Margarito Martínez Celis

Expediente 912/2021 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 44 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
912/2021
Año
2021
Actuaciones
44
Última actuación
31/05/2023

Partes del expediente

  • Margarito Martínez Celis

Actuaciones

Las 4 más recientes de 44.

  1. Principal

    sin ulterior acuerdo, una vez que se notifique el presente proveído, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 196 y 214 de la ley de la materia.

  2. Incidental

    se ordena el archivo de este expediente.

  3. Principal

    se advierte que por acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes respecto de los actos realizados por la [el] Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, en relación al cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede analizar oficiosamente si está cumplida o no la ejecutoria de amparo. Para estar en condiciones de realizar lo anterior, se deben estudiar los efectos de la protección constitucional concedida, así como la forma en que la responsable aduce que lo acató. Al respecto, se advierte que mediante oficio[s] recibido[s] en este juzgado, la[s] autoridad[es] responsable[s] informó[aron] el cumplimiento a la ejecutoria, y a partir de ello, determinar la conclusión a la que se arribe; lo cual se realiza al tenor del siguiente cuadro comparativo: Efectos Actuación de la autoridad Conclusión Deje sin efectos la resolución emitida en forma escrita el ocho de julio de dos mil veintiuno, dentro del toca penal 21/2021, de su índice estadístico; Mediante oficio 723, recibido en este juzgado el veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, el cual contiene inserto el auto de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, dejó insubsistente la resolución escrita de ocho de julio de dos mil veintiuno, dictada en el toca penal 21/2021 de su índice administrativo y señaló fecha para llevar a cabo la audiencia de ley. Sí está cumplida. 2. Con arreglo a las disposiciones establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, proceda a citar a las partes con la debida anticipación, y lleve a cabo una audiencia en la que con libertad de jurisdicción, resuelva de manera oral el medio de impugnación interpuesto ante su potestad, en el que, con libertad de jurisdicción, deberá exponer fundada y motivadamente las consideraciones jurídicas y fácticas que tomó en consideración para emitir su fallo, explicando a las partes el contenido y alcances del mismo, ordenando que se notifique a las partes como en derecho proceda. En ese mismo oficio la sala responsable ordenó citar a las partes a la audiencia de resolución, con la debida anticipación. Mediante oficio 831, recibido en este juzgado el treinta de marzo de dos mil veintitrés, la sala responsable, remitió copia certificada de la resolución de veintitrés de marzo del año en curso, así como un disco compacto de videograbación, el cual contiene dicha determinación. En esa resolución, la responsable de mérito con libertad de jurisdicción, resolvió de manera oral el recurso de apelación interpuesto dentro del citado toca, de manera fundada y motivada declaró nula la etapa de juicio oral y ordenó reponer totalmente el procedimiento, a efecto de que por conducto del administrador judicial de causa remita a un juez que no haya conocido previamente del caso y distinto al licenciado Florencio Hernández Espinoza, diversas constancias, a efecto de que el nuevo juez de enjuiciamiento cite a audiencia de juicio oral y la lleve a cabo y continúe con la secuela procesal de dicha etapa hasta su conclusión, dejando subsistente la medida cautelar impuesta al aquí quejoso y en ese acto tuvo personalmente notificadas a las partes. Sí está cumplida. 3. De lo anterior, deberá guardar el registro audiovisual correspondiente y remitirlo de inmediato a este órgano de control de constitucionalidad, para la verificación del debido cumplimiento. En la inteligencia que los actos posteriores a la celebración de la audiencia respectiva no son materia de esta concesión. Dicho fallo fue llevado a cabo de manera oral y guardado el registro audiovisual, como se advierte del disco compacto de videograbación que fue remitido por la sala responsable mediante oficio 831, recibido en este juzgado el treinta de marzo de dos mil veintitrés. Sí está cumplida. De la tabla precedente se obtiene que la responsable cumplió en sus términos con los lineamientos de la ejecutoria de amparo, puesto que sin exceso ni defecto acató los efectos de la protección constitucional. En consecuencia, con apoyo en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la ley de la materia, se declara cumplida la sentencia de amparo. Por otra parte, respecto del escrito presentado por la parte quejosa en este juzgado de Distrito, donde desahoga la vista concedida con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la sentencia dictada en autos, dígasele que deberá estarse a lo acordado en líneas precedentes, ya que como bien lo precisó, la sala responsable fundó y motivó su resolución, explicando a las partes el contenido y alcances del mismo. No obstante lo anterior, lo cierto es que lo aducido por la parte promovente, tampoco es apto para concluir de manera diversa a como se hace, esto es, que la ejecutoria de amparo fue cumplida cabalmente. Ello se determina así, en virtud de que para la calificación de cumplimiento de una ejecutoria de amparo rige el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual reconoce el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva; además, consagra el principio de congruencia, el cual consiste en que las resoluciones se dicten de conformidad con la litis planteada, es decir, atendiendo a lo formulado por las partes (congruencia externa), y que no contengan consideraciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí o con los puntos resolutivos (congruencia interna). Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido consistente en sostener que en el dictado de toda sentencia debe prevalecer la congruencia, lo cual es acorde con el cumplimiento eficaz de las ejecutorias de amparo, establecido por el legislador en los artículos 192 a 198, de la Ley de Amparo, los cuales precisan que dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos. Por tanto, cuando por la ejecutoria de amparo la autoridad responsable deba dictar una resolución, el órgano de control constitucional debe analizar si la autoridad referida atiende de forma circunscrita a la materia determinada por la acción constitucional y al límite señalado por la propia ejecutoria. En ese sentido, lo aducido por el promovente en el caso concreto es ajeno a los efectos para los cuales se concedió el amparo, a saber, que la sala responsable no dijo de que se trataban los autos a que refiere en el escrito mediante el cual desahogó la vista concedida con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, ya que la autoridad responsable resolvió en audiencia la apelación instada, fundó y motivó dicha resolución, explicando a las partes el contenido y alcances del mismo; por tanto, tales alegaciones devienen inatendibles por referirse a circunstancias diversas a aquellas por las cuales se le concedió la protección constitucional; de ahí que sus manifestaciones únicamente deban obrar como constancia. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 1a. CCXLII/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: EJECUTORIAS DE AMPARO. PARA QUE SU CUMPLIMIENTO SEA TOTAL, SIN EXCESOS O DEFECTOS, DEBE VERIFICARSE LA CONGRUENCIA EN SU DICTADO. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el cual comprende el dictado eficaz de las resoluciones; además, del precepto referido deriva el principio de congruencia, el cual consiste en que las resoluciones se dicten de conformidad con la litis planteada, es decir, atendiendo a lo formulado por las partes (congruencia externa), y que no contengan consideraciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí o con los puntos resolutivos (congruencia interna). Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido consistente en sostener que en el dictado de toda sentencia debe prevalecer la congruencia, lo cual es acorde con el cumplimiento eficaz de las ejecutorias de amparo, establecido por el legislador en los artículos 196, 197 y 201, fracción I, de la Ley de Amparo, los cuales precisan que dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos. Así, cuando por la ejecutoria de amparo la autoridad responsable deba dictar una nueva resolución, el órgano de control constitucional debe analizar si la autoridad referida atiende de forma circunscrita a la materia determinada por la acción constitucional y al límite señalado por la propia ejecutoria. En ese sentido, si en el nuevo fallo la autoridad responsable emitió un punto resolutivo contrario con la parte considerativa de la resolución, la ejecutoria de amparo no se ha cumplido y, por ende, el recurso de inconformidad debe declararse fundado, pues el principio de congruencia de las resoluciones judiciales debe imperar en el dictado de toda resolución, ya que sólo así se garantiza el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y la certeza y seguridad jurídica, máxime cuando está pendiente que se ejecute esa decisión.

  4. Principal

    Se notifica por lista de acuerdos el auto de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, al quejoso en virtud de no atender citatorio y/o aviso (artículo 27 fracción I, inciso b y/o c, de la Ley de amparo) que, en lo que interesa dice: se advierte que por acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes respecto de los actos realizados por la [el] Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, en relación al cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede analizar oficiosamente si está cumplida o no la ejecutoria de amparo. Para estar en condiciones de realizar lo anterior, se deben estudiar los efectos de la protección constitucional concedida, así como la forma en que la responsable aduce que lo acató. Al respecto, se advierte que mediante oficio[s] recibido[s] en este juzgado, la[s] autoridad[es] responsable[s] informó[aron] el cumplimiento a la ejecutoria, y a partir de ello, determinar la conclusión a la que se arribe; lo cual se realiza al tenor del siguiente cuadro comparativo: Efectos Actuación de la autoridad Conclusión Deje sin efectos la resolución emitida en forma escrita el ocho de julio de dos mil veintiuno, dentro del toca penal 21/2021, de su índice estadístico; Mediante oficio 723, recibido en este juzgado el veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, el cual contiene inserto el auto de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, dejó insubsistente la resolución escrita de ocho de julio de dos mil veintiuno, dictada en el toca penal 21/2021 de su índice administrativo y señaló fecha para llevar a cabo la audiencia de ley. Sí está cumplida. 2. Con arreglo a las disposiciones establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, proceda a citar a las partes con la debida anticipación, y lleve a cabo una audiencia en la que con libertad de jurisdicción, resuelva de manera oral el medio de impugnación interpuesto ante su potestad, en el que, con libertad de jurisdicción, deberá exponer fundada y motivadamente las consideraciones jurídicas y fácticas que tomó en consideración para emitir su fallo, explicando a las partes el contenido y alcances del mismo, ordenando que se notifique a las partes como en derecho proceda. En ese mismo oficio la sala responsable ordenó citar a las partes a la audiencia de resolución, con la debida anticipación. Mediante oficio 831, recibido en este juzgado el treinta de marzo de dos mil veintitrés, la sala responsable, remitió copia certificada de la resolución de veintitrés de marzo del año en curso, así como un disco compacto de videograbación, el cual contiene dicha determinación. En esa resolución, la responsable de mérito con libertad de jurisdicción, resolvió de manera oral el recurso de apelación interpuesto dentro del citado toca, de manera fundada y motivada declaró nula la etapa de juicio oral y ordenó reponer totalmente el procedimiento, a efecto de que por conducto del administrador judicial de causa remita a un juez que no haya conocido previamente del caso y distinto al licenciado Florencio Hernández Espinoza, diversas constancias, a efecto de que el nuevo juez de enjuiciamiento cite a audiencia de juicio oral y la lleve a cabo y continúe con la secuela procesal de dicha etapa hasta su conclusión, dejando subsistente la medida cautelar impuesta al aquí quejoso y en ese acto tuvo personalmente notificadas a las partes. Sí está cumplida. 3. De lo anterior, deberá guardar el registro audiovisual correspondiente y remitirlo de inmediato a este órgano de control de constitucionalidad, para la verificación del debido cumplimiento. En la inteligencia que los actos posteriores a la celebración de la audiencia respectiva no son materia de esta concesión. Dicho fallo fue llevado a cabo de manera oral y guardado el registro audiovisual, como se advierte del disco compacto de videograbación que fue remitido por la sala responsable mediante oficio 831, recibido en este juzgado el treinta de marzo de dos mil veintitrés. Sí está cumplida. De la tabla precedente se obtiene que la responsable cumplió en sus términos con los lineamientos de la ejecutoria de amparo, puesto que sin exceso ni defecto acató los efectos de la protección constitucional. En consecuencia, con apoyo en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la ley de la materia, se declara cumplida la sentencia de amparo. Por otra parte, respecto del escrito presentado por la parte quejosa en este juzgado de Distrito, donde desahoga la vista concedida con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la sentencia dictada en autos, dígasele que deberá estarse a lo acordado en líneas precedentes, ya que como bien lo precisó, la sala responsable fundó y motivó su resolución, explicando a las partes el contenido y alcances del mismo. No obstante lo anterior, lo cierto es que lo aducido por la parte promovente, tampoco es apto para concluir de manera diversa a como se hace, esto es, que la ejecutoria de amparo fue cumplida cabalmente. Ello se determina así, en virtud de que para la calificación de cumplimiento de una ejecutoria de amparo rige el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual reconoce el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva; además, consagra el principio de congruencia, el cual consiste en que las resoluciones se dicten de conformidad con la litis planteada, es decir, atendiendo a lo formulado por las partes (congruencia externa), y que no contengan consideraciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí o con los puntos resolutivos (congruencia interna). Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido consistente en sostener que en el dictado de toda sentencia debe prevalecer la congruencia, lo cual es acorde con el cumplimiento eficaz de las ejecutorias de amparo, establecido por el legislador en los artículos 192 a 198, de la Ley de Amparo, los cuales precisan que dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos. Por tanto, cuando por la ejecutoria de amparo la autoridad responsable deba dictar una resolución, el órgano de control constitucional debe analizar si la autoridad referida atiende de forma circunscrita a la materia determinada por la acción constitucional y al límite señalado por la propia ejecutoria. En ese sentido, lo aducido por el promovente en el caso concreto es ajeno a los efectos para los cuales se concedió el amparo, a saber, que la sala responsable no dijo de que se trataban los autos a que refiere en el escrito mediante el cual desahogó la vista concedida con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, ya que la autoridad responsable resolvió en audiencia la apelación instada, fundó y motivó dicha resolución, explicando a las partes el contenido y alcances del mismo; por tanto, tales alegaciones devienen inatendibles por referirse a circunstancias diversas a aquellas por las cuales se le concedió la protección constitucional; de ahí que sus manifestaciones únicamente deban obrar como constancia. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 1a. CCXLII/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: EJECUTORIAS DE AMPARO. PARA QUE SU CUMPLIMIENTO SEA TOTAL, SIN EXCESOS O DEFECTOS, DEBE VERIFICARSE LA CONGRUENCIA EN SU DICTADO. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el cual comprende el dictado eficaz de las resoluciones; además, del precepto referido deriva el principio de congruencia, el cual consiste en que las resoluciones se dicten de conformidad con la litis planteada, es decir, atendiendo a lo formulado por las partes (congruencia externa), y que no contengan consideraciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí o con los puntos resolutivos (congruencia interna). Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido consistente en sostener que en el dictado de toda sentencia debe prevalecer la congruencia, lo cual es acorde con el cumplimiento eficaz de las ejecutorias de amparo, establecido por el legislador en los artículos 196, 197 y 201, fracción I, de la Ley de Amparo, los cuales precisan que dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos. Así, cuando por la ejecutoria de amparo la autoridad responsable deba dictar una nueva resolución, el órgano de control constitucional debe analizar si la autoridad referida atiende de forma circunscrita a la materia determinada por la acción constitucional y al límite señalado por la propia ejecutoria. En ese sentido, si en el nuevo fallo la autoridad responsable emitió un punto resolutivo contrario con la parte considerativa de la resolución, la ejecutoria de amparo no se ha cumplido y, por ende, el recurso de inconformidad debe declararse fundado, pues el principio de congruencia de las resoluciones judiciales debe imperar en el dictado de toda resolución, ya que sólo así se garantiza el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y la certeza y seguridad jurídica, máxime cuando está pendiente que se ejecute esa decisión.

Quedan 40 actuaciones en este expediente

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