Margarito García Campuzano

Expediente 933/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
933/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
09/08/2023

Partes del expediente

  • Margarito García Campuzano

Actuaciones

  1. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo 933/2023, promovido por Margarito García Campuzano contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el treinta de junio de dos mil veintitrés, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Margarito García Campuzano solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLESACTOS RECLAMADOSJunta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad"La omisión de desahogar la totalidad de las pruebas admitidas, dentro del juicio laboral 01/183/17" SEGUNDO. El cuatro de julio de dos mil veintitrés, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 933/2023, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; la competencia de un Juzgado proviene de la ejecución del acto, no de la residencia de las autoridades. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de la autoridad responsable: La omisión de desahogar la totalidad de las pruebas admitidas, dentro del juicio laboral 01/183/17. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, pues así se advierte del contenido del informe justificado, lo que se corrobora con la copia certificada de diversas constancias que integran el juicio 01/183/17, de su índice administrativo; documental que por ser de carácter público goza de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Procedencia del Juicio. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo. Apoyado lo anterior, en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia publicada en la página 262, del Apéndice de fallos de 1985, parte VIII, que al rubro dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Causal de sobreseimiento infundada. La autoridad responsable invoca como causal de sobreseimiento, de manera genérica la prevista en el numeral 63, de la Ley de Amparo, pero solamente refiere que procede decretar el sobreseimiento en el juicio en que se actúa, en razón de que en el presente caso no puede considerarse que exista una afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa, que esté violentado sus derechos fundamentales. Dicha causal resulta infundada y a efecto de dilucidar lo anterior, se considera pertinente transcribir el contenido del numeral 63 de la Ley de Amparo, que en su parte conducente establecen lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio. No obstante, cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, no procede el desistimiento del juicio o de los recursos, o el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que lo acuerde expresamente la Asamblea General, pero uno y otro sí podrán decretarse en su beneficio; II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó; III. El quejoso muera durante el juicio, si el acto reclamado sólo afecta a su persona; IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." A criterio de este juzgador, no se actualiza una causa de sobreseimiento, pues como se indicó anteriormente, se desprende que el promovente del amparo reclama de la responsable la omisión de desahogar la totalidad de las pruebas, dentro del juicio laboral 01/183/17; y si bien la autoridad señala que la omisión reclamada no puede considerarse un acto de molestia que afecte a la parte quejosa, por lo que debe sobreseerse el juicio de amparo en que se actúa; lo cierto es que el estudio de dicha causal implica el análisis del fondo del presente juicio de amparo, por lo que no es dable pronunciarse en este considerando. Es aplicable al particular la Jurisprudencia Tesis: P./J. 135/2001,Tomo XV, Enero de 2002, de texto y rubro siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse." QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en aras del principio de economía procesal y en relación con lo dispuesto por la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Como se dijo, la parte quejosa argumenta, que la autoridad responsable no ha desahogado la totalidad de las pruebas admitidas dentro del juicio laboral de origen, dentro del juicio laboral 01/183/17, por ello, argumenta, se le niega la administración de justicia en los plazos y términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, por lo que se vulnera su derecho fundamental reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asiste razón a la parte quejosa, atento a las consideraciones siguientes: El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales..." De lo transcrito se colige, que se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permitan obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República. En este contexto, es preciso transcribir el contenido de los artículos 685, 735, 750, 776, 883, y 884, de la Ley Federal del Trabajo, relativos a los principios que rigen en materia laboral y los plazos procesales que deben observar las Juntas de Conciliación y Arbitraje, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 685.- El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso." "Artículo 735.- Cuando la realización o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho, no tengan fijado un término, éste será el de tres días hábiles." "Artículo 750. Las notificaciones, citaciones o emplazamientos deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha, salvo cuando expresamente en la resolución o en la Ley exista disposición en contrario. "Artículo 776.- Son admisibles en el proceso todos los medios de prueba que no sean contrarios a la moral y al derecho, y en especial los siguientes: Confesional; Documental; Testimonial. Pericial; Inspección; Presuncional; Instrumental de actuaciones; y Fotografías y, en general, aquellos medios aportados por los descubrimientos de la ciencia. "Artículo 883.- La Junta, en el mismo acuerdo en que admita las pruebas, señalará día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes, y ordenará, en su caso, se giren los oficios necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en esta Ley; y dictará las medidas que sean necesarias, a fin de que el día de la audiencia se puedan desahogar todas las pruebas que se hayan admitido. Cuando por la naturaleza de las pruebas admitidas, la Junta considere que no es posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará los días y horas en que deberán desahogarse, aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas, procurando se reciban primero las del actor y después las del demandado. Este período no deberá exceder de treinta días. "Artículo 884.- La audiencia de desahogo de pruebas se llevará a cabo conforme a las siguientes normas: Abierta la audiencia, se procederá a desahogar todas las pruebas que se encuentren debidamente preparadas, procurando que sean primeramente las del actor e inmediatamente las del demandado o, en su caso, aquellas que hubieren sido señaladas para desahogarse en su fecha; Si faltare por desahogar alguna prueba, por no estar debidamente preparada, se suspenderá la audiencia para continuarla dentro de los diez días siguientes, haciéndose uso de los medios de apremio a que se refiere esta Ley.". Como puede verse de los preceptos trascritos, el procedimiento laboral se rige por principios que procuran la mayor sencillez y prontitud en su tramitación y ejecución, lo que se traduce en cumplimiento al derecho fundamental de justicia pronta consagrada en el artículo 17 constitucional. En ese contexto normativo, la responsable exhibió diversas constancias que integran el expediente laboral 01/183/17, que hacen prueba plena de conformidad con los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, de las que se desprende que por auto de veinte de octubre de dos mil veintidós, la autoridad responsable se pronunció respecto de la admisión o desechamiento de las pruebas ofertadas por las partes en el juicio laboral de origen. Por otra parte debe indicarse, que la autoridad responsable ha diferido en múltiples ocasiones el desahogo de las pruebas admitidas dentro del juicio laboral de origen, ello, al no encontrarse preparadas las mismas para su desarrollo; quedando pendientes por desahogar las pruebas siguientes: PRUEBAS PENDIETES OFRECIDAS PRUEBA PRONUNCIAMIENTO DE LA JUNTA RESPONSABLE 1. Confesional ofrecida por la parte actora. Pendiente. 2. Informe de autoridad a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Pendiente. 3. Testimonial ofrecida por la parte demandada. Pendiente. Así, resulta innegable que la autoridad laboral ha sido omisa en realizar los actos necesarios a efecto de desahogar la totalidad de las pruebas admitidas en el expediente 01/183/17, lo que constituye una dilación del procedimiento laboral en contravención al citado artículo 17 constitucional. Se afirma lo anterior, porque la dilación u omisión en el desahogo de las pruebas causa un retraso que afecta el desarrollo normal y oportuno del juicio; de ahí que se haga patente la violación al referido numeral, desde el momento en que la autoridad laboral incumplió con los términos y plazos previstos en la Ley Federal del Trabajo. Sobre este tópico, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que tratándose de la materia laboral, para estimar que se ha causado una abierta dilación en el procedimiento, deben transcurrir más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Así las cosas, resulta inconcuso que ha transcurrido en demasía el plazo de diez días previsto en la Ley Federal del Trabajo para la audiencia de desahogo, y el periodo de cuarenta y cinco días fijado por el Máximo Tribunal. Las consideraciones anteriores quedaron plasmadas en la Jurisprudencia 2a./J.33/2019, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." SEXTO. Efectos del amparo. En las relatadas consideraciones, al resultar fundados los conceptos de violación hechos valer, lo procedente es conceder el amparo solicitado por Margarito García Campuzano, para que la autoridad responsable, dentro del plazo de tres días, siguientes a la notificación del auto por el que esta sentencia cause ejecutoria, y en caso de no haberlo hecho, efectúe lo siguiente: Deberá realizar las gestiones necesarias para preparar el desahogo de las pruebas que se encuentran pendientes de desahogar (confesional, testimonial, informe de autoridad) dentro del juicio laboral de origen, mismas que se relación en cuadro reproducido con anterioridad, debiendo notificar a las partes que deban intervenir en el desahogo de dichas pruebas, así como girar los oficios correspondientes al Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para el desahogo de la prueba de informe de autoridad; Deberá, informar y acreditar el desahogo de la totalidad de las pruebas admitidas dentro del juicio laboral 01/183/17, o informar la imposibilidad con que conto para ello. Se considerará cumplida la presente sentencia concesoria una vez que la Junta responsable dé cumplimiento a los puntos precisados, y desahogue la totalidad de las pruebas admitidas dentro del juicio laboral de origen, momento en el que habrá subsanado el motivo del retardo en el procedimiento laboral del que se duele la quejosa en el presente juicio y por ende cumplido el núcleo esencial de la presente sentencia amparadora. Lo así considerado encuentra apoyo en la tesis 2ª CV/2013, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 732, del Libro 1, diciembre de 2013, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro electrónico 2005150, que es del contenido siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Margarito García Campuzano, respecto de la omisión reclamada a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, para los efectos señalados en el último considerando de la misma. Notifíquese. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de la secretaria con quien actúa Karina Vanessa Corona Alday. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el informe justificado que rinde el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, residente en esta ciudad. Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho informe para que se imponga de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Se tiene por designados como delegados de la autoridad responsable, en términos del numeral 9 de la ley antes invocada, a las personas que propone y con fundamento en el ordinal 28 de la Ley de la Materia, se tiene por señalado el domicilio que indica. También, con fundamento en los arábigos 119 y 123 del cuerpo normativo en mención, se tiene por ofrecida a favor de la autoridad de mérito las pruebas documentales que anexa, mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cuatro de julio de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por ********************, Presidenta de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual remite copia certificada del proveído de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, donde le hace a la parte actora que empezó a correr la prescripción a partir del tres de febrero de la presente anualidad, el cual le fue notificado el uno de marzo de dos mil veintitrés, así también remite el proveído de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, donde difiere el desahogo de la diligencia de remate en primera almoneda para el trece de julio del año en curso, concediendo un término de tres días a la citada parte a efecto de que exhiba el dictamen en materia de valuación y el certificado de libertad de gravamen actualizados, todo ello en el juicio laboral ********************. Al respecto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a ********************, Presidenta de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que en el término de tres días, contado a partir del día siguiente a la notificación del presente proveído de cumplimiento a lo siguiente: Informe y acredite si la parte quejosa dio cumplimiento al proveído de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, por lo que una vez fenecido el término concedido en dicho auto, emita el acuerdo que corresponda, y así este juzgado provea lo conducente. Se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jacobo Jaimes Brito, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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