Mari Luz Lazaro Ascona

Expediente 180/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 7 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
180/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
03/04/2023

Partes del expediente

  • Mari Luz Lazaro Ascona

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, tres de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra del auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado estado. Ahora bien, dado que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. De conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el expediente principal por haberse concedido la suspensión de plano, es susceptible de depuración, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 18 fracción I inciso a) del referido Acuerdo General. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, siete de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio firmado por el Subrepresentante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de diversas constancias de las que destacan las denominadas "documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas" expedidos el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés a los quejosos ********************, ******************** y ********************, de las cuales se obtiene que los aquí quejosos abandonaron las instalaciones de la estación migratoria el veintiocho de febrero del propio año; documentales que se tienen por ofrecidas como prueba de conformidad con el numeral 119 de la Ley de Amparo. En ese contexto y toda vez que se cuenta con copia certificada del "documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas" expedido a los quejosos ********************, ******************** y ********************, se advierte que ha sobrevenido la causal prevista en el artículo 61 fracción XVII de la Ley de Amparo, al haberse actualizado un cambio de situación jurídica que implica que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento de origen, como a continuación se verá. El precepto invocado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;." De la interpretación de la disposición antes transcrita, se deduce que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. En ese sentido, conforme a la interpretación efectuada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se estima que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Las anteriores consideraciones se encuentran plasmadas en la tesis 2a. CXI/96, publicada en la página doscientos diecinueve, tomo IV del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de diciembre de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, registro 199808, de rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL." Ahora bien, en el caso concreto, la parte quejosa reclama, en esencia, su detención y alojamiento en la estación migratoria de esta ciudad y, como consecuencia de ello, su incomunicación, posible traslado a diversa estación migratoria e inminente deportación. Luego, si bien es cierto en autos está acreditado que los quejosos fueron detenidos por autoridades migratorias y alojados temporalmente en la estación migratoria de esta ciudad; también es cierto que de la documental remitida por la autoridad responsable Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, con sede en esta ciudad, consistente en copia certificada del "documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas" expedido a los quejosos ********************, ******************** y ********************, a la que se le otorga valor probatorio pleno en términos de los artículo 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés se otorgó a los quejosos un documento que les permitió salir de la estación migratoria y continuar su procedimiento administrativo sin necesidad de permanecer en esas instalaciones. Asimismo, del pronunciamiento respectivo no se advierte que se haya ordenado el retorno asistido o la deportación de la parte quejosa a su lugar de origen. Por tanto, es claro que, con motivo de la determinación de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, ha quedado irreparablemente consumada la violación aducida por la parte quejosa generada con motivo de la detención y alojamiento en la estación migratoria, así como sus consecuencias, de manera que no se podría resolver sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin afectar la situación jurídica generada por aquella determinación. En efecto, en el caso se reúnen los presupuestos necesarios para estimar actualizado el cambio de situación jurídica, debido a que los actos reclamados emanan de un procedimiento seguido en forma de juicio, a saber, los expedientes administrativos ********************,******************** y ********************, correspondientes a los procedimientos administrativos migratorios de los quejosos. Además, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, esto es, el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, se permitió a los quejosos continuar su procedimiento administrativo sin necesidad de permanecer alojada en la estación migratoria, de modo que se modificó la situación en que se ubicaba la parte quejosa respecto de la forma en que llevará el procedimiento administrativo migratorio. Entonces, tomando en consideración que las violaciones que se aducen en este juicio de amparo derivan de la detención y el alojamiento en la estación migratoria, es claro que no podría decidirse sobre dichas cuestiones sin afectar la nueva situación jurídica, precisamente, porque la determinación de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés sustituyó la decisión preliminar en la que -entre otras cuestiones- se ordenó la presentación de la parte quejosa y su alojamiento en la estación migratoria durante el trámite administrativo correspondiente y, por ende, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones aquí reclamadas. Finalmente, se estima que entre la detención y alojamiento en la estación migratoria, así como sus consecuencias y la determinación de veintiocho de febrero del propio año, existe autonomía. Ello es así, ya que no concurre entre ellos una relación causa-efecto, pues la última determinación se emitió al actualizarse la hipótesis del artículo 102 de la Ley de Migración, en la que se valoraron las circunstancias particulares de la parte quejosa para establecer si era posible o no proseguir su procedimiento administrativo migratorio sin necesidad de permanecer alojada en las instalaciones de la autoridad responsable, de modo que esta última decisión puede subsistir, con independencia de que el acto materia de este juicio de amparo resulte o no inconstitucional. En tales condiciones, al estar demostrado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVII de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio fuera de audiencia, con fundamento en el artículo 63 fracción V del propio ordenamiento legal, respecto de la totalidad de los actos reclamados a las autoridades responsables. Por tanto, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada en este juicio, debiéndose hacer la anotación respectiva en la agenda que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional.

  3. Principal

    No atendio prevencion, se admite en los terminos planteados Se señalan las diez horas con cincuenta y ocho minutos del tres de abril de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la audiencia constitucional.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, veintiuno de febrero de dos mil veintitrés.****************************************Agréguese a los autos el oficio de la Actuaria Judicial adscrita al Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria dictada en la queja 205/2022 del índice del órgano de su adscripción, en la que se resolvió lo siguiente: **************************************** "ÚNICO. Se declara INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por ********************, en contra del auto de once de julio de dos mil veintidós, dictado por el Secretario en Funciones de Jueza del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta, dentro de los autos del juicio de amparo indirecto 383/2021-4."****************************************Acúsese el recibo de estilo correspondiente al Tribunal oficiante.****************************************Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).****************************************Notifíquese a las partes, levántese la suspensión decretada por auto de veintidós de julio de dos mil veintidós, por lo que se reanuda el procedimiento en el presente juicio de amparo y se fijan las diez horas con cuatro minutos del veintidós de marzo de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional.****************************************

Quedan 3 actuaciones en este expediente

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