción territorial en donde ejerce competencia este Juzgado de Distrito, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 37, último párrafo, de la Ley de Amparo en relación con los criterios jurisprudenciales antes señalados, no corresponde conocer de la demanda de amparo que se analiza a este órgano, sino que se estima que el competente es el Juez de Distrito en turno el Estado de Durango. Por tanto, con fundamento en el artículo 48, de la ley de la materia, se ordena remitir el presente juicio de derechos 181/2021-III, con su anexo consistente en el original y duplicado del incidente de suspensión derivado del mismo, Juzgado de Distrito en tumo, en el Estado de Durango, al que se estima debe conocer del presente asunto; solicitándose el acuse de recibo correspondiente. Con copia certificada de las constancias relativas, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Se dejan sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta minutos del dos de agosto de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio remitido vía correo electrónico por la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Durango con residencia en Santiago Papasquiaro, por el que refiere remitir diversas copias certificadas, sin que aquellas hayan sido anexadas, por ende, dígase a la oficiante que subsiste el requerimiento y apercibimiento indicado en acuerdo de dos del mes y año en curso, en caso de omisión a cumplir con lo solicitado en éste. Notifíquese.

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