Margarito Rojas Romero

Expediente 564/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
564/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
19/06/2018

Partes del expediente

  • Margarito Rojas Romero

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecinueve de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de cuatro de junio de dos mil dieciocho, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Margarito Rojas Romero, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Ahora bien, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por proveído de cuatro de junio del año que transcurre, se desechó la demanda de amparo de que se trata, determinación que causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto. Asimismo, tomando en consideración que en autos obra un documento susceptible de devolución exhibido por el quejoso; en consecuencia, con fundamento en el último párrafo, del punto décimo primero, del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérasele para que dentro del término de noventa días, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado a recoger tal documental y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no hacerlo, se podrá destruir junto con el expediente. Finalmente, atendiendo a las particularidades del juicio en que se actúa, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Notifíquese; y personalmente al quejoso.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PERITO OFICIAL EL AUTO DE ESTA FECHA QUE A LA LETRA DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de junio de dos mil dieciocho. Visto el oficio de cuenta, signado por Margarita Velázquez Escudero, perito oficial designada por este Juzgado, mediante el cual solicita se requiera a la parte quejosa a fin de que aporte diversos documentos para estar en posibilidad de emitir su opinión técnica. Ahora bien, debe precisarse que en proveído de treinta de abril del año en curso, se estableció que la pericial en materia contable se desahogará, teniendo en cuenta solo la información contenida en actuaciones y la documentación exhibida por la parte quejosa en el escrito acordado el veintiocho de febrero del año actual, a fin de determinar lo siguiente: 1. Si los párrafos cuarto y octavo (último), de la fracción XI, del artículo 27, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente para el ejercicio fiscal dos mil catorce, a través de los cuales se prevé la deducibilidad de erogaciones por concepto de previsión social, atendiendo a la forma en que se organicen los trabajadores como sindicalizados o no sindicalizados, se individualizó en la esfera jurídica de la moral quejosa. 2. En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, y de haberse calculado el impuesto sobre la renta a su cargo aplicando la limitante antes mencionada, deberá precisarse el periodo al que corresponden, así como el tributo que debió pagarse aplicando los deducibles correspondientes en términos de la ejecutoria de amparo. 3. De existir un saldo a favor de la parte quejosa, informar a cuánto asciende, explicando los cálculos, métodos y procedimientos realizados con el fin de tener un perfecto entendimiento de la manera a que se arribó a tal conclusión. Además en acuerdo de veintidós de mayo del año actual, se determinó que el presente juicio de amparo no es el medio para hacer que el quejoso allegue su contabilidad, pues ello podría generar que la autoridad responsable a través de un medio de control constitucional se imponga de tal información y realice una "consulta de gabinete", para lo cual se hace necesario que previo a esto se cumplan los requisitos de legalidad que toda orden de este tipo debe contener, aunado que éste no es el medio para hacerlo. En consecuencia, requiérase a la perito oficial para que dentro del plazo de diez días hábiles, previsto en el artículo 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, rinda el dictamen pericial encomendado con la información que obra en autos. Hágase del conocimiento de la perito oficial que al emitir su opinión técnica, en caso de no poder dar respuesta a algún cuestionamiento, deberá manifestarlo expresamente y exponer el motivo o las circunstancias que se lo impiden. Asimismo, dicha perito deberá precisar si los cuestionamientos planteados por la autoridad responsable en el oficio 500-50-00-02-04-2018-5809, son necesarios para dar respuesta a los tres puntos reseñados anteriormente, pues el incidente innominado que se tramita tiene como objeto solamente determinar si conforme a los lineamientos de la ejecutoria de amparo existe una cantidad a devolver a la parte quejosa con motivo de la protección constitucional. Apercibida que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo concedido, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Por otra parte, visto el escrito de cuenta, signado por Oscar Castañeda Luna, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, a través del cual remite diversa documentación a fin de que los peritos designados por las partes estén en posibilidad de emitir su opinión técnica; con fundamento en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2, se le tiene desahogando el requerimiento realizado en proveído de veintidós de mayo del año en curso. De conformidad con el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, con las documentales remitidas, fórmense dos cuadernos auxiliares por separado para su fácil manejo debidamente identificados y comuníquese a las partes que éstos quedan a su disposición para consulta en la secretaría de este juzgado, por lo que al no obrar en éste expediente, no serán digitalizados.

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