Margarito Fernando Hernández Silva
Expediente 1061/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1061/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 16/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Margarito Fernando Hernández Silva
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se aprecia que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiese recurrido el proveído que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso d), y 88 de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la primera, se declara que dicho auto ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En virtud de que el presente juicio se sobreseyó fuera de audiencia, y no es de relevancia documental, debido a que carece de valor jurídico e histórico, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este asunto es susceptible de destrucción. Notifíquese: por oficio a las autoridades responsables y por lista al resto de las partes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dos de diciembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de la Presidenta de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz, del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con el cual, en atención al requerimiento de autos, exhibe copia certificada de la notificación realizada a la parte quejosa del auto de radicación del expediente SAT 332/2022, consistente en el boletín laboral del día dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora bien, de las constancias que la responsable adjunto a su oficio con registro 17134 con el que rindió su informe justificado, así como las remitidas al oficio de cuenta, se advierte que se actualiza una causa de improcedencia. ANÁLISIS DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA En este orden, cabe señalar que los artículos 63, fracción V, y 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. Artículo 81. Procede el recurso de revisión: I. En amparo indirecto, en contra de las resoluciones siguientes: (.) d) Las que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; (.)" Del contenido de dichos preceptos se desprende que la Ley de Amparo prevé la posibilidad de que durante el juicio sobrevenga alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de ese ordenamiento legal. Tan es así que el primero de los artículos en cita (63, fracción V) refiere que el sobreseimiento del juicio de amparo procede cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia previstas en la ley. Mientras que el segundo numeral (81, fracción I, incido d) estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos que declaren el sobreseimiento fuera de audiencia, siendo éstos los que se pronuncian cuando durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Resulta aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J.10/2003 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En esa tesitura, se advierte de oficio que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuya literalidad es la siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". La citada causa de improcedencia requiere que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal forma que destruya todos sus efectos, como si se le restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales que alega le fueron violados. Así el supuesto de improcedencia que se analiza se encuentra orientado por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia del juicio de amparo, que es obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo. Es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de su derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir con lo que el derecho humano exija, cuando el acto sea negativo. Así lo confirma la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". En el caso concreto, el quejoso reclama: La omisión de realizar pronunciamiento correspondiente al escrito inicial de demanda que presentó con fecha treinta y uno de enero de dos mil veintidós, la que se registró bajo el número SAT 332/2022. Ahora bien, de las constancias que remitió la Presidenta de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, relativas al expediente laboral SAT 332/2022, de su índice, se advierte que con fecha catorce de octubre de dos mil veintidós, dictó acuerdo en el que admitió a trámite la demanda presentada por el quejoso, acuerdo que le fue notificado mediante boletín laboral del dieciocho de octubre siguiente. Razón por la cual se estima que sobrevino la causal de improcedencia invocada, toda vez que ningún objeto tendría emitir una sentencia de amparo que ordenara a la autoridad responsable pronunciarse respecto al escrito inicial de demanda presentado por el ahora quejoso, en el juicio laboral SAT 332/2022, cuando de las constancias remitidas por la Presidenta de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, se advierte que ya lo hizo, y que al quejoso le fue notificado mediante boletín laboral el dieciocho de octubre de este año. En razón de lo anterior se estima que sobrevino la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Orienta sobre el particular, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En las relatadas circunstancias, al haberse actualizado de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, atendiendo a la determinación tomada en este auto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Captura de resolución en el sistema integral de seguimiento de expedientes y elaboración de versión pública De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye a la coordinadora de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de esta determinación, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Oficial Judicial "A" SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese por lista a las partes y mediante oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los autos, se advierte que no obra la constancia de notificación del oficio 28284/2022, dirigido a la autoridad responsable Sala Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje con residencia en Tlalnepantla de Baz del Estado de México, en el que se les requirió copia certificada de la notificación efectuada a las partes, del auto de radicación de la demanda promovida por la parte quejosa. En ese sentido, reexpídase el oficio de referencia con los insertos necesarios; para lo cual se instruye a la actuaria de la adscripción a efecto de que de manera inmediata lo notifique. En tal virtud, para dar tiempo a que las autoridades de referencia rindan su respectivo informe previo, es procedente diferir la audiencia incidental señalada para el día de hoy; y en su lugar se fijan las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo. Notifíquese, por lista a las partes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que se encuentra transcurriendo la vista ordenada en auto de dieciocho de octubre del año en curso, en relación al informe justificado rendido por la autoridad responsable. En consecuencia, resulta procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy; y en su lugar se fijan las nueve horas con treinta y cinco minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo. Notifíquese por lista a las partes.Así lo proveyó y firma Aurelio Damián Magaña, Juez Primero de Distrito en el Estado de México, asistido de María del Carmen García Monjaraz, secretaria que firma y da fe. Joss
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