Margarito Camacho Maciel
Expediente 76/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero. 17 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 76/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 14/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Margarito Camacho Maciel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
TÉNGASE POR RECIBIDO EL OFICIO SIGNADO POR EL DELEGADO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO 52, CON SEDE EN ZIHUATANEJO, GUERRERO, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DEL OFICIO 22181/2019, POR EL QUE SE LE NOTIFICÓ EL AUTO DE VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, MEDIANTE EL CUAL, ESTE JUZGADO DECLARÓ CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO Y ORDENÓ LA REMISIÓN DEL TOMO DE PRUEBAS QUE ALLEGÓ EL TRIBUNAL RESPONSABLE COMO APOYO A SU INFORME JUSTIFICADO. CIRCUNSTANCIA DE LA QUE QUEDA ENTERADO ESTE JUZGADO, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TÉNGASE POR RECIBIDO EL OFICIO SIGNADO POR EL DELEGADO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO 52, CON SEDE EN ZIHUATANEJO, GUERRERO, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DEL OFICIO 22180/2019, POR EL QUE SE LE NOTIFICÓ EL AUTO DE VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, MEDIANTE EL CUAL, ESTE JUZGADO DECLARÓ CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO Y ORDENÓ LA REMISIÓN DEL TOMO DE PRUEBAS QUE ALLEGÓ EL TRIBUNAL RESPONSABLE COMO APOYO A SU INFORME JUSTIFICADO. CIRCUNSTANCIA DE LA QUE QUEDA ENTERADO ESTE JUZGADO, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES. NOTIFÍQUESE.
- Principal
CITATORIO. EN CUMPLIMIENTO AL CITATORIO DEJADO EN SU DOMICILIO EL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE ESTABLECE: Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días que se concedió a las partes para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el informe de cumplimiento rendido por la autoridad responsable Tribunal Unitario Agrario del Distrito 52, con sede en Zihuatanejo, Guerrero; sin que conste que alguna de las partes hayan realizado manifestaciones al respecto. En ese contexto, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, se procede a declarar si la sentencia está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Es preciso mencionar que mediante sentencia de treinta de julio de dos mil diecinueve (fojas 126 a 141), se otorgó el amparo, para lo siguiente: A. "Deje insubsistente el acuerdo de dos de enero de dos mil diecinueve, en el que decretó la caducidad del procedimiento de jurisdicción voluntaria 39/2018 de su índice, y, B. Reanude el procedimiento a fin de que en ejercicio de su quehacer oficioso, requiera nuevamente al delegado del Registro Agrario Nacional, con objeto de que proporcione la información que le solicitó en el proveído dictado en la audiencia de ley de quince de marzo de dos mil dieciocho. En la inteligencia de que cuenta con la aptitud legal de utilizar los medios de apremio que estime conducentes." Lo anterior, a fin de que en su momento se encuentre en condiciones de dictar la sentencia que legalmente proceda. Fallo protector que causó ejecutoria mediante acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, (fojas 166 y 167). Ahora bien, mediante oficio recibido en proveído de diez de septiembre de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el oficio a través del cual la autoridad responsable Tribunal Unitario Agrario del Distrito 52, con sede en Zihuatanejo, Guerrero, remitió copia certificada del auto dictado el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, en el expediente agrario 39/2018, de su índice, del cual se aprecia que dejó insubsistente el acuerdo de dos de enero de dos mil diecinueve, reanudó el procedimiento en el citado juicio agrario, y requirió al Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, para que proporcionara la información que le solicitó mediante proveído de quince de marzo de dos mil dieciocho, consistente en que aclarara la fecha de la resolución presidencial que dotó de tierras al ejido "SAN RAFAEL Y ANEXO", Municipio de Lázaro Cárdenas, el estado que guarda en cuanto a sus derechos la superficie que de acuerdo con los trabajos de certificación llevados a cabo en el ejido de referencia, y en todo caso precisara la fecha correcta que deber referir el certificado de derechos agrarios 2318466, en cuanto a la resolución presidencial de la que emana; apercibiéndolo que de no hacerlo así, se le impondrá multa por el equivalente a diez día del salario mínimo general vigente en la Ciudad de México. Documental a la que dada su calidad de pública, se le otorga valor probatorio pleno, en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2, segundo párrafo. En ese contexto, se obtiene que la autoridad responsable, acató la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, toda vez que, como ya se evidenció se dejó insubsistente el proveído reclamado, se repuso el procedimiento y se requirió nuevamente al Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, para que proporcionará la información requerida en auto de quince de marzo de dos mil dieciocho, así también le apercibió con imposición de multa para el caso de incumplimiento. Por tanto, en términos de lo dispuesto en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en el presente juicio constitucional, fue cumplida en su totalidad, sin exceso ni defectos con la actuación practicada por la autoridad responsable, descrita en párrafos que anteceden. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y archívese el presente asunto. Asimismo, es preciso mencionar que conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido el veintiocho de septiembre de dos mil nueve, por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción IV, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, excepción hecha a la demanda de amparo y sentencia respectiva. Por lo anterior, de conformidad con el artículo vigésimo cuarto del Acuerdo General antes referido, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, previa acta, relación que se elabore para la identificación del expediente, anotaciones correspondientes en los libros respectivos, copia digital de todas las constancias que integran el sumario depurado y registro electrónico asociado, procédase a la destrucción de los autos, y en su momento remítase una copia del acta mencionada a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin que sea necesario realizar pronunciamiento en torno al destino del incidente de suspensión, en razón que de la certificación de cuenta se advierte que en este asunto no se tramitó por no haberlo solicitado la parte quejosa, ni tratarse de alguno de los supuestos en los que debía proveerse de manera oficiosa. Finalmente, toda vez que resulta innecesario conservar el tomo de pruebas que remitió la magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 52, con sede en Zihuatanejo, Guerrero, como complemento de su informe justificado; devuélvase el mismo a su lugar de origen, sin necesidad de se envíe el acuse de recibo.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días que se concedió a las partes para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el informe de cumplimiento rendido por la autoridad responsable Tribunal Unitario Agrario del Distrito 52, con sede en Zihuatanejo, Guerrero; sin que conste que alguna de las partes hayan realizado manifestaciones al respecto. En ese contexto, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, se procede a declarar si la sentencia está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Es preciso mencionar que mediante sentencia de treinta de julio de dos mil diecinueve (fojas 126 a 141), se otorgó el amparo, para lo siguiente: A. "Deje insubsistente el acuerdo de dos de enero de dos mil diecinueve, en el que decretó la caducidad del procedimiento de jurisdicción voluntaria 39/2018 de su índice, y, B. Reanude el procedimiento a fin de que en ejercicio de su quehacer oficioso, requiera nuevamente al delegado del Registro Agrario Nacional, con objeto de que proporcione la información que le solicitó en el proveído dictado en la audiencia de ley de quince de marzo de dos mil dieciocho. En la inteligencia de que cuenta con la aptitud legal de utilizar los medios de apremio que estime conducentes." Lo anterior, a fin de que en su momento se encuentre en condiciones de dictar la sentencia que legalmente proceda. Fallo protector que causó ejecutoria mediante acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, (fojas 166 y 167). Ahora bien, mediante oficio recibido en proveído de diez de septiembre de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el oficio a través del cual la autoridad responsable Tribunal Unitario Agrario del Distrito 52, con sede en Zihuatanejo, Guerrero, remitió copia certificada del auto dictado el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, en el expediente agrario 39/2018, de su índice, del cual se aprecia que dejó insubsistente el acuerdo de dos de enero de dos mil diecinueve, reanudó el procedimiento en el citado juicio agrario, y requirió al Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, para que proporcionara la información que le solicitó mediante proveído de quince de marzo de dos mil dieciocho, consistente en que aclarara la fecha de la resolución presidencial que dotó de tierras al ejido "SAN RAFAEL Y ANEXO", Municipio de Lázaro Cárdenas, el estado que guarda en cuanto a sus derechos la superficie que de acuerdo con los trabajos de certificación llevados a cabo en el ejido de referencia, y en todo caso precisara la fecha correcta que deber referir el certificado de derechos agrarios 2318466, en cuanto a la resolución presidencial de la que emana; apercibiéndolo que de no hacerlo así, se le impondrá multa por el equivalente a diez día del salario mínimo general vigente en la Ciudad de México. Documental a la que dada su calidad de pública, se le otorga valor probatorio pleno, en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2, segundo párrafo. En ese contexto, se obtiene que la autoridad responsable, acató la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, toda vez que, como ya se evidenció se dejó insubsistente el proveído reclamado, se repuso el procedimiento y se requirió nuevamente al Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, para que proporcionará la información requerida en auto de quince de marzo de dos mil dieciocho, así también le apercibió con imposición de multa para el caso de incumplimiento. Por tanto, en términos de lo dispuesto en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en el presente juicio constitucional, fue cumplida en su totalidad, sin exceso ni defectos con la actuación practicada por la autoridad responsable, descrita en párrafos que anteceden. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y archívese el presente asunto. Asimismo, es preciso mencionar que conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido el veintiocho de septiembre de dos mil nueve, por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción IV, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, excepción hecha a la demanda de amparo y sentencia respectiva. Por lo anterior, de conformidad con el artículo vigésimo cuarto del Acuerdo General antes referido, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, previa acta, relación que se elabore para la identificación del expediente, anotaciones correspondientes en los libros respectivos, copia digital de todas las constancias que integran el sumario depurado y registro electrónico asociado, procédase a la destrucción de los autos, y en su momento remítase una copia del acta mencionada a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin que sea necesario realizar pronunciamiento en torno al destino del incidente de suspensión, en razón que de la certificación de cuenta se advierte que en este asunto no se tramitó por no haberlo solicitado la parte quejosa, ni tratarse de alguno de los supuestos en los que debía proveerse de manera oficiosa. Finalmente, toda vez que resulta innecesario conservar el tomo de pruebas que remitió la magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 52, con sede en Zihuatanejo, Guerrero, como complemento de su informe justificado; devuélvase el mismo a su lugar de origen, sin necesidad de se envíe el acuse de recibo.
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