Margarito de Jesus Carrillo Cerda

Expediente 1283/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 16 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1283/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
25/01/2023

Partes del expediente

  • Margarito de Jesus Carrillo Cerda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Ejecutoria. Vista la certificación puesta en esta fecha por la secretaría de este juzgado, en el sentido de que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso e), de la propia ley, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en el presente juicio ha causado estado. Documentos originales. No existen. Relevancia documental. En virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. No se solicitó. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de demanda de amparo. Mediante escrito presentado el ocho de agosto de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, y turnado el nueve siguiente a este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna Margarito de Jesús Carrillo Cerda, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra las autoridades y actos que a continuación se trascriben: "AUTORIDADES RESPONSABLES: Señalo como autoridad ordenadora y ejecutora señalo C. ADMINISTRADOR DESCONCENTRADO DE RECAUDACION DE COAHUILA E ZARAGOZA, "2", con domicilio en Periférico Raúl López Sánchez, 17 Colonia Eriazo C.P.27110, de la Ciudad de Torrean, Coahuila. ACTOS RECLAMADOS.- De la autoridad responsable señalada como ordenadora y Ejecutora reclamo EL COBRO DE LA MULTA impuesta en mi contra como crédito fiscal por la cantidad de $22,547.00 (Son veintidós mil quinientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.)". En la demanda de amparo, la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos y, señaló que los derechos humanos que en su concepto se vulneraron, los cuales son los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Federal, se radicó la demanda de amparo registrándose con el número 1283/2022, y por acuerdo de diez de agosto de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado correspondiente, y se dio vista al Ministerio Público de la Federación. Por auto de catorce de octubre de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa por el plazo de quince días a fin de que, si era su deseo, ampliara la demanda de amparo respecto de la autoridad Coordinación Estatal de la Policía Federal en Durango, Estación Gómez Palacio, ya que fue dicha autoridad la que emitió la multa reclamada, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se continuaría con el trámite del juicio en los términos planteados en el escrito inicial de demanda. Así, por auto de catorce de noviembre de dos mil veintidós, se requirió al quejoso a efecto de que compareciera a este órgano jurisdiccional a ratificar su escrito de ampliación de demanda, sin que lo hiciera, por lo que ante la omisión de la parte quejosa de dar cumplimiento al requerimiento formulado en autos, en la audiencia constitucional que antecede, se hizo efectivo el apercibimiento decretado y se tuvo por no ampliada la demanda de amparo. Consecuentemente, se determinó seguir conociendo del asunto, en los términos en que fue planteada la demanda inicialmente. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción XVII, del Acuerdo General 3/2013, en relación con el Acuerdo General 28/2016, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, puesto que el acto reclamado en este juicio incumbe a la vía indirecta al tratarse de actos reclamados a una autoridad residente en el territorio donde este juzgado ejercerse jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este se procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511.) "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) Así pues, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que el acto reclamado por la parte quejosa es el siguiente: i. El cobro de la multa impuesta en su contra como crédito fiscal por la cantidad de $22,547.00 (son veintidós mil quinientos cuarenta y siete pesos 00/100 m.n.). Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por el hoy impetrante, lo procedente es examinar la existencia del acto de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, pues al rendir su informe justificado reconocieron expresamente su existencia, lo cual, sin duda, constituye una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener demostrado el acto de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de la materia. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Además, la certeza de los actos se encuentra corroborada con las documentales que en copia certificada fueron allegadas por las autoridades responsables; documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. A ese respecto, se cita la jurisprudencia doscientos veintiséis, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página ciento cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, que dice así: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo anterior, no hay duda de que en este juicio de amparo quedó plenamente acreditada la existencia del acto atacado por la parte quejosa, desde luego, en los términos de que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Causales de improcedencia del juicio. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. Lo anterior con fundamento en el referido numeral y con apoyo en la tesis jurisprudencial número J/5, sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, Mayo de 1991, página 95, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Al respecto, este órgano jurisdiccional de oficio advierte que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción II y 108, fracción III de la Ley Amparo. La fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Mientras que el artículo 5, de la Ley de amparo establece: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de la autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". Por su parte, el artículo 108, fracción III, de la misma legislación, establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.)" De acuerdo con los numerales antes citados, se infiere que es a la parte quejosa a quien corresponde precisar ya sea en su escrito de demanda de amparo, o en cualquier otro momento procesal, hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional, el señalamiento y denominación de la autoridad o autoridades responsables a quienes les atribuye la emisión o ejecución del acto que le causa un perjuicio en sus derechos fundamentales; ello con la finalidad de que el órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud, en primer lugar, de poder llamar a juicio a la autoridad designada; y en segundo, para que el propio órgano de control constitucional se encuentre en condiciones de analizar y dirimir la cuestión que le es planteada por la parte quejosa en su demanda de amparo, una vez habiéndose llamado previamente a la autoridad a la que le atribuye la emisión del acto reclamado. De esta manera, haciendo una interpretación a contrario sensu de lo expuesto previamente, se obtiene que si la parte quejosa es omisa en señalar a la autoridad o autoridades responsables que hayan participado en la emisión o ejecución de los actos que reclama en su demanda de amparo, tal situación traería como consecuencia que en modo alguno pudiera examinarse la constitucionalidad de los actos que sean atribuidas a dichas autoridades, al no haber sido llamadas al juicio de amparo, ante la omisión de la parte quejosa de hacer el señalamiento de las mismas, dado que de lo contrario, se estaría analizando la constitucionalidad de un acto, sin que la autoridad que lo haya emitido o ejecutado tuviera la oportunidad de realizar manifestaciones y ofrecer pruebas tendentes a establecer la constitucionalidad de los actos que se le atribuyan. La fracción en estudio establece como requisito la obligación a cargo del quejoso de señalar en la demanda a la autoridad o autoridades responsables, bajo el entendido de lo que la Ley de Amparo, en su artículo 5º, fracción II y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definen como autoridades responsables. Dicho criterio jurisprudencial se encuentra en la tesis PXXVII/97, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página 118 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, correspondiente al mes de febrero de 1997, de la Novena Época, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." El señalamiento de la autoridad responsable en la demanda de amparo indirecto es uno de los requisitos que existe obligación expresar en la demanda. Así, conforme a lo establecido en el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, la autoridad responsable con independencia de su naturaleza formal, es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, pudiendo tener ese carácter los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de la autoridad, que afecten derechos humanos de los gobernados y cuyas funciones estén determinadas por una norma general, por lo que el quejoso deberá precisar la denominación de la autoridad o autoridades que se encuentren en las hipótesis que señala el numeral citado. Requisito que es fundamental para analizar la inconstitucionalidad propuesta en la demanda, debido a que la autoridad responsable es parte de la controversia y debe tener la oportunidad de pronunciarse en relación al acto que se le atribuye. No obstante, si del examen integral de la demanda se advierte la participación de una autoridad no señalada como responsable o bien del informe justificado, es deber del juzgador de amparo requerir al promovente para que manifieste si la señala o no con ese carácter. Tiene aplicación, la tesis VIII.1o.19 K, del Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, con registro número 195463, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Octubre de 1998, página 1106, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIR AL QUEJOSO, SI DEL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTE SU PARTICIPACIÓN EN LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Con vista en el criterio que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tribunales Colegiados han sustentado en el sentido de que la demanda de garantías constituye un todo y debe interpretarse en su integridad a fin de encontrar los elementos que la conforman, y de que el juzgador es un perito en derecho con capacidad para interpretar una redacción oscura e irregular y determinar si el autor por error incurre en omisiones e imprecisiones por desconocimiento de la técnica de amparo, sin que esto signifique suplir la deficiencia de la queja o integrar la acción que intenta el gobernado, sino sólo en armonizar la información con la que cuenta, tomando también como elemento referencial para determinar la realidad y precisión de los actos reclamados y la designación de las autoridades responsables, los anexos de la demanda y los propios informes justificados que las autoridades rindan; se estima que si el Juez de Distrito, con motivo de los informes justificados o de alguna otra prueba advierte que el acto proviene de una autoridad distinta de las señaladas como responsables o que aparezcan otros actos diversos de los indicados como reclamados que expresamente se hayan omitido en la demanda, deberá ordenar que el contenido de los informes o de esas pruebas se haga del conocimiento de la parte quejosa mediante notificación personal y, prevenirlo para que aclare si señala o no como reclamado, a esos nuevos actos o se tenga como responsable a la nueva autoridad de la que no tenía conocimiento el quejoso, por tratarse de un tercero ajeno al procedimiento o no siéndolo inadvertidamente pasó por alto, y así, estar en posibilidad de dictar una sentencia justa y apegada a la realidad, evitando que la distracción o confusión de aquél sea la base para generar un obstáculo que pueda llegar a ser una trampa procesal que impida al Juez resolver el fondo de la cuestión planteada. Por lo tanto, si en el caso la parte quejosa señaló como autoridad responsable a la Junta, pero de los informes justificados se desprende que quien emitió el acto fue el presidente de ésta, el Juez de Distrito debió prevenir a la parte quejosa a efecto de que aclarara si señalaba o no como responsable al titular de la Junta de Conciliación y Arbitraje y, al no hacerlo así, el a quo incurrió en una violación a las normas que regulan el procedimiento y debe ordenarse reponerlo para los efectos precisados". Precisados los anteriores razonamientos, en el caso, la quejosa reclama el cobro de la multa impuesta en su contra como crédito fiscal por la cantidad de $22,547.00 (son veintidós mil quinientos cuarenta y siete pesos 00/100 m.n.). Empero, el referido cobro tiene su origen en la multa emitida por la Coordinación Estatal de la Policía Federal en Durango, Estación Gómez Palacio, según se advierte del informe justificado rendido por la autoridad responsable, ya que fue dicha autoridad la que emitió la multa que a la postre constituyó crédito fiscal a cargo de la parte quejosa. Atendiendo a lo anterior, mediante auto de catorce de octubre de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa por el plazo de quince días a fin de que, si era su deseo, señalara, como autoridad responsable a la Coordinación Estatal de la Policía Federal en Durango, Estación Gómez Palacio, ya que fue dicha autoridad la que emitió la determinación del crédito fiscal a cargo del quejoso. Sin embargo, el catorce de noviembre siguiente, se requirió a efecto de que ratificara su escrito de ampliación sin que lo hiciera. Ahora bien, ante el incumplimiento de la parte quejosa respecto de ratificar el escrito por medio del cual pretendió ampliar su demanda de amparo, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en autos, y se ordenó continuar con el trámite del presente asunto en los términos en que fue planteado inicialmente, en donde la quejosa no señaló como autoridad responsable a la Coordinación Estatal de la Policía Federal en Durango, Estación Gómez Palacio. Atento a lo anterior, al consistir el cobro de la multa impuesta en su contra como crédito fiscal por la cantidad de $22,547.00 (son veintidós mil quinientos cuarenta y siete pesos 00/100 m.n.), emitido por la Coordinación Estatal de la Policía Federal en Durango, Estación Gómez Palacio, el acto generador del acto aquí reclamado, implica, que necesariamente debió ser llamada al presente juicio la mencionada autoridad, con la finalidad de poder estar en aptitud de analizar la constitucionalidad de su actuar. Ahora bien, en este caso, la quejosa debió señalar a la mencionada autoridad como responsable, cumpliendo los requisitos previstos para tal efecto en los numerales 108 y 114 de la Ley de Amparo, puesto que la mencionada autoridad emitió la multa en su contra como crédito fiscal, que es el acto generador de los actos que reclama en esta instancia constitucional, ya que al realizar dicho acto, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 5º fracción II, de la Ley de Amparo; situación que no aconteció en la especie, ya que como se precisó, se requirió a la parte quejosa para que formulara la correspondiente ampliación y fue omisa en desahogarla, por lo que su demanda se tuvo por no ampliada. De ahí que se reitera, este órgano de control constitucional se encuentra imposibilitado para estudiar la legalidad de los actos emitidos por el Administrador Desconcentrado de Recaudación de Coahuila de Zaragoza, "2", de esta ciudad, en razón de que la autoridad emisora de dicho oficio, no es parte en la presente controversia, ya que no tiene el carácter de autoridad responsable. En este orden de ideas, al no haber señalado la parte quejosa como autoridad responsable a la autoridad emisora del acto generador del acto reclamado, no es posible analizar su constitucionalidad, y por ello se debe sobreseer en el presente juicio, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción II y 108, fracción III, de la Ley Amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento. Sobre ese punto resulta aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis 2a. CLXIV/98, publicada en la página 113, Tomo IX, Enero de 1999 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." Por todo lo anterior, al quedar plenamente actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción II y 108, fracción III, de la Ley Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la misma ley, lo conducente es sobreseer en este juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo resuelve y firma la licenciada Ma Elena Samaniego Carnero, Secretaria adscrita al Juzgado Primero de Distrito en la Laguna, encargada del despacho en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA."; autorizada mediante oficio CCJ/ST/5788/2022, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, asistida del licenciado Jorge Trejo Veloz, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; seis de diciembre de dos mil veintidós. Oficio. Téngase por recibido el oficio que remite la autoridad responsable, mediante el cual reitera el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, señala nuevos autorizados y revoca a los nombrados con anterioridad. Autorizados. Se tiene como nuevos delegados en términos amplios del artículo 9 de la Ley de Amparo a los licenciados que menciona. Notifíquese.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; uno de diciembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado de autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días a efecto de que la parte quejosa amplíe su demanda de amparo en los términos planteados. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente para su celebración las nueve horas con cincuenta minutos del seis de enero de dos mil veintitrés. Notificaciones a autoridades. Por último, destáquese a las partes que a partir de este momento procesal, para el caso de que audiencia constitucional no se celebre en la hora y fecha que se indica, el proveído en el que ésta se reprograme, les será notificado por lista de acuerdos, de conformidad con los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo y el diverso numeral 21 del aludido Acuerdo General 21/2020, pues dada su trascendencia no resulta necesaria la notificación por oficio o personal; máxime que la ley de la materia no lo dispone expresamente. Notifíquese.

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