Margarito Ventolero Bivanco
Expediente 976/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 976/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 22/09/2016
Partes del expediente
- Margarito Ventolero Bivanco
- Ayuntamiento Constitucional de Zinacantepec
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintidós de septiembre de dos mil dieciséis. Visto el inciso a) de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo; en tal virtud, este órgano jurisdiccional procede a pronunciarse con base en los elementos que obran en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad vinculada con su acatamiento. Así, en atención a que el cumplimiento de la sentencia de amparo es una cuestión de orden público, lo conducente es determinar si el fallo ha sido acatado en sus términos, lo anterior, con apoyo en la Jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página diecinueve, Tomo I, Libro 12, noviembre de dos mil catorce, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.". Al respecto, tomando en consideración los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, se llega a la convicción de que no existe materia en el cumplimiento, por las consideraciones siguientes: I. Antecedentes de la sentencia ejecutoriada: 1. El veintiocho de julio de dos mil dieciséis, se emitió sentencia en el juicio de amparo que nos ocupa, en la que se concedió la protección de la justicia de la Unión (fojas 24 a 31) 2. Posteriormente, en acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil dieciséis (fojas 34 y 35), se declaró que la sentencia supracitada causó ejecutoria, toda vez que el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo feneció, sin que alguna de las partes la recurriera; en consecuencia, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. II. Lineamientos de concesión del amparo y cumplimiento. Este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a fin que se atendieran los lineamientos, respecto de los cuales se ha dado cumplimiento, atento al análisis siguiente: Los efectos de la concesión de amparo fueron para que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México: "1. Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia y de no haberlo hecho ya, de inmediato cumpla con el derecho fundamental previsto en el artículo 17 constitucional; es decir, dicte el laudo en el expediente laboral ***de su índice, que en derecho corresponda; y, 2. Notifique a las partes en el domicilio señalado en autos para tal efecto, en caso de que no lo haya hecho ya, al momento de que cause ejecutoria esta determinación." Posteriormente, en acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil dieciséis (fojas 34 y 35), se declaró que la sentencia supracitada causó ejecutoria, toda vez que el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo feneció, sin que alguna de las partes la recurriera; en consecuencia, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. En ese tenor, mediante oficio número ***, presentado el diecinueve de agosto de dos mil dieciséis (fojas 38 a 40), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, comunicó su imposibilidad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez que de la revisión de los autos que integran el expediente **** de su estadística, advirtió que el quejoso el trece de julio del año en curso, compareció ante ese Tribunal a efecto de manifestar: ".que en este acto me desisto a mi más entero perjuicio de todas y cada una de las acciones y prestaciones reclamadas en mi escrito inicial de demanda, presentado ante la oficialía de partes de este Tribunal de fecha dieciséis de junio del año dos mil quince desistimiento que ratifico y reproduzco por así convenir a mis intereses.", manifestación que fue debidamente acordada, teniéndosele por desistido al actor (quejoso) a su más entero perjuicio de dichas prestaciones así como de la acción intentada, ordenándose el archivo definitivo del expediente en comento como asunto total y definitivamente concluido; lo cual acreditó con las copias certificadas de la comparecencia del quejoso ante esa autoridad el trece de julio de dos mil dieciséis, dentro del expediente laboral *** de su lista y de la constancia de notificación al impetrante del amparo de la aludida comparecencia. Luego, en proveído de veintitrés de agosto del año en curso (foja 41), con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordenó dar vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su derecho conviniere en relación al oficio emitido por la autoridad responsable en el que comunica su imposibilidad para dar cumplimiento al fallo protector, sin que realizaran manifestación alguna. Razón por la cual, y en atención al análisis de las constancias de este juicio, se permite concluir que la autoridad responsable efectivamente se encuentra impedida materialmente para dar cumplimiento a los aspectos establecidos en la ejecutoria de amparo emitida en este juicio, pues el trece de julio de dos mil dieciséis, dentro del expediente laboral *** de su lista, tuvo por desistido al actor (quejoso) a su más entero perjuicio de prestaciones así como de la acción intentada en el referido asunto, ordenándose el archivo definitivo del expediente en comento como total y definitivamente concluido; tal y como lo acredita con las constancias certificadas de la comparecencia del quejoso. Así, en principio debe tenerse presente el contenido del artículo 214 de la Ley de Amparo, que en lo conducente refiere: "Artículo 214. No podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional o no exista materia para la ejecución y así se haya determinado por el órgano jurisdiccional de amparo en resolución fundada y motivada." Del precepto legal transcrito se advierte que no puede ordenarse el archivo de un juicio de amparo en que se haya concedido la protección constitucional hasta que la sentencia se encuentre cumplida o se haya determinado que no existe materia para acatarla; lo que pone de manifiesto que debe existir un pronunciamiento por parte del Órgano Jurisdiccional de amparo a través del cual determine si existe o no una imposibilidad jurídica o material para cumplir con las sentencias de amparo. Se afirma lo anterior ya que la imposibilidad jurídica (obstáculo legal) se basa en el hecho de que al hoy quejoso dentro del expediente laboral*** del índice de la autoridad responsable, se le tuvo por desistido a su más entero perjuicio de prestaciones así como de la acción intentada en el referido asunto, ordenándose el archivo definitivo del expediente en comento como total y definitivamente concluido. En ese sentido, al haberse demostrado que se tuvo por desistido al quejoso, actor en el expediente laboral 339/2015 del índice de la autoridad responsable; de tal circunstancia se advierte que no es posible por parte de la responsable emitir la resolución respectiva en dicho asunto; en consecuencia, no existe razón para que este órgano jurisdiccional siga requiriendo su cumplimiento. En virtud de lo expuesto, conforme a lo establecido en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se considera procedente declarar sin materia el presente cumplimiento, ya que el efecto esencial para el cual se concedió el amparo, se agotó. Es aplicable la jurisprudencia publicada en la página 140 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Junio de 2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración. Ello es así porque conforme a la Ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla." De igual manera, la tesis I.7º.A.60 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Enero de 2004, página 1506, de la Novena Época, del tenor literal siguiente: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA DE AMPARO. ANTE LA MANIFESTACIÓN DE LA AUTORIDAD DE ESTAR IMPOSIBILITADA MATERIAL O JURÍDICAMENTE DE REALIZARLO, PROCEDE SE TRAMITE INCIDENTE INNOMINADO. Ante la manifestación de la autoridad de estar imposibilitada física o jurídicamente de cumplir con la sentencia protectora dictada en el juicio de amparo indirecto, a efecto de evitar diligencias innecesarias y de estar en posibilidad, en su caso, de determinar sobre el incumplimiento e imposición de las sanciones establecidas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que constituye la finalidad del procedimiento relativo al incidente de inejecución de sentencia, debe permitirse a la autoridad responsable exponer las razones por las cuales arriba a esa conclusión y probar dicho aserto, pues de demostrarlo no se le podrán aplicar las sanciones establecidas en el citado precepto constitucional, porque no habría desacato o contumacia al cumplimiento; sin que ello deba confundirse, en atención a su distinta finalidad, con los incidentes de incumplimiento de una ejecutoria y de cumplimiento sustituto de la ejecutoria de amparo." Así como la diversa I.7º.A.61 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Enero de 2004, página 1507, de la Novena Época, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA DE AMPARO INDIRECTO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO TRAMITAR EL INCIDENTE INNOMINADO TENDIENTE A DETERMINAR SI EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR EL FALLO CONSTITUCIONAL. Del examen de los artículos 107, fracción XVI, constitucional y 95, fracciones VI y X, 202 y 105 de la Ley de Amparo, se colige que al Juez de Distrito corresponde procurar el cabal cumplimiento de la ejecutoria dictada en el amparo indirecto que contenga obligaciones de hacer para la responsable, para lo cual debe agotar el procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo; por tanto, debe tramitar un incidente innominado tendiente a declarar si existe imposibilidad material o jurídica para cumplir el fallo constitucional, por ser un presupuesto esencial para que, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda ordenar el cumplimento sustituto de un fallo o, en su defecto, sobre la procedencia de imponer las sanciones correspondientes por desacato a la sentencia protectora, sin que ello deba confundirse, en atención a su distinta finalidad, con los incidentes de incumplimiento de una ejecutoria y de cumplimiento sustituto de la ejecutoria de amparo." No es óbice a lo anterior, que el último párrafo del citado numeral disponga que en caso de inejecución, se deban remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, ello es así, atendiendo al contenido integral del artículo de referencia, del cual se aprecia que su primer párrafo faculta al juez de Distrito para dictar el acuerdo correspondiente sin la intervención del Tribunal Colegiado, y dispone también que se deberán remitir los autos a la superioridad cuando exista incumplimiento, esto es, en el caso de imposibilidad material para acatarlo. Sin embargo, en el caso concreto existe imposibilidad jurídica, atendiendo al desistimiento del aquí quejoso de las prestaciones y de la acción intentada en el juicio de origen. En ese orden de ideas, se estima que el presente asunto se suscita el primer supuesto establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo; lo anterior, para los efectos legales conducentes. En ese tenor, con fundamento en el artículo 196, penúltimo párrafo y 214, ambos de la Ley de Amparo, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. En virtud de lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del dicho punto, al ser un juicio en el que se concedió el amparo solicitado. c) Igualmente, transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva, así como, las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar. e) Pasados cinco años, del dictado del presente auto, este expediente es depurable, en razón de que se conservarán la demanda y la sentencia constitucional, las cuales deberán ser digitalizadas. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintitrés de agosto de dos mil dieciséis. Visto el oficio de cuenta, suscrito por la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual informa las gestiones encaminadas a dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo; así también, informa que el aquí quejoso en fecha trece de julio de dos mil dieciséis compareció ante dicho tribunal a efecto de manifestar su desistimiento de todas y cada una de las acciones y prestaciones reclamadas en su escrito inicial de demanda; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, intégrese a los autos y téngase por hecho del conocimiento lo informado por la oficiante, para todos los efectos legales a que haya lugar. Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista al quejoso, con la misiva la que se dio cuenta y anexo que acompaña, para que dentro del plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga sobre lo manifestado por la autoridad responsable, apercibido que de no hacerlo en el plazo antes señalado, este juzgado se pronunciará sobre el mismo, conforme a las constancias que obren agregadas en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado José Jiménez Sarmiento, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2900/2016, de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa asistido ante el licenciado Luis Alberto Castro Velázquez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; dieciséis de agosto de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial que antecede, de la cual se colige que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes recurriera la sentencia dictada en el presente juicio, mediante la cual, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a Margarito Ventolero Bivanco, por propio derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86 de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora, atendiendo a que se concedió el amparo y protección de la justicia de la Unión, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, para que dentro del plazo de tres días, cumpla con la ejecutoria, lo que deberá acreditar en el mismo lapso con las constancias respectivas, la cual se otorgó en los siguiente términos: "1. Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia y de no haberlo hecho ya, de inmediato cumpla con el derecho fundamental previsto en el artículo 17 constitucional; es decir, dicte el laudo en el expediente laboral 339/2015 de su índice, que en derecho corresponda; y, 2. Notifique a las partes en el domicilio señalado en autos para tal efecto, en caso de que no lo haya hecho ya, al momento que cause ejecutoria esta determinación." Se apercibe a la citada responsable que de no hacerlo en el tiempo concedido, se le impondrá multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, la cual podrá llegar hasta mil días de salario, en caso de su inobservancia, conforme a lo dispuesto en los numerales 192 y 258 de la Ley de Amparo aplicable al caso. A su vez, se recuerda que de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Amparo, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que la autoridad antes señalada. Hecho lo anterior, se dará vista a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, este órgano de control constitucional dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Si no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de ley de la materia, para la continuación del procedimiento de inejecución de la sentencia. Ahora, con independencia de lo anterior, se informa a la citada autoridad que de constituirse en actitud omisiva, también puede hacerse acreedora a las sanciones previstas en el artículo 267 de la Ley de Amparo, así como que en caso de eludir el acatamiento del fallo protector, con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, con apoyo en el precepto invocado y en armonía con el Acuerdo General número 5/2001, del veintiuno de junio de dos mil uno, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado correspondiente, para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal, esto es, para que el Máximo Tribunal determine lo conducente sobre la separación del cargo de la autoridad contumaz y la consigne al Juez de Distrito que corresponda, por el delito de abuso de autoridad, en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo. Además, entérese a las autoridades requeridas, que aun cuando deje su puesto, seguirá siendo responsable del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL, durante el tiempo que duró su encargo y que por esa razón, también podrá ser consignada en términos de la fracción XVI, del artículo 107 constitucional. Tiene aplicación la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 10ª Época, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, visible en la página 5, cuyo rubro dice: CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Así como la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). [10ª Época; Pleno; Gaceta S.J.F.; Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I; Pág. 7]. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado José Jiménez Sarmiento, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, encargado del despacho en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/747/2016 de uno de marzo de dos mil dieciséis, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa asistido ante el Luis Alberto Castro Velázquez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege.
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