Margarito Ventolero Bivanco
Expediente 933/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 933/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 26/01/2017
Partes del expediente
- Margarito Ventolero Bivanco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintiséis de enero de dos mil diecisiete. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el quejoso no recurrió la sentencia dictada el seis de enero de dos mil diecisiete, por la cual se sobreseyó en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales conducentes; háganse y las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Ahora, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Por tanto, en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones correspondientes. En ese orden de ideas, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: - El presente asunto es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso II, del Acuerdo de referencia), pues, se sobreseyó en el presente asunto. - No existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII del Acuerdo de referencia). - A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
i. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 933/2016-I, promovido por Margarito Ventolero Bivanco, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito presentado el veintiuno de junio de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, turnado en esa misma fecha a este órgano jurisdiccional, Margarito Ventolero Bivanco solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la omisión del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, de acordar la promoción presentada el ocho de junio de dos mil dieciséis, en el expediente laboral 257/2014, en el cual solicitó se dictara auto de requerimiento de pago. SEGUNDO. Preceptos constitucionales violados. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión de demanda. Mediante proveído de siete de diciembre de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se otorgó intervención al Representante Social Federal de la adscripción y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició en términos del acta precedente y concluye con el dictado de la presente determinación. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México es competente para conocer y resolver el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48, en relación con el diverso 55, fracción I, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el punto cuarto, fracción II, del Acuerdo General 12/2016 que reformo y adiciono el diverso 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues la omisión reclamada es atribuida al tribunal laboral con residencia oficial dentro del ámbito territorial de este órgano de control de la constitucionalidad. SEGUNDO. Precisión de acto reclamado. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, resulta necesario precisar cuáles son éstos, como lo prevé el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; para tal efecto se realiza un análisis conjunto de la demanda que atienda a lo que materialmente se pretende, según lo ha dispuesto nuestro máximo Tribunal de la República. En este sentido, tiene aplicación por haberse interpretado disposiciones de similar contenido jurídico, la jurisprudencia 40/2000, publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2000, Tomo XI, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, con registro 192097, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual forma, con apoyo en los artículos 217 y transitorio sexto de la Ley de Amparo, es aplicable por las razones que la contienen, la tesis P. VI/2004 publicada en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2004, Tomo XIX, Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 181810, cuyos epílogos y sinopsis son: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." De la lectura integral de la demanda de amparo, se obtiene que Margarito Ventolero Bivanco reclama la omisión del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, de acordar la promoción presentada el ocho de junio de dos mil dieciséis, en el expediente 257/2014, en el cual solicitó se dictara auto de requerimiento de pago. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, aceptó la existencia del acto reclamado, lo cual se corrobora con la copia certificada de diversas constancias del expediente 257/2014, constancias a las cuales se concede valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, al tratarse de actuaciones de servidores públicos en ejercicio de sus atribuciones. Resulta aplicable la jurisprudencia consultable en la página 231 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Y la jurisprudencia 226, publicada en la página 143 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Materia Común, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causas de improcedencia. Por otro lado, debe señalarse que para poder resolver el fondo de la cuestión planteada por la parte quejosa, es necesario, previamente, que la acción intentada sea procedente, es decir, no exista un obstáculo para pronunciarse sobre el fondo del asunto. Estos obstáculos se denominan causas de improcedencia o sobreseimiento. Así, la improcedencia es una institución procesal en virtud de la cual, en un primer momento del juicio de amparo, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos procesales de la relación procesal y obligan al juzgador a proveer, pero si no lo están debe sobreseer en el juicio, abstenerse de conocer de ella y concretarse a emitir una providencia donde se expresen los motivos por los cuales estimó que no se puede entrar al conocimiento del asunto, por faltar los presupuestos del conocimiento de mérito. Por tanto, la causa de inejercitabilidad constituye un obstáculo para resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado ante la falta de oportunidad, fundamento o derecho para acudir ante la potestad jurisdiccional. Lo cual se traduce en un obstáculo insalvable para pronunciarse respecto del fondo ante la falta de oportunidad o pertinencia de la acción intentada. Ahora, las causas de improcedencia o sobreseimiento deben analizarse de oficio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, cuyo contenido es: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Asimismo, resulta aplicable, en términos de lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia 814 publicada en la página 553 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, número de registro 394770, del contexto siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Y la tesis publicada con la clave I.7o.P.11 K, en la página 1200 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 2008, Tomo XXVIII, Materia Común, Novena Época, con número de registro 169036, cuyo contenido es: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ESTUDIO POR EL JUZGADOR DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE LA MATERIA TIENE UN ORDEN PREFERENTE EN CASO DE CONCURRENCIA. Del artículo 74 de la Ley de Amparo se advierte la exigencia a los órganos jurisdiccionales de realizar el análisis de las causas de sobreseimiento previo a la sustanciación del juicio; sin embargo, éstas deben estudiarse en un orden preferente si fuesen concurrentes, en atención a la naturaleza de su fundamento, esto es, primero debe analizarse el supuesto previsto en la fracción II, relativo a la muerte del quejoso durante el juicio, si la garantía reclamada sólo afecta derechos estrictamente personales del agraviado, es decir, inseparables de su persona, como la libertad o la vida, pues sin duda la extinción del juicio de amparo se actualiza al quedar sin parte agraviada y sin garantía que tutelar y, por el contrario, no provocan el sobreseimiento en el juicio los actos que lesionan derechos o intereses jurídicos, generalmente de carácter patrimonial o económico, que no sean inseparables de la persona del agraviado. En segundo lugar debe verificarse la hipótesis prevista en la fracción IV que previene la inexistencia de los actos reclamados, ya que el amparo únicamente puede sustanciarse contra los existentes y concretos, no probables o eventuales, pues el análisis es jurídicamente imposible ante la ausencia de ellos. En tercer lugar resulta preferente el análisis de la fracción I, consistente en que el agraviado desista expresamente de la demanda, en atención al principio básico de que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y atender a su intención de no preservar su propósito de concluir el procedimiento de garantías, esto es, la facultad irrestricta que tiene el agraviado para desistir de su demanda de garantías armoniza perfectamente con el principio de iniciativa o instancia de parte agraviada que rige el ejercicio de la acción de amparo. En cuarto lugar deben verificarse los supuestos previstos en la fracción V que regulan la caducidad de la instancia por inactividad procesal y, finalmente, atender a la fracción III, relativa a las causales de improcedencia previstas en el artículo 73 de la Ley de Amparo." Expuesto lo anterior, este Juzgado de Distrito estima actualizada la causa de improcedencia respecto la omisión del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, de acordar la promoción presentada el ocho de junio de dos mil dieciséis, en el expediente laboral 257/2014, en el cual solicitó se dictara auto de requerimiento de pago; prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues el dispositivo legal en comento dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Ahora, es pertinente señalar que los efectos del acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto impugnado; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que destruye definitivamente la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos fundamentales transgredidos. Asimismo, en términos de lo dispuesto por el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, el efecto de la concesión del amparo es el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir con las exigencias del mismo. El quejoso acudió a esta instancia constitucional para reclamar la omisión del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, de acordar la promoción presentada el ocho de junio de dos mil dieciséis, en el expediente laboral 257/2014, en el cual solicitó se dictara auto de requerimiento de pago. Sin embargo, la autoridad responsable al rendir su informe justificado remitió como completo copia certificada de diversas constancias del expediente 257/2014, en la cuales se observa que mediante proveído de uno de julio de dos mil dieciséis, dio contestación al escrito presentado el ocho de junio de dos mil dieciséis, por el ahora quejoso. Lo antes narrado evidencia que han cesado los efectos del acto reclamado, pues la autoridad responsable emitió un proveído en el expediente laboral citado en párrafos anteriores, en el cual dio contestación al escrito en mención. En esa medida, el presente juicio de amparo deviene improcedente, pues el acto reclamado ha cesado. A la anterior determinación, en lo conducente, sirve de apoyo la jurisprudencia publicada con el número 103 en las páginas 51 y 82 del Apéndice 2000, Tomo VI, Materia Común, Novena Época, número de registro 917637, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la jurisprudencia publicada con el número 415 en la página 356 del Apéndice 2000, Tomo VI, Materia Común, Novena Época, registro 917949, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Y, la tesis P.CL/97, publicada en la página 71 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, número de registro 197367, la cual dispone: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En consecuencia, con fundamento en los artículos artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobresee en el juicio de amparo promovido por Margarito Ventolero Bivanco, contra el acto reclamado al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. Por lo expuesto, fundado y motivado, con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 79 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 933/2016-I, promovido por Margarito Ventolero Bivanco, contra el acto reclamado al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, en términos de lo expuesto en el considerando último de esta resolución. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Marco Antonio Maya Garcia, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; quince de diciembre de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, a través del cual rinde informe justificado; y remite copias certificadas de diversas actuaciones llevadas a cabo dentro del expediente laboral 527/2014, dése vista a las partes, lo anterior sin perjuicio de relacionarlo en la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Israel Díaz Reyna, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/7478/2016, asistido de la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; siete de diciembre de dos mil dieciséis. Recepción de Ejecutoria. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, a través del cual remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada en sesión de veintitrés de noviembre pasado, emitida en el recurso de queja 84/2016, cuyo punto resolutivo es: "ÚNICO. Se declara fundado el recurso de queja interpuesto por MARGARITO VENTOLERO BIVANCO, contra el proveído de veintidós de junio de dos mil dieciséis, dictado por el Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, en el juicio de amparo indirecto 933/2016-I." Ahora, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio y testimonio de mérito, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno; y acúsese recibo. Admisión de la Demanda. Ahora bien, en cumplimiento a la ejecutoria de referencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción II, 108, 115, 116 y 117 de la vigente Ley de Amparo, se admite a trámite, la demanda de amparo en estudio. Intervención del Ministerio Público. Notifíquese por medio de lista al Agente del Ministerio Público adscrito la radicación del presente juicio, dejando a su disposición en este Juzgado de Distrito, copia simple de la demanda y auto admisorio. No se ordena apertura del incidente. Sin que haya lugar a tramitar por duplicado y por separado el incidente de suspensión respectivo, pues la parte quejosa no solicitó la concesión de la medida cautelar. Audiencia constitucional. Se fijan las diez horas con treinta y cinco minutos del seis de enero de dos mil diecisiete, para la celebración de la audiencia constitucional. Requerimiento a las responsables. En atención a los artículos 117 y 75, de la ley de la materia, requiérase a la responsable su informe justificado, que deberá de rendir dentro de quince días, expresando con precisión si son o no ciertos los actos que se le reclaman; además, deberá señalar las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos del artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; y requiérasele para que remitan copia certificada de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se le atribuye; haciendo la aclaración que dichas copias deben ser legibles, completas, y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tengan para hacerlo. Con el apercibimiento que de no hacerlo, en los términos indicados, se le impondrá multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo establecido en los preceptos en cita, en relación con el diverso 251 de la Ley de Amparo. Es aplicable, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 351, del Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte-1, enero a junio de 1998, Octava Época, con número de registro 231455, que establece: "INFORME JUSTIFICADO CON COPIAS CERTIFICADAS ILEGIBLES, AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Es cierto que en términos de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables acompañarán como justificante de sus actos, copia certificada de las constancias necesarias; empero, dichas copias tienen que ser legibles, pues en caso contrario debe ordenarse la reposición del procedimiento en el juicio de garantías, pues atendiendo a que en términos de lo dispuesto por los artículos 77 fracción I y 78 del invocado ordenamiento legal, el acto reclamado debe ser apreciado tal como quedó demostrado ante las propias autoridades responsables, es de inferir que cuando las constancias correspondientes no son claras, no es posible analizarlas minuciosamente, y por tanto, no se puede resolver conforme a derecho, pues ante tales circunstancias, se evidencia que el juez de Distrito no tuvo a la vista las pruebas conducentes." Comunique causal de improcedencia y apercibimiento de multa. Asimismo, con apoyo en lo establecido en el artículo 64, del ordenamiento legal invocado, requiérase a las responsables, para que en el supuesto de que hubiere alguna causa de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo haga saber así a este juzgado, apercibida que en caso de ser omisa se le impondrá una multa hasta por la cantidad de cincuenta veces la unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo establecido en los preceptos en cita, en relación con los diversos 238 y 259 de la Ley de Amparo. Emplazamiento. Es pertinente indicar que en términos del artículo 5°, fracción lll, inciso b) de la Ley de Amparo, le reviste el carácter de tercero interesada al Ayuntamiento Constitucional de Zinacantepec, Estado de México. Por tal motivo, en conformidad con los artículos 5 y 26, fracción Il, inciso b), de la Ley de Amparo, emplácese por medio de oficio al Ayuntamiento Constitucional de Zinacantepec, Estado de México en el domicilio donde tienen su residencia oficial y hágasele saber la instauración de este juicio de amparo, su derecho para apersonarse y la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Notificaciones a las autoridades. Finalmente, este juzgador ordena se notifique por medio de oficio la presente determinación a las autoridades responsables, así como las determinaciones que tienen trascendencia procesal, lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se le notificará por medio de lista. Lo anterior, en atención a lo establecido en la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, registrada con el ordinal 2002576, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Israel Díaz Reyna, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/7478/2016, asistido de la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon que autoriza, firma y da fe.
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