Margarito González Peña

Expediente 851/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 8 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
851/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
20/01/2023

Partes del expediente

  • Margarito González Peña

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinte de enero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por la actuaria judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz; recibido en línea, en virtud de que dicho oficio cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, téngase al referido Tribunal informando que admitió el recurso de revisión interpuesto en autos, el cual fue radicado con el número de toca 36/2022; por tanto, estese en espera de que la Superioridad resuelva lo conducente. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, seis de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido; se les tiene INTERPONIENDO RECURSO DE REVISIÓN en contra de la sentencia dictada en autos el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós; en consecuencia, con apoyo en los artículos 81, fracción I, inciso e) 86 párrafo primero, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse las copias exhibidas entre las partes como corresponda. Hecho lo anterior, una vez que esté debidamente integrado el presente asunto, esto es, que obren las notificaciones tanto de la sentencia como del recurso de revisión y dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que ello ocurra, remítase el juicio en que se actúa, un tomo de prueba, así como el original y copia del escrito de agravios con registro 239 al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito en turno, con sede en Xalapa, Veracruz, por conducto de la respectiva Oficina de Correspondencia Común, para la substanciación de dicho recurso. Asimismo, fórmese cuaderno de antecedentes de dicho envío, con copia certificada de las principales constancias de este expediente. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Con esta fecha se notifica por este conducto a la parte tercera interesada la sentencia engrosada el diecinueve del mes y año en curso, como se encuentra ordenado mediante proveído de trece de octubre del año en curso, misma que a la letra dice: SENTENCIA Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 851/2022. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Boca del Río, Veracruz, y turnado ese mismo día a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, la parte quejosa, Margarito González Peña, promovió juicio de amparo contra del acto que más adelante se precisará (fojas 1-7). SEGUNDO. Admisión. Previa prevención (fojas 10-13) por auto de tres de octubre de dos mil veintidós (fojas 18-21) se ordenó admitir a trámite la citada demanda de amparo en los términos propuestos, solicitar su informe justificado a la autoridad responsable, dar la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se ordenó emplazar a la tercero interesada Yazmín Teresa Fernández Hernández, misma que fue emplazada el siete de octubre de dos mil veintidós (fojas 26-27) misma que no compareció a juicio. Mediante proveído de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, se tuvo por rendido el informe justificado del Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz (fojas 30-32). Por lo que, una vez que se encontró integrado el juicio de garantías, la audiencia constitucional se celebró en la hora y fecha prevista al efecto (foja 34). Finalmente, hasta el momento no consta que las partes hayan dado su consentimiento para la publicación de sus datos personales y, CONSIDERANDOS: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción II, inciso b) constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, al reclamarse una resolución emitida en un proceso civil, susceptible de afectar directa e irreparablemente el derecho fundamental de recibir alimentos, impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, atento a que la ejecución del acto reclamado tiene lugar en la circunscripción territorial en la que este tribunal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuál es el acto reclamado. La resolución de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, dictada en el juicio ordinario civil 1822/2021 del índice del Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con residencia en Veracruz, Veracruz, en la que confirmó la medida provisional decretada en el auto de fecha catorce de enero de dos mil veintidós consistente en el 20% (VEINTE POR CIENTO) del salario y demás prestaciones que percibe el allí demandado hoy quejoso Margarito González Peña, en favor de su esposa aquí tercero interesada Yazmín Teresa Fernández Hernández (fojas 186-195 Tomo I cuaderno de pruebas) (resolución notificada por lista de acuerdos al quejoso, el propio veintinueve de agosto de dos mil veintidós). Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Existencia de los actos. Son ciertos los actos atribuidos a la autoridad responsable Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con residencia en Veracruz, Veracruz, en razón que al rendir su informe justificado reconoció la existencia de la resolución reclamada (fojas 30-31). Lo que se constata en razón que dicha responsable remitió copia certificada de esa determinación (fojas 186-195 Tomo I cuaderno de pruebas) la cual tiene valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Procedencia del Juicio. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. En el caso, no se advierte motivo de improcedencia del juicio ni las partes señalan que se actualice alguno; por tanto, procede el estudio de los conceptos de violación, los que se omite reproducir al ser innecesario hacerlo y no exigirlo precepto legal alguno. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Por otra parte, resulta necesario establecer que la presentación de la demanda de amparo promovida por el quejoso Margarito González Peña, fue realizada en tiempo, ello con base en los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo; cuyo contenido es del tenor siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días (.)." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la intelección conjunta de los preceptos reproducidos, en lo que atañe al caso concreto, se advierte que la demanda de amparo que dio inicio al presente juicio de amparo fue presentada dentro del plazo de quince días, contado a partir del día siguiente a aquél en que tuvo conocimiento o se ostentó sabedora del acto reclamado o de su ejecución. Lo anterior es así, puesto que la notificación del acto reclamado le surtió efectos al quejoso tuvo el treinta de agosto de dos mil veintidós, en virtud de que la resolución combatida fue publicada por lista de acuerdos el propio veintinueve de agosto de dos mil veintidós y presentó la demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. En ese sentido, el término para la presentación de la demanda de amparo comenzó a transcurrir a partir del día treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, y fenecía el veinte de septiembre de dos mil veintidós, descontando del cómputo los días catorce, quince y dieciséis de septiembre de dos mil veintidós que fueron inhábiles por lo que se concluye que la presentación de la demanda de amparo fue oportuna. QUINTO. Constitucionalidad del acto. Se anticipa, que los conceptos de violación hechos valer por el quejoso en su respectiva demanda, aun suplidos ante su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, son infundados. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a.VII/2020, de rubro y contenido: SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO QUE ESTABLECE SU PROCEDENCIA ÚNICAMENTE ANTE VIOLACIONES EVIDENTES DE LA LEY QUE HAYAN DEJADO SIN DEFENSA AL QUEJOSO, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Tanto la Constitución Federal como la Ley de Amparo establecen que tratándose de las materias en las que no opera oficiosamente la suplencia de la queja deficiente, la carga argumentativa de demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado recae en el quejoso. De esta forma, no es posible que tratándose de las materias civil, mercantil o administrativa, las cuales se rigen por el principio de estricto derecho, los juzgadores deban, en todos los casos, suplir la queja deficiente; pues ello implicaría ir en contra de lo establecido en el propio texto constitucional, además de que conllevaría que la excepcionalidad de la cual está revestida esta institución se tornara una regla general, lo que desvirtuaría su teleología. De ahí que el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, al disponer que la autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios en otras materias cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o. de la propia ley, no viola el derecho de acceso a la justicia, pues no establece una negación de justicia ni impone una traba innecesaria para que el quejoso pueda acceder al juicio de amparo a defender sus intereses, ya que sólo se trata de un supuesto específico que el legislador incorporó para dar efectividad al medio de protección constitucional en aquellos casos en los que la violación a los derechos fundamentales es palpable y evidente, además de que no excluye una eventual aplicación de las demás fracciones previstas en el artículo 79 citado." PREMISAS SOBRE ALIMENTOS A título de premisas que servirán al suscrito juzgador para dar solución al problema jurídico planteado, se considera pertinente explicar la institución de los alimentos establecida en el Código Civil de Veracruz. Los artículos 242 del Código Civil y 210 del Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Estado, señalan: "Artículo 242. Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos." "Artículo 210. Presentada la demanda con los documentos y copias prevenidas, se correrá traslado de ella a la persona o personas contra quienes se proponga, y se les emplazará para que contesten dentro de nueve días.- En los casos en que se reclamen alimentos, el juez podrá en el auto en que dé entrada a la demanda, a petición de parte y atendiendo a las circunstancias, fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento, cuando los acreedores justifiquen, con las correspondientes copias certificadas de las actas del estado civil, el vínculo matrimonial o su parentesco con el deudor alimentista, o tratándose de concubinato, con algún medio de prueba que acredite tal hecho, sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva.- Cualquier reclamación sobre la medida indicada en el párrafo que antecede, se podrá formular dentro del escrito de contestación a la demanda, y previa vista que se dé a la parte contraria de la reclamante, el juez la resolverá dentro del término de tres días, tomando en cuenta los documentos que se hubieren aportado. Contra esta resolución no procede recurso ordinario.- En materia de Derecho Familiar, los jueces deberán suplir la deficiencia de la queja únicamente para los menores, incapaces y para el acreedor alimentario." La institución de los alimentos, ya sea que se decreten de manera provisional o definitiva, tiene como finalidad el otorgar a los acreedores lo necesario para su subsistencia, es decir, el garantizarles lo indispensable para sus necesidades más apremiantes, mediante el otorgamiento de los conceptos que señala el numeral 239 del Código Civil de la entidad, a través de una medida que respete el principio de proporcionalidad previsto por el artículo 242 de ese ordenamiento, esto es, debe atender a las necesidades de la acreedora y a las posibilidades del deudor para satisfacerlas; aunado a ello, deben tomarse en consideración otras circunstancias, tales como el entorno social en que aquél se desenvuelve, sus costumbres y demás particularidades que representa la familia a que pertenece. Asimismo, el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, establece el trámite procesal de la reclamación contra la pensión alimenticia provisional, en el cual se tomarán en cuenta exclusivamente los documentos aportados al promoverla, así como las pruebas documentales que obren hasta esa etapa procesal; con lo cual se concede al deudor un medio de defensa para tratar de equilibrar la cantidad o el porcentaje fijado provisionalmente, pues el juzgador tomó como base únicamente los datos expresados por la actora en su demanda y los documentos que aportó, en razón de la prontitud con que se ordena resolver; pero la reclamación debe declararse procedente si el deudor alimentista aporta pruebas documentales y justifica otras circunstancias que el propio juzgador no tuvo en consideración al fijar la pensión provisional o que apreció incorrectamente en el auto de inicio y que sean idóneas para tal fin. No obstante lo anterior, al menos para efectos de la resolución de la reclamación contra la pensión alimenticia provisional, las necesidades del acreedor exigen un estándar probatorio menos rígido, en razón de la celeridad con que se resuelve, dando valor a los documentos presentados en juicio y porque, de conformidad con el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, la celeridad con que se resuelve el recurso de reclamación contra la pensión provisional de alimentos, sólo permite tomar en cuenta los documentos aportados al promoverlo, así como las pruebas que obren hasta esa etapa procesal, sin que el artículo citado prevea la posibilidad legal de que el juez valore otros medios de convicción respecto de los cuales requieran para su desahogo de cierta preparación, en razón de la prontitud con que se ordena resolver. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1314, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que dice: "ALIMENTOS PROVISIONALES. VALORACIÓN DE PRUEBAS EN LA RECLAMACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Al establecer el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, que el Juez que conozca de una demanda de alimentos podrá fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento en el auto admisorio, a petición de parte, atendiendo a las circunstancias particulares del caso, y que contra esa medida, el deudor alimentista en su escrito de contestación de demanda podrá promover reclamación, se le está concediendo un medio de defensa para tratar de equilibrar la cantidad o el porcentaje que como pensión alimenticia provisional haya decretado el Juez natural, quien pudo tomar como base únicamente los datos expresados por la actora en su demanda, reclamación que debe declararse procedente si el deudor alimentista aporta pruebas documentales que el propio juzgador no tuvo en consideración al señalar la pensión provisional y que sean idóneas para tal fin." Así como la jurisprudencia VII.1o.C. J/21, emitida por el mismo órgano colegiado, que se lee: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. AL PROMOVERSE EL RECURSO DE RECLAMACIÓN EN SU CONTRA, DADA LA PRONTITUD CON QUE SE ORDENA RESOLVER, EL JUEZ ÚNICAMENTE DEBE TOMAR EN CUENTA LOS DOCUMENTOS APORTADOS AL INTERPONERLO, ASÍ COMO LAS PRUEBAS QUE OBREN HASTA ESE ESTADÍO PROCESAL Y NO AQUELLAS EN QUE SE SOLICITÓ SU PREPARACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en su párrafo tercero, textualmente señala: "Cualquier reclamación sobre la medida indicada en el párrafo que antecede, se podrá formular dentro del escrito de contestación a la demanda, y previa vista que se dé a la parte contraria de la reclamante, el Juez la resolverá dentro del término de tres días, tomando en cuenta los documentos que se hubieren aportado. Contra esta resolución no procede recurso ordinario.". Del precepto mencionado se desprende la existencia de un trámite procesal que se sustanciará con la sola vista que se dé a la parte contraria de la reclamante, debiendo el juzgador resolver dentro del término de tres días, para lo cual tomará en cuenta exclusivamente los documentos aportados al promoverlo, así como las pruebas que obren hasta ese estadío procesal, sin que el artículo citado prevea la posibilidad legal de que el a quo valore otros medios de convicción respecto de los cuales requieran para su desahogo de cierta preparación, como por ejemplo, la solicitud de un informe a determinada autoridad o la ratificación judicial de algún documento, con los que la reclamante pretenda demostrar hechos que permitan al juzgador natural reducir la pensión alimenticia provisional decretada, en razón de la prontitud con que se ordena resolver." Hasta aquí dichas premisas. ANTECEDENTES. Para una mejor comprensión del asunto sujeto a examen constitucional, conviene destacar algunos antecedentes que se desprenden de las copias certificadas del juicio ordinario civil 1822/2021, remitidas por el juez responsable, cuyo valor probatorio ya ha sido asignado, las cuales se observan en el cuaderno de prueba relativo a este juicio de garantías. a).- Por escrito presentado el catorce de enero de dos mil veintidós, Yazmín Teresa Fernández Hernández, demandó en la vía ordinaria civil a Margarito González Peña, entre otras prestaciones, el pago de pensión alimenticia (fojas 3-81 Tomo I, cuaderno de pruebas). b).- En proveído de catorce de enero de dos mil veintidós, el juez responsable admitió la demanda de referencia y ordenó el emplazamiento del demandado (mismo que fue emplazado el nueve de marzo de dos mil veintidós fojas 88-91 del Tomo I cuaderno de pruebas) y decretó como medida cautelar, pensión alimenticia provisional a cargo del demandado por el 20% (VEINTE POR CIENTO) del salario y demás prestaciones que percibe el allí demandado hoy quejoso Margarito González Peña, en favor de su esposa aquí tercero interesada Yazmín Teresa Fernández Hernández (fojas 82-86 del Tomo I cuaderno de pruebas). c).- El veinte de mayo de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el escrito de contestación de demanda signado por Margarito González Peña, y al propio tiempo interpuso reclamación respecto de la medida provisional decretada por el juez el catorce de enero de dos mil veintidós, consistente en pensión alimenticia provisional a favor de la esposa del demandado; por lo que mediante acuerdo de esa misma fecha, se tuvo por interpuesto el citado recurso, con el que se dio vista a la actora, misma que se tuvo por desahogada en la audiencia prevista en el artículo 345 del Código Civil vigente en el Estado de Veracruz de fecha catorce de julio de dos mil veintidós; mediante proveído de cuatro de julio de dos mil veintidós se turnaron los autos para resolver (fojas 92-96, 100-131, 149-153, 157-162 y 178 del Tomo I cuaderno de pruebas). d).- El veintinueve de agosto de dos mil veintidós, el juez responsable resolvió: confirmar la medida provisional decretada en el auto de fecha catorce de enero de dos mil veintidós (fojas 186-195 Tomo I cuaderno de pruebas) (resolución que constituye el acto reclamado). Hasta aquí los antecedentes que informan el presente asunto. SUBSUNCIÓN. Ahora bien, de la resolución reclamada se advierte que el Juez responsable sustentó toralmente lo infundado (sic) de la reducción de la pensión provisional alimenticia inicialmente decretada, basada en las siguientes consideraciones: En el caso particular, no se trasgrede el principio de proporcionalidad previsto por el artículo 242 de la legislación civil local, pues se observa que el juzgador de origen al fijar de inicio la pensión alimenticia provisional, se basó únicamente en las manifestaciones externadas por la parte actora en su escrito de demanda, así como en las pruebas que ésta aportó, por ser los únicos datos con los que contaba hasta ese momento. Por otra parte, el demandado (aquí quejoso) al plantear la reclamación, no acreditó documentadamente que no contara con capacidad económica para hacer frente a sus necesidades alimentarias y a las de su esposa y de sus diversos acreedores alimentarios en diverso juicio ordinario civil, como consecuencia, el Juez responsable resolvió confirmar la pensión alimenticia provisional. Lo que es acorde con la ya citada jurisprudencia de rubro: "ALIMENTOS PROVISIONALES. VALORACIÓN DE PRUEBAS EN LA RECLAMACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Al respecto es posible afirmar, que el demandado no probó en su reclamación que con la pensión alimenticia provisional fijada, su capacidad económica se veía afectada para poder enfrentar sus propias necesidades básicas de subsistencia. En consecuencia, el juez responsable estuvo en lo correcto en declararla infundada, al no transgredirse el principio de proporcionalidad que en el Estado de Veracruz rige esa materia. En ese contexto, si en esa etapa del procedimiento, no se justificó lo anterior, es innegable que se torna improcedente la reducción de la pensión solicitada, como enseguida se verá. De la resolución reclamada se advierte que para declarar improcedente la reducción de la pensión inicial el juez consideró que el demandado tiene la capacidad económica para hacer frente a sus necesidades alimentarias y a las de su esposa, y de sus diversos acreedores alimentarios en diverso juicio ordinario civil. Tal consideración del acto reclamado es ajustada a derecho. Lo anterior se sostiene en la medida que se observa que el juez responsable tomó en cuenta dichos extremos y valoró las pruebas aportadas a esa etapa de la reclamación, como lo fueron, entre otros, de la parte actora: copia certificada del acta de matrimonio número ciento setenta y uno, con fecha de registro el día nueve de diciembre de dos mil doce, inscrita en el Registro Civil de Tlalixcoyan, Veracruz, de la que se desprende que el acreedor alimentario contrajo nupcias con la deudora alimentaria bajo el régimen de separación de bienes (foja 12) copia certificada del acta de nacimiento número cuatro mil seiscientos treinta y dos, del libro diecinueve con fecha de registro el veintinueve de mayo de dos mil trece, inscrita en el Registro Civil de Veracruz, Veracruz, a nombre del menor de identidad reservada de iniciales S.G.F. (foja 14) copia certificada del acta de nacimiento número siete mil trescientos treinta y uno, del libro treinta con fecha de registro el cuatro de septiembre de dos mil catorce, inscrita en el Registro Civil de Veracruz, Veracruz, a nombre del menor de identidad reservada de iniciales A.G.F. (foja 15). Por lo que hace a las pruebas de la parte demandada, entre otras, copia certificada del acta de matrimonio número ciento setenta y uno, con fecha de registro el día nueve de diciembre de dos mil doce, inscrita en el Registro Civil de Tlalixcoyan, Veracruz, de la que se desprende que el acreedor alimentario contrajo nupcias con la deudora alimentaria bajo el régimen de separación de bienes (foja 109) copia certificada del acta de nacimiento número cuatro mil sesicientos treinta y dos, del libro diecinueve con fecha de registro el veintinueve de mayo de dos mil trece, inscrita en el Registro Civil de Veracruz, Veracruz, a nombre del menor de identidad reservada de iniciales S.G.F. (foja 112) copia certificada del acta de nacimiento número siete mil trescientos treinta y uno, del libro treinta con fecha de registro el cuatro de septiembre de dos mil catorce, inscrita en el Registro Civil de Veracruz, Veracruz, a nombre del menor de identidad reservada de iniciales A.G.F. (foja 113) y documental pública consistente en un legajo de copias certificadas del expediente 1248/2018 del índice del Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Veracruz, de las que se desprende la demanda entablada por Yazmín Teresa Fernández Hernández contra el hoy quejoso Margarito González Peña, en el que reclama el pago de alimentos en el cual se decretó un porcentaje del 55% (cincuenta y cinco por ciento) del sueldo y demás prestaciones que percibe este último a favor de los menores de edad de identidad reservada de iniciales S.G.F. y A.G.F. (fojas 114-131). Documentales con las cual el juez responsable sostuvo que quedó acreditado la relación familiar de los partícipes (actora y demandado) pruebas a las que le otorgó pleno valor probatorio conforme a lo que disponen los artículos 210, 235 fracciones II y IX, 239, 261 fracciones IV y VIII, 265, 299, 326, 334, 336 y 337, del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Asimismo, tocante a la necesidad de la acreedora alimentaria (mayor de edad) el juez responsable adujo que la actora goza de la presunción de necesitar alimentos, en virtud de que se dedica al hogar en términos del artículo 242 bis del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, hecho que no desvirtuó el reclamante con ningún medio de convicción. Sin que obste la circunstancia de que el Juez responsable haya asentado de manera errónea el dispositivo legal, ya que sí existe el dispositivo que contempla dicha presunción esto es, el numeral 233 bis del Código Civil, de ahí que no le para perjuicio alguno al quejoso. Además, cabe señalar, que la valoración que se realizó resulta substancialmente correcta, en tanto que el porcentaje fijado como pensión alimenticia provisional se ajusta al citado principio de proporcionalidad, previsto por el precepto 242 del Código Civil para el Estado de Veracruz por lo que hace a la acreedora alimentaria. Por otra parte, en cuanto a la capacidad económica del deudor alimentario, el Juez de origen, estableció que puede hacer frente a sus necesidades alimentarias y a las de su esposa actora en el juicio civil, ya que obra en autos la prueba documental consistente con el Informe rendido por el Licenciado Antonio Jaramilllo Pérez, Jefe del Departamento de Personal Marina GLRG, prueba recabada de oficio, del que se desprende que el reclamante Margarito González Peña, es trabajador de petróleos Mexicanos con número F-824623, en donde se desglosan las percepciones y deducciones que obtiene como trabajador de dicho organismo público descentralizado, documental que le otorgó valor probatorio en términos de los artículos 235, fracción II, 261 fracción II y 265, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz (foja 99) documental que fue recabada de oficio por la autoridad responsable. Sin que obste la circunstancia de que el demandado (aquí quejoso) haya argumentado en su escrito de reclamación, que la actora al momento de entablar la demanda, pidió alimentos para sí misma, como para los menores de edad de identidad reservada de iniciales S.G.F. y A.G.F., pero que a éstos últimos ya les proporciona alimentos, lo que se desprende del expediente número 1248/2018, del índice del Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Veracruz, en el que se fijó un porcentaje consistente en el cincuenta y cinco por cientos del sueldo y demás prestaciones, por ello, consideró que la actora no tenía legitimidad para demandar alimentos en favor de sus hijos en el órgano jurisdiccional del Juez de origen, porque ya habían sido fijados previamente, argumento que se sustenta en la documental aludida de dicho expediente; lo cual como bien lo sostiene el juez responsable, que el reclamante perdió de vista que tal circunstancia la previno en el auto de inicio de fecha catorce de enero de dos mil veintidós, donde solo se fijó porcentaje del veinte por ciento para la actora, quien acreditó su parentesco con el acta de matrimonio antes reseñada, y no para los menores porque éstos últimos ya tenían fijado un porcentaje del sueldo y demás prestaciones del reclamante, en otro órgano jurisdiccional. Por tanto, con base en esas circunstancias acreditadas en autos, que la juez responsable apreció correctamente, se puede concluir que es ajustado a derecho declarar infundada la reclamación que hizo valer el allí demandado hoy quejoso, en contra de la medida provisional contenida en el auto de radicación del citado juicio, confirmando el monto de la pensión alimenticia inicialmente fijada consistente en el 20% (VEINTE POR CIENTO) del sueldo y demás prestaciones que perciba el demandado Margarito González Peña como jubilado de Petróleos Mexicanos a favor de su esposa Yazmín Teresa Fernández Hernández. Contestación a los conceptos de violación del quejoso El quejoso Margarito González Peña, plantea que el juez responsable contravino lo dispuesto en los artículos 1, 4, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de considerar que la resolución impugnada no se encuentra fundada ni motivada, ni es congruente, considerando que el juez de origen al confirmar la pensión provisional, no tomó en cuenta que tiene un embargo por concepto de pensión alimenticia a favor de sus menores hijos, de acuerdo a las copias certificadas del expediente civil número 1248/2018, en donde le descuentan el cincuenta y cinco por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe como jubilado de la Empresa denominada Petróleos Mexicanos. En la especie, son infundadas tales aseveraciones, en la medida que de la resolución reclamada se advierte que el juez responsable, para resolver la reclamación y confirmarla, precisamente tomó en cuenta dicha circunstancia, y por ende no fijó pensión alimenticia a favor de los menores, únicamente a favor de la actora (aquí tercero interesada) Yazmín Teresa Fernández Hernández. Finalmente, el quejoso refiere que el juez responsable no tomó en cuenta que tiene que vivir fuera del hogar conyugal, lo cual le implica erogar nuevos gastos, ya que contrario a ello, en su resolución el juez responsable adujo que no prueba alguna que tiene gastos y que con los mismos, le es insuficiente el resultante de su sueldo para poder afrontarlos. Aseveración que también resulta infundada, ya que dicho argumento tiene un esterotipo de género, esencialmente, en el sentido de que todos los hombres que viven separados del hogar conyugal aumentan en monto sus necesidades, lo cual consideró el Juez responsable. En efecto cualquier consideración que reconduzca al hecho de que "los hombres solteros tienen mayor necesidad o gastan más para satisfacer sus necesidades que los hombres casados o que viven con mujeres", sin constatarse la veracidad del aumento de dichos gastos constituye un estereotipo de género que se encuentra construido sobre la idea de una distribución de los roles o actividades domésticas en función del sexo o género. Lo anterior es así, pues tradicionalmente se piensa que los hombres que viven en el lugar conyugal junto con una mujer: su madre, esposa o pareja tienen menos gastos porque corresponde a éstas, ocuparse de actividades domésticas como preparar alimentos, lavar y plancha la ropa, o realizar labores de limpieza del hogar en general así como el cuidado de los hijos; mientras que un hombre que vive soltero y que no cuenta con el apoyo de una mujer que ejecute estas tareas "debe" realizar erogaciones para que sean efectuadas. Empero, el monto económico que significa el quehacer doméstico del hombre en general no sufre variación y es exactamente el mismo, cuando vive inserto en el núcleo familiar o no, pues sus necesidades o actividades personales no se incrementan, sino que al vivir con una mujer, dado el rol que se les atribuye a las mujeres, se invisibiliza el gasto real o actividad económica que representa. En cambio, en tratándose del hombre que vive solo, sale a la luz el monto económico que representa el trabajo del hogar realizado por la persona que se dedica al hogar. Por tanto, si se trata de la pensión alimenticia la autoridad jurisdiccional no debe disminuirla bajo el estereotipo de género relativo a "que todos los hombre que viven separados del hogar conyugal aumentan en monto sus necesidades", al considerar que el monto económico destinado a satisfacer las necesidades del deudor aumentó como consecuencia de su separación del hogar familiar, pues no solo debe atenderse a los hechos que alcancen advertirse del proceso, y pruebas que al efecto se aporten, sino que debe analizarse que se trata de un gasto derivado de una necesidad que anteriormente no tenía el deudor o que no estaba invisibilizado por el rol de la mujer. Apoya lo anterior la Tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito cuyo rubro y contenido disponen: "PENSIÓN ALIMENTICIA. LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL NO DEBE DISMINUIRLA BAJO EL ESTEREOTIPO DE GÉNERO RELATIVO A QUE "TODOS LOS HOMBRES QUE VIVEN SEPARADOS DEL HOGAR CONYUGAL AUMENTAN EN MONTO SUS NECESIDADES". De acuerdo con el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los estereotipos son: "todas aquellas características, actitudes y roles que estructuralmente en una sociedad son atribuidas a las personas en razón de alguna de las condiciones enumeradas como 'categorías sospechosas'". Para calificar una afirmación expresa o implícita como estereotipo, no importa si dichos atributos o características son o no comunes a las personas que conforman el grupo o sus miembros de hecho, poseen o no éstos; es decir, si se trata de una descripción acertada de las necesidades, habilidades, circunstancias o los deseos de una persona en particular; el elemento clave es que, en tanto se presume que el grupo específico posee esos atributos o características o cumple con esos roles, se cree que una persona, por el solo hecho de pertenecer a él, actuará de conformidad con la visión generalizada o preconcepción existente acerca del mismo. En ese sentido, el concepto "estereotipar" se refiere al proceso de atribuirle a un individuo características o roles únicamente en razón de su pertenencia a un grupo particular. De esta forma, cualquier consideración que reconduzca al hecho de que: "los hombres solteros tienen mayor necesidad o gastan más para satisfacer sus necesidades que los hombres casados o que viven con mujeres", sin constatarse la veracidad del aumento en dichos gastos, constituye un estereotipo de género que se encuentra construido sobre la idea de una distribución de los roles o actividades domésticas en función del sexo o género. Se piensa que los hombres que viven en el hogar conyugal junto con una mujer: su madre, esposa o pareja, tienen menos gastos porque corresponde a éstas, ocuparse de actividades domésticas como preparar los alimentos, lavar y planchar la ropa, o realizar labores de limpieza del hogar en general y/o el cuidado de los hijos; y que un hombre que vive soltero y que no cuenta con el apoyo de una mujer que ejecute estas tareas "debe" realizar erogaciones para que sean efectuadas. Sin embargo, el monto económico que significa el quehacer doméstico del hombre en general no sufre variación y es exactamente el mismo, cuando vive inserto en el núcleo familiar o no, pues sus necesidades o actividades personales no se incrementan, sino que al vivir con una mujer, dado el rol que se les atribuye a las mujeres, se invisibiliza el gasto real o actividad económica que representa; en tanto, cuando el hombre vive solo, sale a la luz el monto económico que representa el trabajo del hogar realizado por la persona que se dedica al hogar. Por tanto, si se trata de la pensión alimenticia la autoridad jurisdiccional no debe disminuirla bajo el estereotipo de género relativo a que "todos los hombres que viven separados del hogar conyugal aumentan en monto sus necesidades", al considerar que el monto económico que se destina a satisfacer las necesidades del deudor aumentó derivado de la separación del hombre del hogar familiar, pues no sólo debe atenderse a los hechos que alcancen a advertirse del proceso, y pruebas que al efecto se aporten, sino que debe analizarse que se trata de un gasto derivado de una necesidad que anteriormente no tenía el deudor, o que no estaba invisibilizado por el rol de la mujer." De ahí que resultan infundados los conceptos de violación del quejoso. CONCLUSIÓN La resolución aquí reclamada resulta ajustada a derecho, dado que aun analizada de manera integral a la luz de la suplencia de la queja de los conceptos de violación, los razonamientos en ella vertidos son correctos y acordes con los preceptos de la ley civil que rigen la materia de alimentos y a los derechos humanos. Por tanto, al no advertirse algún vicio de inconstitucionalidad que deba declararse de oficio, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por el quejoso. Se precisa que la conclusión aquí alcanzada no conlleva a decidir el fondo de la litis civil planteada en el juicio de origen antes del dictado de la sentencia respectiva; ello porque la resolución de la reclamación recae exclusivamente sobre la pensión alimenticia provisional y, después, porque dicha decisión interlocutoria es sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva, a causa de que las condiciones o circunstancias del caso pueden variar y deben quedar probadas. De manera que, para la fecha en que se deba de dictar el fallo definitivo, sean diversas a las imperantes en la época en que se resuelva la reclamación. Es aplicable a ello la jurisprudencia 1308, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que dice: "ALIMENTOS. MONTO DE LA PENSIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA. El juzgador no está obligado a fijar como pensión alimenticia definitiva la misma que con anterioridad había señalado con el carácter de provisional, pues si bien es cierto que algunas ocasiones la pensión provisional y la definitiva coinciden, ello no quiere decir que el aumento o disminución que el Juez hubiera efectuado de la pensión provisional, antes de dictar sentencia definitiva, necesariamente debe trasladarse a ésta, pues de hacerlo así se dejaría prácticamente sin materia la decisión de la sentencia. Es preciso examinar cada caso concreto para determinar si debe o no fijarse como pensión alimenticia la misma que se fijó como provisional." Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no hicieron manifestación en el sentido de oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda, en términos de los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 73 a 79 de la Ley de Amparo, se RESUELVE PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a Margarito González Peña, contra el acto reclamado y por la autoridad responsable, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de este fallo. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio del Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, téngase por rendido su INFORME JUSTIFICADO, y con el mismo, dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la ley antes citada, se tiene por anunciada la PRUEBA DOCUMENTAL que anexa la autoridad responsable a su informe, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos del citado artículo 124 de la Ley de Amparo. Finalmente, dado lo voluminoso de las constancias que se anexaron, fórmese un cuaderno de pruebas para el mejor manejo del presente asunto. Notifíquese en términos de ley.

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