Margarito Hernández García
Expediente 290/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 290/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 08/03/2019
Partes del expediente
- Margarito Hernández García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
... Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
... Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 20 DE FEBRERO DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): "San Andrés Cholula, Puebla, veinte de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito de cuenta -con anexos- signado por la parte quejosa Margarito Hernández García, por propio derecho, mediante el cual desahoga el requerimiento formulado en proveído de ocho de febrero del año en curso; en consecuencia, déjese sin efectos el apercibimiento formulado a la parte quejosa en el referido acuerdo. Desechamiento Ahora, vista la demanda de amparo y el escrito aclaratorio de cuenta, con apoyo en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. También es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En esas condiciones, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo que presenta la parte inconforme deriva que a la Comisión Federal de Electricidad, Dirección de Distribución, Zona Puebla Poniente, no le reviste el carácter de autoridad para los efectos del presente juicio constitucional. En efecto, en el caso se advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Para corroborar lo anterior, es menester analizar el contenido de los dos últimos preceptos legales invocados, que establecen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." De la interpretación armónica de los preceptos legales transcritos, se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, por leyes o actos de "autoridad" que violen los derechos fundamentales de los gobernados y, por otra, que debe considerarse autoridad responsable aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Lo anterior pone de manifiesto que el acto de autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, pues así lo dispone el artículo 1º de la Ley de Amparo, que condiciona su procedencia a que el acto reclamado se encuentre constituido por leyes o actos de autoridad. En ese tenor, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por autoridad responsable, debe considerarse a aquellos entes que con fundamento en una norma legal, emiten actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado, por lo cual, debe analizarse en cada caso, si la autoridad señalada como responsable tiene la facultad para tomar decisiones o emitir resoluciones que afecten la esfera jurídica del quejoso. De conformidad con el criterio precedente es factible aseverar que el concepto de autoridad debe concebirse, esencialmente, por exclusión de los actos de particulares, puesto que la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad, no así respecto de los realizados entre gobernados, por lo que resulta necesario establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho realiza de las relativas relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. En esas condiciones, la teoría general del derecho establece que las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las que éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. En ese tipo de relaciones se encuentran las reguladas por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral la nota distintiva de ellas radica en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de las mencionadas relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público e interés social; se regulan por el derecho público que también prevé los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca, en la órbita ordinaria, el procedimiento contencioso administrativo, así como los mecanismos de defensa de derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Estas relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por tanto, la Constitución Federal dispone una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, pues el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las cuales actúan en un mismo plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose a su vez por el derecho público que prevé mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este rubro las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución Federal. Es corolario de todo lo anterior que para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como base que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. De lo expuesto puede advertirse como notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, las siguientes: a. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular; b. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y; d. Que para emitir dichos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. El corte del servicio de suministro de energía eléctrica: Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclamó de la Comisión Federal de Electricidad, Dirección de Distribución, Zona Puebla Poniente, el corte del suministro de energía eléctrica en el bien inmueble ubicado en Retorno Lago Michigan, número 53-B, del condominio residencial Lomas de Angelópolis, San Andrés Cholula, Puebla, lo cual no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Tal conclusión deriva de que ha sido criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la Comisión Federal de Electricidad no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando se le reclama, entre otros actos, la suspensión y corte del servicio de suministro de energía eléctrica. Lo anterior, ya que tal persona jurídica tiene como objetivo garantizar que el servicio de energía eléctrica se preste en un sistema de libre competencia, que no ejerce en un plano de supra a subordinación, ya que el contrato de adhesión que se firma no somete en forma arbitraria o unilateral la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa, formándose así una relación comercial entre las partes. Esto es, la relación entre la empresa productiva del estado y el particular es un acuerdo de voluntades donde el prestador del servicio y el usuario adquieren derecho y obligaciones de forma recíproca; en consecuencia, se recurre a formas del derecho privado para regular la relación entre el proveedor y el usuario, por ello la relación jurídica entre las partes no corresponde al de una autoridad con un gobernado, sino a una relación de coordinación entre la Comisión Federal de Electricidad y la persona a quien se le proporciona el servicio. Además, en caso de darse el corte del servicio eléctrico ante el incumplimiento del usuario no provoca que la relación de coordinación se transforme en una de supra a subordinación, pues únicamente implica que el proveedor deje de prestar el servicio que se contrató, como parte de su derecho de retención de la obligación que se produce derivado de cualquier relación contractual ante el incumplimiento de lo pactado, tal cual sucede el ámbito del derecho privado, por lo que no se trata de un procedimiento de ejecución en el que coactivamente se busque cobrar el adeudo. En consecuencia, dado que la Comisión Federal de Electricidad no ejerce una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal forma que actualicen una relación de supra a subordinación frente a un particular, el Máximo Tribunal del País estimó que el aviso recibo por concepto de suministro de energía eléctrica, así como el corte de suministro eléctrico, no es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, Las consideraciones anteriores dieron origen a los siguientes criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo." (Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 532, libro 53, tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, abril de 2018) "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUSIVE CUANDO CONTENGA UNA ADVERTENCIA DE CORTE DEL SERVICIO, NO CONSTITUYE NI ES EQUIPARABLE A UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La Comisión Federal de Electricidad no es autoridad para efectos del juicio de amparo, ni realiza actos equiparables a los de autoridad, tratándose de la determinación y el cobro del servicio de suministro de energía eléctrica, pues: 1) el origen de dicha actuación es un acuerdo de voluntades donde el prestador del servicio y el usuario adquieren derechos y obligaciones recíprocos, por lo que se recurre a las formas del derecho privado para regular la relación entre proveedor y particular; 2) la relación jurídica existente entre las partes no corresponde a la de autoridad y gobernado (supra a subordinación), sino a una de coordinación entre el organismo descentralizado y el particular usuario del servicio; y, 3) el corte del suministro de energía eléctrica ante el incumplimiento del usuario no genera que la relación de coordinación se transforme en una de supra a subordinación, sino sólo implica la posibilidad de que la parte afectada deje de otorgar el servicio contratado en ejercicio del legítimo derecho de retención de la obligación que genera cualquier relación contractual ante el incumplimiento de alguna de las partes, sin que ello conlleve un procedimiento de ejecución dirigido a obtener el adeudo mediante mecanismos coercitivos, para lo cual se tendría que acudir a los tribunales ordinarios de justicia. Esto es, no todo acto emitido por un órgano de la administración pública ni la aplicación de cláusulas contractuales de retención de la obligación ante el incumplimiento de la contraparte constituyen un acto de autoridad o son equiparables a éste para los efectos del juicio de amparo, sino solamente aquellos que conlleven el ejercicio de una potestad administrativa que otorgue a la autoridad atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación frente al particular. Así, el aviso recibo por concepto de suministro de energía eléctrica emitido por la Comisión Federal de Electricidad, inclusive cuando contenga una advertencia de corte del servicio, no constituye ni es equivalente a un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo." (Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 888, libro 6, tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, mayo de 2014.) La negativa a celebrar un contrato de suministro de energía eléctrica cuya titularidad recaiga en el quejoso: Ahora, para determinar el criterio que debe prevalecer respecto de tal acto, es necesario examinar la reforma constitucional en materia energética y de las leyes federales respectivas, dada su trascendencia en la regulación, planeación y control del Sistema Eléctrico Nacional, el Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica y las demás actividades de la industria eléctrica: El veinte de diciembre del dos mil trece se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional de los artículos 25, párrafo cuarto, 27, párrafo sexto, y 28, párrafos cuarto y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen: "Artículo 25. (.) El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan. Tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución. En las actividades citadas la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado, así como el régimen de remuneraciones de su personal, para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas, con base en las mejores prácticas, y determinará las demás actividades que podrán realizar. (.)" "Artículo 27. (.) En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, salvo en radiodifusión y telecomunicaciones, que serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose de minerales radiactivos no se otorgarán concesiones. Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica. (.)" "Artículo 28. (.) No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, y la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, en los términos de los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución, respectivamente; así como las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia. El Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, participe por sí o con los sectores social y privado. (.)" El artículo segundo transitorio de la citada reforma dispone lo siguiente: "Segundo. La ley establecerá la forma y plazos, los cuales no podrán exceder dos años a partir de la publicación de este Decreto para que los organismos descentralizados denominaos Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad se conviertan en empresas productivas del Estado. En tanto se lleva a cabo esta transición, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios quedan facultados para recibir asignaciones y celebrar los contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 que se reforma por este Decreto. Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad podrá suscribir los contratos a que se refiere el párrafo sexto del artículo 27 que se reforma por virtud de este Decreto." De conformidad con las normas transcritas, la planeación y control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica son actividades exclusivas de la Nación respecto de las cuales no se otorgarán concesiones; sin embargo, podrán celebrarse contratos con los particulares para que participen en las demás actividades de la industria eléctrica. El poder reformador de la Constitución habilitó al legislador para regular la forma y plazos para que el organismo descentralizado denominado Comisión Federal de Electricidad se convierta en empresa productiva del Estado, así como lo relativo a su administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebre. Lo expuesto evidencia que la reforma constitucional mencionada dispuso la transformación de la Comisión Federal de Electricidad de organismo público descentralizado a empresa productiva del Estado, así como la participación de los particulares en las actividades de la industria eléctrica distintas a la planeación y control del sistema eléctrico nacional y al servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, las que desarrollará exclusivamente la Nación. Cabe mencionar que, previo a la citada reforma, el artículo 27, párrafo sexto, de la Constitución disponía que corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica y que en esa materia no se otorgarían concesiones, sin establecer, como se hizo en el texto reformado, la posibilidad de la participación de los particulares en el desarrollo de las actividades distintas a la conducción y distribución. Posteriormente, el once de agosto del dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, la cual establece en su artículo 1 que su objeto es regular la organización, administración, funcionamiento, operación, control, evaluación y rendición de cuentas de la empresa productiva del Estado denominada Comisión Federal de Electricidad, así como establecer su régimen especial en materia de: empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, remuneraciones, adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras, bienes, responsabilidades, dividendo estatal, presupuesto y deuda. Los artículos primero a tercero transitorios del citado ordenamiento establecen: "Primero. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente a que quede designado el nuevo Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad en términos de la misma y conforme al Transitorio Quinto siguiente, salvo por lo que se señala en los Transitorios Décimo Tercero y Décimo Cuarto siguientes." "Segundo. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, se derogan todas las disposiciones legales y administrativas que se opongan a la misma, excepto por lo dispuesto en los Transitorios Sexto y Décimo Cuarto siguientes." "Tercero. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la Comisión Federal de Electricidad se transforma, por ministerio de ley, en una empresa productiva del Estado, por lo que conserva su personalidad jurídica, así como la titularidad de todos los bienes, derechos y obligaciones que le corresponden, excepto los explícitamente señalados en la Ley de la Industria Eléctrica." En sesión del trece de octubre del dos mil catorce, el Presidente del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad declaró legalmente instalado el citado consejo, por lo que al darse la condición suspensiva a que estaba sujeta la entrada en vigor del ordenamiento legal en consulta, inició su vigencia el día siguiente, esto es, el catorce de octubre del año en cita. En consecuencia, por ministerio de ley, la Comisión Federal de Electricidad se transformó en empresa productiva del Estado y se derogaron todas las disposiciones legales y administrativas que se opongan al contenido de ese ordenamiento. Precisado lo anterior, conviene traer a colación el contenido de los artículos 3, 7, 82 y 118 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, que establecen lo siguiente: "Artículo 3. La Comisión Federal de Electricidad se sujetará a lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y las disposiciones que deriven de los mismos. El derecho mercantil y civil serán supletorios. Las disposiciones contenidas en las demás leyes que por materia correspondan aplicarán siempre que no se opongan al régimen especial previsto en esta Ley. En caso de duda, se deberá favorecer la interpretación que privilegie la mejor realización de los fines y objeto de la Comisión Federal de Electricidad conforme a su naturaleza jurídica de empresa productiva del Estado con régimen especial, así como el régimen de gobierno corporativo del que goza conforme al presente ordenamiento, de forma que pueda competir con eficacia en la industria energética." "Artículo 7. Para cumplir con su objeto, la Comisión Federal de Electricidad podrá celebrar con el Gobierno Federal y con personas físicas o morales toda clase de actos, convenios, contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar todo tipo de garantías reales y personales de obligaciones contraídas por sí o por sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, con sujeción a las disposiciones legales aplicables. La Comisión Federal de Electricidad estará facultada para realizar las operaciones relacionadas directa o indirectamente con su objeto. Los contratos y, en general, todos los actos jurídicos que celebre la Comisión Federal de Electricidad para el cumplimiento de su objeto, podrán incluir cualquiera de los términos permitidos por la legislación mercantil y común y deberán cumplir con la regulación aplicable en las materias que corresponda." "Artículo 82. Todos los actos que se desarrollen dentro del procedimiento de contratación que se regula en el presente Capítulo, hasta el momento del fallo, inclusive, serán de naturaleza administrativa. Una vez firmado el contrato, éste y todos los actos o aspectos que deriven del mismo serán de naturaleza privada y se regirán por la legislación mercantil o común aplicable." "Artículo 83. En contra del fallo que adjudique el contrato procederá: I. El recurso de reconsideración ante la instancia colegiada que se determine en el Estatuto Orgánico, y conforme al procedimiento que establezca el Reglamento de esta Ley, o II. La acción jurisdiccional que corresponda ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Contra las demás resoluciones emitidas durante el concurso no procederá instancia ni medio ordinario de defensa alguno y, en caso de alguna irregularidad en tales resoluciones, éstas podrán ser combatidas con motivo del fallo. Una vez adjudicado y firmado un contrato, todas las controversias que surjan relativas a su interpretación o cumplimiento serán competencia de los tribunales competentes del Poder Judicial de la Federación, salvo que se haya pactado un medio alternativo de solución de controversias." "Artículo 118. Las controversias nacionales en que sean parte la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias, cualquiera que sea su naturaleza, serán de la competencia de los tribunales de la Federación, quedando exceptuados de otorgar las garantías que los ordenamientos legales exijan a las partes, aun en los casos de controversias judiciales. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias podrán pactar medios alternativos de solución de controversias, cláusulas o compromisos arbitrales, en términos de la legislación mercantil aplicable y los tratados internacionales de los que México sea parte. Tratándose de actos jurídicos o contratos que surtan sus efectos o se ejecuten fuera del territorio nacional, la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias podrán convenir la aplicación del derecho extranjero, la jurisdicción de tribunales extranjeros en asuntos mercantiles y celebrar acuerdos arbitrales cuando así convenga al mejor cumplimiento de su objeto." De las normas transcritas se desprende que el legislador dispuso expresamente que a los actos que emita la Comisión Federal de Electricidad les son aplicables las legislaciones mercantil y civil, por lo que serán de esa naturaleza. Excepcionalmente, los actos que emita en el procedimiento de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras tendrán naturaleza administrativa. Por tal motivo, sólo esos actos administrativos son impugnables a través del juicio de nulidad y, en su caso, en vía de amparo. El resto de los conflictos nacionales en que participe dicha empresa, incluidos los derivados de la interpretación y cumplimiento de los contratos suscritos serán resueltos en vía mercantil o civil por los tribunales federales competentes en la materia o bien a través de los mecanismos de solución de conflictos, tales como el arbitraje que pacten las partes. Conclusión que también se corrobora a partir de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de la Industria Eléctrica que dispone, en lo que interesa, que se consideran mercantiles los actos de la industria eléctrica, por lo que se regirán por el Código de Comercio y, de modo supletorio, por las disposiciones del Código Civil Federal, tal como enseguida se advierte: "Artículo 5. El Gobierno Federal, los Generadores, los Transportistas, los Distribuidores, los Comercializadores, los Usuarios Calificados Participantes del Mercado y el CENACE, cada uno en el ámbito de sus competencias y responsabilidades, ejecutarán los actos que resulten necesarios para mantener la integridad y el funcionamiento eficiente del Sistema Eléctrico Nacional. En lo no previsto por esta Ley, se consideran mercantiles los actos de la industria eléctrica, por lo que se regirán por el Código de Comercio y, de modo supletorio, por las disposiciones del Código Civil Federal." Cabe destacar que las disposiciones de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, al ser de naturaleza procesal, rigen la vía de impugnación de los actos emitidos con posterioridad a su entrada en vigor, con independencia de la fecha en que se hubiera celebrado el contrato del que deriven. La precisión anterior es importante para evidenciar que las normas en cita no se ven afectadas por lo dispuesto en el artículo octavo transitorio de la ley en comento, que establece lo siguiente: "OCTAVO. Los contratos, convenios, poderes, mandatos, y en general los actos jurídicos, las representaciones otorgadas y las facultades concedidas por la Comisión Federal de Electricidad con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, y que se encuentren vigentes, subsistirán en los términos pactados. La Comisión Federal de Electricidad deberá tomar las medidas pertinentes para el cumplimiento de las obligaciones consignadas en dichos instrumentos." Sin embargo, dicho transitorio se refiere a que el aspecto sustantivo de los actos celebrados por la Comisión Federal de Electricidad, con anterioridad a la entrada en vigor de la ley subsistirán en los términos pactados, lo que se traduce únicamente en que los derechos y obligaciones ahí pactados seguirán rigiendo la relación contractual, con independencia del cambio de naturaleza jurídica de la citada comisión. Por tal motivo, resulta válido afirmar que los conflictos que deriven de los actos descritos en la norma de tránsito invocada se rigen por la legislación vigente al momento de entablar el juicio o procedimiento necesario para dirimirlos. Como resultado de ello, los conflictos derivados de los contratos de suministro de energía eléctrica celebrados entre la Comisión y los usuarios, diversos a los pactados en materia de adquisiciones, arrendamientos y obras, serán de la competencia de los tribunales de la Federación en materia civil o mercantil, según corresponda; razón por la cual los actos desplegados por la Comisión al tenor de un contrato de suministro de energía eléctrica no pueden considerarse como actos de autoridad, por cuanto no derivan de una relación de supra a subordinación. Este postulado se corrobora con el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 532, Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dada su relevancia se estima necesario transcribir nuevamente: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo." Sin embargo, en la ejecutoria que dio origen a la citada jurisprudencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que no se debe descartar la eventualidad de que la Comisión Federal de Electricidad lleve a cabo actos no pactados o que excedan el contrato de suministro básico con el usuario final y ser objeto de violaciones a derechos humanos que pudieran llegar a equipararla con una autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto, o bien, en el supuesto de amparo contra leyes. Puntualizó que ello debe ser dilucidado en cada caso concreto por el órgano jurisdiccional competente atendiendo al criterio contenido en la propia jurisprudencia. Ejemplificativamente, expuso algunas de las eventualidades que podrían presentarse, las cuales consisten en: 1. La negativa injustificada de celebrar contrato de suministro eléctrico, o bien; 2. En situaciones que comprometan los derechos humanos protegidos constitucional y convencionalmente, cuando dicha suspensión o corte ponga en evidente riesgo la vida, la salud o la seguridad de las personas que se encuentran en una situación vulnerable. En efecto, es importante destacar que cuando el acto reclamado en el juicio constitucional lo constituye la negativa a prestar el servicio de suministro de energía eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad podría actuar como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, en virtud de que aquélla es una empresa productiva del Estado que, al negarse a celebrar un contrato de suministro crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular, pues ese acto puede llegar a conculcar el derecho humano contenido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en que todas las personas cuenten con una vivienda que tenga los elementos mínimos necesarios para ser considerada digna y decorosa; es decir, los que garanticen un nivel mínimo de bienestar a quien la habite, entre los que se encuentran la electricidad, iluminación y ventilación adecuadas, pues la Comisión mencionada es la única que puede prestar ese servicio, de acuerdo con el marco teórico y legal plasmados en párrafos que anteceden. Entonces, la determinación mediante la cual la Comisión Federal de Electricidad se niega a proporcionar el servicio de energía a un gobernado podría constituir un acto de autoridad susceptible de impugnarse mediante el juicio de amparo, pues con base en las facultades que le otorga la Ley del Servicio de Energía Eléctrica, debe suministrar energía eléctrica a todo aquel que lo solicite, salvo que exista impedimento técnico o razones económicas para hacerlo, por lo que si a través de su determinación decide una situación jurídica que afecta la esfera legal del solicitante, ejerce facultades de decisión que le están atribuidas en un ordenamiento legal y que, por ende, constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Sin embargo, en el caso concreto, no se surten las condiciones necesarias para estimar que la negativa a celebrar un contrato de suministro de energía eléctrica cuya titularidad recaiga en el quejoso constituya un acto de autoridad para efectos del presente juicio de amparo. Se afirma lo anterior, dado que el Jefe de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la División Centro Oriente de la Comisión Federal de Electricidad informó a este órgano jurisdiccional lo siguiente: i) Que el bien inmueble ubicado en Retorno Lago Michigan, número 53-B, del condominio residencial Lomas de Angelópolis, San Andrés Cholula, Puebla, actualmente cuenta con suministro de energía eléctrica, pues tiene un contrato celebrado a nombre de Humberto Pérez León. ii) Que no se cuenta con ninguna solicitud relativa a cambiar al titular del contrato de suministro de energía eléctrica; y iii) Que el servicio que se proporcionada en ese inmueble cuenta con un adeudo de $128,089.00. Por su parte, el quejoso aclaró ante este órgano jurisdiccional que lo que efectivamente reclama es la negativa de la Comisión Federal de Electricidad a celebrar un contrato de suministro de energía eléctrica cuya titularidad recaiga en él, asimismo que actualmente se le suministra el servicio en dicho inmueble, el cual no se ha visto interrumpido. A partir de lo anterior, es posible advertir que este supuesto no se aproxima al que anticipó la Segunda Sala del Alto Tribunal al resolver la contradicción de tesis 198/2017, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.) antes transcrita. Se asevera lo anterior, ya que en este caso no se trata de una negativa injustificada a celebrar contrato de suministro eléctrico, pues como lo informó la Comisión Federal de Electricidad y lo confirmó el propio quejoso, existe un contrato de suministro de energía eléctrica, tan es así que actualmente se proporcionan los servicios correspondientes, siendo que la pretensión del quejoso más bien se reduce a que ese contrato no continúe a nombre de Humberto Pérez León. Por lo tanto, es posible advertir que no se reúnen las condiciones necesarias para estimar que, en este caso, la Comisión Federal de Electricidad tenga el carácter de autoridad, pues si bien habrá supuestos en que la negativa injustificada a celebrar un contrato de suministro eléctrico pueda constituir un acto justiciable a través del juicio de amparo indirecto, lo cierto es que ello quedará condicionado a que en el inmueble correspondiente no se suministre el fluido eléctrico, ya que tal circunstancia podría poner en evidente riesgo la vida, la salud o la seguridad de las personas que se encuentran en una situación vulnerable, pues por solo citar algunos ejemplos esa falta de energía eléctrica podría poner en riesgo la vida de enfermos dependientes de instrumentos y máquinas que los mantienen con vida o, en caso de grupos vulnerables, personas imposibilitadas para proveer su subsistencia, pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad, entre otros. Sin embargo, dado que en el caso concreto existe un contrato de suministro de energía eléctrica relativo al bien inmueble ubicado en Retorno Lago Michigan, número 53-B, del condominio residencial Lomas de Angelópolis, San Andrés Cholula, Puebla, en el que actualmente se suministra con regularidad el suministro de energía eléctrica, las controversias que se susciten derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil, de acuerdo a la interpretación de lo previsto en el artículo 1049, en relación con el diverso 75, fracciones V y XXV, ambos del Código de Comercio. Esta conclusión se fortalece si se tiene en cuenta que el servicio que se proporciona en el citado inmueble cuenta con un adeudo de $128,089.00, lo que podría ser la causa que origine que la Comisión Federal de Electricidad se rehúse a celebrar un contrato de suministro de energía eléctrica cuya titularidad recaiga en el quejoso, hasta en tanto se liquide ese adeudo; de ahí que el acto reclamado se encuentre inscrito en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica, en cuyo caso todas las controversias vinculadas con él deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil. Por las razones antes expuestas es inaplicable al caso el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, que la parte quejosa invocó en su demanda de amparo, aunado a que no es obligatorio para este órgano jurisdiccional, tal como lo establece el artículo 217 de la Ley de Amparo. No se soslaya la existencia de la diversa jurisprudencia 54/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 929, libro X, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a julio de 2012, de rubro y texto siguientes: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. En el auto señalado el Juez de Distrito no está en posibilidad jurídica ni material de precisar si el acto reclamado, consistente en el Acuerdo por el que se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a ésta. Por tanto, el Juez federal no está en aptitud para desechar la demanda de amparo bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa no es evidente, claro y fehaciente, pues se requerirá hacer un análisis profundo para determinar su improcedencia, estudio propio de la sentencia definitiva, razón por la cual debe admitir la demanda de amparo, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento lleve a efecto el análisis exhaustivo de esos supuestos." Sin embargo, es importante destacar que dicho criterio fue materia de la solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, la cual se resolvió en sesión del dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, declarándose infundada, pero se aclaró el rubro, quedando en los siguientes términos: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA." Ahora bien, como puede apreciarse, el criterio de mérito establece que el auto inicial en un juicio constitucional no es la actuación idónea para analizar si el auto que fija las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo; sin embargo, esa circunstancia no es un obstáculo para desechar la presente demanda al considerar actualizada la causa de improcedencia en estudio. Lo anterior, ya que la aludida jurisprudencia parte de la base de que el Juez de Distrito no está en posibilidad jurídica ni material de precisar si el acuerdo por el que se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que para ello se requiere realizar un análisis profundo que es propio de la sentencia definitiva, por lo que no es dable desechar la demanda de amparo. No obstante, el criterio en cuestión se emitió previamente a las jurisprudencias 30/2018 y 43/2014, que se trascribieron líneas arriba, en donde la propia Segunda Sala del Alto Tribunal al realizar un estudio detallado concluyó que la Comisión Federal de Electricidad no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando se le reclamen actos previstos en los contratos de suministro de energía, como son el aviso recibo donde se determine el cobro del servicio eléctrico. Es decir, si bien en un inicio la Suprema Corte sostuvo que el auto inicial no es una actuación idónea para determinar si constituyen actos de autoridad aquellos relacionados con el cobro del servicio de energía eléctrica, ya que esa cuestión requiere de un estudio minucioso, lo cierto es que con posterioridad el propio Alto Tribunal realizó tal estudio, y emitió criterios en el sentido de que cuando la Comisión Federal de Electricidad efectué actos de esa naturaleza no tendrá la calidad de autoridad para efectos del juicio constitucional, de ahí que actualmente sea posible desechar la demanda de amparo desde la primera actuación. Máxime que derivado de la contradicción de tesis 309/2018, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se determinó que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ella se advierta, sin lugar a dudas un motivo manifiesto de improcedencia. Asimismo, se consideró que es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza haya sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal del País, toda vez que dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Derivado de lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el siguiente criterio jurisprudencial, que dispone lo siguiente: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ésta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia. Entonces, es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía puede revisar un criterio obligatorio que derivó de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional." En las relatadas condiciones, es claro que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5, fracción II, párrafo primero de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa".
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de febrero de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio de cuenta firmado por el Jefe de Asuntos Jurídicos de la División Centro Oriente de la CFE Suministrador de Servicios Básicos, mediante el cual rinde el informe y remite las constancias solicitadas mediante proveído de ocho de febrero de dos mil diecinueve. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 61, 62, 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta y anexos para los efectos legales a que haya lugar, dado que aún transcurre el plazo otorgado a la parte quejosa para dar cumplimiento al auto de prevención. Se solicita informe En otro aspecto, para mejor proveer sobre el trámite del presente asunto, de conformidad con el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se solicita a la Procuraduría Federal del Consumidor, Delegación Puebla, a fin de que en el término de veinticuatro horas, contadas a partir del momento en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita a este órgano jurisdiccional copia certificada de la totalidad de las constancias que integren el expediente de queja PFC.PUE.B.3/001714-2018. Cabe precisar que el citado requerimiento encuentra sustento en que el Juez de Distrito puede recabar oficiosamente pruebas para mejor proveer, siempre que ello no implique postergar la decisión de admitir la demanda una vez desahogada la prevención relativa, tal como lo ha reconocido jurisprudencialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un caso similar al que nos ocupa y que se ve reflejado en el siguiente criterio: ... Notifíquese.
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