Margarito Rodríguez Cervantes

Expediente 170/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 39 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
170/2023
Año
2023
Actuaciones
39
Última actuación
13/07/2023

Partes del expediente

  • Margarito Rodríguez Cervantes y Otros.
  • Margarito Rodríguez Cervantes
  • María Micaela Álvarez Escobar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 39.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de julio de dos mil veintitrés. SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación de cuenta se advierte que el término de tres días concedido a la parte quejosa en auto de siete de junio del año en curso, a fin de que exhibiera diecisiete copias más de su escrito de agravios, respecto del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos, a la fecha ha fenecido, sin que lo hubiera hecho. Consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de mérito y se tiene por no presentado el recurso de revisión que pretendía hacer valer la parte quejosa contra la sentencia dictada en autos; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. CAUSA EJECUTORIA. Asimismo, de la propia certificación se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada por este Juzgado el dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó el presente asunto, promovido por******************** y********************por tanto, se acuerda lo siguiente. Consecuentemente, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Por otro lado, hágase la devolución del tomo de pruebas consistente en copia certificada del expediente familiar ******************** del índice del Juzgado Noveno de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, que adjuntó a su informe justificado. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Ahora, de la revisión de los autos, específicamente la segunda parte de la certificación que obra al rubro de este auto, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede se advierte que en la caja de seguridad de este juzgado no obra documento de valor relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de que el mismo se SOBRESEYÓ, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el precepto citado en segundo término, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. DESTINO DE INCIDENTES. Con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de conservable, ya que se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva. Consecuentemente, una vez transcurridos tres años contados a partir de presente proveído, deberá ser transferido al Centro Archivístico que corresponda. BILLETE DEPÓSITO En otro entorno, como se desprende en la última parte de la certificación de cuenta, en la caja de seguridad de este juzgado se encuentra en resguardo el billetes de depósito número N-941791, expedido por Banco del Bienestar, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo, que ampara la suma de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), exhibido por la parte quejosa con motivo de la suspensión definitiva concedida en resolución interlocutoria de uno de marzo de dos mil veintitrés en consecuencia se provee lo siguiente: Hágase saber a la parte quejosa que una vez transcurridos los seis meses a que se refiere el artículo 156 de la Ley de Amparo, contado a partir del siguiente al de la notificación de este proveído a la parte tercero interesada, podrá solicitar la devolución de dicho certificado de depósito, en el entendido que de no hacerlo en ese lapso, transcurridos dos años, prescribirá a favor del Erario Federal y se efectuará la orden de transferencia correspondiente a la Tesorería de la Federación, de conformidad con el numeral 50 de la Ley de Tesorería de la Federación. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE TERCERO INTERESADA BISMARCK RODRIGUEZ ALVAREZ, EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, trece de julio de dos mil veintitrés. SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación de cuenta se advierte que el término de tres días concedido a la parte quejosa en auto de siete de junio del año en curso, a fin de que exhibiera diecisiete copias más de su escrito de agravios, respecto del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos, a la fecha ha fenecido, sin que lo hubiera hecho. Consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de mérito y se tiene por no presentado el recurso de revisión que pretendía hacer valer la parte quejosa contra la sentencia dictada en autos; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. CAUSA EJECUTORIA. Asimismo, de la propia certificación se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada por este Juzgado el dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó el presente asunto, promovido por******************** y********************por tanto, se acuerda lo siguiente. Consecuentemente, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Por otro lado, hágase la devolución del tomo de pruebas consistente en copia certificada del expediente familiar ******************** del índice del Juzgado Noveno de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, que adjuntó a su informe justificado. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Ahora, de la revisión de los autos, específicamente la segunda parte de la certificación que obra al rubro de este auto, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede se advierte que en la caja de seguridad de este juzgado no obra documento de valor relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de que el mismo se SOBRESEYÓ, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el precepto citado en segundo término, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. DESTINO DE INCIDENTES. Con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de conservable, ya que se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva. Consecuentemente, una vez transcurridos tres años contados a partir de presente proveído, deberá ser transferido al Centro Archivístico que corresponda. BILLETE DEPÓSITO En otro entorno, como se desprende en la última parte de la certificación de cuenta, en la caja de seguridad de este juzgado se encuentra en resguardo el billetes de depósito número N-941791, expedido por Banco del Bienestar, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo, que ampara la suma de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), exhibido por la parte quejosa con motivo de la suspensión definitiva concedida en resolución interlocutoria de uno de marzo de dos mil veintitrés en consecuencia se provee lo siguiente: Hágase saber a la parte quejosa que una vez transcurridos los seis meses a que se refiere el artículo 156 de la Ley de Amparo, contado a partir del siguiente al de la notificación de este proveído a la parte tercero interesada, podrá solicitar la devolución de dicho certificado de depósito, en el entendido que de no hacerlo en ese lapso, transcurridos dos años, prescribirá a favor del Erario Federal y se efectuará la orden de transferencia correspondiente a la Tesorería de la Federación, de conformidad con el numeral 50 de la Ley de Tesorería de la Federación. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de junio de dos mil veintitrés. INTERPONE RECURSO DE REVISIÓN; SE REQUIEREN COPIAS. Visto el escrito de cuenta, signado por Delia López Colín autorizada de los quejosos Margarito Rodríguez Cervantes y María Micaela Álvarez Escobar; a través del cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en el juicio de amparo en que se actúa. No obstante, previo a proveer en cuanto al fondo de su petición; con apoyo en el artículo 88, párrafo segundo de la Ley de Amparo, requiérase a la ocursante para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente en que quede notificada de este proveído, exhiba diecisiete copias más del escrito de agravios de cuenta, ya que en la especie se requieren veintidós y únicamente exhibió cinco. Lo anterior, debido a que se requieren dieciocho para las autoridades responsables, dos para los terceros interesados, una para el fiscal adscrito al tribunal de alzada y una más para agregar a este expediente, tal como dispone el referido precepto; bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesto dicho recurso. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con José Sierra Ortiz Secretario que autoriza y da fe.svm

  4. Principal

    VISTOS los autos del juicio de amparo número VII-170/2023, promovido por ********************, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el quince de febrero de dos mil veintitrés en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnado al día siguiente a este juzgado, ********************, por propio derecho, promovieron demanda de amparo contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial y otras autoridades; ocurso en el que los quejosos narraron los antecedentes del caso, precisaron los preceptos constitucionales que estimaron vulnerados y formularon los conceptos de violación que consideraron pertinentes. SEGUNDO. Admisión de la demanda y trámite del juicio. En proveído de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda; se solicitó el informe con justificación las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, y se fijó fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional. Seguido el juicio por sus trámites legales, en auto de ocho de marzo de dos mil veintitrés se reconoció el carácter de terceros interesados a Rocío Léon Pérez, por sí y en cuanto representante de la menor de iniciales A.R.I., así como a Donovan Rodríguez León, todos éstos en su calidad de actores en el juicio de origen; de igual manera, se reconoció tal carácter a Bismark Rodríguez Álvarez en cuanto demandado; proveído en el que además se determinó nombrar a la menor tercero interesada un representante especial, para lo cual se ordenó girar oficio al Delegado Regional de la Defensoría Pública Federal, en esta ciudad, a efecto de que designara a quien correspondiera para que fungiera como tal. Así, una vez recibidos los informes justificados solicitados a las responsables; emplazados los terceros interesados y designado un representante especial a la menor tercero interesada, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver del presente asunto, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Además, se considera dicha competencia legal porque se trata de una demanda de amparo promovida contra un acto emitido por una autoridad en materia familiar, circunscrita a la competencia mixta de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en: El acto de molestia realizado el doce de febrero de dos mil veintitrés, en el domicilio de los quejosos, ubicado en calle Hacienda de Corralejo número 21, Colonia Independencia, en esta ciudad y la inminente privación de la propiedad y posesión de los bienes que se encuentran en él, con motivo del requerimiento de pago de alimentos y embargo ordenado en auto de seis de junio de dos mil veintidós, en contra de su hijo Bismark Rodríguez Álvarez, demandado en el juicio sumario familiar 1091/2009, del índice del Juzgado Noveno de Primera Instancia en Materia Familiar de Morelia, Michoacán. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Del informe justificado rendido por la autoridades responsables Jueces Primero, Segundo, Tercero, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, así como por los Actuarios de sus respectivas adscripciones, se advierte que negaron la existencia del acto reclamado. Por otro lado, de los autos se obtiene que las autoridades responsables Juez y Actuario del Juzgado Cuarto de Primera instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial fueron omisos en rendir su informe justificado, aún y cuando consta de autos que recibieron el oficio a través del cual les fue solicitado. No obstante, no ha lugar a proceder conforme a lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, esto es, tener por cierto el acto que les fue atribuido; lo anterior, en atención a que las diversas autoridades responsables Juez y Actuario, ambos adscritos al Juzgado Noveno de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial aceptaron su existencia, por lo que la certeza que pudiera derivar de la omisión de rendir su informe justificado, queda desvirtuada. Consecuentemente y como la parte quejosa no ofreció en autos prueba alguna para demostrar lo contrario, procede sobreseer en el juicio de amparo. Lo expuesto con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo vigente y la Jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamados al Juez Noveno de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial y Actuaria de su adscripción, toda vez que al rendir sus respectivos informes con justificación, aceptaron su existencia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Además, la existencia de los actos reclamados se corrobora con las constancias que la autoridad responsable citada en primer término remitió como sustento a su informe justificado, relativas al juicio sumario familiar número 1091/2009 de su índice, a partir de la sentencia interlocutoria de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del ordenamiento adjetivo Federal anotado, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. QUINTO. Antecedentes del juicio de origen. A efecto de dilucidar el asunto a estudio, se procederá a realizar una reseña de aquellas constancias que integran el juicio de origen y que guardan relación con el acto reclamado. El catorce de noviembre de dos mil diecinueve se dictó sentencia interlocutoria dentro del incidente sobre cuantificación y liquidación de alimentos promovido por Rocío León Pérez por sí y en representación de sus hijos A.R.L. y Donovan Rodríguez León frente a Bismark Rodríguez Álvarez, dentro de los autos del juicio sumario familiar 1091/2009, en la que resolvió: "PRIMERO.- Este Juzgado es competente para conocer y resolver interlocutoriamente el presente incidente. SEGUNDO.- Se declara parcialmente procedente el incidente de cuantificación y liquidación de alimentos, interpuesto por la señora Rocío León Pérez, como representante legal de sus menores hijos D.R.L. y A.R.L., frente al señor Bismark Rodríguez Álvarez, quien demostró parcialmente sus excepciones y defensas; por consiguiente. TERCERO.- Se condena al incidentado a pagar la suma que se indicó en la parte infine del considerando segundo del presente fallo. CUARTO.- No se hace condena en pago de gastos y costas de esta incidencia. QUINTO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. (.)" Condena que de la parte considerativa de la resolución se desprende que ésta se hizo consistir en pago de la cantidad de $167,253.76 (ciento sesenta y siete mil doscientos cincuenta y tres pesos 76/100 moneda nacional), por concepto de pensión alimenticia no cubierta durante el periodo comprendido del uno de septiembre de dos mil once al treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, a favor de sus hijos A.R.L. y Donovan Rodríguez León. Resolución anterior que al ser materia de apelación por parte de la incidentista, fue confirmada por la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, mediante sentencia de treinta y uno de enero de dos mil veinte pronunciada dentro del toca I-11/2020. Mediante escrito dirigido a la Jueza responsable (fecha de presentación ilegible), la tercero interesada Rocío León Pérez le solicitó instruyera al actuario de su adscripción a efecto de que se apersonara en legal y debida forma en el domicilio del incidentado Bismark Rodríguez Álvarez y lo requiriera de manera personal sobre el pago de los condenado, solicitando la habilitación de días y horas hábiles ya que tenía conocimiento que este último laboraba fuera de la ciudad y solo asistía a su casa los fines de semana. A la anterior solicitud recayó el acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, a través del cual la jueza responsable requirió a la solicitante para que dentro del término de tres días proporcionara el domicilio del obligado alimentista a efecto de estar en posibilidad de proveer en cuanto al fondo de su solicitud. En auto de seis de junio de dos mil veintidós, la juez responsable tuvo a la solicitante Rocío León Pérez, proporcionando como domicilio de Bismark Rodriguez Álvarez, el ubicado en la calle Hacienda de Corralejo número 21, de la colonia Independencia, en esta ciudad (entre las calles 16 de Septiembre e Independencia); consecuentemente, comisionó a la Actuaria de su adscripción a efecto de que se constituyera en el aludido domicilio y requiriera al obligado alimentario del pronto y efectivo pago de lo condenado. Con el apercibimiento que de no hacerlo se le embargarían bienes suficientes para garantizar el pago de lo reclamado y los pusiera en posesión real y material de la persona que la promovente designara como depositario y, para el caso de seguir incumpliendo con su obligación, se procedería de igual forma con las mensualidades subsecuentes. Mediante escrito de fecha diecinueve de octubre de dos mil veintidós (fecha de presentación ilegible), Rocío León Pérez manifestó a la juez responsable que el deudor alimentista se encontraba en su domicilio los sábados y domingos, por lo que insistió en la habilitación de días y horas inhábiles para efectuar el requerimiento de pago y embargo. Solicitud a la que recayó el proveído de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, en el que la jueza responsable habilitó días y horas inhábiles de despacho para que la actuaria de su adscripción se constituyera en el domicilio del deudor alimentario proporcionado previamente por la incidentista, a fin de que llevara a cabo el requerimiento de pago ordenado en auto de seis de junio del propio año. Acta de requerimiento de pago de alimentos de doce de febrero de dos mil veintitrés, levantada a las diez horas con quince minutos por la licenciada Yuritzi Yazmín Gutérrez Arias, actuaria adscrita al Juzgado Noveno Oral Familiar de este Distrito Judicial, en la que asentó que se constituyó en compañía de Rocío León Pérez, en el domicilio ubicado en la calle Hacienda de Corralejo número 21 en la colonia Independencia de esta ciudad; del que se cercioró por así indicarlo la placa denominativa de la calle y número exterior; además, porque así se lo indicó el propio deudor alimentista Bismarck Rodríguez Álvarez, quien no se identificó por no querer hacerlo; sin embargo, sus rasgos físicos eran coincidentes con los que obran en la copia de la identificación que se encontraba agregada a los autos (la que se adjuntó a la actuación). Una vez identificado el deudor y haberlo encontrado en el domicilio proporcionado por Rocío León Pérez, la actuaria procedió a requerirlo del pronto y efectivo pago de la suma a la que fue condenado en sentencia interlocutoria de catorce de noviembre de dos mil diecinueve. Requerimiento al que el deudor alimentista manifestó no contar con dinero para realizar el pago de dicha cantidad. Motivo por el cual la actuaria lo requirió para que señalara bienes para garantizar el pago del adeudo; a lo que señaló no tener bienes para su embargo y que no permitiría el acceso de la actuaria ni de la incidentista al domicilio. A lo anterior, la incidentista manifestó que al encontrarse plenamente acreditado que el domicilio en el que se practicó la diligencia, correspondía al del deudor alimentista, se reservaba el derecho para solicitar los medios de apremio que establece la ley para ejecutar el acuerdo de seis de junio de dos mil veintidós. Acto de molestia que constituye la materia de reclamo en esta instancia constitucional. SEXTO. Procedencia del juicio de amparo. Examinada la certeza del acto reclamado y realizada una reseña de las principales constancias que integran el juicio de origen, se analizará la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia, que prevé: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." De la porción normativa transcrita se advierte que no es necesario que alguna de las partes invoque la actualización de causales de improcedencia para que se agote su estudio; precisamente porque su análisis es de orden público. En el caso concreto, quien aquí resuelve advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" La hipótesis citada, debe analizarse conjuntamente con lo que establece el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y el numeral 107, fracción I, de la Constitución Federal, que señalan lo siguiente: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el Juicio de Amparo artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [...]". De los artículos transcritos, se obtiene que los juicios constitucionales se seguirán siempre a instancia de parte agraviada, debiéndose entender por ésta, aquélla que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre y cuando se alegue violación a los derechos reconocidos por la constitución, a virtud del acto de autoridad que se reclama, el cual habrá de trascender en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa (interés jurídico) o bien, derivado de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Asimismo, señalan que cuando el acto reclamado emane de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Corrobora lo anterior, la tesis número I. 13o. C.12 C (10a.), de rubro y texto siguiente: "Registro digital: 2006503 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materia(s): Común, Civil Tesis: I.13o.C.12 C (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, página 2040 Tipo: Aislada INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO. SUS DIFERENCIAS EN MATERIA CIVIL. La doctrina concibe al interés legítimo como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen, sin embargo, un interés en que un derecho fundamental, sea respetado o reparado. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación a la persona cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por cierta norma jurídica, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. La nueva Ley de Amparo diferencia claramente el interés jurídico del legítimo, pues al respecto el artículo 5o., preceptúa que el primero consiste en un derecho subjetivo y el segundo se refiere a una situación frente al orden jurídico. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con ese precepto fue, precisamente permitir el acceso al amparo a aquellas personas no afectadas en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico); es decir, ampliar el número de personas que pudieran acceder a la Justicia Federal en defensa de intereses, difusos y colectivos. Es así que no resulta factible equiparar ambas clases de interés -jurídico y legítimo-, pues la doctrina, la jurisprudencia y el órgano legislativo que expidió la Ley de Amparo así lo han estimado al señalar que mientras el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés respecto de la legalidad de determinados actos, interés que no proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, sino directa o indirectamente de su situación particular respecto al orden jurídico. Por consecuencia, el interés jurídico en materia civil establecido en la ley de la materia tiene por fin garantizar derechos fundamentales contra actos de autoridad jurisdiccional y, por su parte, el interés legítimo se dirige a garantizar tales derechos, pero vinculados con actos atribuibles a autoridades administrativas que afecten a personas o a determinados núcleos sociales; de ahí sus evidentes diferencias." En el caso que nos ocupa, los actos reclamados derivan de un procedimiento seguido ante el Juzgado Noveno de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, en el cual se ordenó el requerimiento de pago y embargo de bienes de propiedad suficientes del demandado en un inmueble cuya titularidad aducen ostentar los quejosos; por ende, éstos deben acreditar el interés jurídico que tienen sobre éste, o dicho en otras palabras, la afectación a sus derechos sustantivos protegidos por la norma. En efecto, respecto al tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 257/2013, en la que señaló, principalmente, que la persona que se ostenta extraña al juicio de origen (como en la especie los quejosos) tiene interés jurídico para promover el juicio de amparo indirecto en contra de la determinación que hace efectivo el apercibimiento contenido en la orden de embargo, en cuanto al uso de la fuerza pública y la fractura de cerraduras sobre el inmueble que habita y que es de su propiedad; en virtud de que dicho acto afecta sus derechos de propiedad y de inviolabilidad de su domicilio, como parte del derecho a la privacidad. Para arribar a esa decisión, primeramente hizo referencia a las instituciones jurídicas que consideró importantes para la solución de dicha contradicción de tesis, a saber: el interés jurídico; la persona extraña al juicio; y, la inviolabilidad al domicilio. Por lo que hace al interés jurídico, lo definió como la pretensión que se encuentra reconocida por las normas de derecho y se refiere a la titularidad de los derechos afectados por el acto reclamado, de manera que el sujeto afectado solamente en sus derechos puede acudir al juicio de amparo. Además, señaló que el interés jurídico guarda íntima relación con el principio de afectación personal y directa que rige en el juicio de amparo y que, vistos en su conjunto, permiten afirmar que, cuando se reclama un acto o resolución emitida en un procedimiento jurisdiccional, su procedencia está sujeta a que se cause un agravio personal y directo a la persona que solicita la protección constitucional, por estimar que es titular de un derecho subjetivo. Indicó que el interés jurídico está en relación directa con el derecho subjetivo afectado y el promovente del juicio de amparo es el que debe ser el titular de tal derecho, así como que tal institución jurídica debe acreditarse fehacientemente para efectos del juicio de amparo, sin que pueda inferirse con base en presunciones, en atención al carácter excepcional que tiene el juicio de amparo y los efectos que debe tener la sentencia que conceda el amparo, ya que encierra una declaración de restitución de esos derechos afectados o violados por el acto de autoridad. Por cuanto hace a la persona extraña al juicio indicó que el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, definió que se considera como tal aquella que no tenga la condición de parte constituida en el juicio o en el procedimiento y que sufre un perjuicio dentro de aquél o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas; además, que quedaba incluida en ese concepto la parte que no fue emplazada o que lo fue incorrectamente. Sobre esa base, que si la persona que se ostenta extraña al juicio estima que existe una afectación en su esfera jurídica por un acto de autoridad, debe demostrar su interés jurídico fehacientemente, es decir, que es titular del derecho subjetivo que estima afectado por el acto de autoridad, para hacer procedente el juicio biinstancial. Por lo que hace a la inviolabilidad del domicilio, la definió como el derecho fundamental que impide que se efectúe alguna entrada y registro en el domicilio, salvo que exista una orden judicial en los términos previstos por el artículo 16 constitucional, o se actualice algún caso de excepción. Precisó que el acto de molestia domiciliaria, se debe limitar constitucionalmente como algo que merece ser inviolable a menos que se trate de actuaciones públicas realizadas bajo condiciones muy estrictas, en torno a un elemento muy claro: la intimidad o privacidad de las personas. Señaló que el domicilio y la vida privada se encuentran intrínsecamente ligados, ya que el domicilio se convierte en un espacio en el cual se puede desarrollar libremente la vida privada; asimismo, que el domicilio constitucionalmente protegido será el espacio en el cual el individuo permanece sin estar sujeto de manera necesaria a los usos y convencionalismos sociales, donde ejerce su libertad más íntima y desarrolla su vida privada y su personalidad, quedando protegido no sólo el espacio físico, sino la posibilidad de florecimiento razonablemente libre del escrutinio ajeno que el mismo representa. Sobre esa base, indicó que lo que protege la Constitución Federal es el acceso arbitrario o abusivo al domicilio del gobernado, como parte de la protección al derecho de privacidad de las personas. Asimismo, en la propia ejecutoria citó como casos concretos de ejemplo dos supuestos. El primero, en el que consideró que la orden de embargo sobre bienes muebles propiedad de la parte demandada, con la finalidad de garantizar el adeudo contraído, constituye un acto que no causa afectación al quejoso (persona extraña al juicio), porque esa orden es clara en determinar a quién va dirigido ese acto de autoridad, esto es, al demandado quien es parte en el juicio de origen y a quien perjudicaría tal determinación, por tratarse de una afectación sobre bienes muebles de su propiedad. Por tanto, en este caso, concluyó que el que se ostenta extraño al juicio carece de interés jurídico para promover el juicio de amparo indirecto en contra de esa determinación judicial, al no existir afectación alguna en su esfera jurídica de derechos. El segundo supuesto que consiste en la materialización del apercibimiento consistente en el uso de la fuerza pública y la fractura de cerraduras en el inmueble del que el quejoso (también tercero extraño a juicio) dice ser propietario y tener su domicilio, y que corresponde con aquel en que se habrá de llevar a cabo la diligencia de embargo sobre bienes del demandado, SÍ afecta a la persona que se ostenta extraña al juicio; ello, porque los derechos fundamentales que se vulneran con tal determinación judicial son, tanto el de la inviolabilidad del domicilio, como parte del derecho a la privacidad, de quien se ostenta extraño al juicio, como el derecho de propiedad. Es decir, que cuando se pretende llevar a cabo el acto de autoridad en el domicilio de quien no es parte en el juicio, respecto del cual acredita ser el propietario y tener ahí su domicilio, constitucionalmente protegido, porque ahí es en donde desarrolla libremente su vida privada, es evidente que la posible fractura de cerraduras y la eventual intromisión a su espacio privado son susceptibles de generar alguna afectación a sus derechos fundamentales de propiedad y de inviolabilidad del domicilio, pues el hecho de que se quebranten las cerraduras de la casa en donde se pretende llevar a cabo la diligencia de embargo de bienes muebles del demandado y se ingrese a su domicilio para sustraer los bienes que se lleguen a embargar, dan cuenta de ello. Entonces, precisó el Alto Tribunal, que si la persona extraña al juicio aduce la afectación a sus derechos humanos en virtud de la intromisión al inmueble donde tiene su domicilio y que es de su propiedad, como consecuencia de la resolución en la que se hace efectivo el apercibimiento de la fractura de cerraduras y prueba que ese lugar es donde desarrolla libremente su vida privada y, además, demuestra ser propietario del bien, es inconcuso que tiene interés jurídico para promover el juicio de amparo indirecto, pues existe una afectación en su esfera jurídica (su propiedad y su domicilio, como parte del derecho a la privacidad) por un acto de autoridad (la autorización de llevar a cabo la fractura de cerraduras y el uso de la fuerza pública) y que demostró ser el titular del derecho afectado por el acto de autoridad (propiedad e inviolabilidad de domicilio). Las anteriores consideraciones, dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 123/2013, que dice: "Registro digital: 2005231 Instancia: Primera Sala Décima Época Materia(s): Común, Civil Tesis: 1a./J. 123/2013 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, página 1023 Tipo: Jurisprudencia PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DEL USO DE LA FUERZA PÚBLICA Y LA FRACTURA DE CERRADURAS DERIVADO DE UNA ORDEN DE EMBARGO, EN EL INMUEBLE DE SU PROPIEDAD DONDE TIENE SU DOMICILIO. En un juicio de naturaleza civil, la persona extraña a juicio tiene interés jurídico para promover amparo indirecto contra la determinación que hace efectivo el apercibimiento contenido en una orden de embargo, en cuanto al uso de la fuerza pública y la fractura de cerraduras (en caso de oposición) sobre el inmueble de su propiedad y en el cual tiene su domicilio. Lo anterior, ya que la afectación a su esfera jurídica se produce porque con la citada orden existe la posibilidad de que se vulneren los derechos fundamentales a la propiedad e inviolabilidad del domicilio injustificadamente; de ahí que resulte procedente el juicio de amparo indirecto, cuando la persona extraña a juicio demuestra ser propietaria del inmueble y tener su domicilio en éste, sin que ello prejuzgue sobre el fondo del asunto, toda vez que la determinación de hacer efectivo dicho apercibimiento constituye la materia del amparo en el que habrá de dilucidarse si esa autorización se encuentra ajustada a derecho." Sentado lo anterior debe decirse, que por lo que respecta al quejoso Margarito Rodríguez Cervantes, el que suscribe considera carece de interés jurídico. Es así, pues partiendo de la base de que el quejoso de mérito se ostenta como poseedor del inmueble donde habrá de tener ejecución el acto de molestia reclamado, es claro que le corresponde acreditar su interés jurídico, es decir, demostrar plenamente que ejerce sobre el inmueble ubicado en la calle Hacienda de Corralejo número 21, de la colonia Independencia, en esta ciudad, algún derecho suficiente y merecedor de protección constitucional, al ser titular de éste a través de un acto protegido por alguna figura jurídica. Ahora, si bien obra en autos copia cotejada de la escritura pública número 18,121, pasada ante la fe del Notario Público Número 15, con ejercicio y residencia en esta ciudad, respecto del inmueble ubicado en una fracción del lote número 38, ubicado en la calle Hacienda de Corralejo de la colonia Independencia, en esta ciudad (actualmente número 21 de la propia calle y colonia), así como copia certificada del acta de matrimonio en la que aparecen como contrayentes Margarito Rodríguez Cervantes y Micaela Álvarez Escobar, debe decirse que tales documentos resultan ineficaces para acreditar el interés jurídico del primero de los mencionados. Se estima de tal forma, en virtud a que del instrumento notarial de que se trata se desprende que la propietaria del inmueble descrito lo es la diversa quejosa María Micaela Álvarez Escobar. Asimismo, por lo que respecta al acta de matrimonio, dicha documental únicamente demuestra la unión matrimonial entre dos personas y, aún y cuando éstos se hubieren sometido al régimen de sociedad conyugal, de la escritura pública de desprende que la adquisición del inmueble donde habrá de verificarse el acto de molestia reclamado, se formalizó el treinta y uno de julio de mil novecientos cuarenta y uno, en tanto que la unión matrimonial tuvo lugar el diecinueve de febrero de mil novecientos setenta, por lo que dicho inmueble no podría ser considerado, en su caso, parte de la sociedad conyugal. Lo anterior pone de manifiesto la improcedencia del juicio de garantías por lo que respecta al quejoso Margarito Rodríguez Cervantes, dado que en autos no se demostró que el acto de molestia ordenado lesione su interés jurídico y que, por ello, se encuentre legitimado para ocurrir en demanda de la protección constitucional respecto de los actos de autoridad que reclama; motivo que obliga a sobreseer en el presente juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor. Por otro lado, respecto la diversa quejosa María Micaela Álvarez Escobar se considera que al igual que el diverso Margarito Rodríguez Cervantes, carece de interés jurídico, porque el acto respecto del cual las autoridades responsables aceptaron la existencia, consistente en la orden de requerimiento de pago y embargo en el domicilio que defiende, ubicado en la calle Hacienda de Corralejo número 21, de la colonia Independencia, en esta ciudad, no se encuentra dirigida a la peticionaria de amparo. En efecto, de acuerdo a lo resuelto en la precitada ejecutoria por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se reclama la orden de embargo a ejecutarse en un domicilio del quejoso que se ostenta persona extraña a juicio, se considerará que éste tiene interés jurídico en el juicio de amparo, cuando en dicha orden de embargo se encuentre autorizada del rompimiento de cerraduras y uso de fuerza pública; ya que en este caso, lo que se pondera es el derecho de propiedad, de inviolabilidad en el domicilio y de privacidad. En cambio, se estima que no asiste interés jurídico al peticionario de amparo, cuando lo que reclame consista únicamente en el auto de ejecución o en su caso el embargo, que si bien ordena que se verifique en el domicilio que la quejosa defiende, dicho mandamiento se encuentre dirigido a persona distinta a ella. Se considera que la quejosa carece de interés jurídico, en primer término, porque si bien es cierto que en autos quedó acreditada la existencia de un mandamiento de ejecución o, en su caso, el embargo, en el domicilio que defiende -auto de seis de junio de dos mil veintidós - más lo es, que éste no se encuentra dirigido a su persona, sino a su hijo Bismark Rodríguez Álvarez, quien es el demandado en la contienda natural. De modo que, atendiendo a las consideraciones anotadas anteriormente, sería a éste a quien, en todo caso perjudicaría tal determinación, de quien se ordenó el embargo en bienes de su propiedad suficientes para garantizar el pago retroactivo de pensión alimenticia a favor de sus hijos A.R.I. y Donovan Rodríguez León. En segundo término, porque siguiendo las líneas establecidas en la ejecutoria señalada en los párrafos precedentes, en todo caso, la determinación que podría irrogar un perjuicio a la peticionaria de amparo, sería aquella que autorizara el uso de la fuerza pública y el rompimiento de cerraduras del inmueble que acredite ser poseedora en razón de una escritura privada registrada a que alude y tener ahí su domicilio, pues sólo hasta ese momento se podría establecer con entera certeza que pudiera ocasionarse una violación al domicilio y privacidad de la quejosa, en su carácter de tercera extraña al procedimiento. Sin embargo, tenemos que a la fecha no se ha autorizado el uso de la fuerza pública y el rompimiento de cerraduras, y si bien ello fue solicitado por la incidentista Rocío León Pérez mediante escrito de fecha veinte de febrero de dos mil veintitrés (fecha de presentación ilegible); lo cierto es que mediante proveído de veintiuno siguiente, la jueza responsable determinó no proveer de conformidad lo solicitado, con motivo de la suspensión del acto reclamado decretada dentro del incidente de suspensión derivado del presente juicio; de ahí que tal acción constituye un acto futuro de realización incierta. Ahora, a través de su escrito de demanda, los quejosos ofrecieron distintos medios de prueba; sin embargo, al margen del valor que pudiera otorgárseles conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del supletorio Código Federal de procedimientos Civiles, éstos resultan ineficaces para acreditar el interés jurídico de María Micaela Álvarez Escobar, para acudir a esta instancia constitucional En efecto, los quejosos acompañaron a su libelo: Copia certificada del sus respectivas actas de nacimiento. Copia certificada de su acta de matrimonio. Copia certificada del acta de nacimiento del acreedor alimentista Donovan Rodríguez León. Escrito de trece de febrero de dos mil veintitrés, signado por Médico Especialista en Ortopedia y Traumatología, Doctor Andrés García Valencia, adscrito al Centro de Diagnóstico Cuautla (C.D.H.), con domicilio en la calle Cuautla número 800, colonia Molino de Parras, en esta ciudad, en el que dicho galeno hizo constar que en la fecha señalada atendió a la quejosa María Micaela Álvarez Escobar, con motivo de una caída que sufrió el cinco de febrero anterior, que le produjo luxación de prótesis de cadera derecha, lo cual requirió una reducción cerrada en quirófano bajo sedación. Asimismo, recomendó a la paciente reposo absoluto en cama por un mes y posteriormente requeriría un mes de terapia física Capturas de pantalla obtenidas de la página oficial del Registro Nacional de Profesionistas, donde consta el registro de la cédula profesional del médico que atendió a la quejosa. Copia cotejada de la escritura número 18,121, pasada ante la fe del Notario Público Número 15, Licenciado J. Carmen Maldonado S. con ejercicio y residencia en esta ciudad, relativa al contrato privado de compraventa de inmueble, celebrado entre Micaela Escobar, en cuanto vendedora, y Micaela Álvarez Escobar de Rodríguez (sic), respecto de una fracción del Lote número 38, ubicado en la calle Hacienda de Corralejo, de la colonia Independencia, en esta ciudad. En tanto que durante el desahogo de la audiencia constitucional de once de mayo de dos mil veintirtés, tuvo verificativo la testimonial a cargo de Elda Lucatero Larios, Rocío Margarita Caballero Ramírez y Juan Pablo Parente Anguiano. Luego, ninguna de las pruebas referidas desmentía el hecho toral de que el mandamiento de requerimiento de pago y embargo se dirigió solo al enjuiciado y no contiene una orden de rompimiento de cerraduras y uso de la fuerza pública, en los términos exigidos en la jurisprudencia 123/2023. Además, las documentales marcadas con los incisos a), b), y f), únicamente demuestran el interés jurídico que les asiste a los quejosos para acudir a esta instancia constitucional, pues éstas ponen de manifiesto que la quejosa María Micaela Álvarez Escobar es la legítima propietaria del inmueble donde las autoridades responsables pretenden embargar bienes de su propiedad. Por lo que respecta a la documental marcada con el inciso c), de la lectura del escrito de demanda se desprende que ésta se ofreció con el fin de demostrar la mayoría de edad del acreedor alimenticio Donovan Rodríguez León; sin embargo, tal circunstancia resulta ajena a la Litis Constitucional. Por su parte, las documentales marcadas con los incisos d) y e), fueron ofrecidas con el fin de acreditar que Bismark Rodríguez Álvarez al momento de la diligencia se encontraba de manera fortuita en el domicilio, pues había ido a visitar a su madre con motivo de su estado de salud. Sin embargo, tales documentales únicamente demuestran que el trece de febrero de dos mil veintitrés, la quejosa María Micaela Álvarez Escobar fue atendida por médico especialista debido a una lesión en la cadera; pero de ninguna manera que éste fuera el motivo por el que el deudor alimentario necesariamente se encontraba por casualidad o transitoriamente en el domicilio el día en que se llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo; máxime que ésta se verificó el doce de febrero de dos mil veintitrés, esto es, un día anterior a la expedición de la constancia médica. Por otra parte, respecto a los testimonios de Elda Lucatero Larios, Rocío Margarita Caballero Ramírez y Juan Pablo Parente Anguiano, debe decirse que éstos resultan ineficaces para demostrar la afectación que el acto reclamado produce sobre los bienes propiedad de la quejosa. Es así, pues respecto al testimonio de Elda Lucatero Larios, se tiene que ésta manifestó que conoce a los quejosos porque hasta el mes de enero de este año vivía a la vuelta de su domicilio, en la misma cuadra; asimismo, refirió que ninguno de los hijos de los quejosos vive con ellos; por lo que respecta a Bismark Rodríguez Álvarez, adujo que tenía mucho tiempo que no lo veía y desconocía si éste seguía visitando a sus padres; que suponía que los quejosos recibían visitas de sus familiares, virtud a que María Micaela Álvarez Escobar había pasado por tres operaciones que la habían dejado parcialmente inválida, esto debido a lesiones que le habían sido ocasionadas por Rocío, quien era pareja de Bismark; también refirió que acude al domicilio a su anterior domicilio con regularidad, en razón de que lo renta para turismo a través de la plataforma digital "AIRBNB". No obstante, dicho testimonio resulta inverosímil, ya que, por una parte, la credencial para votar que exhibió para identificarse ante el personal de este juzgado (de la que se recabó copia), se desprende que la ateste proporcionó como su domicilio ante la autoridad electoral, el ubicado en calle Vicente Santa María número 1504, en la colonia Félix Ireta de esta ciudad, siendo éste el mismo que refirió al momento de proporcionar sus datos generales al momento del desahogo de la diligencia; documento en el que consta que este fue emitido en el año dos mil diecisiete; por lo que se genera incertidumbre si fue desde aquel año en que la ateste ya no vivía cerca del domicilio de los quejosos y no así desde el mes de enero de este año como lo manifestó (mes incluso que es anterior a la data en que se realizó la diligencia); de ahí que al radicar en un lugar diverso, no pudo haberse percatado si efectivamente Bismark Rodríguez Álvarez no residía en el mismo domicilio que sus padres hoy quejosos, al momento preciso de llevarse a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo; ni lo manifestó en ese sentido. Por otro lado, los propios quejosos en su escrito de demanda refirieron que los problemas de salud de María Micaela Álvarez Escobar, de manera distinta a lo manifestado por la ateste, se debieron a una lesión en la columna desde el año de dos mil siete, que ameritó el uso de una prótesis y que el pasado cinco de febrero se había caído en el baño, lastimándose de nuevo la cadera y luxándose su prótesis; razón por la que su hijo Bismark se encontraba en el domicilio. Respecto al testimonio de la ateste Rocío Margarita Caballero Ramírez, se tiene que ésta manifestó conocer a los quejosos en virtud de que desde el cinco de febrero de este año se desempeña como enfermera de la quejosa María Micaela Álvarez Escobar, quienes viven solos en el domicilio; que sabe de la existencia de Bismark porque la quejosa de que se trata le ha platicado de él, pero no lo conoce; que sabe que éste vive fuera de la ciudad, pero desconoce el lugar; que durante el tiempo que trabajó con los quejosos, que lo fue del cinco al veinticuatro de febrero no le tocó conocerlo; que únicamente conoció a otra de los hijos de los quejosos de nombre Edmi, a quien vio en una sola ocasión. Empero, dicho testimonio carece de credibilidad; ya que, por un lado, la ateste no manifestó cuál era su horario de labores y/o jornada, a fin de corroborar si pudo estar presente en la diligencia; lo que era necesario que manifestara en razón de que solo así pudo percatarse si Bismark efectivamente no habitaba en éste. Incluso, al responder la pregunta octava adujo que por el dicho de la quejosa fue que supo que el demandado vivía fuera de la ciudad, de ahí que en ta aspecto es una testigo de oídas. Por otro lado, los propios quejosos, en su escrito de demanda, manifestaron que el doce de febrero del año en curso en que acudió la actuaria responsable a practicar la diligencia de requerimiento de pago y embargo, su hijo Bismark se encontraba en el domicilio de manera fortuita, por lo que si la ateste prestó sus servicios como enfermera del cinco al veinticuatro de febrero de la presente anualidad, debió haberse percatado de su presencia en el domicilio el día de la diligencia; pero, no hizo alusión alguna al respecto. Respecto del testimonio emitido por el ateste Juan Pablo Parente Aguiano, debe decirse que carece de credibilidad, ya que si bien manifestó conocer a los quejosos y a su hijo Bismark por haber sido sus vecinos, también refirió que desde hace cinco años ya no vive cerca del domicilio de los quejosos y si bien adujo que continúa frecuentando a sus padres, no manifestó cada cuándo lo hace, ni en qué horario, de tal manera que le permita afirmar que el hijo de los quejosos efectivamente no vivía con ellos. Asimismo, dicho ateste adujo que la última ocasión que vio a Bismark lo fue en diciembre del año pasado, quien le refirió que se encontraba trabajando en Ciudad Juárez o "algo así"; lo que controvierte el dicho de los quejosos en su escrito de demanda, pues éstos manifestaron que desde hace años su hijo se fue a trabajar fuera de la ciudad sin saber exactamente el qué ciudad reside, pues no platicaban de eso, que éste se volvió a casar y es muy reservado con sus cosas. Como se adelantó, ninguno de los medios de convicción reseñados demuestran que el proveído de seis de junio de dos mil veintidós, dictado en el juicio sumario familiar número 1091/2009 a través del cual la Jueza responsable ordenó requerir al aquí tercero interesado Bismark Rodríguez Álvarez, del pago de la pensión alimenticia retroactiva a favor de sus hijos A.R.L. y Donovan Rodríguez León, cause alguna afectación en la esfera de derechos de la quejosa María Micaela Álvarez Escobar. Además, contra lo afirmado por los atestes, así como las documentales antes referidas, se cuenta con el acta levantada el doce de febrero de dos mil veintitrés, por la actuaria adscrita al Juzgado Noveno de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, pues en esta asentó que la diligencia de requerimiento de pago y embargo la entendió directamente por el propio deudor alimentista Bismark Rodríguez Álvarez, en el domicilio que para tal efecto proporcionó la incidentista Rocío León Pérez; sin embargo no permitió el acceso de esta última ni de la Actuaria para el señalamiento de bienes susceptibles de embargo. En consecuencia, al quedar demostrado que el acto reclamado no irroga perjuicio en la esfera de derechos de los quejosos ********************; lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que motiva a su vez el sobreseimiento en el juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción V, de la citada Ley, por falta de interés jurídico. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 16/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 82, Octubre de 1994, página 17, de rubro y texto siguientes: "Registro digital: 206338 Instancia: Segunda Sala Octava Época Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 16/94 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.Núm. 82, Octubre de 1994, página 17 Tipo: Jurisprudencia INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Al actualizarse la causal de improcedencia indicada, no se aborda el estudio de los conceptos de violación, en términos de la jurisprudencia número 1028 cuyo contenido literal refiere: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución que se reclama a la Actuaria adscrito al Juzgado Noveno de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, al no haberse impugnado por vicios propios. Apoya lo expuesto la jurisprudencia V.2o. J/6, visible a fojas 267, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Junio de 1995, del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. Si no aparece que la autoridad que ordenó el acto, ha violado con él garantías individuales, lo mismo debe afirmarse respecto de las autoridades que son meras ejecutoras, si de esta autoridad no se combaten actos por vicios propios." Sin que sea obstáculo para lo anterior, el hecho de que los quejosos sea adultos mayores y, que por tal motivo, gocen de ciertas prerrogativas, pues si bien es cierto que incluso los derechos de los adultos mayores están reconocidos en tratados internacionales, dicha protección no llega al extremo de que la autoridad de control constitucional deba de allegarse de pruebas que acrediten su interés jurídico o sus manifestaciones a efecto de hacer procedente el juicio de garantías, pues la suplencia a favor de aquéllos únicamente lo es en cuanto a los conceptos de violación que al respecto se formulen. En tanto que tampoco se aprecia que se encuentren en un estado de vulnerabilidad, pues autorizaron a diversos profesionistas para su defensa legal. Por otro lado, no se soslaya que la autorizada de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, rindió los alegatos de su intención; sin embargo, como éstos constituyen simples opiniones o apreciaciones, no tienen la fuerza procesal que la ley reconoce a la demanda y al informe con justificación; por lo que resulta innecesario pronunciarse de esas manifestaciones. Como sustento de lo anterior se cita la jurisprudencia P./J. 27/94, que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14 del Tomo 80, de agosto de 1994, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE. ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ********************, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y sexto de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza, el dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy Fe.-

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