Maria Acension Martinez Romero

Expediente 867/2022 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
867/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
03/11/2022

Partes del expediente

  • Maria Acension Martinez Romero

Actuaciones

  1. Principal

    SE DECLARA FIRME el proveído por el cual se desechó la presente demanda de garantías, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Se declara que este expediente susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se encuentra contemplado en la hipótesis prevista en el artículo vigésimo primero, inciso b), del citado Acuerdo, por lo que una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la notificación de este proveído se procederá a la destrucción en los términos presentados en el citado Acuerdo General, sin necesidad de mandato previo, pues no constituye un asunto de relevancia documental, y procédase a realizar la anotación en la carátula como se ordena en el acuerdo antes referido. Por lo que en cumplimiento de este último acuerdo general conjunto se ordena el archivo del presente expediente y se declara que es susceptible de ser destruido. Se tiene por hecha la segunda certificación de cuenta, de la que se advierte que en el presente asunto no obran documentos catalogados como originales; y, que las actuaciones del presente asunto coinciden con el expediente electrónico, para los efectos conducentes. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a sus autos la razón signada por el Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, mediante la cual hace constar la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente a la parte quejosa el proveído de treinta de agosto de dos mil veintidós, por los motivos que expone; en esas condiciones, túrnense los presentes autos al actuario que corresponda para que notifique por medio de lista a la parte quejosa, el auto citado y el presente proveído, en términos de la fracción III inciso a) del artículo 27 de la Ley de Amparo, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hasta en tanto se sirva señalar nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones, en esta Ciudad. Notifíquese, y por medio de lista a la parte quejosa. SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE DICE: "Ciudad de México, treinta de agosto de dos mil veintidós. Vista la demanda de garantías promovida por **, contra actos del JUEZ CUADRAGÉSIMO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, por violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas en los artículos 1, 3, 14 y 16 constitucionales; fórmese expediente impreso y electrónico y regístrese en el libro de gobierno con el número 867/2022. Ahora bien, del análisis de la demanda de garantías se advierte que el acto reclamado se hace consistir esencialmente en la notificación de la sentencia interlocutoria relativa al incidente de liquidación de interese moratorios de doce de agosto de dos mil veintidós, expediente 125/2019, dictada por el Juez Cuadragésimo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en el Juicio Mercantil de origen. Al respecto, cabe precisar que, al examinar la demanda de amparo, se debe analizar si se actualiza alguna de las causales de improcedencia ya que su estudio es de orden público y de estudio preferente, y por ende este órgano de control constitucional lleva a cabo su examen de manera oficiosa, atento a lo prescrito por el artículo 113 de la Ley de "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." Este precepto autoriza a la suscrita a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable, resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En razón de la naturaleza del acto que se reclama, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, previsto por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. - - - Se exceptúa de lo anterior: - - - a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; - - - b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; - - - c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. - - - Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Como se puede advertir de esta trascripción, la fracción de mérito contiene el principio de definitividad, mismo que se traduce en un requisito de procedibilidad de la acción de garantías, según el cual, para impugnar un acto de la autoridad jurisdiccional por la vía del juicio de amparo, deben agotarse previa y necesariamente todos los recursos o medios de defensa ordinarios que contempla la ley que regula la actuación reclamada. Lo anterior tiene sentido si se atiende a que previo al estudio de los problemas de inconstitucionalidad mediante el juicio de garantías, deben agotarse los recursos ordinarios tendentes al análisis de las cuestiones de legalidad; es decir, el principio mencionado se fundamenta en la naturaleza del amparo el cual es un medio extraordinario de control constitucional para invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera cuando ya se hayan recorrido todas las instancias previstas en la ley de la materia, en virtud de los recursos y medios de defensa ordinarios que procedan. En esta tesitura, para que se actualice la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, basta que en la ley que rige el acto reclamado, o en alguna ley que le sea aplicable en forma directa e inmediata, se prevenga la procedencia de algún recurso, juicio o medio de defensa, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o anulado aquél, que no haya sido agotado previo al juicio constitucional de garantías. De esta manera, a fin de evidenciar que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia a que se ha hecho alusión, se tiene lo siguiente: Como se advierte del acto reclamado se hace consistir esencialmente en la notificación de la sentencia interlocutoria relativa al incidente de liquidación de interese moratorios de doce de agosto de dos mil veintidós, expediente 125/2019, dictada por el Juez Cuadragésimo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en el Juicio Mercantil de origen. Al respecto, el artículo 74 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, aplicable supletoriamente al Código de Comercio, dispone: "Artículo 74. Las actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales, de manera que quede sin defensa cualquiera de las partes, y cuando la Ley expresamente lo determine; pero no podrá ser invocada esa nulidad por la parte que dio lugar a ella." En las relatadas condiciones, la quejosa debió recurrir la resolución que constituye el acto reclamado, de conformidad con el artículo citado, a través del incidente de nulidad de notificación, y como consecuencia de ello, antes de promover el juicio de amparo, debió agotar el incidente de nulidad de notificación correspondiente y al no haberlo hecho así, es lógico que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, que establece categóricamente que para que proceda el juicio de amparo, es necesario, previo a su promoción, agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que la ley que rige el acto, establece para el efecto de que puedan ser modificados o nulificados. En efecto, como se indica, se actualiza la causal de improcedencia aludida, dado que contra el acto reclamado, consistente esencialmente en la notificación de la sentencia interlocutoria relativa al incidente de liquidación de interese moratorios de doce de agosto de dos mil veintidós, expediente 125/2019, dictada por el Juez Cuadragésimo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, procedía el incidente de nulidad de notificaciones, por lo que no puede reclamarse directamente en este juicio constitucional, más aún, porque en forma genérica el numeral citado establece la procedencia del medio de impugnación en comento; de ahí que no se ésta en la hipótesis de una resolución irrecurrible a través del recurso ordinario; por tanto, se insiste que a través del recurso ordinario antes señalado que es el incidente de nulidad de actuaciones era posible modificar o revocar el acto reclamado. Luego, si de la lectura del precepto señalado, se advierte que la resolución reclamada puede ser recurrible; en tal virtud la parte quejosa se encontraba obligada a respetar el principio de definitividad que rige al juicio constitucional, y al no hacerlo así, violó el principio aludido, que supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos o medio de defensa que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo; de tal suerte que, al existir dicho medio ordinario de impugnación, y al no haber sido interpuesto por los impetrantes de garantías, el amparo es improcedente. El principio mencionado se fundamenta en la naturaleza del amparo, que es un medio extraordinario de control constitucional para invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera cuando ya se hayan recorrido todas las instancias previstas en la Ley de la materia, en virtud de los recursos ordinarios que procedan. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 447, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 297, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo." No es óbice a lo anterior que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación en la especie, cuando como en el caso la existencia del recurso se advierte en forma patente con el contenido de los artículos transcritos, con lo que se tiene la certidumbre y plena convicción de que se actualiza la causa de improcedencia, en estudio, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes. De ahí, que si se admitiera la demanda de que se trata, tal circunstancia violaría el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedentes, distrayendo al órgano jurisdiccional del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios, cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 113 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación Octava Época, Tomo XI, junio de 1993, página 252, que dice lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el juez federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo." Consecuentemente, SE DESECHA por notoriamente improcedente la demanda aludida, con fundamento en el artículo 61 fracción XVIII y artículo 113, todos de la Ley de Amparo. Se tiene a la promovente señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el que indica, asimismo se tienen por autorizados a las personas que nombra para los efectos que indica. Se tienen por autorizados a las personas que refiere en términos de lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Amparo; en el entendido que al momento de promover en el presente expediente, deberán contar con su cedula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por otro lado, se toma nota de la dirección de correo electrónico y número telefónico que menciona, para los efectos del artículo 5º del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En otro aspecto, se hace del conocimiento de las partes que conforme al artículo 3º del Acuerdo General 21/2020, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes, desahogo de comparecencias o requerimientos, por lo que sólo se podrán consultar los expedientes en los términos indicados en el dispositivo en cita y cumpliendo con las medidas sanitarias establecidas en el artículo 7 del Acuerdo General 21/2020. De igual forma, en caso de que las partes no tengan acceso a medios electrónicos para la consulta de los expedientes electrónicos, se hace de su conocimiento que cuando tengan cita podrán hacer uso del equipo de cómputo que en cada órgano jurisdiccional se dispondrá para tal efecto, el cual podrá destinarse a la consulta de expedientes electrónicos, a la actuación en el Portal de Servicios en Línea, o a la participación en videoconferencias con el personal del órgano cuyo equipo se esté utilizando. Asimismo, se exhorta a las partes para que cuando les sea posible transiten hacia la actuación de Servicios en Línea, pues la intención es dar continuidad a la tramitación de los expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; así como a que proporcionen medios de contacto como un número telefónico y correo electrónico. Tomando en consideración que en el Acuerdo General 76/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de cinco de noviembre de dos mil tres y publicado en el Diario Oficial de la Federación del catorce de noviembre del mismo año, se modificaron los artículos 19 y tercero transitorio del diverso acuerdo 30/2003 del mismo Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los órganos, criterios y procedimientos institucionales para la transparencia y acceso a la información para los órganos del Poder Judicial de la Federación; en consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el modificado artículo 19 antes aludido, dígase a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; así como también el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, lo cual deberán manifestar dentro del término de tres días hábiles, con fundamento en el artículo 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de sus datos; cabe precisar que en términos del artículo 18 del acuerdo general precitado, los asuntos de naturaleza familiar, constituyen información reservada por el plazo de doce años contados a partir de su conclusión. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de la notificación ordenada en el presente proveído. Notifíquese y personalmente a la promovente."

  3. Principal

    SE DESECHA por notoriamente improcedente la demanda aludida, con fundamento en el artículo 61 fracción XVIII y artículo 113, todos de la Ley de Amparo. Notifíquese y personalmente a la promovente.

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