Margarito Carmona Vallejo
Expediente 1056/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1056/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 26/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Margarito Carmona Vallejo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a Margarito Carmona Vallejo, contra el acto reclamado al 1. Juez de Control del juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, consistente en la parte de la resolución que emitió en audiencia intermedia de ocho de octubre de dos mil diecinueve, dentro de la carpeta administrativa penal 1026/2017/PUEBLA, en la que determinó que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que le fue impuesta, se prorrogara, ello, en términos del considerando séptimo y para los efectos precisados en el considerando octavo de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Visto, con conocimiento de las partes, intégrese a los autos el oficio de Juan Carlos Malpica Aladro, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de Sentencias de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado por esta autoridad en proveído de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 29 y 30), remite un disco versátil digital (dvd), relativo a la audiencia de ocho de octubre de dos mil diecinueve, celebrada dentro de la causa penal 1026/2017/PUEBLA, de su estadística. Con fundamento en el artículo 119 de la indicada Ley, se tiene como prueba; sin que haya lugar a señalar fecha para la reproducción del mencionado disco versátil digital (dvd), dada su naturaleza jurídica.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal de autos y el informe rendido por el juez responsable, se advierte que el quejoso Margarito Carmona Vallejo, se encuentra privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla, en cumplimiento a la medida cautelar que le fue impuesta. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena notificarle personalmente los autos de treinta de octubre y veintiséis de noviembre, ambos de dos mil diecinueve, corriéndole traslado con copia autorizada de los mismos, así como del informe justificado rendido por el Juez responsable. AUTO DE TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE A LA LETRA DICE: San Andrés Cholula, Puebla, treinta de octubre de dos mil diecinueve.RADICACIÓN. Vista la demanda de cuenta, promovida por Margarito Carmona Vallejo; fórmese expediente y regístrese con el número 1056/2019-E, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado. CUESTIONES PRELIMINARES. Sentado lo anterior, debe precisarse que el promovente acude a esta contienda constitucional para reclamar de la autoridad responsable Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, lo siguiente: "IV. LA NORMA GENERAL ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA: La admisión y corrección del ofrecimiento de incorporación de la testimonial a cargo de la menor de iniciales K.M.L.V. por el Ciudadano Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Con Sede En Puebla, en audiencia intermedia de fecha ocho de octubre del año dos mil diecinueve. La prórroga de la medida cautelar cuando está ya excedió de los dos años permitidos que marca le ley, sin que esto sea una causa imputable al acusado." DESECHAMIENTO PARCIAL DE LA DEMANDA RESPECTO DEL ACTO CONSISTENTE EN LA ADMISIÓN Y CORRECCIÓN DEL OFRECIMIENTO DE INCORPORACIÓN DE LA TESTIMONIAL A CARGO DE LA MENOR DE INICIALES K.M.L.V. POR EL CIUDADANO JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO CON SEDE EN PUEBLA, EN AUDIENCIA INTERMEDIA DE FECHA OCHO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. En tales condiciones, respecto del acto consistente en la admisión y corrección del ofrecimiento de incorporación de la testimonial a cargo de la menor de iniciales K.M.L.V. por el Ciudadano Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Con Sede En Puebla, en audiencia intermedia de fecha ocho de octubre del año dos mil diecinueve, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sentido, ambos preceptos de la Ley de Amparo. Los artículos referidos disponen: (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.) Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.). El artículo 107, fracción V, de la ley de la materia establece una regla de carácter general, que consiste en que, tratándose de actos emanados de un procedimiento, el juicio de derechos fundamentales sólo es procedente contra actos que afecten materialmente derechos sustantivos. Además, de su interpretación se deducen dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Asimismo, establece que los actos de imposible reparación son los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en caso de que éste obtenga resolución favorable a sus intereses. Así, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V de la Ley de Amparo, los actos procesales, como ya se dijo, tienen una ejecución de imposible reparación cuando, como consecuencia de ellos, se afecta de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos protegidos por la Constitución, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trata, caso en que no debe esperar el ofendido a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación no desaparecerían en tales hipótesis, aunque aquélla obtuviese sentencia favorable a sus intereses. En ese sentido, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquéllos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal que, al momento de obtener una sentencia favorable, desaparecen en la realidad dejando intacta la esfera jurídica del gobernado. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia por contradicción de tesis sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto, son: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), determinó que una cuestión formal que no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo, resultaba incompatible con el nuevo texto de la Ley de Amparo, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen. La jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) es del tenor siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Sobre la base expuesta, es evidente que el acto reclamado sólo produce efectos meramente procesales que no causan un perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos de la parte inconforme (libertad, propiedades o posesiones); pues sus consecuencias no revisten el carácter de imposible reparación, por no afectar derechos sustantivos. Por tanto, es incuestionable que el acto reclamado, no es de los denominados de imposible reparación y, por lo mismo, la demanda de amparo, respecto del acto que se analiza contiene un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En efecto, se estima que la acción constitucional intentada deviene improcedente, porque el acto que reclama a la autoridad responsable consistente en la admisión y corrección del ofrecimiento de incorporación de la testimonial a cargo de la menor de iniciales K.M.L.V. por el Ciudadano Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Con Sede En Puebla, en audiencia intermedia de fecha ocho de octubre del año dos mil diecinueve, no causa un perjuicio irreparable al quejoso, toda vez que, de obtener resolución favorable a sus intereses, dentro del proceso que se le sigue en el Juzgado responsable las consecuencias jurídicas del auto reclamado, quedarían sin efectos, dejando intacta su esfera jurídica. Resultan aplicables al caso, las jurisprudencias, cuyos datos de localización, rubro y texto, son: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SON AQUELLOS QUE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS, ASÍ COMO VIOLACIONES PROCESALES RELEVANTES, DE CONFORMIDAD CON UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIONES III, INCISO B), Y V, Y 170, FRACCIÓN I, CUARTO PÁRRAFO, ÉSTE A CONTRARIO SENSU, DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). El primero de los preceptos citados señala expresamente que por actos de imposible reparación se deben entender aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sin aludir a las violaciones procesales que afectan en grado predominante o superior, como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas jurisprudencias. En tanto que del segundo precepto legal se desprende que en amparo directo también se pueden cuestionar violaciones que se cometan durante el procedimiento, siempre y cuando afecten las defensas del quejoso, trasciendan al resultado del fallo y sean de reparación posible "por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes"; lo que implica que, a contrario sensu, la reparación imposible acontece también cuando las violaciones procesales sean "relevantes", debiendo entenderse como tales aquellas cuyos efectos afectan a las partes en grado predominante o superior, por lo que en su contra resulta procedente el juicio de amparo indirecto, sin que sea obstáculo a lo anterior, que el numeral 170, fracción I, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se refiera a cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales, pues es una interpretación amplia, no restrictiva, la más benéfica para los gobernados, la que permite arribar a la convicción de que para determinar si el acto es de imposible reparación se debe atender al nuevo concepto que proporciona el dispositivo en comento, es decir, si es relevante o no la violación procesal." Lo anterior, se robustece si se toma en cuenta lo establecido en el artículo 173, apartado B, fracciones X y XIX de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "ARTÍCULO 173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: (.) Apartado B. Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral. (.) X. No se reciban al imputado los medios de prueba o pruebas pertinentes que ofrezca o no se reciban con arreglo a derecho, no se le conceda el tiempo para el ofrecimiento de pruebas o no se le auxilie para obtener la comparecencia de las personas de quienes ofrezca su testimonio en los términos señalados por la ley; (.) XIX. Se trate de casos análogos a las fracciones anteriores a juicio del Órgano jurisdiccional de amparo." Luego, el acto reclamado, corresponde a un acto dentro de juicio, de carácter intraprocesal, que no tiene una ejecución de imposible reparación, por lo que no procede en su contra el juicio de amparo indirecto, ya que no se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 107, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en cambio, se trata de una violación intraprocesal, máxime que al quejoso le reviste el carácter de procesado, quien lógicamente se encuentra haciendo valer sus derechos y cargas procesales, es decir, se le escucha en juicio. En las relatadas condiciones, toda vez que, respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V (en sentido contrario), de la Ley de Amparo, con fundamento en lo establecido por el artículo 113 de la propia ley, se desecha parcialmente la demanda de amparo. ADMISIÓN. Con fundamento en los artículos 1° fracción I, 2, 3, 5, 6, 17, 18, 33 fracción IV, 35, 37, 64, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y 119 de la Ley de Amparo reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se admite la demanda de amparo promovida por Margarito Carmona Vallejo, contra el acto consistente en la prórroga de la medida cautelar cuando ésta ya excedió de los dos años permitidos que marca la ley, sin que esto sea una causa imputable al acusado, que reclama al Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16, 17, 20 y 133 Constitucionales. VISTA MINISTERIAL. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que le compete y córrasele traslado con copia de la demanda de amparo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para la celebración de la audiencia constitucional a que alude el artículo 115 de la ley de la materia, se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. INFORME(S) JUSTIFICADO(S). Con apoyo en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la(s) autoridad(es) señalada(s) como responsable(s) informe con justificación, el que deberá(n) rendir dentro del plazo de quince días, a fin de dar vista a las partes; en la inteligencia, que la copia de la demanda de amparo se remite al requerir el informe previo. En dicho informe justificado deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y remitirá, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, o en su caso, el acta mínima y el registro audiovisual de la audiencia en la que se hubiere dictado el acto reclamado, acompañando el índice cronológico de su desarrollo, en el que precise el momento de intervención de cada una de las partes; de igual forma, el juez de control responsable deberá remitir la resolución que conste por escrito del acto reclamado, en términos del artículo 67, fracción IV del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el entendido, que el referido informe con justificación deberá rendirse en dicho plazo, para que entre la fecha de notificación a la parte quejosa del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, medie un plazo de por lo menos ocho días. Hágase del conocimiento de la(s) autoridad(es) responsable(s) que podrá(n) remitir su informe respectivo a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (222) 303 7276, al cual también, en su caso, puede mandar su informe vía fax. Signifíquese a las autoridades responsables que de remitirlo vía correo electrónico o fax, ya no será necesario enviarlo vía ordinaria; ello, de no tener pruebas que ofrecer para acreditar el acto reclamado, o alguna causa de sobreseimiento. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la(s) autoridad(es) responsable(s) que ante la falta del informe justificado, se presumirá(n) cierto(s) el(los) acto(s) reclamado(s), salvo prueba en contrario; se precisa que queda a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad, cuando dicho(s) acto(s) no sea(n) en sí mismo(s) violatorio(s) de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1° de la Ley de Amparo. De igual forma, se hace saber a la(s) autoridad(es) responsable(s) que al rendir su(s) informe(s) no podrá(n) variar o mejorar la fundamentación y motivación de los acto(s) reclamado(s), ni ofrecer pruebas distintas de las consideradas al pronunciarlo(s), salvo las relacionadas con las nuevas pretensiones deducidas por la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 260, fracción II, en relación con el 238 de la Ley de Amparo, se apercibe a la(s) autoridad(es) responsable(s), con multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, en el caso de que no rinda(n) el informe con justificación o lo haga(n) sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias o del índice cronológico del desarrollo de la audiencia relativa para la solución del juicio constitucional u omita(n) referirse a la representación que aduzca la parte promovente de la demanda en términos del artículo 11 de la ley de la materia; esto último, en caso de encontrarse en el supuesto. Igualmente, se apercibe a la(s) autoridad(es) responsable(s), que en el caso de que se niegue(n) a recibir notificación en términos del artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se le(s) impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionadora; ello en términos de los numerales 245, en relación con el 238 del citado ordenamiento legal. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO. Asimismo, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que al tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten; con el apercibimiento que a la parte que tenga conocimiento y no la comunique, se le impondrá multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, tal y como lo señala el artículo 251, en relación con el 238 de la citada ley. Sanciones que serán aplicadas en la resolución que se dicte en la audiencia constitucional. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. Se hace saber a la(s) autoridad(es) responsable(s) y a aquélla(s) que tenga(n) el carácter de tercera(s) interesada(s), que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le(s) ordene(n) realizar en este expediente, será(n) por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se le(s) notificará(n) por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". EMPLAZAMIENTO DE TERCERO(S) INTERESADO(S). Con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se requiere al 1. Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, para que en el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, proporcione: 1) la denominación oficial y actual, así como el nombre propio y completo del fiscal que interviene en la carpeta administrativa de su estadística instruida en contra de Margarito Carmona Vallejo. Así mismo, para que proporcione el nombre completo y domicilio actual y correcto de la víctima, a quien le recae el carácter de tercero interesado en el presente controvertido constitucional. Apercibido que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en el artículo 251 del citado cuerpo de leyes. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En razón a que se solicita la suspensión de los actos reclamados, fórmese por separado y duplicado el incidente de suspensión solicitado. DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte quejosa el que señala en su escrito inicial de demanda. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de la Materia, a las personas que refiere, por así haberlo solicitado expresamente el quejoso en su escrito de demanda. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. AUTO DE VEINTISÉIS DE NOVEIMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE A LA LETRA DICE: San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los presentes autos el informe justificado de la autoridad responsable 1. Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla (Juan Carlos Malpica Aladro), con el que da cuenta la secretaria, para que surta los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Así mismo, con fundamento en el artículo 117, en relación con el diverso 119 ambos de la indicada Ley, téngase a la citada autoridad responsable ofreciendo como pruebas la documental que anexa al informe de mérito, sin perjuicio de relacionarla nuevamente en el momento procesal oportuno; esto es, en la celebración de la audiencia constitucional. Y, dado el cuantioso número de fojas de las constancias que remite la autoridad responsable, fórmese el cuaderno de prueba I del presente juicio para la mejor facilidad de su manejo, respetando folio, sello y rúbrica del mismo. Sin perjuicio de lo anterior, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase al Juez de Control responsable para que en el improrrogable termino de veinticuatro horas legalmente computado, remita el registro de audio y video debidamente certificado de la audiencia que llevó a cabo el ocho de octubre de dos mil diecinueve dentro de la causa penal 1026/2017/PUEBLA de su índice. Se apercibe a la citada autoridad responsable que para el caso de no realizar el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Por otro lado, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso e) de la Ley de Amparo, téngase con el carácter de autoridad tercera interesada al Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Flagrancia Central 2 (Elvi Magali Guridi Jaimes), y con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b) de la ley de la materia, se ordena su emplazamiento por medio de oficio que se gire para tal efecto, anexándole copia simple de la demanda de amparo, y copia autorizada del auto admisorio. En otro sentido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, téngasele con el carácter de tercera interesada a la menor K. M. L. V., por conducto de su representante lewgal Soledad Varela Varela (madre de la víctima), por lo que, con la finalidad de velar por el principio de confidencialidad previsto en el artículo 40, fracción III de la Ley General de Víctimas y salvaguardar los datos personales de la menor tercera interesada, se le identificará con las iniciales antes indicadas. Lo anterior, atendiendo a las reglas contenidas en el capítulo III, del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 3, 8, 9, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente; sin embargo, a efecto de proteger la intimidad y el bienestar de la menor K. M. L. V., al hacer públicas las resoluciones que se emitan en el presente expediente, suprímanse los datos que permitan la identificación de la menor tercera interesada, por lo que se reitera, en lo sucesivo se le identificará con las iniciales "K. M. L. V.". Por tanto, se ordena al Actuario Judicial de la adscripción realice lo siguiente: Se constituya en el domicilio ubicado en Privada Veinticuatro (24) de Febrero, número Trece (13), San Antonio Cacalotepec, San Andrés Cholula, Puebla y pregunte por la referida parte procesal; Le notifique el presente proveído y el auto admisorio; Emplace al presente juicio de amparo a la tercera interesada de identidad reservada K. M. L. V., por conducto de Soledad Varela Varela (madre); Le corra traslado con copia autorizada del escrito de demanda, auto admisorio y el presente proveído, por si a su interés conviene, se apersone, ofrezca pruebas y alegue de su derecho; Haga de su conocimiento la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza al Actuario Judicial que corresponda realizar el emplazamiento de mérito aún en horas y días inhábiles, en la inteligencia de que si se entera de domicilio diverso donde pueda realizarse, se le faculta para constituirse en el lugar que se le informe y lo efectúe sin necesidad de previo acuerdo, asentando la razón correspondiente, para lo cual deberán indagar con los vecinos del lugar. De igual forma, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a la tercera interesada con las constancias de autos. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional que se encuentra señalada para las nueve horas con treinta minutos del día de hoy (foja 13 vuelta), se difiere y se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para su celebración.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los presentes autos el informe justificado de la autoridad responsable 1. Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla (Juan Carlos Malpica Aladro), con el que da cuenta la secretaria, para que surta los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Así mismo, con fundamento en el artículo 117, en relación con el diverso 119 ambos de la indicada Ley, téngase a la citada autoridad responsable ofreciendo como pruebas la documental que anexa al informe de mérito, sin perjuicio de relacionarla nuevamente en el momento procesal oportuno; esto es, en la celebración de la audiencia constitucional. Y, dado el cuantioso número de fojas de las constancias que remite la autoridad responsable, fórmese el cuaderno de prueba I del presente juicio para la mejor facilidad de su manejo, respetando folio, sello y rúbrica del mismo. Sin perjuicio de lo anterior, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase al Juez de Control responsable para que en el improrrogable termino de veinticuatro horas legalmente computado, remita el registro de audio y video debidamente certificado de la audiencia que llevó a cabo el ocho de octubre de dos mil diecinueve dentro de la causa penal 1026/2017/PUEBLA de su índice. Se apercibe a la citada autoridad responsable que para el caso de no realizar el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Por otro lado, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso e) de la Ley de Amparo, téngase con el carácter de autoridad tercera interesada al Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Flagrancia Central 2 (Elvi Magali Guridi Jaimes), y con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b) de la ley de la materia, se ordena su emplazamiento por medio de oficio que se gire para tal efecto, anexándole copia simple de la demanda de amparo, y copia autorizada del auto admisorio. En otro sentido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, téngasele con el carácter de tercera interesada a la menor K. M. L. V., por conducto de su representante lewgal Soledad Varela Varela (madre de la víctima), por lo que, con la finalidad de velar por el principio de confidencialidad previsto en el artículo 40, fracción III de la Ley General de Víctimas y salvaguardar los datos personales de la menor tercera interesada, se le identificará con las iniciales antes indicadas. Lo anterior, atendiendo a las reglas contenidas en el capítulo III, del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 3, 8, 9, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente; sin embargo, a efecto de proteger la intimidad y el bienestar de la menor K. M. L. V., al hacer públicas las resoluciones que se emitan en el presente expediente, suprímanse los datos que permitan la identificación de la menor tercera interesada, por lo que se reitera, en lo sucesivo se le identificará con las iniciales "K. M. L. V.". Por tanto, se ordena al Actuario Judicial de la adscripción realice lo siguiente: Se constituya en el domicilio ubicado en Privada Veinticuatro (24) de Febrero, número Trece (13), San Antonio Cacalotepec, San Andrés Cholula, Puebla y pregunte por la referida parte procesal; Le notifique el presente proveído y el auto admisorio; Emplace al presente juicio de amparo a la tercera interesada de identidad reservada K. M. L. V., por conducto de Soledad Varela Varela (madre); Le corra traslado con copia autorizada del escrito de demanda, auto admisorio y el presente proveído, por si a su interés conviene, se apersone, ofrezca pruebas y alegue de su derecho; Haga de su conocimiento la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza al Actuario Judicial que corresponda realizar el emplazamiento de mérito aún en horas y días inhábiles, en la inteligencia de que si se entera de domicilio diverso donde pueda realizarse, se le faculta para constituirse en el lugar que se le informe y lo efectúe sin necesidad de previo acuerdo, asentando la razón correspondiente, para lo cual deberán indagar con los vecinos del lugar. De igual forma, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a la tercera interesada con las constancias de autos. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional que se encuentra señalada para las nueve horas con treinta minutos del día de hoy (foja 13 vuelta), se difiere y se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para su celebración.
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