Margarito González Morales
Expediente 1667/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1667/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/11/2023
Partes del expediente
- Margarito González Morales
Actuaciones
- Principal
III. Vista la certificación que antecede, se advierte que el término previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo para interponer recurso de queja contra el auto de trece de octubre de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo, transcurrió sin que la parte quejosa haya hecho valer tal derecho; en consecuencia, con fundamento en el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, por identidad jurídica, se declara que dicho auto ha causado estado para los efectos legales procedentes. Se ordena el archivo de este asunto
- Principal
III. Vista la razón actuarial de cuenta de la que se advierte la imposibilidad de la Actuaria Judicial para notificar a la parte quejosa el auto de trece de octubre de dos mil veintitrés, por los motivos ahí expuestos. Atento a lo anterior, con apoyo en el numeral 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese por lista a la parte quejosa el auto de mérito y los subsecuentes, incluso los que por su naturaleza deban notificarse de manera personal, la cual, se publicará en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo. Lo anterior, hasta en tanto señale nuevo domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad. EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE MÉRITO SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO EL AUTO DE TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN SÍNTESIS DICE: Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la Magistrada de la Primera Sala Regional del Tribunal Superior de Justicia Administrativa del Estado de México. Se precisa que el acto reclamado consiste en: El auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, emitido por la Primera Sala Regional del Tribunal Superior de Justicia Administrativa del Estado de México, por el que se tuvo por cumplida la sentencia emitida en el juicio administrativo *** y ordenó su archivo. Acorde a lo establecido en el ordinal 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. El principio de definitividad de los actos jurisdiccionales, es uno de los pilares del juicio de amparo y radica en que éste sólo procede contra actos definitivos, entendidos como aquéllos contra los cuales no procede recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificarlos, revocarlos o modificarlos. Tal principio encuentra su justificación en el hecho de que, al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa constitucional, el quejoso debe previamente acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Sobre esa base, los elementos con los que se integra la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional respecto de las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, establecidos en la transcrita fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, son los siguientes: 1. Que el acto reclamado sea -efectivamente- una resolución proveniente de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; 2. Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio ordinario de defensa; 3. Que ese recurso o medio ordinario de defensa se dé dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y, 4. Que por virtud de dicho recurso o medio ordinario de defensa, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Cabe señalar que los casos de excepción, esto es, los supuestos en los que no resulta necesario agotar los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la ley que rige el acto, están previstos en la propia fracción que se analiza y son los siguientes: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento; y, d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Empero, no debe pasarse por alto que cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, la parte quejosa quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Lo anterior implica que, salvo las excepciones destacadas, de no agotarse los recursos o medios de defensa que procedan en contra del acto reclamado el juicio de amparo que en su caso se promueva, resultará improcedente. La hipótesis de improcedencia del juicio de amparo referida se actualiza en el caso, porque la determinación reclamada fue emitida por la Primera Sala Regional del Tribunal del Estado de México, con residencia en Toluca, Estado de México; lo que evidencia que se trata de una resolución proveniente de un tribunal en materia administrativa y, en consecuencia, que se satisface el primero de los requisitos antes señalados. Se desprende que la revisión procedente contra las resoluciones de las salas regionales que pongan fin al procedimiento de ejecución de sentencia. En ese tenor, en contra de la determinación reclamada de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por cumplida la sentencia y se ordenó el archivo del expediente, procede un recurso o medio de defensa legal que la parte quejosa debió agotar de manera previa a la instauración del juicio de amparo, a saber, la revisión, prevista en el artículo 285 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. De ahí que se colme el segundo de los requisitos para que opere la causa de improcedencia analizada (que la ley que rige el acto prevea un medio de defensa legal). Por cuanto hace al tercer requisito, éste también se encuentra plenamente acreditado, ya que la revisión se establece dentro de la normativa que rige el juicio de origen (Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México). Igualmente, se satisface la última de las hipótesis de inejercitabilidad, en razón de que la revisión prevista en el artículo 285 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, tiene por objeto modificar el acto reclamado. También, debe precisarse que la determinación reclamada no constituye alguno de los supuestos de excepción referidos en párrafos precedentes puesto que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, tampoco se trata de persona extraña al procedimiento, pues la aquí quejosa es parte demandada en el juicio de origen. Tampoco se requiere una interpretación adicional o es insuficiente el fundamento legal para determinar la procedencia del recurso, ya que la lectura del precepto legal permite advertir que contra resoluciones de las salas regionales que pongan fin al procedimiento de ejecución de sentencia, procede el recurso de revisión. En las condiciones anotadas, dado que en el presente asunto se actualizan las causas de improcedencia previstas en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones, aquel físico que indica la parte quejosa. Atento a lo anterior, atención a la certificación de cuenta, téngase por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas señalados en la demanda de amparo por así haberlo solicitado expresamente. Se hace del conocimiento de las partes que sus datos personales serán clasificados como confidenciales, salvo que expresen su consentimiento para permitir el acceso a dicha información.
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