Margarito Galindo Rodriguez

Expediente 243/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 16 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
243/2021
Año
2021
Actuaciones
16
Última actuación
27/06/2022

Partes del expediente

  • Margarito Galindo Rodriguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintisiete de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, al haber transcurrido el término de quince días a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad en contra del acuerdo en el que se declaró por cumplida la sentencia pronunciada en este asunto, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, se tiene por CONSENTIDO dicho proveído. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente asunto como concluido. En términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis del artículo 18, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo concedido. Por tanto, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los siguientes noventa días, se realizará el proceso de depuración y se transferirá a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En cambio, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente asunto, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso c, del multicitado Acuerdo General, pues se negó la medida cautelar solicitada respecto al acto reclamado. En tal virtud, una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo, dentro de los treinta días siguientes, se destruirá el cuaderno original del incidente de suspensión y se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación; por lo que, agréguesele una impresión electrónica con evidencia criptográfica de este auto y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Por otra parte, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), de la multicitada norma, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, dentro de los treinta días siguientes, se proceda a la DESTRUCCIÓN del duplicado de los cuadernos incidentales, debiéndose remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone penúltimo párrafo del referido artículo; por lo que, de igual forma, glósesele una impresión electrónica con evidencia criptográfica de este proveído y manténgase por separado en el archivo de este juzgado federal. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que el presente asunto no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Sarah Carolina Vázquez García, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    (AVISO) NOTIFICACIÓN PERSONAL POR LISTA A LA TERCERA INTERESADA TERESA AMADOR TORRES.- Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintiocho de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta y tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, así como que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio sin que se haya cumplido la sentencia amparadora dictada en el mismo; por lo que, se procede a verificar si el fallo pronunciado en este juicio se encuentra en este supuesto, solo con base en las constancias de autos, dado que las partes omitieron desahogar la vista que previamente se les dio al respecto. Así pues, este órgano de control constitucional procede a analizar si, conforme a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el fallo protector dictado en el presente asunto ha sido o no cumplido, sin excesos ni defectos; y, para tal efecto, cabe precisar primeramente, que: Por acuerdo de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, este órgano de control constitucional procedió a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria y hecho del análisis realizado a las constancias remitidas por la autoridad responsable, se consideraron cumplidos algunos de los efectos de la sentencia amparadora; esto, bajo los siguientes términos: EFECTOS DE LA EJECUTORIA DE AMPARO ACTUACIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES En las relatadas consideraciones, al resultar fundados los conceptos de violación -suplida la deficiencia de su exposición-, lo que procede en la especie, es conceder el amparo y protección constitucional solicitados, para el efecto de que la juez responsable: 1. Deje insubsistente el acto reclamado, esto es, la resolución reclamada de tres de mayo de dos mil veintiuno; 2. Dicte otra en donde determine fundado el recurso de revocación; y, 3. Con libertad de jurisdicción, fije una pensión alimenticia provisional de manera porcentual sobre los ingresos actuales del deudor alimentario; en el entendido que deberá tomar en cuenta, el escrito de tres de marzo de dos mil veintiuno, signado por Margarito Galindo Rodríguez, así como los hechos supervenientes que obren dentro del juicio ordinario civil 211/2019. Mediante oficio 739 recibido el uno de febrero de dos mil veintidós, signado por el Juez responsable, remitió copia certificada de la resolución de diez de noviembre de dos mil veintiuno, en la que se advierte que dejó insubsistente la resolución de tres de mayo de dos mil veintiuno. Asimismo, la juez responsable informó que el quince de octubre de dos mil veintiuno, tuvo por recibido el diverso escrito del deudor alimentario por medio del cual solicitó se estableciera una medida porcentual; por lo que en atención a ello, fijó una pensión alimenticia porcentual del 20% del salario del demandado a favor de la acreedora, en vez de la pensión líquida; se requirió personalmente para que proporcionara el número de cuenta y banco a fin de que las cantidades sean depositadas, por lo que se giró oficio 3790/2021 al pagador de autoservicios Vallejo, con domicilio en avenida uno número 100, esquina con calle 2, de la colonia Cazones de esta ciudad, para que procediera con el descuento del 20% provisional. Por ende, dentro de la resolución de diez de noviembre de dos mil veintiuno, indicó que el requerimiento de la sentencia de amparo en el sentido de fijar una pensión alimenticia de manera porcentual sobre los ingresos actuales del deudor alimentario, se encontraba satisfecho pues se ha atendido a su petición, siendo por auto de quince de octubre de dos mil veinte donde se decretó el veinte por ciento, tan es así que se giró oficio para que se aplicara tal medida alimentaria sobre los ingresos del deudor alimentario, por tal circunstancia prácticamente resultaría imposible dictar la medida porcentual porque ya se realizó. De manera que, lo único que faltaba para dar debido cumplimiento, era que la Juez responsable en razón de que el hecho de que ya haya determinado procedente, en un diverso auto, fijar la pensión provisional de forma porcentual, no le impide declarar fundado el recurso de revocación, como se determinó en la ejecutoria de amparo, y pronunciarse respecto de la petición formulada en el escrito de tres de marzo de dos mil veintiuno, signado por Margarito Galindo Rodríguez, porque si bien si fijó la pensión provisional en un veinte por ciento sobre el salario percibido por el deudor, lo cierto es que esa circunstancia, resulta ajena al cumplimiento de la sentencia de amparo, pues, en su caso, únicamente incidirá en que sea innecesario remitir el oficio al pagador, pero, no le impide pronunciarse respecto a lo solicitado en el escrito de tres de marzo de dos mil veintiuno, porque podrá incluso reiterar o remitirse a lo resuelto en acuerdo de quince de octubre de dos mil veintiuno. Así, se concluyó que la Juez responsable no acató cabalmente la sentencia amparadora, por lo cual, se declaró que la ejecutoria de amparo, no estaba cumplida; razón por la cual, se requirió nuevamente a dicha responsable, para que en el término de tres días, contados a partir de que le fuera notificado dicho acuerdo, justificara haber dado cumplimiento al fallo protector. Por ende, resulta innecesario realizar nuevamente el análisis de los aspectos ya cumplidos, por lo que únicamente el presente proveído se avocará al verificar el cumplimento del punto faltante. EFECTOS DE LA EJECUTORIA DE AMPARO ACTUACIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE En las relatadas consideraciones, al resultar fundados los conceptos de violación -suplida la deficiencia de su exposición-, lo que procede en la especie, es conceder el amparo y protección constitucional solicitados, para el efecto de que la juez responsable: 1. Deje insubsistente el acto reclamado, esto es, la resolución reclamada de tres de mayo de dos mil veintiuno; 2. Dicte otra en donde determine fundado el recurso de revocación; y, 3. Con libertad de jurisdicción, fije una pensión alimenticia provisional de manera porcentual sobre los ingresos actuales del deudor alimentario; en el entendido que deberá tomar en cuenta, el escrito de tres de marzo de dos mil veintiuno, signado por Margarito Galindo Rodríguez, así como los hechos supervenientes que obren dentro del juicio ordinario civil 211/2019. Mediante oficio 1680/2022 recibido el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, signado por el Juez responsable, remitió copia certificada de la resolución de dieciséis de marzo del presente año, por la que la juez responsable informó que tuvo por recibido el diverso escrito del deudor alimentario por medio del cual solicitó se estableciera una medida porcentual; por lo que en atención a ello, fijó una pensión alimenticia porcentual del 20% del salario del demandado a favor de la acreedora, en vez de la pensión líquida; se requirió personalmente para que proporcionara el número de cuenta y banco a fin de que las cantidades sean depositadas, por lo que se giró oficio 3790/2021 al pagador de autoservicios Vallejo, con domicilio en avenida uno número 100, esquina con calle 2, de la colonia Cazones de esta ciudad, para que procediera con el descuento del 20% provisional. Ahora bien, de un análisis comparativo realizado entre los efectos de la tutela constitucional otorgada y la actuación llevada a cabo por la autoridad responsable, se aprecia que la ejecutoria de amparo sí fue cumplida en sus términos, tal como aprecia en el cuadro que antecede. Asimismo, se considera que la autoridad dio cumplimiento al fallo protector en sus términos, sin excesos, al no haber ido más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección federal, afectando actos jurídicos de los que no se ocupó el fallo constitucional, ni defectos, pues no se advierte que hubieran omitido llevar a cabo alguna actuación de las que ordenó la ejecutoria de amparo. Por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo, notifíquese a las partes el presente auto y comuníquese lo anterior a la autoridad responsable, para su conocimiento y efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercero interesado; por oficio a las autoridades responsables; y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, en la forma prevista en la Ley de Amparo. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Karina Esther Santiago Espinoza, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    (AVISO) NOTIFICACIÓN PERSONAL POR LISTA A LA TERCERA INTERESADA TERESA AMADOR TORRES) Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Visto el oficio y anexos, remitidos por la Jueza Octavo de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad; agréguense a los autos para que surtan sus efectos legales correspondientes y téngasele informando el cumplimiento dado a la ejecutoria por la cual fue concedido el amparo y protección de la Justicia de la Unión y remitiendo las constancias respectivas. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, quedan los autos a la vista de las partes por el término de TRES DÍAS, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga y transcurrido dicho término, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria con base en las constancias de autos y los datos aportados por la autoridad responsable. Es aplicable la jurisprudencia siguiente: Época: Novena Época Registro: 192174 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Marzo de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 26/2000 Página: 243 INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. En virtud de lo anterior, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos para que al momento de realizar la notificación personal del presente proveído, corra traslado a las partes con copia del oficio que se provee, debiendo asentar dicha recepción en la propia diligencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a la tercera interesada. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Sarah Carolina Vázquez García, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    (AVISO) NOTIFICACIÓN POR LISTA AL TERCERO INTERESADO.- Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a nueve de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta y tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, así como que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio sin que se haya cumplido la sentencia amparadora dictada en el mismo; por lo que, se procede a verificar si el fallo pronunciado en este juicio se encuentra en este supuesto, solo con base en las constancias de autos, dado que las partes omitieron desahogar la vista que previamente se les dio al respecto. Así pues, este órgano de control constitucional procede a analizar si, conforme a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el fallo protector dictado en el presente asunto ha sido o no cumplido, sin excesos ni defectos; y, para tal efecto, cabe precisar primeramente, que: Mediante sentencia pronunciada el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa Margarito Galindo Rodríguez, para los efectos que se precisarán en la tabla que más adelante se expondrá. La citada sentencia causó ejecutoria por acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, al no haber sido impugnada por las partes, dentro del término legalmente concedido al respecto y se requirió a la autoridad responsable para que justificaran haber dado cumplimiento al fallo protector y, para tal efecto, a través del oficio y anexo recibido en este juzgado federal el uno de febrero de dos mil veintidós, informó lo propio, bajo los parámetros que se exponen a continuación. EFECTOS DE LA EJECUTORIA DE AMPARO ACTUACIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES En las relatadas consideraciones, al resultar fundados los conceptos de violación -suplida la deficiencia de su exposición-, lo que procede en la especie, es conceder el amparo y protección constitucional solicitados, para el efecto de que la juez responsable: 1. Deje insubsistente el acto reclamado, esto es, la resolución reclamada de tres de mayo de dos mil veintiuno; 2. Dicte otra en donde determine fundado el recurso de revocación; y, 3. Con libertad de jurisdicción, fije una pensión alimenticia provisional de manera porcentual sobre los ingresos actuales del deudor alimentario; en el entendido que deberá tomar en cuenta, el escrito de tres de marzo de dos mil veintiuno, signado por Margarito Galindo Rodríguez, así como los hechos supervenientes que obren dentro del juicio ordinario civil 211/2019. Mediante oficio 739 recibido el uno de febrero de dos mil veintidós, signado por la Juez Octavo de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada de la resolución de diez de noviembre de dos mil veintiuno, en la que se advierte que dejó insubsistente la resolución de tres de mayo de dos mil veintiuno. Asimismo, la jueza responsable informó que el quince de octubre de dos mil veintiuno, recibió el diverso escrito del deudor alimentario por medio del cual solicitó se estableciera una medida porcentual respecto del salario percibido; por lo que en atención a ello, estableció que la pensión debía fijarse en un 20% del salario del demandado, en lugar de la cantidad líquida determinada. De igual forma, se requirió personalmente a la acreedora para que proporcionara el número de cuenta y banco para depositar la pensión; se giró oficio 3790/2021 al pagador de autoservicios "Vallejo", con domicilio en avenida uno número 100, esquina con calle 2, de la colonia Cazones de esta ciudad, para que procediera con el descuento del 20%. Por ende, dentro de la resolución de diez de noviembre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable estableció que el requerimiento de la sentencia de amparo en el sentido de fijar una pensión alimenticia de manera porcentual sobre los ingresos actuales del deudor alimentario, se encontraba satisfecho pues ya se había atendido su petición en el diverso auto de quince de octubre de ese año, donde se decretó procedente fijar la pensión provisional en un veinte por ciento sobre el salario del deudor, ordenándose girar oficio para que se aplicara tal medida alimentaria. Ahora bien, de un análisis comparativo realizado entre los efectos de la tutela constitucional otorgada y la actuación llevada a cabo por las autoridades responsables, se aprecia que no existen elementos para poder determinar que la sentencia de amparo ha quedado cabalmente cumplida, en razón de que el hecho de que ya haya determinado procedente, en un diverso auto, fijar la pensión provisional de forma porcentual, no le impide declarar fundado el recurso de revocación, como se determinó en la ejecutoria de amparo, y pronunciarse respecto de la petición formulada en el escrito de tres de marzo de dos mil veintiuno, signado por Margarito Galindo Rodríguez. Lo anterior, porque si bien ya fijó la pensión provisional en un veinte por ciento sobre el salario percibido por el deudor, lo cierto es que esa circunstancia, resulta ajena al cumplimiento de la sentencia de amparo, pues, en su caso, únicamente incidirá en que sea innecesario remitir el oficio al pagador, pero, se insiste, no le impide pronunciarse respecto a lo solicitado en el escrito de tres de marzo de dos mil veintiuno, porque podrá incluso reiterar o remitirse a lo resuelto en acuerdo de quince de octubre de dos mil veintiuno. Por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se determina que la ejecutoria de amparo no está cabalmente cumplida; por lo que, para dar cumplimiento al fallo amparador. En mérito de lo anterior, y en obvio de mayores dilaciones, toda vez que las autoridades responsables no demuestran haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y considerando que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, y que los tribunales tienen la obligación de proveer lo conducente para que sus determinaciones se acaten a la brevedad posible, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 104 y 105 de la Ley de Amparo, gírese atento oficio a la autoridad responsable la Juez Octavo de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, y requiérasele para que dentro del improrrogable término de TRES DÍAS, contado a partir de que le sea notificado el presente proveído, justifique a través de constancias emitidas con posterioridad a la emisión de la resolución amparadora, haber dado cabal cumplimiento a lo ordenado en el fallo protector consistentes en: 1. Deje insubsistente el acto reclamado, esto es, la resolución reclamada de tres de mayo de dos mil veintiuno; 2. Dicte otra en donde determine fundado el recurso de revocación; y, 3. Con libertad de jurisdicción, fije una pensión alimenticia provisional de manera porcentual sobre los ingresos actuales del deudor alimentario; en el entendido que deberá tomar en cuenta, el escrito de tres de marzo de dos mil veintiuno, signado por Margarito Galindo Rodríguez, así como los hechos supervenientes que obren dentro del juicio ordinario civil 211/2019. En el entendido que deberá mantener informado a este Juzgado de Distrito de todos los acuerdos u oficios que emita o reciba tendentes al cumplimiento de aquél. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, o de no manifestar el impedimento legal que tenga para hacerlo, con fundamento en los artículos 193 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una medida de apremio consistente en una multa por el equivalente a cien días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); además de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con el numeral 107, fracción XVI Constitucional. Lo anterior, a fin de que se dé total cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio y este Juzgado Federal proceda a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria.

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