Margarito Gopar Sanchez
Expediente 147/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 147/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Margarito Gopar Sanchez
Actuaciones
- Principal
MESA VII "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto que desechó la demanda de amparo origen de este expediente; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso d) del citado Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA VII "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de febrero de dos mil veintidós. PARTE QUEJOSA MARGARITO GOPAR SANCHEZ, promueve por propio derecho. ACTO RECLAMADO De la lectura de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama del RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ASUNTOS JURIDICOS ZONA COMERCIAL OAXACA, DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, el silencio administrativo y falta de respuesta a la petición escrita ingresada por oficialía de partes el trece de diciembre de dos mil veintiuno. AUTORIDAD RESPONSABLE RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ASUNTOS JURIDICOS ZONA COMERCIAL OAXACA, DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS. Artículos 8°, 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se instruye al secretario a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. REGISTRO DE EXPEDIENTE De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 147/2022. DESECHAMIENTO Ahora, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, el Juez de Distrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. El citado precepto 113, del cuerpo normativo en cita, establece: "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De ello se sigue que el juzgador debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia, a fin de no entorpecer la administración de justicia, y admitir a trámite demandas que, a la postre, resulten improcedentes. En la inteligencia de que por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías y, por indudable, se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. ... En la especie, la quejosa señaló como acto reclamado: "el silencio administrativo y falta de respuesta a la petición escrita ingresada por oficialía de partes el trece de diciembre de dos mil veintiuno". Así, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 5°, fracción II, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, dado que a la autoridad que señala como responsable, no le asiste tal carácter para efectos del juicio de amparo, por lo que la demanda de amparo debe desecharse. Los preceptos legales referidos establecen, en lo que interesa, lo siguiente: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Así, resulta oportuno acotar que en relación con el concepto de autoridad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que para efectos del amparo, lo constituye aquella que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones que afecten la esfera jurídica de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Ahora, el más Alto Tribunal del País acotó que autoridad, tratándose del juicio de amparo, es la que ejerce las facultades decisorias que legalmente le han sido atribuidas y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; y abandonó el criterio tradicional de disponibilidad de la fuerza pública como distintivo del concepto que se analiza. Por tanto, con el propósito de dilucidar las consideraciones de tipo legal de tal afirmación, resulta menester precisar cuándo y en qué casos la Comisión Federal de Electricidad es considerada como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, y así estar en aptitud de definir si los actos desplegados encuadran como actos de imperio, requisito básico para la procedencia del juicio constitucional, en términos del numeral 1°, fracción I, en relación con el ordinal 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. Para ello, es preciso establecer que ni el poder constituyente ni el legislador ordinario han definido legalmente lo que debe entenderse por autoridad. En efecto, el artículo 103 constitucional establece: "Artículo 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I.-Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales. II.-Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y III. Por leyes o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de la autoridad federal." El diverso numeral 107 de la Norma Fundamental tampoco define el concepto de autoridad; ni menos aún su ley reglamentaria, pues en su precepto 5°, fracción II, transcrito en párrafos precedentes, únicamente ejemplifica las formas en que la autoridad puede llevar a cabo actos objeto del juicio de amparo, empero, sin precisar las características que los mismos deben reunir para considerarse con tal calidad para efectos de dicho juicio. En esa tesitura, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de una evolución histórica del concepto de autoridad, que en principio sostuvo que quienes disponían de fuerza pública en virtud de circunstancias legales o de hecho y que, por ende, están en posibilidad de obrar como individuos que ejercen actos públicos por el hecho de disponer de fuerza pública, tenían el carácter de autoridad, lo que se interpretó con rigor en el sentido de que solo tenían carácter de autoridad quienes dispusieran de la fuerza pública; no obstante, dicha postura se abandonó al sustentar con posterioridad la tesis del rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO"; de la que, en síntesis, debe destacarse, según las consideraciones que la informan que, para los efectos del juicio de amparo, se estima autoridad aquella que teniendo las características de órgano público que le da las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella". Por tanto, las características de un acto de autoridad, para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: Que tenga particularidades de órgano público. Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar, Que emita o realice actos unilaterales que afecten la esfera jurídica de los gobernados. Ahora, a fin de poner en relieve las apuntadas notas distintivas, resulta necesario precisar que los derechos y obligaciones generados en el marco del numeral 8º de la abrogada Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, cuyo tenor literal reza: "Artículo 8°. La Comisión Federal de Electricidad es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio". Corolario a lo anterior, resulta menester precisar que de acuerdo con la doctrina, existen los siguientes tipos de relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y sus órganos: Las relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas, entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de gobernados; Las relaciones de supraordinación, que son las que se efectúan entre los diferentes órganos de gobierno en el desempeño de sus atribuciones, y Las relaciones de supra a subordinación que surgen entre los órganos de autoridad, por una parte y, el gobernado, por la otra. En dichas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Se dice que tales actos son unilaterales porque su existencia depende únicamente de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aun contra la voluntad del gobernado, y son coercitivos ya que si no se acatan, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública. En ese sentido, para que un acto de autoridad pueda considerarse como tal, debe reunir los siguientes requisitos: a) Unilateral. Para su existencia y eficacia no requiere del concurso o colaboración del particular frente al cual se ejercita. b) Imperativo. Porque la voluntad del particular se encuentra supeditada, es decir sometida. c) Coercitivo. Puede constreñir y forzar al gobernado para hacerse respetar. De esta guisa, para que el acto de un órgano estatal sea conceptuado como tal, debe realizarse con motivo de relaciones de supra a subordinación, esto es, entre sujetos colocados en diferentes planos: los particulares por un lado y el Estado investido con su imperio, por el otro. Lo que es así, en tanto que el calificativo de acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado, quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien, por ambas. ... De lo razonado y fundado, se obtiene que, cuando como en el caso, se reclama la falta de respuesta a su escrito de petición recibido con fecha trece de diciembre de dos mil veintiuno por la oficialía de partes de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, dicho acto no puede considerarse de autoridad para efectos del juicio de amparo, dado que no se está frente a un acto autoritario, sino en una relación de coordinación emanada de un vínculo convencional cuyo origen es la falta de respuesta al escrito presentado, de ahí que, se reitera, ambas partes actúan en calidad de particulares. Entonces, esa relación de igualdad en la que el Estado actúa como prestador del servicio o patrón y no como un ente jurídico investido de imperio, demuestra que no se trata de una relación entre autoridad y gobernado, sino de correspondencia entre el interés del prestador del servicio o patrón y un particular, porque el organismo no obra como autoridad. Sin que por otra parte sea dable considerar que en la especie el Responsable de la Oficina de Asuntos Jurídicos Zona Comercial Oaxaca, de la Comisión Federal de Electricidad, aun en su calidad de particular, hubiese desplegado actos de imperio para los efectos del juicio de amparo, en los términos previstos en el artículo 5°, fracción II, párrafo segundo, de la ley de la materia; ya que de la interpretación de dicho precepto legal, desde una perspectiva de evolución legislativa, jurisprudencial y doctrinal y, en atención al principio de progresividad que consagra el artículo 1°, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite concluir que los actos equivalentes a los de autoridad, para la procedencia del juicio de amparo contra particulares, son aquellos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, siempre que se realicen al amparo de la facultad que el Estado les haya otorgado para ejercer una función regulada en una norma general, de tal manera que se asimile al servicio que en su lugar brindaría el ente público, sin que para ello sea necesario que forme parte del Estado como tal. En otras palabras, el precepto legal del que se dio noticia establece que para que un particular pueda ser reconocido con la calidad de autoridad responsable dentro de un juicio de amparo es menester la actualización de dos supuestos legales, a saber: Que un particular realice actos equivalentes a los de autoridad que afecten la esfera jurídica de un gobernado; y Que las funciones del particular se encuentren determinadas por una norma general. Requisitos que en el caso no se encuentran colmados, esencialmente, porque como se dijo, la actividad desplegada por el Responsable de la Oficina de Asuntos Jurídicos Zona Comercial Oaxaca, Oaxaca, de la Comisión Federal de Electricidad, emana de un vínculo convencional falta de respuesta al escrito presentado el trece de diciembre de dos mil veintiuno en la oficialía de partes; de ahí que, se reitera, ambas partes actúan en calidad de particulares. En tales condiciones, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 5°, fracción II, este último interpretado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo, por notoriamente improcedente. ... DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica; y en atención a la certificación realizada por el Secretario de este Juzgado, se tiene por autorizado sin las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que señala, toda vez que no se encuentran inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionistas del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado mediante Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación en el dieciocho de julio del año dos mil cinco; por lo que únicamente podrá oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos. CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Con apoyo en el artículo 5, fracción I, y 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se tiene señalando a la parte quejosa el correo electrónico y número telefónico que menciona únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyos registros se conservarán y certificarán para incorporarlos al expediente. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES Desde este momento SE AUTORIZA para que CUALQUIER DILIGENCIA que se ordene en el presente juicio de amparo, se realice de ser necesario, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, ya que el suscrito lo estima pertinente para el adecuado despacho de este asunto. MEDIOS ELECTRONICOS No obstante que el uso de los medios electrónicos para obtener la información de las actuaciones practicadas en el juicio, no está regulada en la Ley de Amparo, en términos de la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza al promovente utilizar medios electrónicos, que le permitan obtener copia de las constancias y documentos que obren en el presente asunto. Sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción o edición que hagan de ellos los peticionarios, quienes estarán obligados a utilizar los medios correspondientes con la debida lealtad procesal. ... En el entendido de que dicha reproducción deberá realizarse en la secretaría correspondiente, dejándose constancia en el expediente de los documentos que se hayan reproducido y previa cita que agende. PETICIÓN ESPECIAL A LAS PARTES En otro aspecto, se exhorta a la parte quejosa a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección w... De igual forma, se exhorta a las partes, con fundamento en el artículo 22, fracción II del Acuerdo General 21/2020, para que propongan una forma especial y expedita de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se pueden implementar las comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. ATENCIÓN VÍA TELEFÓNICA Con fundamento en el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, hágase del conocimiento de las partes que se encuentra a su disposición el número telefónico 9515023565, con un horario de atención de las nueve a las catorce treinta horas, de lunes a viernes, únicamente para la atención de aspectos que permitan facilitar el trámite de los juicios y procedimientos que se siguen ante este órgano jurisdiccional , no así para comunicaciones de carácter procesal. MEDIDAS SANITARIAS Como medida preventiva respecto a la epidemia generada por el virus SARS-CovV2 (COVID-19), a efecto de aminorar el riesgo de contagio con motivo de la práctica de diligencias en el presente juicio de amparo, adoptar medidas estrictas de distanciamiento social y de esquemas para salvaguardar la salud de nuestra comunidad, se hace del conocimiento de las partes que dicha audiencia se llevará a cabo sin la presencia física de las partes; no obstante, podrán presentar por escrito de manera física o electrónica los alegatos y pruebas que consideren pertinentes de conformidad con lo previsto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, prorrogado en cuanto a su periodo de vigencia por el diverso 1/2022 del mismo Pleno. En el entendido de que tratándose de la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias que suelan requerir la presencia física de las partes o de otros intervinientes, se puedan practicar mediante el uso de herramientas tecnológicas como las videoconferencias, cuando resulte necesaria su intervención, circunstancia que será aplicable incluso cuando la tramitación de un expediente se realice bajo el esquema tradicional y no mediante el modelo de juicio en línea. En otro aspecto, hágase de su conocimiento que, con fundamento en el artículo 6 del acuerdo antes mencionado, el modelo de atención presencial será basado en citas, que se generarán desde la modalidad del programa "Agenda OJ", con la que se realizará dicha funcionalidad, siguiendo y acatando los supuestos y las reglas señaladas en los incisos a, b, c, d, e y f del citado artículo 6. Asimismo, comuníqueseles que tratándose de comunicaciones no procesales, es posible brindar atención vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, como lo establece el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General invocado. De igual manera, conforme a lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, para la realización de notificaciones personales, podrá establecerse contacto con el Actuario, a través de dichas herramientas, para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. Con fundamento en el artículo 7 de Acuerdo General 21/2020, respecto a las medidas sanitarias para el acceso a los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, los que acudan a este órgano judicial deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Cuando tengan una cita programada las personas justiciables deberán acudir puntualmente a la misma y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS Se hace del conocimiento de las partes, que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica. Por último, se autoriza al Secretario encargado del trámite del presente expediente para que firme los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
MESA VII "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de febrero de dos mil veintidós. PARTE QUEJOSA MARGARITO GOPAR SANCHEZ, promueve por propio derecho. ACTO RECLAMADO De la lectura de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama del RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ASUNTOS JURIDICOS ZONA COMERCIAL OAXACA, DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, el silencio administrativo y falta de respuesta a la petición escrita ingresada por oficialía de partes el trece de diciembre de dos mil veintiuno. AUTORIDAD RESPONSABLE RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ASUNTOS JURIDICOS ZONA COMERCIAL OAXACA, DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS. Artículos 8°, 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se instruye al secretario a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. REGISTRO DE EXPEDIENTE De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 147/2022. DESECHAMIENTO Ahora, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, el Juez de Distrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. El citado precepto 113, del cuerpo normativo en cita, establece: "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De ello se sigue que el juzgador debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia, a fin de no entorpecer la administración de justicia, y admitir a trámite demandas que, a la postre, resulten improcedentes. En la inteligencia de que por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías y, por indudable, se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. ... En la especie, la quejosa señaló como acto reclamado: "el silencio administrativo y falta de respuesta a la petición escrita ingresada por oficialía de partes el trece de diciembre de dos mil veintiuno". Así, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 5°, fracción II, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, dado que a la autoridad que señala como responsable, no le asiste tal carácter para efectos del juicio de amparo, por lo que la demanda de amparo debe desecharse. Los preceptos legales referidos establecen, en lo que interesa, lo siguiente: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Así, resulta oportuno acotar que en relación con el concepto de autoridad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que para efectos del amparo, lo constituye aquella que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones que afecten la esfera jurídica de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Ahora, el más Alto Tribunal del País acotó que autoridad, tratándose del juicio de amparo, es la que ejerce las facultades decisorias que legalmente le han sido atribuidas y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; y abandonó el criterio tradicional de disponibilidad de la fuerza pública como distintivo del concepto que se analiza. Por tanto, con el propósito de dilucidar las consideraciones de tipo legal de tal afirmación, resulta menester precisar cuándo y en qué casos la Comisión Federal de Electricidad es considerada como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, y así estar en aptitud de definir si los actos desplegados encuadran como actos de imperio, requisito básico para la procedencia del juicio constitucional, en términos del numeral 1°, fracción I, en relación con el ordinal 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. Para ello, es preciso establecer que ni el poder constituyente ni el legislador ordinario han definido legalmente lo que debe entenderse por autoridad. En efecto, el artículo 103 constitucional establece: "Artículo 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I.-Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales. II.-Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y III. Por leyes o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de la autoridad federal." El diverso numeral 107 de la Norma Fundamental tampoco define el concepto de autoridad; ni menos aún su ley reglamentaria, pues en su precepto 5°, fracción II, transcrito en párrafos precedentes, únicamente ejemplifica las formas en que la autoridad puede llevar a cabo actos objeto del juicio de amparo, empero, sin precisar las características que los mismos deben reunir para considerarse con tal calidad para efectos de dicho juicio. En esa tesitura, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de una evolución histórica del concepto de autoridad, que en principio sostuvo que quienes disponían de fuerza pública en virtud de circunstancias legales o de hecho y que, por ende, están en posibilidad de obrar como individuos que ejercen actos públicos por el hecho de disponer de fuerza pública, tenían el carácter de autoridad, lo que se interpretó con rigor en el sentido de que solo tenían carácter de autoridad quienes dispusieran de la fuerza pública; no obstante, dicha postura se abandonó al sustentar con posterioridad la tesis del rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO"; de la que, en síntesis, debe destacarse, según las consideraciones que la informan que, para los efectos del juicio de amparo, se estima autoridad aquella que teniendo las características de órgano público que le da las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella". Por tanto, las características de un acto de autoridad, para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: Que tenga particularidades de órgano público. Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar, Que emita o realice actos unilaterales que afecten la esfera jurídica de los gobernados. Ahora, a fin de poner en relieve las apuntadas notas distintivas, resulta necesario precisar que los derechos y obligaciones generados en el marco del numeral 8º de la abrogada Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, cuyo tenor literal reza: "Artículo 8°. La Comisión Federal de Electricidad es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio". Corolario a lo anterior, resulta menester precisar que de acuerdo con la doctrina, existen los siguientes tipos de relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y sus órganos: Las relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas, entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de gobernados; Las relaciones de supraordinación, que son las que se efectúan entre los diferentes órganos de gobierno en el desempeño de sus atribuciones, y Las relaciones de supra a subordinación que surgen entre los órganos de autoridad, por una parte y, el gobernado, por la otra. En dichas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Se dice que tales actos son unilaterales porque su existencia depende únicamente de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aun contra la voluntad del gobernado, y son coercitivos ya que si no se acatan, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública. En ese sentido, para que un acto de autoridad pueda considerarse como tal, debe reunir los siguientes requisitos: a) Unilateral. Para su existencia y eficacia no requiere del concurso o colaboración del particular frente al cual se ejercita. b) Imperativo. Porque la voluntad del particular se encuentra supeditada, es decir sometida. c) Coercitivo. Puede constreñir y forzar al gobernado para hacerse respetar. De esta guisa, para que el acto de un órgano estatal sea conceptuado como tal, debe realizarse con motivo de relaciones de supra a subordinación, esto es, entre sujetos colocados en diferentes planos: los particulares por un lado y el Estado investido con su imperio, por el otro. Lo que es así, en tanto que el calificativo de acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado, quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien, por ambas. ... De lo razonado y fundado, se obtiene que, cuando como en el caso, se reclama la falta de respuesta a su escrito de petición recibido con fecha trece de diciembre de dos mil veintiuno por la oficialía de partes de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, dicho acto no puede considerarse de autoridad para efectos del juicio de amparo, dado que no se está frente a un acto autoritario, sino en una relación de coordinación emanada de un vínculo convencional cuyo origen es la falta de respuesta al escrito presentado, de ahí que, se reitera, ambas partes actúan en calidad de particulares. Entonces, esa relación de igualdad en la que el Estado actúa como prestador del servicio o patrón y no como un ente jurídico investido de imperio, demuestra que no se trata de una relación entre autoridad y gobernado, sino de correspondencia entre el interés del prestador del servicio o patrón y un particular, porque el organismo no obra como autoridad. Sin que por otra parte sea dable considerar que en la especie el Responsable de la Oficina de Asuntos Jurídicos Zona Comercial Oaxaca, de la Comisión Federal de Electricidad, aun en su calidad de particular, hubiese desplegado actos de imperio para los efectos del juicio de amparo, en los términos previstos en el artículo 5°, fracción II, párrafo segundo, de la ley de la materia; ya que de la interpretación de dicho precepto legal, desde una perspectiva de evolución legislativa, jurisprudencial y doctrinal y, en atención al principio de progresividad que consagra el artículo 1°, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite concluir que los actos equivalentes a los de autoridad, para la procedencia del juicio de amparo contra particulares, son aquellos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, siempre que se realicen al amparo de la facultad que el Estado les haya otorgado para ejercer una función regulada en una norma general, de tal manera que se asimile al servicio que en su lugar brindaría el ente público, sin que para ello sea necesario que forme parte del Estado como tal. En otras palabras, el precepto legal del que se dio noticia establece que para que un particular pueda ser reconocido con la calidad de autoridad responsable dentro de un juicio de amparo es menester la actualización de dos supuestos legales, a saber: Que un particular realice actos equivalentes a los de autoridad que afecten la esfera jurídica de un gobernado; y Que las funciones del particular se encuentren determinadas por una norma general. Requisitos que en el caso no se encuentran colmados, esencialmente, porque como se dijo, la actividad desplegada por el Responsable de la Oficina de Asuntos Jurídicos Zona Comercial Oaxaca, Oaxaca, de la Comisión Federal de Electricidad, emana de un vínculo convencional falta de respuesta al escrito presentado el trece de diciembre de dos mil veintiuno en la oficialía de partes; de ahí que, se reitera, ambas partes actúan en calidad de particulares. En tales condiciones, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 5°, fracción II, este último interpretado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo, por notoriamente improcedente. ... DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica; y en atención a la certificación realizada por el Secretario de este Juzgado, se tiene por autorizado sin las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que señala, toda vez que no se encuentran inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionistas del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado mediante Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación en el dieciocho de julio del año dos mil cinco; por lo que únicamente podrá oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos. CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Con apoyo en el artículo 5, fracción I, y 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se tiene señalando a la parte quejosa el correo electrónico y número telefónico que menciona únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyos registros se conservarán y certificarán para incorporarlos al expediente. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES Desde este momento SE AUTORIZA para que CUALQUIER DILIGENCIA que se ordene en el presente juicio de amparo, se realice de ser necesario, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, ya que el suscrito lo estima pertinente para el adecuado despacho de este asunto. MEDIOS ELECTRONICOS No obstante que el uso de los medios electrónicos para obtener la información de las actuaciones practicadas en el juicio, no está regulada en la Ley de Amparo, en términos de la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza al promovente utilizar medios electrónicos, que le permitan obtener copia de las constancias y documentos que obren en el presente asunto. Sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción o edición que hagan de ellos los peticionarios, quienes estarán obligados a utilizar los medios correspondientes con la debida lealtad procesal. ... En el entendido de que dicha reproducción deberá realizarse en la secretaría correspondiente, dejándose constancia en el expediente de los documentos que se hayan reproducido y previa cita que agende. PETICIÓN ESPECIAL A LAS PARTES En otro aspecto, se exhorta a la parte quejosa a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección w... De igual forma, se exhorta a las partes, con fundamento en el artículo 22, fracción II del Acuerdo General 21/2020, para que propongan una forma especial y expedita de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se pueden implementar las comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. ATENCIÓN VÍA TELEFÓNICA Con fundamento en el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, hágase del conocimiento de las partes que se encuentra a su disposición el número telefónico 9515023565, con un horario de atención de las nueve a las catorce treinta horas, de lunes a viernes, únicamente para la atención de aspectos que permitan facilitar el trámite de los juicios y procedimientos que se siguen ante este órgano jurisdiccional , no así para comunicaciones de carácter procesal. MEDIDAS SANITARIAS Como medida preventiva respecto a la epidemia generada por el virus SARS-CovV2 (COVID-19), a efecto de aminorar el riesgo de contagio con motivo de la práctica de diligencias en el presente juicio de amparo, adoptar medidas estrictas de distanciamiento social y de esquemas para salvaguardar la salud de nuestra comunidad, se hace del conocimiento de las partes que dicha audiencia se llevará a cabo sin la presencia física de las partes; no obstante, podrán presentar por escrito de manera física o electrónica los alegatos y pruebas que consideren pertinentes de conformidad con lo previsto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, prorrogado en cuanto a su periodo de vigencia por el diverso 1/2022 del mismo Pleno. En el entendido de que tratándose de la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias que suelan requerir la presencia física de las partes o de otros intervinientes, se puedan practicar mediante el uso de herramientas tecnológicas como las videoconferencias, cuando resulte necesaria su intervención, circunstancia que será aplicable incluso cuando la tramitación de un expediente se realice bajo el esquema tradicional y no mediante el modelo de juicio en línea. En otro aspecto, hágase de su conocimiento que, con fundamento en el artículo 6 del acuerdo antes mencionado, el modelo de atención presencial será basado en citas, que se generarán desde la modalidad del programa "Agenda OJ", con la que se realizará dicha funcionalidad, siguiendo y acatando los supuestos y las reglas señaladas en los incisos a, b, c, d, e y f del citado artículo 6. Asimismo, comuníqueseles que tratándose de comunicaciones no procesales, es posible brindar atención vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, como lo establece el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General invocado. De igual manera, conforme a lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, para la realización de notificaciones personales, podrá establecerse contacto con el Actuario, a través de dichas herramientas, para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. Con fundamento en el artículo 7 de Acuerdo General 21/2020, respecto a las medidas sanitarias para el acceso a los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, los que acudan a este órgano judicial deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Cuando tengan una cita programada las personas justiciables deberán acudir puntualmente a la misma y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS Se hace del conocimiento de las partes, que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica. Por último, se autoriza al Secretario encargado del trámite del presente expediente para que firme los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. EL PRESENTE ACUERDO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, PREVIO AVISO, EN TERMINOS DE LA LEY DE AMPARO
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