Margarito Ronquillo Bustillos
Expediente 655/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 655/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Margarito Ronquillo Bustillos
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que Margarito Ronquillo Bustillos, hubiera recurrido el auto de veintiocho de octubre del presente año, en que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 35 (Orden de archivo) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en vigor al día siguiente; este juzgador determina que el presente expediente se ubica en el supuesto previsto en el inciso d) del artículo 21 del citado Acuerdo General (juicios de amparo en los que se desechó la demanda), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no encuadra en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Consérvese en el archivo de trámite bajo resguardo de este órgano jurisdiccional durante tres años contados a partir del acuerdo de archivo; d) Transcurrida dicha temporalidad, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción; y e) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros respectivos. Finalmente, se hace constar que en el presente expediente no fueron exhibidos documentos originales. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de octubre de dos mil veinte. Radicación de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Margarito Ronquillo Bustillos, contra actos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca; con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese expediente electrónico e impreso con el número 655/2020 y regístrese en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Desechamiento. Examinada en su integridad la demanda, se advierte una causa manifiesta e indudable de improcedencia de la acción constitucional, y por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la ley normativa del juicio de garantías, debe desecharse la misma. En la especie, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo en relación con el 1o, fracción I, y 6o, párrafo primero, interpretados a contrario sensu, de la misma ley, que señalan: "Artículo 61.- El Juicio de Amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. [.]." Ahora bien, la demanda de amparo es improcedente, pues se advierte el quejoso hace consistir el acto reclamado en: "La negativa de acordar mi escrito que presenté ante la responsable, el día veintiuno de octubre de dos mil veinte, las cuales me son indispensables para presentarlas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (sic)." Y de la lectura integral de la demanda se aprecia, el quejoso manifiesta bajo protesta de decir verdad que el veintiuno de octubre de dos mil veinte, presentó un escrito ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, donde solicitó información respecto de los impuestos que declaró de manera electrónica, sin que a la fecha se le hubiera dado respuesta. En la especie, el citado acto reclamado no perjudica de manera alguna los derechos fundamentales del promovente, pues la demanda de amparo origen de este expediente, fue presentada el veintisiete de octubre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común que presta auxilio a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población, por lo que es claro que la autoridad responsable, a esa fecha, no tenía el tiempo suficiente para dar contestación a la petición ante ella presentada. Se afirma lo anterior, porque al momento de recibir la demanda de amparo (27 de octubre de 2020), no había transcurrido para dar respuesta a la petición del quejoso (presentada el 21 de octubre de 2020), el término de treinta días hábiles a que se refiere el artículo 57 del Código Fiscal para el Estado de Oaxaca, que dice: "Artículo 57. Las promociones o instancias, así como las peticiones que formulen los interesados a las autoridades fiscales deberán ser resueltas en un plazo de treinta días hábiles; transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución, el interesado podrá considerar que la autoridad resolvió negativamente e interponer mientras no se dicte la resolución, los medios de defensa a que tiene derecho, en cualquier tiempo posterior a dicho plazo. Cuando la autoridad requiera al promovente para que cumpla los requisitos que hubiere omitido en su promoción, o proporcione los elementos necesarios para resolver, éste contará con un término de diez días para cumplir dicho requerimiento. En este caso, el plazo para que las autoridades fiscales resuelvan, comenzará a correr desde que el requerimiento haya sido cumplido. En caso que no se dé cumplimiento al requerimiento en el plazo señalado se tendrá por no presentada la promoción o instancia respectiva." Este precepto señala que la autoridad fiscal a quien se dirija una petición está obligada a contestarla dentro del plazo de treinta días hábiles. En ese orden de ideas, se reitera que al haberse presentado la petición del quejoso ante la propia autoridad responsable el veintiuno de octubre en curso y la demanda de amparo el veintisiete siguiente, no habían transcurrido los treinta días hábiles que como mínimo establece el artículo 13 de la Constitución del Estado de Oaxaca, para emitir la respuesta correspondiente. Aunado a lo expuesto, cabe decir, que si bien el diverso artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que a toda petición deberá recaer un acuerdo y que la autoridad a quien se haya formulado tiene la obligación de hacerlo del conocimiento del promovente; no obstante, el numeral 13 de la Constitución Local, establece como mínimo el plazo de diez días para acordar una petición elevada por un ciudadano ante una autoridad, esto es, siempre que no haya disposición en particular que modifique dicho término, y en el caso, el Código Fiscal para el Estado de Oaxaca, señala un plazo de treinta días hábiles para dar respuesta a la petición, al cual debe atenderse; dado que estas disposiciones pueden interpretarse válidamente y de forma complementaria con el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de fijar un parámetro máximo para que las autoridades fiscales del Estado atiendan el derecho humano de petición, como lo analizó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las siguientes jurisprudencias por contradicción de tesis, que se invocan por analogía. "PETICIÓN. EL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PUEDE INTERPRETARSE VÁLIDAMENTE Y DE FORMA COMPLEMENTARIA CON EL ARTÍCULO 7 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PARA EXTRAER DE ÉSTE UN PARÁMETRO MÁXIMO A FIN DE QUE LAS AUTORIDADES ESTATALES, MUNICIPALES Y LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA ATIENDAN AQUEL DERECHO HUMANO. El artículo 7 citado, que fija el plazo máximo de 45 días hábiles para que las autoridades del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, sus Municipios y los organismos autónomos de esa entidad federativa den respuesta escrita, fundada y motivada a las instancias que les sean elevadas en ejercicio del derecho de petición, puede interpretarse válidamente y de forma complementaria con el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para extraer de aquél un parámetro máximo a fin de que dichas autoridades atiendan el derecho humano de petición, ya que la disposición estatal, mencionada, resulta ser una norma emitida por una autoridad que tiene facultades legislativas, de naturaleza coincidente, además de que no afecta la esfera de competencia que corresponde a las autoridades de otro orden jurídico, y sin restringir ni suspender el derecho de petición, pues generó -en principio y considerado en abstracto- un beneficio, no un perjuicio para las personas, al acotar el margen temporal de actuación de los entes obligados a observarla (hasta antes indefinido legislativamente) a un plazo máximo para que den respuesta, escrita, fundada y motivada a las peticiones que se les formulen, lo que no implica un lineamiento para que se dé respuesta en los términos señalados hasta el término de ese plazo máximo, el cual es un parámetro que constituye un límite formal y materialmente legislativo, a la dilación mayor que puede tener una autoridad de los órdenes sobre los que incide la previsión constitucional estatal en torno a la cual gira la presente contradicción de tesis, pero no es equiparable al "breve término" a que se refiere el artículo 8o. de la Ley Fundamental. Esto es, pese a que válidamente en el plano de legalidad sí pueda efectuarse la interpretación complementaria de ambas normas constitucionales (federal y estatal), no puede equipararse ese plazo máximo al concepto de "breve término" de la Constitución Federal, porque éste genera la necesidad de una eventual ponderación judicial en cada caso concreto, que debe llevarse a cabo por el juzgador federal respectivo (de primera o de segunda instancia) que conoce y debe resolver el juicio de amparo en que, en su caso, se reclama la violación al derecho humano de petición, destacándose que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reafirma que el concepto indicado es "aquel en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse", sustentado por la Segunda Sala del Alto Tribunal desde la Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación." (Tesis: P./J. 6/2019 (10a.), página 7, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, Décima Época, Registro: 2019190). "PETICIÓN. LA EMISIÓN DEL ARTÍCULO 7 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, QUE FIJA EL PLAZO MÁXIMO DE 45 DÍAS HÁBILES PARA QUE LAS AUTORIDADES DE ESE ESTADO, SUS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEN RESPUESTA ESCRITA, FUNDADA Y MOTIVADA A LAS INSTANCIAS QUE LES SEAN ELEVADAS EN EJERCICIO DE AQUEL DERECHO HUMANO, SE SUSTENTA EN FACULTADES DE NATURALEZA COINCIDENTE. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación retoma lo que ponderó en las ejecutorias relativas a las controversias constitucionales 31/97 y 14/2001, a la contradicción de tesis 350/2009, y a la acción de inconstitucionalidad 87/2015, respecto de los alcances e implicaciones del federalismo, de la diversidad y del pluralismo, inclusive en el ámbito de los derechos humanos, en lo que concierne a la definición de los niveles de protección de las normas sobre derechos y libertades, así como respecto a que los niveles de protección de los derechos humanos garantizados localmente podrían diferenciarse e, incluso, ampliarse sin coincidir necesariamente y en idénticos términos a los de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, teniendo en cuenta que, en esa materia, las entidades federativas gozan de un margen decisorio, al estar acotadas a actuar sin rebasar los principios rectores previstos en la Constitución Federal, ya sea en perjuicio de los gobernados, por violación a derechos humanos, o afectando la esfera de competencia que corresponde a las autoridades de otro orden jurídico, así como a que, dadas las características normativas de los derechos fundamentales, éstos se representan primeramente a través de principios o mandatos de optimización. A partir de ello, se concluye que el Constituyente del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave tiene facultades legislativas, de naturaleza coincidente, para emitir el artículo 7 de la Constitución Política de esa entidad, que fija el plazo máximo de 45 días hábiles a fin de que las autoridades de ese Estado, de sus Municipios y de los organismos autónomos locales, den respuesta escrita, fundada y motivada a toda persona que ejerza el derecho de petición ante ellas (a que alude el artículo 8o. de la Constitución General de la República), porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en ninguno de sus dispositivos jurídicos reserva al orden jurídico constitucional, o al parcial federal, ni a algún otro, la posibilidad de regular sobre el particular, de modo que, en principio, las entidades federativas pueden emitir una ley al respecto (sin invadir la esfera de algún otro orden jurídico parcial), además de que con ello no se estableció ninguna restricción ni suspensión del derecho de petición, sino que se generó -en principio y considerado en abstracto- un beneficio y no un perjuicio para las personas, al acotar el margen temporal de actuación de las autoridades de ese Estado, de sus Municipios y de sus organismos autónomos (hasta antes indefinido legislativamente) a un plazo máximo para que den respuesta escrita, fundada y motivada a las peticiones que se les formulen, sin que esa previsión de orden constitucional local llegue al grado de definir el concepto de "breve término" a que se refiere el artículo 8o. citado. Luego, incluso si se analizara la norma local al tenor del artículo 1o. de la Carta Magna, en su vigencia actual, resultaría correcta, pues al final fue emitida en aras de proteger y garantizar el derecho humano de petición en el ámbito de competencia de la autoridad que la emitió."(Tesis: P./J. 5/2019 (10a.), página 9, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, Décima Época, Registro: 2019191). Así también, es aplicable, la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 273, Tomo I, Primera Parte, Enero a Junio de 1998, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si la parte quejosa tiene la carga de acreditar los actos que reclama ante la negativa de los mismos en el informe justificado rendido por las autoridades señaladas como responsables, las pruebas que para tal efecto rinda deben estimarse con relación a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que esa es la fecha en que debe acreditarse la existencia de los actos reclamados, y no a una posterior, pues, de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron lugar a la demanda". Por lo que en la especie se advierte, que para el día en que fue presentada la demanda de garantías (siete de septiembre de dos mil diez), aún no transcurría el plazo de diez días establecido en el precepto constitucional local, mucho menos el mismo plazo para su notificación. De ahí que es dable establecer, que hasta el momento de la presentación de su escrito de demanda (siete de septiembre de dos mil diez), la autoridad que señala como responsable, no había violado las garantías individuales de los quejosos; por consiguiente, se estima que la esfera jurídica de los impetrantes de amparo no ha sido vulnerada a la fecha de la presentación de la demanda de amparo. Sobre el particular resulta conveniente invocar por analogía, la tesis de Jurisprudencia XIX.1o.5 K, visible en la página 633, del Tomo IV, Septiembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, de la Novena Época: "DERECHO DE PETICIÓN. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TERMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACION EXISTE AL. Cuando en la demanda de amparo se reclama la violación al derecho de petición por la falta de provisión de la solicitud relativa y se advierte que el promovente no dejó transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de garantías. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo". Sin que tampoco pueda estimarse violación a los derechos fundamentales del quejoso, el tiempo establecido para dar respuesta a su petición, porque la información que solicitó la pretende exhibir en un asunto laboral, dado que ello puedo hacerlo del conocimiento de la Junta de que se trate, para que la misma, en su caso, pueda requerir directamente dicha documental. En las relatadas circunstancias, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la citada causa de improcedencia, se DESECHA DE PLANO la demanda de garantías, atento a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados. Téngase al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado, y como autorizado únicamente para esos efectos a Herminio Hernández Vargas, sin las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo en vigor, hasta en tanto acredite encontrarse legalmente facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Así también, con apoyo en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, publicado el 31 de julio 2020, en el Diario Oficial de la Federación (vigente a partir del 3 de agosto de 2020), se le tiene proporcionando el correo electrónico licherminiovar@gmail.com, únicamente como forma de contacto (no para establecer comunicaciones procesales), pues las notificaciones en este asunto se continuarán haciendo en los términos que establece la Ley de Amparo. Habilitación de horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto, y entregue los oficios que del mismo deriven. Protección de Datos. Finalmente, hágase saber a las partes que en términos del artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán su suprimiendo esos datos, para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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