María Adela Marquez Aguirre

Expediente 959/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 11 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
959/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
22/04/2022

Partes del expediente

  • María Adela Marquez Aguirre

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Vistos los autos del presente juicio de amparo, de los que se advierte que se hace necesario establecer si la tutela federal ha quedado cumplida o no, por lo que se procede al análisis de dicha cuestión. En resolución dictada por este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango, el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, el acto reclamado quedó precisado bajo los siguientes términos: "La orden de aprehensión y su ejecución" En la referida sentencia se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión para los siguientes efectos: "para el efecto de que la Juez de Control responsable, deje insubsistente la orden de aprehensión emitida el veintiocho de enero de dos mil veintiuno, en la causa penal 9/2020, y dicte otra resolución en la cual determine que el Ministerio Público no justificó por qué advierte la necesidad de cautela. Lo anterior no limita la facultad constitucional del Ministerio Público, en su caso, si así lo estima pertinente, de solicitar nuevamente el mandato de captura en los términos que correspondan, ya que en ese aspecto, sus facultades quedan incólumes" Dicho fallo causó ejecutoria el ocho de febrero de dos mil veintidós. A fin de dar cumplimiento a tal sentencia de tutela, mediante oficio 339/2021 de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, signado por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Santiago Papasquiaro, Durango, adjuntó copia certificada de la resolución dictada en esa misma fecha en los autos de la causa penal 9/2021; documentales con plena eficacia, toda vez que tiene carácter público, esto de acuerdo con lo señalado en los preceptos 200 y 202 del enjuiciamiento civil federal, aplicado supletoriamente de la Ley de Amparo. Mediante acuerdo de treinta de marzo de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa con dichas documentales, sin que hubiera realizado manifestación alguna respecto al citado cumplimiento. De lo reseñado se concluye que la responsable dio cabal cumplimiento al amparo que se concedió, como se advierte de la documental mencionada, toda vez que en resolución de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, dejó sin efectos la orden de captura de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, además, determinó no ha lugar a librar la orden de aprehensión solicitada por el fiscal, al estimar que no se justificó la medida en contra de la aquí impetrante. En esas condiciones, tomando en consideración los efectos de la sentencia que se dictó en el proceso constitucional y el contenido del oficio como de su anexo que la autoridad responsable remitió con motivo de tal acatamiento; con apoyo en el numeral 196 de la Ley de la materia, téngase por cumplido el fallo protector, sin que al respecto se advierta que se incurrió en exceso o defecto. En virtud que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito juzgador, es susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que deberá conservarse la demanda de que se trate, sentencia, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el acuerdo de archivo, su valoración y los demás documentos que se consideren necesarios, tal como lo dispone el diverso punto 7.3 del aludido manual. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, toda vez que se concedió tanto la suspensión provisional, como la definitiva, es susceptible de depuración una vez que transcurra el mismo lapso de tres años, al encuadrar en el inciso a) del precepto 18 del citado Acuerdo General, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del aludido manual, por lo que se deberá conservar la suspensión provisional, la definitiva. En atención a lo dispuesto en el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese únicamente para que obre en autos el oficio 339/2021 y anexo que remite el Juez de Control y Enjuiciamiento del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, toda vez que en proveído de treinta de marzo de dos mil veintidós se acordó lo conducente respecto a mencionado oficio y anexo. Notifíquese.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para que surta sus efectos legales, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio 339/2021 y sus anexos, signado por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, mediante el cual manifiesta haber dado cumplimiento a la sentencia protector de amparo, anexando las constancias respectivas. En tal virtud, previamente a tener por cumplida la sentencia protectora de garantías, dese vista a la parte quejosa con el oficio 339/2021 y sus anexos, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al de la notificación de este proveído, exprese lo que a sus derechos convenga; hecho lo anterior, provéase lo procedente en derecho. Por último, ténganse por recibida la piezas postal devueltas por el Administrador de Correos de México, la cual contiene el oficio 4052, enviada jueves diez de febrero de dos mil veintidós, por la razón que expone; sin que sea procedente su reenvió toda vez que se trata de oficios con acuerdo de mero trámite. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la autoridad responsable Juez de lo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago Papasquiaro, en el Estado se Durango no ha dado cumplimiento a la sentencia protectora de garantías. Por tanto, requiérase a la citada responsable para que de inmediato proceda a dar cumplimiento a la sentencia dictada en autos; conforme a sus efectos: "para el efecto de que la Juez de Control responsable, deje insubsistente la orden de aprehensión emitida el veintiocho de enero de dos mil veintiuno, en la causa penal 9/2020, y dicte otra resolución en la cual determine que el Ministerio Público no justificó por qué advierte la necesidad de cautela. Lo anterior no limita la facultad constitucional del Ministerio Público, en su caso, si así lo estima pertinente, de solicitar nuevamente el mandato de captura en los términos que correspondan, ya que en ese aspecto, sus facultades quedan incólumes" Apercíbase a dicha autoridad que de no cumplir con lo anterior en el término indicado, se le hará efectiva la multa de cien días de salario mínimo nacional vigente (Medida de actualización), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, fracción II, en relación al artículo 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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