Margarito Leobardo Serrano Torres
Expediente 1713/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 7 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1713/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 06/10/2023
Partes del expediente
- Margarito Leobardo Serrano Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que dentro del término previsto en el artículo 196 de la Ley de la Amparo, la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto del cumplimiento dado al fallo protector por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, en representación del Director General de Ingresos y del Recaudador de Rentas, con sede en esta ciudad de Tepic, no obstante que mediante acuerdo de ocho de agosto de dos mil veintitrés, se le apercibió que se resolvería conforme a las constancias que obran en autos. Luego, en virtud de que en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso BERTHA LIZBETH CASTILLÓN HARO, para el efecto de que se desincorporara de su esfera jurídica, lo previsto en los artículos 20, inciso A), fracción II, 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, esto es, para que las autoridades responsables no aplicaran a la impetrante, en el presente ni en un futuro tales preceptos legales, hasta en tanto no se modificaran dichas normativas. Asimismo, para que el Secretario, el Director General de Ingresos y el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, devolvieran a la quejosa única y exclusivamente única y exclusivamente el remanente que excediera de la aplicación de $832.92 (ochocientos treinta y dos pesos 92/100 moneda nacional) respecto de la suma de $12,680.00 (doce mil seiscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), que pagó el diecisiete de enero de dos mil veintitrés, el cual debería estar debidamente actualizado. Ahora, de autos se advierte que el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad de Tepic, acreditó haber dado cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, incluso, que le fue devuelta al quejoso la cantidad de $12,009.69 (doce mil nueve pesos 69/100 moneda nacional) mediante transferencia bancaria de la institución BBVA; restituyendo de esa manera a la parte quejosa, en el pleno goce y disfrute de sus derechos fundamentales violados. Luego, procede hacer efectivo el apercibimiento de que fue objeto la parte quejosa por auto de ocho de agosto de dos mil veintitrés; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo pronunciada en el presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE
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TEPIC, NAYARIT, SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que dentro del término legal concedido, las partes no se inconformaron con la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), y 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la misma CAUSA EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Luego, tomando en consideración que en el presente asunto se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que para que dentro del término de tres días, contados a partir del en que queden legalmente notificadas del presente proveído, procedan a dar cumplimiento a la ejecutoria de referencia. Apercibidas que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en los numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad a lo que prevé el artículo 260 de la Ley de la Materia, en relación con los ordinales segundo y tercero transitorios del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido, que conforme al decreto constitucional mencionado, el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario para todo el país y hasta que se actualice dicho valor conforme al procedimiento previsto en el artículo quinto transitorio del citado decreto, con independencia de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. NOTIFÍQUESE.
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TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Agréguese en autos para que surta sus efectos legales procedentes el comunicado de cuenta que signa el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, remite testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, en el amparo en revisión 45/2023 de su índice, y los autos originales del juicio de amparo indirecto 645/2022, acúsese recibo de estilo a la Superioridad; glósese el cuaderno de antecedentes respectivo, y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Hágase saber a las partes que el Tribunal auxiliar, determinó lo siguiente: "UNICO. Se desecha por improcedente el recurso de revisión interpuesto por el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, por los motivos expuesto en el último considerando de esta sentencia". En consecuencia, tomando en consideración que este Juzgado de Distrito, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a la parte quejosa contra actos del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit y otras autoridades, todos con sede en esta Ciudad, para el efecto de: "1. Se desincorpore de la esfera jurídica del quejoso VICTORIANO BECERRA OROZCO, lo previsto en los artículos 22, fracción XV, 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, esto es, para que las autoridades responsables no apliquen a la parte quejosa, en el presente ni en un futuro tales preceptos legales, en tanto no se modifiquen dichas normativas. 2. Para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva a VICTORIANO BECERRA OROZCO: - Unica y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $5,247.99 (cinco mil doscientos cuarenta y siete pesos 99/100 moneda nacional), respecto de la suma de $10,831.64 (diez mil ochocientos treinta y un pesos 64/100 moneda nacional), que pagó el veintisiete de abril de dos mil veintidós, correspondiente al permiso de alcoholes número 97003805, el cual deberá estar debidamente actualizado." Entonces, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en esta Ciudad, para que dentro del término de tres días, contado a partir del en que quede legalmente notificado del presente proveído, proceda a dar cumplimiento a la ejecutoria de referencia. Asimismo, con fundamento en el citado dispositivo 192, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, así como con el diverso artículo 31, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, requiérase al Secretario de Administrador y Finanzas del Estado de Nayarit, en su carácter de superior jerárquico del Recaudador de Rentas de esa Secretaría, tome las acciones o medidas pertinentes, que conduzcan a esa autoridad, a dar para dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo. Se apercibe tanto a la autoridad responsable como superior jerárquico, para el caso de no hacerlo sin causa justificada, se harán acreedoras a una multa por cien Unidades de Medida y Actualización, que determine el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en términos del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme lo prevé el numeral 258 de la Ley de Amparo. Con independencia de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que sea el caso de requerir por el cumplimiento al fallo protector a las autoridades legislativas que intervinieron en la creación de la norma declarada inconstitucional, toda vez que quedan exentas para ello atento al principio de relatividad de las sentencias contra leyes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P. CXXXVII/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 135, del Tomo IV, noviembre de mil novecientos noventa y seis, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de 'LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN' y 'LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN', se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general". Finalmente, a efecto de economizar espacio en el área destinada para el archivo de este órgano jurisdiccional, procédase a la destrucción de las copias certificadas con las cuales se formó el cuaderno de antecedentes en que se actúa con motivo de la tramitación del citado recurso, dejando únicamente las actuaciones originales que se practicaron en dicho cuaderno. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TRES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Vista la certificación secretarial que antecede, de donde se desprende que las partes dentro del término legal concedido, no se inconformaron en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; consecuentemente, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86 de la Ley de Amparo y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma CAUSA EJECUTORIA para todos sus efectos legales procedentes. En consecuencia, una vez que obre agregada la constancia de notificación del presente proveído, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. Luego, con fundamento en el artículo 20 fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; que prevé que son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos; consecuentemente, este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. NOTIFÍQUESE.
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