Margarito Carmona Muñiz y Otros.
Expediente 2407/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2407/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 27/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Margarito Carmona Muñiz y Otros.
- Fiscal del Ministerio Público Investigador. Mapastepec, Chiapas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA 6.-A.- Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a los promoventes Margarito Carmona Muñiz, Herman Hernández Jiménez y Hernán Solar Martínez, en proveído de once de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 265-266), para que desahogaran la prevención contenida en dicho auto. Toda vez, que se les concedió el término de tres días a fin de que los directos quejosos 1 José Luis Vázquez Labrador, 2 Luis Antonio López Solar, 3 Emigdio Gutiérrez Campero, 4 Javier Mayen Nolasco, 5 Antonio Álvarez Escobar, 6 Javier Osorio Cruz, 7 Saúl Cristales Lorenzana, 8 Edgar Cristales Martínez, 9 Ángel Gutiérrez, 10 Herminio López Sánchez, 11 Miguel Ángel López Lorenzana, 12 Marco Antonio Salinas Avendaño y 13 Fidel Nolasco Cruz ratificaran el escrito de demanda promovido a su favor por Margarito Carmona Muñiz, Herman Hernández Jiménez y Hernán Solar Martínez. Ahora bien, dado que de la comunicación oficial suscrita por la Juez por Ministerio de Ley del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Acapetahua, Chiapas, por medio de la cual devolvió sin diligenciar el despacho 252/2019, número de orden 743/2019, (fojas 244-264), en virtud de que no se localizaron a los citados quejosos, por lo que, en diverso auto de once de diciembre del actual (fojas 265-266), se requirió a los promoventes Margarito Carmona Muñiz, Herman Hernández Jiménez y Hernán Solar Martínez, a efecto de que informaran el lugar en el que se encontraban detenidos, sin que hubieran dado cumplimiento. DESECHAMIENTO En consecuencia, resulta evidente que la demanda promovida por Margarito Carmona Muñiz, Herman Hernández Jiménez y Hernán Solar Martínez, a favor de los quejosos 1 José Luis Vázquez Labrador, 2 Luis Antonio López Solar, 3 Emigdio Gutiérrez Campero, 4 Javier Mayen Nolasco, 5 Antonio Álvarez Escobar, 6 Javier Osorio Cruz, 7 Saúl Cristales Lorenzana, 8 Edgar Cristales Martínez, 9 Ángel Gutiérrez, 10 Herminio López Sánchez, 11 Miguel Ángel López Lorenzana, 12 Marco Antonio Salinas Avendaño y 13 Fidel Nolasco Cruz, resulta notoriamente improcedente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción XXIII, en relación con el diverso 15 de la Ley de Amparo: Tales preceptos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley...". Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad." Conforme a las disposiciones transcritas el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que resulte de alguna otra disposición de la Ley de Amparo, en el caso particular la improcedencia deriva del artículo 15 de la citada ley, ya que dicha disposición establece que cuando se trate de los actos que describe y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. Por tanto, para que cualquier persona promueva en nombre de los directos quejosos es necesario que éstos se encuentren imposibilitados para hacerlo, lo cual en el presente caso no se actualiza ya que de las actuaciones anteriormente apuntadas, no se aprecia esa circunstancia, por el contrario, como se precisó, de las las razones actuariales de cuenta, se advierte que los citados quejosos no se encuentran privados de su libertad, lo que se corrobora con las razones actuariales (fojas 259-264) y las informes de suspensión de plano rendidos por las responsables (fojas 243, 268 y 269), pues de los mismos se deduce que las responsables negaron los actos reclamados. En relatadas circunstancias, no se aprecia de ninguna manera que los agraviados 1 José Luis Vázquez Labrador, 2 Luis Antonio López Solar, 3 Emigdio Gutiérrez Campero, 4 Javier Mayen Nolasco, 5 Antonio Álvarez Escobar, 6 Javier Osorio Cruz, 7 Saúl Cristales Lorenzana, 8 Edgar Cristales Martínez, 9 Ángel Gutiérrez, 10 Herminio López Sánchez, 11 Miguel Ángel López Lorenzana, 12 Marco Antonio Salinas Avendaño y 13 Fidel Nolasco Cruz, se encontrasen imposibilitados para promover el amparo, pues además, de que ninguna mención se hace en ese sentido en la demanda, la razones actuariales de trato y el informe de suspensión de plano referido, apuntan en el sentido de que tales personas no se encontraban retenidos o detenidos en los diversos lugares en que fueron buscados. Luego, tomando en consideración que el escrito de cuenta fue promovido por Margarito Carmona Muñiz, Herman Hernández Jiménez y Hernán Solar Martínez, a nombre de los precitados quejosos, sin que se desprenda de manera certera que éstos se encuentran imposibilitados para promover por propio derecho, es inconcuso, que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 63, fracción XXIII, en relación con el diverso 15 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso por analogía, la tesis con registro 223900, consultable en el Tomo VII, Enero de 1991, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, página 272, del rubro y contenido siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO EN MATERIA PENAL POR FALTA DE LEGITIMACION PROCESAL ACTIVA PARA PROMOVERLO. Uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, lo es el de la iniciativa o instancia de parte agraviada previsto por la fracción I del artículo 107 de la Constitución General de la República, en relación con el 4o. de la Ley de Amparo, establece que el juicio de garantías únicamente puede promoverse por el gobernado a quien perjudique el acto que se le reclama, sin que pueda hacerlo persona distinta a él; sin embargo, en materia penal existen tres disyuntivas por virtud de las cuales se puede promover ese juicio, a nombre del quejoso: a) cuando el representante acredite debidamente esa calidad, en términos del artículo 12 de la Ley de la Materia; b) por los defensores, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento judicial (artículo 16 de la Ley de Amparo), y c) por cualquier persona, si se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos, por el artículo 22 constitucional, siempre y cuando "el agraviado se encuentre imposibilitado para" promoverlo según el artículo 17 de la ley reglamentaria. En estas condiciones, si en el caso concreto, el promovente hizo valer el juicio constitucional en favor de un hermano, sin que se encuentre en alguno de los supuestos referidos, puesto que reclama la orden de aprehensión emitida por autoridad judicial y no demostró ser el mandatario exhibiendo el documento respectivo, ni tampoco defensor del indicado, ni se está en los supuestos del artículo 17 del ordenamiento invocado, debe considerarse que el solicitante carece de legitimación procesal activa para intentar la acción constitucional, por actualizarse la causa de improcedencia que prevé la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4o., de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales". En consecuencia, por las consideraciones vertidas en párrafos precedentes, lo procedente es desechar de plano la demanda de derechos fundamentales únicamente respecto a los quejosos 1 José Luis Vázquez Labrador, 2 Luis Antonio López Solar, 3 Emigdio Gutiérrez Campero, 4 Javier Mayen Nolasco, 5 Antonio Álvarez Escobar, 6 Javier Osorio Cruz, 7 Saúl Cristales Lorenzana, 8 Edgar Cristales Martínez, 9 Ángel Gutiérrez, 10 Herminio López Sánchez, 11 Miguel Ángel López Lorenzana, 12 Marco Antonio Salinas Avendaño y 13 Fidel Nolasco Cruz; ello en razón de que se actualiza de manera notoria, plena e indubitable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo que dispone en el diverso numeral 15, de la propia ley de la materia. Por otra parte, toda vez que los quejosos Margarito Carmona Muñiz, Herman Hernández Jiménez y Hernán Solar Martínez, promueven por propio derecho y en representación del Comisariado Ejidal del Ejido Esfuerzo del Campesino y su anexo Nueva Esperanza de Pijijiapan, Chiapas, fungiendo como Presidente, Secretario y Tesorero, respectivamente; en tal virtud, con fundamento en los artículos 107, fracción V; 115, 116 y 128 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo. AUTORIDADES RESPONSABLES 1. Fiscal del Ministerio Publico Investigador de Mapastepec, Chiapas. 2. Elementos de la Policía Ministerial, de Mapastepec, Chiapas. 3. Policía Estatal Preventiva, de Mapastepec, Chiapas. ACTOS RECLAMADOS 1. La ilegal privación de la libertad de nuestros compañeros que señalamos más adelante. 2. La ilegal privación de los derechos y propiedades ejidales. 3. La falta de fundamentación y motivación para privar de la liberta (sic) a nuestros compañeros que señalamos más adelante y de la privación de la propiedad ejidal. 4. La negativa de restitución de la propiedad ejidal". INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión relativo, únicamente respecto a los siguientes actos: La ilegal privación de los derechos y propiedades ejidales. La negativa de restitución de la propiedad ejidal. Toda vez, que los demás actos reclamados fueron materia de la suspensión de plano concedida en auto de dos de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 226-230). INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO De conformidad con el dispositivo 5o, fracción IV, de la ley de la materia, dese al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, la intervención que legalmente corresponde. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Cítese a las partes a la audiencia constitucional, para cuyo desahogo se fijan las NUEVE HORAS DEL VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. En otro aspecto, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que no habrá necesidad de enviarles oficio para notificarle el señalamiento de nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tiene la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet http:www.dgepj.cjf.gob. mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes [aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a) número de registro 2002576]. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO Requiérase a las responsables rindan su informe justificado dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio por el que se les solicita. Con el apercibimiento de que en caso de que no rindan oportunamente dicho informe, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 260, fracción II, en relación con el 237, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente, conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Con apoyo en lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que al rendir su informe justificado remitan copias fotostáticas certificadas de las constancias que integran el expediente del cual se hacen derivar los actos reclamados. Asimismo, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que en caso de actualizarse la cesación de efectos del acto reclamado, o bien que ocurra alguna causa notoria de sobreseimiento, deberán informarlo de inmediato, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy, de conformidad con los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo. EMPLAZAMIENTO TERCERO INTERESADO Resérvese emplazar a la parte tercero interesado, hasta en tanto la autoridad responsable rinda su informe justificado. PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas las documentales que anexa la parte quejosa a su escrito de demanda. Las anteriores pruebas se tienen por anunciadas y se desahogan dada su especial y propia naturaleza, sin perjuicio que se haga relación de ellas en la audiencia constitucional. Ahora bien, respecto al ofrecimiento de las pruebas Inspección Judicial y pericial topográfico y agrimensura; se reserva de proveer hasta en tanto obren los informes justificados solicitados a las autoridades responsables. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, agente del ministerio público de la federación adscrita a este juzgado y mediante oficios a las autoridades responsables.
- Incidental
MESA 6.- A.- Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias simples de la demanda de amparo, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 2407/2019, promovido por Margarito Carmona Muñiz, Herman Hernández Jiménez y Hernán Solar Martínez, promueven por propio derecho y en representación del Comisariado Ejidal del Ejido Esfuerzo del Campesino y su anexo Nueva Esperanza de Pijijiapan, Chiapas, fungiendo como Presidente, Secretario y Tesorero, respectivamente, contra actos de las siguientes autoridades: 1. Fiscal del Ministerio Publico Investigador de Mapastepec, Chiapas. 2. Elementos de la Policía Ministerial, de Mapastepec, Chiapas. 3. Policía Estatal Preventiva, de Mapastepec, Chiapas. ACTOS RECLAMADOS La ilegal privación de los derechos y propiedades ejidales. La negativa de restitución de la propiedad ejidal. SOLICITUD DE INFORME PREVIO Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 125, 128, 129, 138, 139 y 140 de la Ley de Amparo vigente, pídase mediante oficio su informe previo a las autoridades responsables, el que deberán rendir de la misma forma solicitada, dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, contado a partir de su recibo. Se apercibe a la autoridad responsable de que, en caso de que no rinda oportunamente el informe previo requerido, se hará acreedora a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, que arroja la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 260, fracción II, en relación con el 237, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional) conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. AUDIENCIA INCIDENTAL Con fundamento en el artículo 138, fracción II de la Ley de Amparo, se fija como fecha para la celebración de la audiencia incidental, las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DIECISÉIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. La fijación de esta fecha y hora, es decir, fuera del término a que se refiere el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, obedece a la necesidad de utilizar con eficiencia la agenda de este juzgado federal. Se precisa que con el objeto de enfrentar la carga de trabajo sin violentar los derechos laborales del personal de este órgano jurisdiccional se ha señalado diariamente el número máximo de audiencias posibles. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada, sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 103-108, Sexta Parte, Materia(s): Común, Séptima Época, página 38, registro electrónico 252677, del rubro y texto siguiente: "AUDIENCIA INCIDENTAL SEÑALADA FUERA DEL TERMINO LEGAL. QUEJA INFUNDADA. No obstante la disposición del párrafo primero del artículo 131 de la Ley de Amparo, que manda fijar la audiencia en el incidente de suspensión relativo a un juicio de garantías, cuarenta y ocho horas después de transcurrido el término de veinticuatro horas concediendo a las autoridades responsables para rendir el informe previo, debe declararse infundada la queja que se haga valer contra la resolución por la cual el Juez de Distrito señala una fecha para la celebración de la audiencia incidental, posterior a la prescrita por la ley, si consta que el juzgado se encuentra materialmente imposibilitado de acatar lo dispuesto en el artículo 131 invocado, en virtud del gran número de asuntos que debe conocer, que ocupan todos los días anteriores al señalado para la audiencia en el incidente de suspensión de que se habla". Consecuentemente, cabe precisar que la suspensión en el juicio de amparo es una medida cautelar que tiene como objeto mantener un estado de cosas mientras se resuelve el juicio en lo principal y, cuando la naturaleza del acto lo permita, material y jurídicamente, restablecer provisionalmente a la parte quejosa en el goce del derecho cuya tutela pretende, con la finalidad de que su posible violación no se consume durante la tramitación del proceso, afectando de manera irreversible la esfera jurídica del particular. Conforme a lo establecido en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128, 129 y 131 de la Ley de Amparo, la procedencia de la suspensión del acto reclamado y/o sus consecuencias está supeditada a que la solicite la parte quejosa, la naturaleza del acto permita su otorgamiento y no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En el entendido que la suspensión no podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido la parte quejosa antes de la presentación de la demanda y al analizarse la posible afectación al orden público o al interés social con su otorgamiento, debe también ponderarse la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, como presupuestos de la medida cautelar, a fin de resolver si tal afectación es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pudiere sufrir el quejoso. Ahora bien, en los términos en que lo plantea la parte quejosa, con fundamento en los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión provisional del acto reclamado que hizo consistir en la ilegal privación de los derechos y propiedades ejidales; ello en razón a que se trata de un acto procesal consumado, toda vez que de los antecedentes de la demanda de amparo se advierte que en data de once de noviembre de dos mil diecinueve, los promoventes fueron desalojados de sus propiedades ejidales; por lo que en esas circunstancias, no puede ser materia de la medida cautelar solicitada, ya que de concederse, equivaldría a darles efectos restitutorios que únicamente son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo de donde deriva este incidente. Apoya lo anterior la tesis número 557, publicada en el Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, tomo VI, Parte TCC, página trescientos setenta y uno, con el rubro y texto siguientes: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo.". Asimismo, la parte quejosa reclama la negativa de restitución de la propiedad ejidal; con fundamento en los artículos 128, 129 y 130 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión provisional a la parte quejosa de dicho acto, ya que se trata de un acto de carácter negativo, por tanto, la suspensión licitada no procede en contra de los mismos, pues de concederse se darían efectos restitutorios que sólo son propios de examen en el fondo del juicio principal y de conceder la medida cautelar solicitada, no habría nada que suspender, pues el fin de esta medida es que deben cesar temporalmente sus efectos, lo que traería como consecuencia dejar sin materia el análisis del acto reclamado, motivo por el cual, es improcedente conceder la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa. Es aplicable al caso concreto la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XV, página 1468, marzo de 2000, registro electrónico 187375, que establece: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS PROHIBITIVOS O NEGATIVOS. Si bien en la Ley de Amparo no existe disposición alguna que establezca que debe negarse la suspensión cuando el acto reclamado es prohibitivo o negativo, el criterio del Poder Judicial de la Federación ha sido constante en el sentido de que la suspensión no procede contra actos que tienen ese carácter, porque el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el amparo, hipótesis que obviamente no se actualiza ante una prohibición de proceder para el particular o ante una negativa de la autoridad a actuar de determinada manera, como sería admitir una prueba o un recurso, o negar eficacia a ciertas diligencias; por lo que si la suspensión se otorgara contra ese tipo de actos, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal. De ahí que la interpretación del artículo 124 de la Ley de Amparo, que establece los requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa de que el acto sea suspendible, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dicho artículo, como es que la solicite el agraviado, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto, no existiría materia que suspender". DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa por designado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda; asimismo, se tienen como autorizados de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Ervin Madrid Flores y José Luis Flores Montesino, puesto que tienen cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales y Juzgados de Distrito, que establece el Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO De igual manera, y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban de realizarse notificaciones personales a las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el actuario de la adscripción pueda efectuar las mismas. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
- Principal
MESA 6-A.- Vista la razón actuarial entregada el diecisiete del mes y año en curso, por medio de la cual informa la imposibilidad que tuvo el fedatario judicial para notificar el proveído de once de diciembre de dos mil diecinueve a los promoventes del juicio de amparo en que se actúa, por las razones expuestas. En virtud de lo anterior, y de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, notifíqueseles por lista de acuerdos este proveído, así como las subsecuentes determinaciones, aun las de carácter personal, en tanto señalen domicilio en esta ciudad para tal efecto, salvo que se actualice el supuesto del numeral 26, fracción I, inciso k), de la ley en la materia. Notifíquese.
- Principal
MESA 2-BCon fundamento en el artículo 3o. de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio signado por la autoridad responsable Director Jurídico de Seguridad Pública Municipal de Suchiate, Chiapas, por medio del cual interpone RECURSO DE QUEJA contra el auto de tres de diciembre de dos mil diecinueve, en el que se previno a la parte quejosa a efecto de exhibir el cuestionario relativo a la pericial en materia laboral contable (fojas 804-805). En consecuencia, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso e), 98, fracción I, 99, 100, 101, de la Ley de Amparo, una vez que se cuente con las constancias de notificación realizadas a las partes de este proveído, remítase de inmediato el medio de impugnación de trato al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con copia certificada de las constancias que en su caso señalen las partes y las que este Juzgador estime pertinentes, para los efectos de la substanciación del recurso interpuesto. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 26/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima época, que establece: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. SU TRÁMITE ESTÁ SUPEDITADO A QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA INMEDIATAMENTE LAS CONSTANCIAS RESPECTIVAS AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, ACOMPAÑANDO LOS COMPROBANTES DE NOTIFICACIÓN A LAS PARTES DEL AUTO EN EL QUE SE TUVO POR INTERPUESTO AQUÉL. El precepto citado prevé que el recurso de queja procede en amparo indirecto contra las resoluciones que concedan o nieguen la suspensión de plano o la provisional. Ahora bien, este medio de defensa es de sustanciación urgente, como lo demuestra la brevedad de los plazos en que debe interponerse (dos días hábiles) y resolverse (cuarenta y ocho horas), conforme a los artículos 98, fracción I, y 101, párrafo quinto, de la Ley de Amparo. Por esta razón, aun cuando el recurso mencionado quedó exceptuado de la regla general contenida en el artículo 101, párrafo primero, de la propia ley (cuando se impugnen resoluciones que concedan o nieguen aquella medida), conforme a la cual, el órgano jurisdiccional notificará a las demás partes su interposición para que en el plazo de tres días señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse al que deba resolver, ello no altera el sentido de su párrafo segundo, en cuanto dispone que en los supuestos del artículo 97, fracción I, inciso b), de la ley de la materia, el órgano jurisdiccional notificará a las partes e inmediatamente remitirá al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda copia de la resolución, el informe materia de la queja, las constancias solicitadas y las que estime pertinentes. En este último caso, aun cuando las acciones consistentes en notificar la interposición del recurso y remitir las constancias a la superioridad, no son sucesivas, sino simultáneas, ello no altera ni elimina la previsión concreta de notificar a las partes y enviar de inmediato las constancias respectivas al Tribunal Colegiado de Circuito para el trámite del recurso de queja, de ahí que si la única forma de corroborar el cumplimiento de la obligación señalada es a través de la verificación de los comprobantes de la notificación a las partes, entre ellas al recurrente, ello constituye una formalidad insoslayable. Sin que aquélla altere la naturaleza urgente de dicho recurso, pues una vez integradas las constancias relativas e inmediatamente remitidas al órgano revisor, éste cuenta con el plazo legal para resolver lo procedente. Consecuentemente, el trámite del recurso de queja aludido está supeditado a que el Juez de Distrito remita inmediatamente las constancias respectivas al Tribunal Colegiado de Circuito, acompañando los comprobantes de notificación a las partes del auto en el que se tuvo por interpuesto ese recurso. Dada la celeridad del asunto, notifíquese por oficio a las autoridades responsables y con fundamento en los artículos 100 y 101 de la Ley de Amparo, requiéraseles para que dentro del término de tres días, señalen las constancias que estimen deberán remitirse al Tribunal que deba resolver la citada queja. Hágase del conocimiento de las partes el contenido íntegro del auto de tres de diciembre de dos mil diecinueve. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente Por otra parte, agréguese a los autos el escrito de quien se ostenta como la quejosa Margot Ramos Ralon. Conforme al el artículo 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que la ley lo permita expresamente y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor. Ahora, por firma autógrafa, se entiende según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: "Nombre y apellido, o título de una persona que ésta pone con rúbrica al pie de un documento escrito de mano propia o ajena, para darle autenticidad o para obligarse a lo que en él dice". El vocablo "firma" proviene del latín firmare, cuyo significado es afirmar o dar fuerza. A su vez, la palabra "firma", se define como "Afirmar, dar firmeza y seguridad a una cosa" (diccionario citado). En este orden de ideas y trasladando los mencionados conceptos al campo del derecho constitucional, debe decirse que la firma consiste en asentar al pie del escrito el nombre y apellido de la persona que lo emite, en la forma en que acostumbra hacerlo, con el propósito de expresar la voluntad de las partes de ejercer un derecho. En el caso en concreto, la firma plasmada en el escrito de cuenta, es notoriamente distinta a la estampada en la demanda de amparo (fojas 2-11), como se advierte del siguiente cuadro comparativo: FIRMA DE DEMANDA FIRMA DE ESCRITO DE CUENTA Por lo anterior, no se tiene la certeza de que se trate de la misma persona, por lo que no hay forma de saber si es voluntad de la parte quejosa desahogar lo solicitado mediante proveído de tres de diciembre de dos mil diecinueve; pues la firma que contiene el ocurso de cuenta es notoriamente distinta a la que aparece al calce de la demanda de amparo (fojas 2-11). A efecto de estar en posibilidades de proveer lo procedente, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca a este órgano jurisdiccional, ubicado en Predio Rustico denominado "Huerto Santa Isabel", Carretera Cantón Murillo km 0+450, con sede en esta ciudad, con identificación oficial vigente y manifieste si ratifica o no la firma que calza el escrito que se atiende e indique si la reconoce como suya, apercibida que de no comparecer, se tendrá por no presentado. Tiene apoyo a lo anterior, en lo conducente, la Jurisprudencia número doscientos cincuenta y ocho, visible en la página 174, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, cuyo rubro y texto dicen: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la ley de amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la ley de amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. es de importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas". Comparecencia, que deberá realizarse dentro de los días y horas hábiles que tiene este juzgado federal para realizar actuaciones, esto es, de lunes a viernes de las nueve a las quince horas; lo anterior, es así ya que de llevar a cabo actuaciones fuera de dicho horario las mismas se tornarían nulas y para realizar diligencias fuera del mismo tendría que ser con motivo de actos que ameriten un trato urgente o fuerzas de causa mayor que justifiquen su actuar. No obste lo anterior, a fin de hacer accesible la impartición de justicia tal y como lo demanda el artículo 17 Constitucional, en caso de que la parte quejosa se encuentre imposibilitada para comparecer dentro del horario que tiene habilitado este juzgado para llevar a cabo actuaciones, deberá hacerlo del conocimiento dentro de los tres días otorgados en el párrafo que antecede, para que el suscrito provea lo conducente a efecto de habilitar hora inhábil para tomar la comparecencia de ratificación, de no hacerlo así no podrá ser tomada diligencia alguna fuera del horario hábil. Sustenta a lo anterior, aplicable en lo conducente la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, libro 48, noviembre de 2017, tomo I, materia común, página 6, con registro electrónico 2015471, del texto siguiente: "RESOLUCIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ÓRGANO JURISDICCIONAL ESTÁ LEGALMENTE IMPEDIDO PARA EMITIRLAS EN UN DÍA INHÁBIL, PERO LABORABLE, SO PENA DE INCURRIR EN UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS FUNDAMENTALES QUE NORMAN EL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN. De la interpretación armónica de los artículos 23 de la Ley de Amparo abrogada, 19 de la Ley de Amparo vigente y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a la luz del derecho fundamental de seguridad y certeza jurídica de los justiciables y atento a su mayor beneficio, en términos de los artículos 1o., 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se colige que en los días señalados como inhábiles, pero laborables, como son el 5 de febrero, el 21 de marzo y el 20 de noviembre, existe impedimento legal para que el órgano jurisdiccional emita resoluciones en el juicio constitucional, porque en esos días no es factible, por disposición legal expresa, que practique actuaciones; de lo contrario, se incurre en una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, que amerita su reposición, considerando que la resolución dictada en un día inhábil impacta su validez y las consecuencias jurídicas frente a las partes contendientes, pues al resultar inválida afecta la constitución del acto e impide que logre su finalidad de acto decisorio." Por otra parte, visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de tres de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 804-805), se ordenó girar exhorto al Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el estado de Chiapas, en turno, a efecto de entregar los oficios 44950/2019 y 44951/2019 de cuatro de julio del año en curso, dirigidos al Secretario de Hacienda en el Estado y Presidencia del Congreso del Estado de Chiapas de la Sesenta y Siete Legislatura, ambos con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas así como de las copias de los escritos de queja que se adjuntaron sin que hasta esta fecha se tenga conocimiento respecto a su diligenciación; en tal virtud, se acuerda: Requiérase mediante oficio a la oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, para que en el término de tres días contados a partir de su recibo, informe a qué Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, le fue turnado el exhorto 450/2019 orden 745/2019 del índice de este órgano jurisdiccional; lo anterior, a efecto de acordar lo conducente. Finalmente, agréguese a los autos+ el oficio signado por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; en atención a su contenido; dígase que una vez que sea devuelto debidamente diligenciado el exhorto mencionado en párrafos que antecede se le remitirá inmediatamente los acuses que refiere. Notifíquese personalmente el presente acuerdo, así como el diverso de tres de diciembre de dos mil diecinueve.
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