Margarito Preciado Montalvo
Expediente 262/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 262/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 21/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Margarito Preciado Montalvo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
PRAL 262/2021-2B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. 1. Ejecutoria de sentencia. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la sentencia dictada el treinta de abril de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en este juicio de amparo promovido por Margarito Preciado Montalvo, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 2. Precisión. Resulta innecesario jurídicamente esperar a que transcurra el plazo al que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, para I) la autoridad responsable, Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca y II) agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, dado que, como se precisó, se sobreseyó en este juicio de amparo, por lo que ningún agravio genera a esas partes procesales, pues carecen de legitimación para inconformarse. Se invoca como apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el siguiente rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 3. Publicación de los datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Se ordena archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4.1. Destino. Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. 4.2. Archivo reciente. Conforme al artículo 21, del Acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruible, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que este último es destruible. 5. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 6. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Concepción Aragón Santiago, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 262/2021-2B Audiencia constitucional. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca siendo las once horas con cuarenta y dos minutos del treinta de abril de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo 262/2021, como se ordenó en acuerdo de catorce de abril del año en curso, Ponciano Velasco Velasco, titular de Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrarla sin asistencia de las partes. Apertura de audiencia. Abierta esta etapa, la secretaria hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran la demanda de amparo promovida por Margarito Preciado Montalvo, por propio derecho e informe justificado de la autoridad responsable; asimismo, hace constar que a) no existe documento con el que deba darse cuenta y b) que las partes no manifestaron su oposición de manera expresa, para que la consulta de la sentencia que se pronuncie en este juicio de amparo sea omitiendo sus datos personales, como se les previno en auto admisorio. Enseguida, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales procedentes. II. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, resuélvase lo conducente al dictarse la sentencia. Etapa probatoria. Acto continuo, abierta la fase probatoria en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se hace constar que la autoridad responsable, Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca, por conducto del director jurídico, ofreció como prueba, la documental, consistente en el memorándum SEMOVI/SP/0071/2021; por lo que, en términos del numeral 119 de la Ley de Amparo se admite la prueba documental de que se trata, misma que se desahoga en razón de su propia naturaleza, para ser considerada al resolver este juicio; no existiendo pruebas que desahogar ni escrito de las partes que acordar, se cierra esta etapa. Fase de alegatos. Abierto el período de alegatos se hace constar que las partes no los formularon y que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado no presentó pedimento; se cierra esta etapa y se procede a emitir la siguiente: Sentencia. Visto para resolver el juicio de amparo número 262/2021; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito recibido el diecisiete de marzo del dos mil veintiuno en el buzón judicial ubicado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y turnado el dieciocho del mismo mes a este órgano jurisdiccional, Margarito Preciado Montalvo, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca, que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derecho fundamental vulnerado el contenido en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Registro de la demanda de amparo y admisión. Por auto de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, con la demanda de amparo se ordenó formar expediente impreso y electrónico, se registró en el libro de gobierno con el número 262/2021, se admitió a trámite, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito, quien no formuló pedimento, se pidió de las autoridades señaladas como responsables su informe justificado y se citó a la audiencia constitucional. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, en sus numerales segundo, fracción XIII, números 1, 2 y 3, así como el cuarto, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa, y los actos se reclaman a una autoridad residente en un lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Con base en lo anterior, se arriba a la conclusión que, de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, así como de las constancias que integran el juicio, se advierte que la parte quejosa reclama de la Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca, lo siguiente: La falta de contestación al escrito de dieciséis de febrero de dos mil veinte; y, La falta de la notificación de la respuesta recaída a ese escrito. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección- Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. La autoridad responsable, Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca, por conducto del director jurídico, al rendir su informe justificado, negó la existencia de los actos que se le reclaman, pues refirió que después de una búsqueda ante la oficialía de partes de esa Secretaría, no se encontró registro de haber recibido algún escrito de la parte quejosa. Para acreditar lo anterior, remitió la copia certificada del memorándum SEMOVI/SP/0071/2021, de veintiséis de marzo de este año, firmado por la secretaria particular de esa dependencia; sin que la parte quejosa aportara medio de convicción para desvirtuar dicha negativa. Ahora, el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, siempre y cuando este se haya formulado por escrito de manera pacífica y respetuosa, la cual tiene la obligación de darle una respuesta congruente en breve término, es decir, impone la obligación a las autoridades de acordar respecto de todos los escritos que les sean presentados, además de hacer del conocimiento al promovente el resultado de su petición. En ese sentido, cuando se reclama la violación al artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la parte quejosa demostrar la existencia de la petición y a la autoridad responsable el acuerdo que al respecto emitió y, además, que lo notificó al peticionario. En otras palabras, para que se considere violado el derecho de petición consagrado en el artículo 8º constitucional, es necesario que el gobernado demuestre la existencia del libelo y que la autoridad responsable lo recibió, pues de otra manera no sería dable responsabilizarla de la falta de dictar el acuerdo relativo y de su oportuna notificación. Lo anterior encuentra sustento en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, Junio de 1991, página 351, registro 222606, con el texto siguiente: "PETICIÓN, DERECHO DE. PARA QUE PUEDA CONFIGURARSE UNA VIOLACIÓN A ESA GARANTÍA, RESULTA I NDISPENSABLE ACREDITAR LA RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE LA SOLICITUD, POR PARTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE". En efecto, tratándose de la violación al derecho de petición, la parte quejosa tiene la carga procesal de demostrar que realizó y presentó la solicitud, por escrito y de manera pacífica; de lo contrario, ante la inexistencia de dicha prueba, el juicio de amparo es ineficaz, puesto que no se podría obligar a través de la vía de amparo a una autoridad a contestar una petición que no se le planteó. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, abril de 2010, página 2724, con número de registro 164806, que dice: "DERECHO DE PETICIÓN. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO PARA DEMANDAR SU PROTECCIÓN, SI EL QUEJOSO EXHIBE COMO ÚNICA PRUEBA EL ORIGINAL DEL ACUSE DE RECIBO DE SU ESCRITO, PERO LA FIRMA DE ÉSTE APARECE EN HOJA DIVERSA Y EN COPIA FOTOSTÁTICA SIMPLE". Ello es sostenible, pues no es suficiente la confesión a cargo de la parte quejosa para tener por acreditada la existencia del acto omisivo reclamado, ya que en autos debe quedar demostrado que presentó la petición y que la autoridad a quien atribuye dicha actuación la recibió; carga de la prueba que se configura como requisito ineludible con el fin de acreditar la existencia de la violación al derecho de petición. En el caso, la parte quejosa reclama la falta de contestación a su escrito de dieciséis de febrero de dos mil veinte así como, la falta de la notificación de la respuesta recaída a ese ocurso; sin embargo, no acreditó que presentó escrito alguno ante la responsable, pues del análisis de las constancias que integran este juicio no se advierte alguna documental que acredite se haya formulado tal petición. Por ello, no le es exigible a la responsable la omisión o falta reclamada, pues no demostró que ejerció el derecho de petición previsto en el artículo 8° constitucional. Por tanto, como en este juicio no quedó demostrado el primero de los requisitos con relación al derecho de petición, consistente en haber presentado por escrito, de forma pacífica y respetuosa, la solicitud correspondiente, el acto omisivo reclamado resulta inexistente. Apoya a lo anterior, por identidad de razón, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que se ve en la página 69, volumen 82, sexta parte, Séptima Época, Semanario Judicial de la Federación, registro 254237, que señala: "PETICIÓN, DERECHO DE. PRUEBA DEL ACTO. Si la autoridad responsable negó el acto reclamado que se hace consistir en la falta de contestación a la petición que afirma el quejoso haber formulado, corresponde a éste probar la existencia del acto, para lo cual basta demostrar que formuló la petición respectiva, ya que no corresponde a la autoridad responsable justificar que entregó el permiso sobre el que versa la petición, porque si negó los actos, sin prueba en contrario, no estaba obligada a acreditar hecho alguno". En ese contexto, procede sobreseer en el juicio de amparo, conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por inexistencia del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 284, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Sexta Época, consultable en la página 236, tomo VI, registro 917818, del rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Y, en lo conducente, la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 2449, registro 170178, de texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. SE ACTUALIZA LA CAUSA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 74, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE NIEGA LA CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS Y EL QUEJOSO NO DEMUESTRA FEHACIENTEMENTE QUE ELLA LOS LLEVÓ A CABO". Así como la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Tomo Tercera Parte CXXII, página 39, registro 265314, que dice: "PETICIÓN, DERECHO DE. ABSTENCIÓN DE LAS RESPONSABLES A ACCEDER A UNA SOLICITUD. DEBE SOBRESEERSE CUANDO NO SE DEMUESTRA QUE LA AUTORIDAD CONOCIÓ LA SOLICITUD". Cuarto. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida resolución se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado legalmente, con apoyo, además, en los artículos 1°, fracción I, 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo; se: R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Margarito Preciado Montalvo, contra la falta de contestación al escrito de dieciséis de febrero de dos mil veinte, así como la falta de la notificación de la respuesta recaída a ese ocurso, que atribuyó a la Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca, en términos del considerando tercero de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 262/2021-2B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Razón actuarial. Agréguese la razón asentada el catorce del mes actual, por el actuario adscrito a este Juzgado, de la que se advierte no le fue posible notificar en forma personal a la parte quejosa el proveído dictado el ocho de abril de dos mil veintiuno, por el motivo que ahí expone. Notificación por lista de acuerdos a la parte quejosa. Ante ello, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a dicha parte procesal, el acuerdo de referencia y los subsecuentes, aun los de carácter personal, por lista de acuerdos, hasta en tanto señale domicilio para ese efecto. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 262/2021-2B* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de abril de dos mil veintiuno. Se agrega informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el oficio de la Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca, por conducto del director jurídico, mediante el que rinde informe justificado; con el mismo dése vista a las partes, para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia respectiva. Delegados. Téngasele designando como delegados a las personas que menciona, en términos del numeral 9º de la Ley de Amparo. Canales de comunicación. Así también, excepcionalmente, se considerará el correo electrónico que proporciona (para el caso de notificaciones urgentes mediante oficio digitalizado con utilización de firma electrónica, enviado al referido correo electrónico institucional); asimismo, deberá tomarse nota del número telefónico que se indicó, a fin de confirmar las comunicaciones oficiales que se envíen por dicho medio tecnológico. En el entendido que la notificación que amerite ser enviada mediante correo electrónico institucional, surtirá efectos siempre y cuando exista razón de envío en que conste la confirmación de la recepción pues, de lo contrario, deberá hacerse uso de otros medios de comunicación para la eficacia de la notificación. Lo anterior, hágase del conocimiento del (la) actuario(a) adscrito a este Juzgado, para los efectos legales procedentes. Prueba. Finalmente, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la citada autoridad responsable, la documental que anexa al oficio de cuenta, consistente en el memorándum SEMOVI/SP/0071/2021, de fecha veintiséis de marzo del año en curso, misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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