Margarito Lopez Solano

Expediente 34/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 12 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
34/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
14/06/2021

Partes del expediente

  • Margarito Lopez Solano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202, en relación con el diverso 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el acuerdo de doce de mayo de dos mil veintiuno, mediante el cual, se tuvo por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de depuración, dado que en resolución de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    Visto el escrito signado por el autorizado legal del quejoso, mediante el cual desahoga la vista de cuatro de mayo de dos mil veintiuno y manifiesta que esta de acuerdo en la forma y términos que dieron cumplimiento a la ejecutoria del presente juicio de amparo; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Ahora bien, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por las autoridades responsables-por conducto de su delegado-. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En primer lugar, debe indicarse que por sentencia dictada el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, se concedió al quejoso Margarito López Solano, el amparo y protección de la Justicia Federal para efecto de que: "Las autoridades responsables, Presidente Municipal de Ahome, Secretario, Cuerpo de Regidores y Director Jurídico, todos del Ayuntamiento del Municipio de Ahome, Sinaloa, deberán. 1. En el plazo de tres días, contado a partir de que se le notifique la ejecutoria que cause este fallo, otorguen respuesta a la petición del quejoso Margarito López Solano, de manera completa y coherente al escrito de tres de diciembre de dos mil veinte; y, 2. Le hagan saber en breve término su contestación; en la inteligencia de que la protección constitucional obsequiada tiende a asegurar una determinación sobre lo que se pide y no a que se resuelvan las peticiones en determinado sentido". En el entendido, que el efecto de la concesión del amparo, no implica que la autoridad emita su respuesta precisamente en el sentido pretendido por la parte quejosa, pues tal derecho sólo la obliga a recibir y contestar en breve término y de manera congruente, por escrito, las solicitudes o promociones que se le presenten; así como a hacerla saber al promovente. Pues bien, del escrito presentado por el quejoso se desprende que solicita a las responsables la pensión por retiro anticipada y el grado inmediato superior. Ahora bien, la autoridad responsable por conducto de su delegado, el quince de abril del año en curso, dicha autoridad remitió copia certificada del oficio número 211/03/2021, de dieciocho de marzo dos mil veintiuno, mediante el cual el Director de Asuntos Jurídicos del Municipio de Ahome, Sinaloa, dio respuesta a la solicitud hecha por el aquí quejoso, mismo que se le dio vista en auto de diecinueve de abril siguiente; asimismo dicha autoridad remitió copia certificada del oficio número 302/04/2021, de veinte de abril dos mil veintiuno. Ahora bien, cabe destacar que este Juzgado cuenta con las más amplias facultades para determinar oficiosamente si el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese sentido, de lo dispuesto en el artículo 77 fracciones I y II, de la Ley de Amparo se advierte que el fin último de la sentencia amparadora es el de restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, retrotrayendo las cosas al estado que guardaban antes de la trasgresión, cuando se trate de actos que impliquen un hacer positivo de la autoridad; o bien, el de obligar a la responsable a actuar en apego a la garantía que se estime infringida, en caso de que el acto reclamado haya consistido en una negativa o en un actuar u omisión por parte de esta. De tal modo que la autoridad responsable, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, debe realizar aquellos actos que abonen a la consecución del fin último de la sentencia amparadora. Se ha dicho que existe defecto en la ejecución cuando la autoridad responsable no se ciñe estrictamente a los términos de la ejecutoria de amparo, esto es, cuando su actuación es parcial o incompleta, en la medida que no obedece de manera cabal lo mandado. Existe exceso, en cambio, cuando la autoridad responsable sobrepasa lo que manda la sentencia de amparo, extralimitándose en su ejecución. En esta línea, contrastando la petición incoada a la responsable consistente en la omisión de acordar su escrito recibido ante la responsable el cinco de octubre de dos mil veinte, donde solicitó su pensión por retiro anticipada y el grado inmediato superior. En contestación a ello, el delegado de las autoridades responsables del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, con sede en esta ciudad, en escritos de quince de abril y tres de mayo, ambos de dos mil veintiuno, manifestó lo siguiente: Lo anterior, se reitera contrastando la petición con la respuesta otorgada por las responsables: Fundaron y motivaron su actuar, ante la petición del aquí quejoso; Por tanto, al haber atendido la responsable la petición que le fue realizada, atinente a la omisión de acordar su escrito recibido el tres de diciembre de dos mil veinte, precisando la fundamentación y motivación para ello, es inconcuso que la respuesta es congruente con lo peticionado. Esto es, el escrito de la parte quejosa consistió en solicitar pensión por retiro anticipada y el grado inmediato superior, y las autoridades responsables atendieron dichos aspectos. Así las cosas, el amparo se otorgó para el efecto de que las autoridades responsables, en observancia del derecho de petición consagrado en el artículo 8° de la Constitución de la República, dieran respuesta a la solicitud elevada por la parte quejosa, lo cual así aconteció. Si bien, el derecho de petición no constituye un derecho a la obtención de una repuesta favorable a los intereses del peticionario, sino solamente a obtener una respuesta por escrito, tampoco puede la autoridad contestar de cualquier forma, sino tendrá que hacerlo de manera congruente con lo solicitado (congruencia entre lo pedido y la respuesta obtenida). En otra palabras, el derecho de petición precisa no solamente de una respuesta, sino que ésta debe ser en el sentido de ceñirse a lo que está pidiendo y, además debe ser de tal manera clara que no produzca confusión en el peticionario, a fin de que éste cuente con los elementos indispensables para impugnar en la vía que corresponda, la legalidad de esa respuesta. Por ilustrativa se cita la Tesis (aislada), con registro 252257 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 123, Volumen 115-120, Sexta Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que indica: "PETICION, DERECHO DE. RESPUESTAS AMBIGUAS. El artículo 8o. constitucional garantiza, como derecho constitucional de los gobernados, que a toda petición debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacer conocer ese acuerdo en breve término al peticionario. Ahora bien, si ese derecho constitucional debe tener algún sentido y no ser una mera norma hueca e inoperante, es claro que cuando la petición elevada a la autoridad contiene la solicitud de una conducta de dar o de hacer a la que el peticionario estima tener derecho, y si esa petición se funda y motivo, la respuesta de la autoridad no debe ser evasiva, o sibilina, o limitarse a dar largas al asunto, ni a embrollarlo, sino que en forma clara y directa debe resolver sobre la pretensión deducida. Si las autoridades consideran que la pretensión es infundada, así deben decirlo claramente, expresando también claramente, por qué estiman improcedente o infundada la petición, a fin de dar al peticionario una respuesta congruente con su petición, en un sentido o en otro, pero en un sentido que ese peticionario pueda acatar o impugnar con pleno y cabal conocimiento de causa. Resultaría contrario al espíritu de la norma constitucional que si la petición no cuenta con el beneplácito de la autoridad, dicha petición se tenga por contestada, incongruentemente, con respuestas evasivas, o ambiguas, imprecisas: eso no es satisfacer el derecho de petición, sino disfrazar la negativa a satisfacerlo, y deja al peticionario en situación de indefensión, violándose de paso el debido proceso legal que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales. Es decir, para que no se respire un clima de opresión y de decisiones no sujetas a derecho, sino un clima de paz y precisamente el correspondiente a un estado de derecho, es menester que las autoridades resuelvan las peticiones en forma franca clara, dando razón completa del por qué no se otorga lo solicitado, y dando al gobernado los elementos para aceptar o impugnar su negativa, de manera que dichas autoridades tengan por mayor interés que sus conflictos con los gobernados sean compuestos (aun judicialmente) en cuanto al mérito de sus pretensiones, que negar lo que no quieren conceder mediante el camino de las imprecisiones los laberintos, lo que más bien da impresión de que se pretende obstaculizar la petición del quejoso y el que pueda llegar a plantearla sólidamente ante los tribunales, o sea, el prevalecer de la potestad sobre el derecho. Y es fundada la argumentación del quejoso de que la respuesta recaída a su petición no es congruente con ella, si esa respuesta no resuelve sobre si procede o no, conceder la pretensión que deduce, sino que en forma ambigua, imprecisa, se limita a decir que una vez que se cumpla con los requisitos de ciertos preceptos "y demás relativos" se procederá en los términos que ordenan los mismos. Para que la respuesta hubiera sido congruente, debió decirse con toda claridad y precisión cuáles eran todos los preceptos aplicables, qué requisitos concretos debió satisfacer el peticionario en opinión de la autoridad, y cuáles serían las consecuencias de satisfacerlos o no, a fin de que con esa respuesta el gobernado supiese ya a qué atenerse respecto a su pretensión, o del acatamiento o de la impugnación de la respuesta recibida.". De los medios de convicción remitidos por la autoridad responsable entorno al cumplimiento de la sentencia constitucional, mismos que tienen valor probatorio pleno en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2º de la Ley de Amparo, se obtiene que efectivamente, las autoridades responsables cumplieron de manera completa con los efectos de la concesión del amparo, pues se dio a conocer al quejoso que era legalmente procedente la otorgación de la pensión por retiro anticipado, con un porcentaje del 80% de su salario actual y por otra parte el Director de Asuntos Jurídicos solicitó al Secretario del H. Ayuntamiento, remitiera las constancias respectivas a la H. Comisión de Regidores del H. Ayuntamiento, a fin de que se dictamine sobre la procedencia o no del grado inmediato superior del quejoso, así como también se manifiesten respecto a la otorgación de la pensión que previamente se dictaminó; por tanto atendió las solicitudes del impetrante y como consecuencia la sentencia constitucional ha sido cumplida. Es aplicable la jurisprudencia 14/2016 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I, Décima Época, Materia Común, página 717, registro 2010983, que dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 60/2014 (10a.) (*), sostuvo que al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de la sentencia protectora o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de ese medio de impugnación, la satisfacción de los deberes impuestos a las autoridades responsables, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento. En ese sentido, la materia de análisis en el recurso de inconformidad debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo, pues si bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo obliga a estudiar si las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio en el recurso de inconformidad, para lo cual, deben tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada; de ahí que los agravios formulados para impugnar dichos argumentos resulten ineficaces.". Por tanto, es evidente que con ello se colma la garantía seguridad jurídica por cuya infracción se concedió el amparo solicitado, motivo por el cual se debe declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Hágase del conocimiento del quejoso este proveído, para los efectos de la fracción I del artículo 201de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Se notifica a la parte quejosa Margarito López Solano, el auto de doce de mayo de dos mil veintiuno, que dice: Visto el escrito signado por el autorizado legal del quejoso, mediante el cual desahoga la vista de cuatro de mayo de dos mil veintiuno y manifiesta que esta de acuerdo en la forma y términos que dieron cumplimiento a la ejecutoria del presente juicio de amparo; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Ahora bien, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por las autoridades responsables-por conducto de su delegado-. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En primer lugar, debe indicarse que por sentencia dictada el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, se concedió al quejoso Margarito López Solano, el amparo y protección de la Justicia Federal para efecto de que: "Las autoridades responsables, Presidente Municipal de Ahome, Secretario, Cuerpo de Regidores y Director Jurídico, todos del Ayuntamiento del Municipio de Ahome, Sinaloa, deberán. 1. En el plazo de tres días, contado a partir de que se le notifique la ejecutoria que cause este fallo, otorguen respuesta a la petición del quejoso Margarito López Solano, de manera completa y coherente al escrito de tres de diciembre de dos mil veinte; y, 2. Le hagan saber en breve término su contestación; en la inteligencia de que la protección constitucional obsequiada tiende a asegurar una determinación sobre lo que se pide y no a que se resuelvan las peticiones en determinado sentido". En el entendido, que el efecto de la concesión del amparo, no implica que la autoridad emita su respuesta precisamente en el sentido pretendido por la parte quejosa, pues tal derecho sólo la obliga a recibir y contestar en breve término y de manera congruente, por escrito, las solicitudes o promociones que se le presenten; así como a hacerla saber al promovente. Pues bien, del escrito presentado por el quejoso se desprende que solicita a las responsables la pensión por retiro anticipada y el grado inmediato superior. Ahora bien, la autoridad responsable por conducto de su delegado, el quince de abril del año en curso, dicha autoridad remitió copia certificada del oficio número 211/03/2021, de dieciocho de marzo dos mil veintiuno, mediante el cual el Director de Asuntos Jurídicos del Municipio de Ahome, Sinaloa, dio respuesta a la solicitud hecha por el aquí quejoso, mismo que se le dio vista en auto de diecinueve de abril siguiente; asimismo dicha autoridad remitió copia certificada del oficio número 302/04/2021, de veinte de abril dos mil veintiuno. Ahora bien, cabe destacar que este Juzgado cuenta con las más amplias facultades para determinar oficiosamente si el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese sentido, de lo dispuesto en el artículo 77 fracciones I y II, de la Ley de Amparo se advierte que el fin último de la sentencia amparadora es el de restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, retrotrayendo las cosas al estado que guardaban antes de la trasgresión, cuando se trate de actos que impliquen un hacer positivo de la autoridad; o bien, el de obligar a la responsable a actuar en apego a la garantía que se estime infringida, en caso de que el acto reclamado haya consistido en una negativa o en un actuar u omisión por parte de esta. De tal modo que la autoridad responsable, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, debe realizar aquellos actos que abonen a la consecución del fin último de la sentencia amparadora. Se ha dicho que existe defecto en la ejecución cuando la autoridad responsable no se ciñe estrictamente a los términos de la ejecutoria de amparo, esto es, cuando su actuación es parcial o incompleta, en la medida que no obedece de manera cabal lo mandado. Existe exceso, en cambio, cuando la autoridad responsable sobrepasa lo que manda la sentencia de amparo, extralimitándose en su ejecución. En esta línea, contrastando la petición incoada a la responsable consistente en la omisión de acordar su escrito recibido ante la responsable el cinco de octubre de dos mil veinte, donde solicitó su pensión por retiro anticipada y el grado inmediato superior. En contestación a ello, el delegado de las autoridades responsables del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, con sede en esta ciudad, en escritos de quince de abril y tres de mayo, ambos de dos mil veintiuno, manifestó lo siguiente: Lo anterior, se reitera contrastando la petición con la respuesta otorgada por las responsables: Fundaron y motivaron su actuar, ante la petición del aquí quejoso; Por tanto, al haber atendido la responsable la petición que le fue realizada, atinente a la omisión de acordar su escrito recibido el tres de diciembre de dos mil veinte, precisando la fundamentación y motivación para ello, es inconcuso que la respuesta es congruente con lo peticionado. Esto es, el escrito de la parte quejosa consistió en solicitar pensión por retiro anticipada y el grado inmediato superior, y las autoridades responsables atendieron dichos aspectos. Así las cosas, el amparo se otorgó para el efecto de que las autoridades responsables, en observancia del derecho de petición consagrado en el artículo 8° de la Constitución de la República, dieran respuesta a la solicitud elevada por la parte quejosa, lo cual así aconteció. Si bien, el derecho de petición no constituye un derecho a la obtención de una repuesta favorable a los intereses del peticionario, sino solamente a obtener una respuesta por escrito, tampoco puede la autoridad contestar de cualquier forma, sino tendrá que hacerlo de manera congruente con lo solicitado (congruencia entre lo pedido y la respuesta obtenida). En otra palabras, el derecho de petición precisa no solamente de una respuesta, sino que ésta debe ser en el sentido de ceñirse a lo que está pidiendo y, además debe ser de tal manera clara que no produzca confusión en el peticionario, a fin de que éste cuente con los elementos indispensables para impugnar en la vía que corresponda, la legalidad de esa respuesta. Por ilustrativa se cita la Tesis (aislada), con registro 252257 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 123, Volumen 115-120, Sexta Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que indica: "PETICION, DERECHO DE. RESPUESTAS AMBIGUAS. El artículo 8o. constitucional garantiza, como derecho constitucional de los gobernados, que a toda petición debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacer conocer ese acuerdo en breve término al peticionario. Ahora bien, si ese derecho constitucional debe tener algún sentido y no ser una mera norma hueca e inoperante, es claro que cuando la petición elevada a la autoridad contiene la solicitud de una conducta de dar o de hacer a la que el peticionario estima tener derecho, y si esa petición se funda y motivo, la respuesta de la autoridad no debe ser evasiva, o sibilina, o limitarse a dar largas al asunto, ni a embrollarlo, sino que en forma clara y directa debe resolver sobre la pretensión deducida. Si las autoridades consideran que la pretensión es infundada, así deben decirlo claramente, expresando también claramente, por qué estiman improcedente o infundada la petición, a fin de dar al peticionario una respuesta congruente con su petición, en un sentido o en otro, pero en un sentido que ese peticionario pueda acatar o impugnar con pleno y cabal conocimiento de causa. Resultaría contrario al espíritu de la norma constitucional que si la petición no cuenta con el beneplácito de la autoridad, dicha petición se tenga por contestada, incongruentemente, con respuestas evasivas, o ambiguas, imprecisas: eso no es satisfacer el derecho de petición, sino disfrazar la negativa a satisfacerlo, y deja al peticionario en situación de indefensión, violándose de paso el debido proceso legal que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales. Es decir, para que no se respire un clima de opresión y de decisiones no sujetas a derecho, sino un clima de paz y precisamente el correspondiente a un estado de derecho, es menester que las autoridades resuelvan las peticiones en forma franca clara, dando razón completa del por qué no se otorga lo solicitado, y dando al gobernado los elementos para aceptar o impugnar su negativa, de manera que dichas autoridades tengan por mayor interés que sus conflictos con los gobernados sean compuestos (aun judicialmente) en cuanto al mérito de sus pretensiones, que negar lo que no quieren conceder mediante el camino de las imprecisiones los laberintos, lo que más bien da impresión de que se pretende obstaculizar la petición del quejoso y el que pueda llegar a plantearla sólidamente ante los tribunales, o sea, el prevalecer de la potestad sobre el derecho. Y es fundada la argumentación del quejoso de que la respuesta recaída a su petición no es congruente con ella, si esa respuesta no resuelve sobre si procede o no, conceder la pretensión que deduce, sino que en forma ambigua, imprecisa, se limita a decir que una vez que se cumpla con los requisitos de ciertos preceptos "y demás relativos" se procederá en los términos que ordenan los mismos. Para que la respuesta hubiera sido congruente, debió decirse con toda claridad y precisión cuáles eran todos los preceptos aplicables, qué requisitos concretos debió satisfacer el peticionario en opinión de la autoridad, y cuáles serían las consecuencias de satisfacerlos o no, a fin de que con esa respuesta el gobernado supiese ya a qué atenerse respecto a su pretensión, o del acatamiento o de la impugnación de la respuesta recibida.". De los medios de convicción remitidos por la autoridad responsable entorno al cumplimiento de la sentencia constitucional, mismos que tienen valor probatorio pleno en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2º de la Ley de Amparo, se obtiene que efectivamente, las autoridades responsables cumplieron de manera completa con los efectos de la concesión del amparo, pues se dio a conocer al quejoso que era legalmente procedente la otorgación de la pensión por retiro anticipado, con un porcentaje del 80% de su salario actual y por otra parte el Director de Asuntos Jurídicos solicitó al Secretario del H. Ayuntamiento, remitiera las constancias respectivas a la H. Comisión de Regidores del H. Ayuntamiento, a fin de que se dictamine sobre la procedencia o no del grado inmediato superior del quejoso, así como también se manifiesten respecto a la otorgación de la pensión que previamente se dictaminó; por tanto atendió las solicitudes del impetrante y como consecuencia la sentencia constitucional ha sido cumplida. Es aplicable la jurisprudencia 14/2016 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I, Décima Época, Materia Común, página 717, registro 2010983, que dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 60/2014 (10a.) (*), sostuvo que al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de la sentencia protectora o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de ese medio de impugnación, la satisfacción de los deberes impuestos a las autoridades responsables, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento. En ese sentido, la materia de análisis en el recurso de inconformidad debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo, pues si bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo obliga a estudiar si las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio en el recurso de inconformidad, para lo cual, deben tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada; de ahí que los agravios formulados para impugnar dichos argumentos resulten ineficaces.". Por tanto, es evidente que con ello se colma la garantía seguridad jurídica por cuya infracción se concedió el amparo solicitado, motivo por el cual se debe declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Hágase del conocimiento del quejoso este proveído, para los efectos de la fracción I del artículo 201de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Visto el oficio de cuenta, signado por el Delegado de las autoridades responsables Ayuntamiento, Presidente, Secretario y Cuerpo de Regidores, todos del Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo y remite documental para sustentarlo; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes. En ese contexto, conforme a lo dispuesto por el artículo 196, de la Ley de Amparo, dese vista al quejoso con el oficio y documental de cuenta para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés legal convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo conferido, este Juzgado Federal resolverá acerca del cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las citadas autoridades responsables.

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