Margarito González Domínguez
Expediente 367/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 367/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Margarito González Domínguez
- Margarito González Domínguez y Otros.
Actuaciones
- Principal
"... Agréguese el oficio con firma electrónica del juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz; a través del cual, acusa de recibo del diverso con el que se le remitió el original del presente juicio de amparo promovido por ****** y ****** e informa que aceptó la competencia planteada, registrándolo bajo el numero de 209/2022. Por tanto, archívese el presente asunto como concluido..."
- Principal
...Vista la demanda de amparo promovida por *** y ***, contra actos del juez Segundo Mixto de Puerto Escondido, Oaxaca. Registro. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 367/2022. Incompetencia. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama del juez Segundo Mixto de Puerto Escondido, Oaxaca, la falta del dictado de sentencia dentro del expediente penal 1/2012, y el exceso de prisión preventiva que les fue impuesta el cuatro de enero de dos mil doce, y como consecuencia, la imposibilidad material para obtener su libertad. En efecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) La regla general de que la competencia se determina conforme al lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el juez de distrito competente será aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Del artículo transcrito derivan tres reglas fundamentales y específicas para dirimir un conflicto competencial por razón de territorio. La primera radica en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; lo que necesariamente presupone que el acto reclamado -después de su emisión- requiere de ejecución material por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. La segunda regla constituye una variante de la anterior, pues aunque también parte del supuesto de que el acto reclamado tenga ejecución material, dispone que si puede tenerla (la ejecución) en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Por último, la tercera regla establece que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso, como se adelantó, los quejosos Margarito González Domínguez y Honorio Corcuera Noyola, reclaman la falta del dictado de sentencia dentro del expediente penal 1/2012, y el exceso de prisión preventiva que les fue impuesta el cuatro de enero de dos mil doce, y como consecuencia, la imposibilidad material para obtener su libertad. En ese sentido, si bien por regla general las omisiones carecen de ejecución material, atendiendo a la naturaleza de la omisión reclamada, en vía de excepción, debe decirse que ésta posee consecuencias que se materializan en un plano fáctico; es decir, sí tienen ejecución material, por lo que es aplicable la primera regla de competencia señalada. Se explica: El artículo 17 de la Constitución Federal, establece entre diversos principios que integran la garantía individual de acceso a la impartición de justicia, el de justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Luego, en este asunto, la omisión de la autoridad responsable juez Segundo Mixto de Puerto Escondido, Oaxaca, en no dictar sentencia dentro del expediente penal 1/2012, y el exceso de prisión preventiva que les fue impuesta el cuatro de enero de dos mil doce, constituye una actitud omisiva que posee consecuencias positivas en un plano fáctico; esto es, sí tienen ejecución material, pues su naturaleza parte de un deber de hacer de la autoridad responsable, cuyo incumplimiento se materializa de forma directa en perjuicio de los quejosos. Motivo por el cual se concluye que las omisiones antes descritas, tienen ejecución material, pues existe un vínculo objetivo e indisoluble entre la obligación de la autoridad responsable de verificar que los quejosos cuenten con el debido proceso y, la afectación del derecho fundamental del quejoso de acceso a la impartición de justicia y plazo constitucional de prisión preventiva. Ello, ya que la violación a su derecho humano no podría ser remediada ante la imposibilidad material de retrotraer el tiempo y, por ende, estas omisiones constituyen un acto cuya ejecución ya que afectan el derecho de acceso a la justicia de los quejosos. En correlación con la consideración expuesta, conviene destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 478/2018, detalló que los actos omisivos o abstenciones son aquellos en los que las autoridades incumplen con un deber de hacer, ya sea de fuente legal o constitucional, lo cual se traduce en una afectación para el justiciable. Señaló que en el supuesto sometido a examen, la no emisión de sentencia en un proceso tenía naturaleza jurídica de omisión, pues no se cumplía con una obligación determinada, la cual se constituye, a su vez, como una garantía procesal en la medida que con ello se tutelan los derechos de acceso efectivo a la justicia, de manera pronta y expedita, previsto en el numeral 17 constitucional, siendo que al tenor del derecho de acceso a la justicia, se busca que la solución de la controversia se produzca en tiempo razonable, pues una demora prolongada puede llevar a constituir, por sí misma, una violación a las garantías judiciales. Con base en lo anterior, definió que el no actuar trae aparejada una ejecución material, en la medida que, con la omisión del juez de dictar sentencia en breve plazo, se vulnera el derecho de acceso a la justica de manera pronta y expedita, en perjuicio de las partes en el proceso. Sostuvo que la regla general para determinar la competencia a que se refiere el primer párrafo del artículo 37 de la legislación de amparo -por razón de territorio- está definida por el lugar dónde se desarrolla el proceso y no así por dónde acontece la ejecución de la prisión preventiva. Esto último al ser una cuestión accidental, por lo que el conocimiento de la demanda en este tipo de asuntos corresponde al juez que ejerza su jurisdicción donde esté radicado el asunto, esto es, respecto aquel órgano jurisdiccional que ha omitido dictar la determinación correspondiente. Consideraciones que dieron origen, a la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "OMISIÓN DE DICTAR SENTENCIA EN EL PROCESO PENAL. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO QUE AL RESPECTO SE PROMUEVA SE SURTE EN FAVOR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD QUE DEBA DICTAR LA SENTENCIA (SISTEMA PENAL TRADICIONAL). Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable. Los Tribunales Colegiados contendientes sostuvieron criterios distintos relativos a si dicha omisión es o no un acto que requiere ejecución material a fin de determinar cuál sería el órgano jurisdiccional competente. Un tribunal consideró que ese acto es uno omisivo con efectos positivos, por lo que el órgano de amparo competente es el del lugar en donde se tramita el proceso penal; en cambio, el otro tribunal sostuvo que ese acto es omisivo, sin efectos materiales, por lo que el órgano jurisdiccional competente será el del lugar en el que se presente la demanda, sin importar que sea un lugar distinto al que se tramite el proceso penal. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que no dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable es una omisión con ejecución material, y por lo tanto se actualiza la regla de competencia prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Siendo así, el órgano de amparo que ejerza jurisdicción en donde se ubique aquel que ha incumplido dicha obligación, será el competente para conocer de la demanda de amparo indirecto. Justificación: De conformidad con los artículos 20, apartado A, fracción VIII, y 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho), todas las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de dictar con prontitud la resolución definitiva que resuelva el proceso. Incumplir con este mandato, genera una omisión con consecuencias materiales, ya que vulnera de manera directa el derecho que tiene toda persona imputada a recibir justicia de manera pronta y expedita. Por tanto, cuando se reclame dicha omisión en un juicio de amparo, pero la persona imputada esté guardando prisión preventiva en un centro penitenciario que reside en un lugar distinto al lugar en donde se encuentra el órgano jurisdiccional que esté llevando su proceso, la competencia para conocer del juicio recaerá en el órgano de amparo que ejerza jurisdicción sobre la autoridad que conoce del proceso penal. Lo anterior, con base en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en el que se establece que la competencia -por razón de territorio- está definida por el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual en el caso es en donde se desarrolla el proceso penal de una persona privada de la libertad y no así por el lugar en donde acontece la ejecución de la prisión preventiva. Ello, porque esto último es una cuestión accidental susceptible de encontrarse determinada por aspectos incluso de distribución de espacios en los centros penitenciarios, ya que puede ocurrir el caso en que se finque competencia a un órgano jurisdiccional que esté en la residencia en la que en ese momento se encuentre interna la persona procesada y posteriormente sea trasladada a otro centro penitenciario." (Registro digital: 2023548, Instancia: Primera Sala, Undécima Época, Materias(s): Penal, Tesis: 1a./J. 24/2021 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, página 1873, Tipo: Jurisprudencia). Por tal motivo, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, sus efectos se trasladan directamente al juez de la causa penal, y es ahí donde tiene su principal impacto y repercusión; es decir, el juez de amparo que reside en la misma jurisdicción en la que radica el juez de la causa, debe garantizar la expeditez de la impartición de justicia. Sirven de apoyo, por identidad de razón, los criterios jurisprudenciales siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ DE CONTROL QUE DECRETA COMO MEDIDA CAUTELAR LA PRISIÓN PREVENTIVA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL TRIBUNAL QUE CONOCE DE LA CAUSA PENAL, AUNQUE NO COINCIDA CON LA DEL LUGAR DE RECLUSIÓN DEL QUEJOSO. Cuando en un juicio de amparo se señale como acto reclamado la determinación del Juez de Control en la que decreta la medida cautelar de prisión preventiva, ya sea oficiosa o justificada, en términos del artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda es el que tiene jurisdicción sobre el tribunal que conoce de la causa penal, aun cuando la jurisdicción no coincida con la del lugar de reclusión del quejoso, pues los efectos de la medida se trasladan directamente al proceso, dado que la prisión preventiva busca garantizar la comparecencia del imputado al juicio, el desarrollo de la investigación y la protección a la víctima, a los testigos y a la comunidad; en tanto que la reclusión física es sólo una consecuencia. Esta interpretación, además, es acorde con el principio de justicia pronta contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal y que busca conservar la unidad del proceso." (Registro digital: 2020882, Décima Época, Materias(s): Común, Penal, Tesis: PC.XVI.P. J/6 P (10a.), del Pleno en Materia Penal del Decimosexto Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 71, Octubre de 2019, Tomo III, página 2451, tipo: Jurisprudencia). COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. (.) Por tal motivo, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, es que se actualiza la primera de las hipótesis que prevé el primer párrafo del numeral 37 de la Ley de Amparo, esto es, en el lugar donde deba tener ejecución la afectación del acto combatido. De ahí, que debe atenderse al lugar en que se ejecutan las consecuencias fácticas de las omisiones impugnadas conforme al criterio definido por el Máximo Tribunal del país al resolver la contradicción de tesis 478/2018, a saber, el de la autoridad responsable: juez Segundo Mixto de Puerto Escondido, Oaxaca, el cual se ubica en la circunscripción territorial de San Pedro Mixtepec, Oaxaca; por lo que, en el presente caso, la competencia para conocer de la demanda se surte a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, en turno. Es así, porque el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este último, dispone: XIII. DECIMOTERCER CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa, excepto en el distrito judicial en el que ejercen jurisdicción territorial los juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz. Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Chauites, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blás Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel del Puerto, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, San Pedro Tapanatepec, Santa María Colotepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo." Por tal motivo, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, resulta legalmente incompetente para conocer de este juicio de amparo; en consecuencia, se declina competencia, por razón de territorio, al Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, en turno. En cuya situación, con fundamento en el numeral 48 de la Ley de Amparo, aplicado en lo conducente, sin disponer providencia sobre suspensión del acto reclamado, por no tratarse de los supuestos que prevé el artículo 15 de la citada legislación, en su párrafo primero; remítase la presente demanda y su anexos; a la Oficina de Correspondencia Común respectiva; para que, por su conducto, se turne al Juzgado de Distrito que corresponda, por razón de turno; a quien atentamente se solicita dentro del plazo legal, informar si acepta o no la competencia declinada. Se solicita acuse de recibo. Por lo anterior, fórmese cuaderno de antecedentes con copias certificadas del juicio en mención, para debida constancia. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y por autorizados con las facultades conferidas en el artículo 12 de la Ley de Amparo a Efraín Velásquez Antonio, por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho; y, únicamente para oír y recibir notificaciones a las demás personas restantes que nombra, por así solicitarlo. Ahora, en su atención, como lo solicita, se le autoriza, el usuario EFRAIN463, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, para consultar el expediente electrónico del juicio en que se actúa, vía internet a través del Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación; en consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Asimismo, con fundamento en los artículos 24 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo en relación con el artículo 551 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza la notificación vía electrónica solicitada por la parte quejosa. Tomando en consideración que el espíritu del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, es privilegiar el uso de medios electrónicos dada la contingencia sanitaria que atraviesa el país; con independencia de lo anterior, se tiene a la parte quejosa señalando correo electrónico velasquezefrain463@gmail.com, para oír y recibir notificaciones. Días y horas inhábiles. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. En el entendido que las actuaciones señaladas en el párrafo precedente, dado que implica contacto personal, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes las practiquen. Trámite de juicio en línea. (.) Transparencia. Finalmente, (.) NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.
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