Margarito Romero de Diego

Expediente 332/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de junio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
332/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
18/06/2015

Partes del expediente

  • Margarito Romero de Diego

Actuaciones

  1. Principal

    Vistos los autos y específicamente la certificación que antecede, se declara que la sentencia que sobreseyó el juicio de garantías, ha causado ejecutoria. En su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se ordena realizar la anotación de que el presente expediente es destruible, una vez que transcurra el término de cinco años. Dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, tanto el expediente principal como el cuaderno incidental original, deberán transferirse al centro archivístico de la suprema corte, una vez que transcurra el plazo de tres años. Por cuanto hace al cuaderno original del incidente de suspensión, es depurable. El duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses.

  2. Incidental

    Vistos los autos y específicamente la certificación que antecede, se declara que la sentencia que sobreseyó el juicio de garantías, ha causado ejecutoria. En su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se ordena realizar la anotación de que el presente expediente es destruible, una vez que transcurra el término de cinco años. Dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, tanto el expediente principal como el cuaderno incidental original, deberán transferirse al centro archivístico de la suprema corte, una vez que transcurra el plazo de tres años. Por cuanto hace al cuaderno original del incidente de suspensión, es depurable. El duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses.

  3. Principal

    Vista la constancia de notificación personal asentada por el actuario adscrito a este Juzgado, de la que se desprende que el quejoso Margarito Romero de Diego, ratificó el escrito en el que expresó su deseo de desistirse del presente juicio constitucional. Al respecto, se estima conveniente formular las siguientes precisiones en torno a la figura jurídica del desistimiento. Como puede observarse, el desistimiento en el juicio de amparo se encuentra catalogado como una causal de sobreseimiento, siempre y cuando el quejoso ratifique el escrito en el que lo solicite, por lo que el desistimiento de la demanda de amparo implica, entre otras consecuencias, dar por terminado el juicio y retrotraer la situación legal al estado en que se encontraban las cosas antes de iniciar el procedimiento constitucional; por lo tanto, para que el juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad tanto en la intención del promovente, como en la resolución que se debe dictar al respecto, para decretar el sobreseimiento a que se refiere el antes citado artículo 63, fracción I, de la ley de la materia, debe consideraciones que tanto su voluntad de desistir, como la libertad con la que lo manifiesta, quedan acreditadas al expresarlo en la constancia de notificación personal asentada por un funcionario investido de fe pública, como lo es el Actuario adscrito a un Juzgado de Distrito. Sentado lo anterior, cabe señalar que en el caso, se tiene que el quejoso Margarito Romero de Diego, al encontrarse recluido en el Centro de Reinserción Social Regional de Apizaco, Tlaxcala, se comisionó al actuario de la adscripción para que se constituyera en dicho centro penitenciario, a fin de requerirlo para que ratificara su escrito de desistimiento; asimismo, en la constancia de notificación respectiva, se asentó que el quejoso reiteró su deseo de no continuar con el presente juicio de amparo, lo cual genera la certeza y seguridad suficiente de que la parte promovente desea dar por concluido el procedimiento constitucional que inició. En consecuencia, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio en términos del artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, dejándose sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional -NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE-. Sin que sea procedente la retracción del desistimiento al haber manifestado la parte quejosa su voluntad de desistirse del presente juicio de amparo ante la fe pública del Actuario Judicial adscrito a este Juzgado Federal.

  4. Principal

    Agréguese el escrito signado por el quejoso Margarito Romero de Diego, mediante el cual, amplía su demanda, señalando como nuevas autoridades responsables a la Directora General de los Centros de Reinserción Social en el Estado de Tlaxcala y a la Dirección del Centro de Reinserción Social de Apizaco, Tlaxcala, a quienes les reclama: "(.) El ilegal ACTO ADMINISTRATIVO DE OMISIÓN del cual fui objeto por parte de las autoridades penitenciarias de los estados de Tlaxcala ya que actualmente me encuentro recluido en el CERESO de Apizaco, Tlaxcala, ya que se me sigue el PROCESO PENAL NÚMERO 42/2015 de los del índice del Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, acto administrativo que atenta contra mi derecho humano a la vida y a la salud, ya que la semana pasada en el interior del CERESO de Apizaco, Tlaxcala fui lesionado (picado) con un arma punzocortante; esto bajo la complacencia e indiferencia de las autoridades penitenciarias a quienes de manera verbal ya les había yo manifestado que estaba en peligro la integridad física ya que me habían cambiado del área de indicados al área de procesados y/o área general de internos (.)". Ahora bien, del escrito de demanda, se advierte que el quejoso señaló como autoridad responsable al Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, a quien le reclama el auto de formal prisión de diez de marzo de dos mil quince, dictado en el proceso penal 42/2015 que se le sigue por el delito de robo calificado, cometido en agravio de César Aguilar Bacilio. En ese sentido, en el caso no se actualizan las hipótesis para la procedencia de la ampliación de demanda, pues el quejoso pretende señalar un nuevo acto reclamado y autoridades responsables, desvinculados de los inicialmente planteados, es decir, el acto administrativo de omisión que en vía de ampliación reclama, no se encuentra sujeto al acto jurisdiccional que en un principio señaló -auto de formal prisión-, dado que el acto administrativo de omisión por el que se pretende ampliar la demanda, no es consecuencia directa del auto de término, ya que mientras en el primero se atenta contra derechos fundamentales como el de legalidad y seguridad jurídica, en el segundo se vulnera el derecho a la integridad física del quejoso. Por tanto, RESULTA IMPROCEDENTE LA AMPLIACIÓN QUE SE PLANTEA, pues como se dijo, el nuevo acto reclamado no tiene relación con el auto de formal prisión inicialmente señalado. No obstante lo anterior, comuníquese a la parte quejosa que se encuentra en aptitud de hacer valer sus derechos en la vía que estime pertinente, o bien, de presentar diversa demanda de amparo.

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