Margarita Zárate Dominguez
Expediente 663/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 11 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 663/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 30/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Margarita Zárate Dominguez
- MARGARITA ZÁRATE DOMINGUEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio que signa el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, mediante el cual acusa recibo de los dos tomos del duplicado de la causa penal 90/2014-II, que anexó a su informe con justificación.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de tres días que se concedió a las partes, para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en autos, sin que hayan hecho uso de ese derecho. Consecuentemente, este Juzgado Federal, atendiendo a los elementos que obran en el expediente y a los datos proporcionados por la autoridad responsable, procede a determinar si se cumplió o no. Del análisis de la sentencia emitida por este juzgado el pasado veintiuno de septiembre, que causara ejecutoria el siguiente once de octubre, emerge que se concedió el amparo solicitado contra los actos reclamados al Juez Sexto de Distrito en el Estado y otra, consistente en el fallo de catorce de julio inmediato anterior, emitido dentro del proceso penal ****, y su ejecución, para los siguientes efectos: deje insubsistente el fallo de catorce de julio inmediato anterior reclamado así como sus consecuencias, y con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, la cual incluso podrá ser en el mismo sentido de la anterior, pero purgando los vicios formales detectados, es decir, deberá: Dar contestación a la totalidad de los motivos de disconformidad que la parte quejosa esgrimió en su escrito de interposición del recurso de revocación de que se trata, sobre todo los que se hicieran notar con antelación; y además, Fundar y motivar las razones por la cuales considere procedente o no, el recurso planteado." Destacando que los puntos de disconformidad que la responsable omitió contestar eran: Que si con el beneficio de condena condicional, se suspende la ejecución de las penas principales, esto es, la de prisión y multa, las penas accesorias deben seguir la misma suerte, y por tanto, quedar sin efectos, al menos temporalmente hasta en tanto existan pronunciamiento judicial en el sentido de dar por cumplida la pena de prisión. Que acorde con el contenido del artículo 18 Constitucional y el nuevo paradigma de reinserción social que tiene como objetivo central la restitución plena de los derechos fundamentales de la sentenciada cuando se le deja en libertad; el hecho de limitar sus derechos políticos podría poner en riesgo su reinserción social, pues al suspenderle sus derechos políticos trae aparejada la baja del padrón electoral y la negativa de expedición de credencial para votar (identificación oficial vigente), lo que impediría su personalización para solicitar empleo, apertura de cuentas bancarias, tramitar licencia de conducir, gestionar un pasaporte e incluso ingresar a edificios públicos o privados. Que si la sentenciada llegase a incumplir con las obligaciones inherentes al beneficio de la condena condicional, la autoridad jurisdiccional tiene la potestad de requerirle el cumplimiento o bien revocarle dicho beneficio para que cumpla con la totalidad de la pena impuesta; lo que traería como consecuencia una duplicidad de la sanción relativa a la suspensión de derechos políticos, pues se encontrarían suspendidos durante el goce de dicho suspensivo, y al serle revocado. Que la suspensión de derechos políticos prevista por el artículo 38 fracción II de la Carta Magna, no puede ser aplicada a la quejosa, pues se encuentra cumpliendo con las obligaciones derivadas del beneficio de la condena condicional que suspendió la pena de prisión, y dado que la suspensión de derechos políticos opera durante la extinción de una pena corporal y no cuando la pena de prisión se encuentra suspendida. Que una persona al encontrarse en libertad bajo los efectos de algún sustitutivo o suspensivo, no tiene limitación alguna para ejercer sus derechos en estricta observancia al nuevo paradigma de reinserción social, ya que solo está supeditado a las obligaciones o condiciones inherentes a dichos beneficios, pues goza de la presunción de que no volverá a delinquir y que se encuentra apto para ser reinsertado a la sociedad en pleno ejercicio de sus derechos, incluido al voto; y, Que no puede darse un trato distinto a cuestiones iguales, ya que tanto los sustitutivos penales como el beneficio de la condena condicional son formas de cumplimiento de la pena; por lo que al hacer una diferenciación entre si se deben dejar o no sin efectos la suspensión de derechos políticos, transgrede el principio de igualdad y proporcionalidad. Así, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el juzgador responsable, en data catorce de octubre del año en curso, dejó sin efectos la resolución reclamada, y el dieciocho siguiente, emitió una nueva resolución, de la que de nueva cuenta declaro infundado el recurso de revocación interpuesto por la defensa de la quejosa directa; sin embargo, por proveído de ocho de noviembre pasado, esta potestad requirió de nueva cuenta el cumplimiento al amparo concedido, por las razones ahí expuestas. Posteriormente, el catorce de noviembre inmediato anterior, el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, dejó insubsistente el fallo dictado en cumplimiento a la sentencia emitida dentro del presente juicio, y con libertad de jurisdicción emitió una nueva, en a que de nueva cuenta declaró infundado el recurso de revocación planteado por la defensa de la peticionaria de la tutela federal. Luego si la protección federal se otorgó para ese preciso efecto, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, dado que la responsable: Dejó insubsistente el fallo de catorce de julio inmediato anterior reclamado así como sus consecuencias; Dio contestación a la totalidad de los motivos de disconformidad que la parte quejosa esgrimió en su escrito de interposición del recurso de revocación de que se trata; y, Fundó y motivó su determinación. Esto, como se decretó en el fallo protector. Por otra parte, con fundamento en el penúltimo párrafo del numeral antes referido de la Ley de la materia, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que se concedió el amparo.
- Principal
Agréguese el oficio signado por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, por el que refiere dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, para lo cual remite copia simple de la resolución de catorce de noviembre del año en curso. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercera interesada para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se les haga de este proveído, manifiesten lo que a sus intereses convenga; apercíbaseles que de no hacerlo este Juzgado determinará si la sentencia de amparo fue cumplida.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de tres días que se concedió a las partes, para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en autos, sin que hayan hecho uso de ese derecho.Consecuentemente, este Juzgado Federal, atendiendo a los elementos que obran en el expediente y a los datos proporcionados por la autoridad responsable, procede a determinar si se cumplió o no.Del análisis de la sentencia emitida por este juzgado el pasado veintiuno de septiembre, que causara ejecutoria el siguiente once de octubre, emerge que se concedió el amparo solicitado contra los actos reclamados al Juez Sexto de Distrito en el Estado y otra, consistente en el fallo de catorce de julio inmediato anterior, emitido dentro del proceso penal ***, y su ejecución, para los siguientes efectos:".deje insubsistente el fallo de catorce de julio inmediato anterior reclamado así como sus consecuencias, y con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, la cual incluso podrá ser en el mismo sentido de la anterior, pero purgando los vicios formales detectados, es decir, deberá:Dar contestación a la totalidad de los motivos de disconformidad que la parte quejosa esgrimió en su escrito de interposición del recurso de revocación de que se trata, sobre todo los que se hicieran notar con antelación; y además,Fundar y motivar las razones por la cuales considere procedente o no, el recurso planteado."Destacando que los puntos de disconformidad que la responsable omitió contestar eran: Que si con el beneficio de condena condicional, se suspende la ejecución de las penas principales, esto es, la de prisión y multa, las penas accesorias deben seguir la misma suerte, y por tanto, quedar sin efectos, al menos temporalmente hasta en tanto existan pronunciamiento judicial en el sentido de dar por cumplida la pena de prisión.Que acorde con el contenido del artículo 18 Constitucional y el nuevo paradigma de reinserción social que tiene como objetivo central la restitución plena de los derechos fundamentales de la sentenciada cuando se le deja en libertad; el hecho de limitar sus derechos políticos podría poner en riesgo su reinserción social, pues al suspenderle sus derechos políticos trae aparejada la baja del padrón electoral y la negativa de expedición de credencial para votar (identificación oficial vigente), lo que impediría su personalización para solicitar empleo, apertura de cuentas bancarias, tramitar licencia de conducir, gestionar un pasaporte e incluso ingresar a edificios públicos o privados.Que si la sentenciada llegase a incumplir con las obligaciones inherentes al beneficio de la condena condicional, la autoridad jurisdiccional tiene la potestad de requerirle el cumplimiento o bien revocarle dicho beneficio para que cumpla con la totalidad de la pena impuesta; lo que traería como consecuencia una duplicidad de la sanción relativa a la suspensión de derechos políticos, pues se encontrarían suspendidos durante el goce de dicho suspensivo, y al serle revocado.Que la suspensión de derechos políticos prevista por el artículo 38 fracción II de la Carta Magna, no puede ser aplicada a la quejosa, pues se encuentra cumpliendo con las obligaciones derivadas del beneficio de la condena condicional que suspendió la pena de prisión, y dado que la suspensión de derechos políticos opera durante la extinción de una pena corporal y no cuando la pena de prisión se encuentra suspendida.Que una persona al encontrarse en libertad bajo los efectos de algún sustitutivo o suspensivo, no tiene limitación alguna para ejercer sus derechos en estricta observancia al nuevo paradigma de reinserción social, ya que solo está supeditado a las obligaciones o condiciones inherentes a dichos beneficios, pues goza de la presunción de que no volverá a delinquir y que se encuentra apto para ser reinsertado a la sociedad en pleno ejercicio de sus derechos, incluido al voto; y, Que no puede darse un trato distinto a cuestiones iguales, ya que tanto los sustitutivos penales como el beneficio de la condena condicional son formas de cumplimiento de la pena; por lo que al hacer una diferenciación entre si se deben dejar o no sin efectos la suspensión de derechos políticos, transgrede el principio de igualdad y proporcionalidad. Así, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el juzgador responsable, en data catorce de octubre del año en curso, dejó sin efectos la resolución reclamada, y el dieciocho siguiente, emitió una nueva resolución, de la que de nueva cuenta declaro infundado el recurso de revocación interpuesto por la defensa de la quejosa directa, y de las consideraciones plasmadas en el mismo, se desprende en lo que interesa respecto del fallo protector: Por cuanto al punto de concesión relativo a que: ".Dar contestación a la totalidad de los motivos de disconformidad que la parte quejosa esgrimió en su escrito de interposición del recurso de revocación de que se trata, sobre todo los que se hicieran notar con antelación.", se pronunció de la siguiente forma: Puntos de disenso que fueron omitidos por la responsable en la resolución declarada inconstitucional.Puntos contestados en la resolución de cumplimiento al fallo protector. Que si con el beneficio de condena condicional, se suspende la ejecución de las penas principales, esto es, la de prisión y multa, las penas accesorias deben seguir la misma suerte, y por tanto, quedar sin efectos, al menos temporalmente hasta en tanto existan pronunciamiento judicial en el sentido de dar por cumplida la pena de prisión.".De modo que el resultado de optar por el beneficio de la condena condicional se traduce en la suspensión parcial de la ejecución de la pena. Lo anterior se afirma porque no puede considerarse que se suspenda totalmente la pena de prisión, pues el sentenciado no recupera totalmente su libertad, ya que queda sometido a una serie de condiciones limitativas de libertad. Esto es, la condena se sigue cumpliendo y la pena privativa de su libertad también. En ese sentido, la condena condicional no implica una modificación de la pena, sino una forma de cumplimiento de la misma. De ahí que si, como ya se dijo, la suspensión de los derechos políticos es una pena accesoria de la de prisión, debe entenderse que, aunque se conceda el beneficio de la condena condicional, como la pena privativa de libertad no se modifica, deben permanecer suspendidos los derechos políticos del sentenciado, hasta en tanto no se extinga aquélla pues, como señala la Constitución, es durante la extinción de la pena que debe permanecer vigente la sanción. Es decir, ésta es aplicable a lo que dura."Que acorde con el contenido del artículo 18 Constitucional y el nuevo paradigma de reinserción social que tiene como objetivo central la restitución plena de los derechos fundamentales de la sentenciada cuando se le deja en libertad; el hecho de limitar sus derechos políticos podría poner en riesgo su reinserción social, pues al suspenderle sus derechos políticos trae aparejada la baja del padrón electoral y la negativa de expedición de credencial para votar (identificación oficial vigente), lo que impediría su personalización para solicitar empleo, apertura de cuentas bancarias, tramitar licencia de conducir, gestionar un pasaporte e incluso ingresar a edificios públicos o privados.".Continuando, en relación a los argumentos vertidos por el recurrente, en el sentido que la suspensión de derechos políticos, conlleva la negativa de expedición de la credencial para votar, y esto a su vez imposibilidad su reinserción social, dado que: ".si para solicitar empleo, aperturar una cuenta bancaria, tramitar una licencia o gestionar el pasaporte, incluso únicamente para identificarse e ingresar a edificios público o privado se exige la credencial de elector, es inconcuso que con la suspensión de derechos políticos se estaría negando a la sentenciada su derecho a la reinserción social en el pleno ejercicio de sus derechos de identidad, de trabajo, de educación, de salud y de cualquier otro que sirva para evitar que vuelva a delinquir." .En principio debe decirse que, como bien lo señala el recurrente, los derechos políticos se encuentran inmersos el ordinal 35 de la Ley Fundamental, y son distintos a la alegada falta de identificación referida por el recurrente, asimismo debe puntualizarse que si bien la credencial de elector, es el documento identificatorio por excelencia, también existen otros tales como los son: cartilla del servicio militar, pasaporte, licencia de conducir, carta de residencia, etcétera; por ende, la falta de expedición de la credencial elector y las consecuencias a las que alude, son cuestiones axiológicas que no tienen incidencia en la alegada reinserción social, ni mucho menos con la suspensión de derechos políticos."Que si la sentenciada llegase a incumplir con las obligaciones inherentes al beneficio de la condena condicional, la autoridad jurisdiccional tiene la potestad de requerirle el cumplimiento o bien revocarle dicho beneficio para que cumpla con la totalidad de la pena impuesta; lo que traería como consecuencia una duplicidad de la sanción relativa a la suspensión de derechos políticos, pues se encontrarían suspendidos durante el goce de dicho suspensivo, y al serle revocado.".Continuando con el análisis de los motivos de disconformidad formulados por la defensa, en la ejecutoria que se analiza se establece claramente que la pena quedará extinguida, únicamente, si el reo demuestra haber dado cumplimiento a los requisitos que se le impusieron al otorgarle tal prerrogativa dentro del término mismo de la pena; de manera contraria, la pena no se extinguirá por el solo transcurso del tiempo. De ahí que si la sentenciada falta al cumplimiento de las obligaciones contraídas se podrá hacer efectiva la pena suspendida o apercibirse al justiciable que, si vuelve a faltar a alguna de las condiciones fijadas, se hará efectiva dicha pena. Cuestión distinta sucede cuando se concede algún beneficio de sustitución de la pena, pues al optarse por tal beneficio el sentenciado ya no está condenado a cumplir con una pena privativa de libertad, sino a cumplir con el sustitutivo (multa o trabajo en favor de la comunidad, tratamiento en libertad o semilibertad) por el que hubiere optado. Así, al ser la suspensión de derechos políticos una pena accesoria a la de prisión, cuando ésta es sustituida, debe entenderse que lo es en su integridad, incluyendo la suspensión de derechos políticos."Soslayando el argumento relativo a que ".lo que traería como consecuencia una duplicidad de la sanción relativa a la suspensión de derechos políticos, pues se encontrarían suspendidos durante el goce de dicho suspensivo, y al serle revocado."Que la suspensión de derechos políticos prevista por el artículo 38 fracción II de la Carta Magna, no puede ser aplicada a la quejosa, pues se encuentra cumpliendo con las obligaciones derivadas del beneficio de la condena condicional que suspendió la pena de prisión, y dado que la suspensión de derechos políticos opera durante la extinción de una pena corporal y no cuando la pena de prisión se encuentra suspendida.".Al respecto debe decirse que en el caso, la sentenciada fue condenada por delito que contempla pena privativa libertad, y su acogimiento a la condena condicional, atiende a una forma sustituta o alternativa de cumplir con tal condena; por consiguiente, la restricción de derechos políticos de que se duele el recurrente, surge como consecuencia directa de la pena privativa de libertad, y por ende es aplicable la porción normativa constitucional señalada en la fracción III del artículo 38. Sin que para ello, deba remitirse a legislación secundaria alguna, máxime que dicho numeral es claro y no da lugar a dudas...Aunado a lo anterior, de estimar correcto el argumento sostenido por el recurrente en el sentido de que la suspensión de derechos políticos solo debe operar tratándose de ciudadanos mexicanos que se encuentra recluidos, sería tanto como considerar un sobrebeneficio a los sentenciados que se encontraran gozando de algún beneficio sustitutivo o alternativo a la pena privativa de libertad, de ahí que no le asista la razón en tal sentido.De modo que el resultado de optar por el beneficio de la condena condicional se traduce en la suspensión parcial de la ejecución de la pena. Lo anterior se afirma porque no puede considerarse que se suspenda totalmente la pena de prisión, pues el sentenciado no recupera totalmente su libertad, ya que queda sometido a una serie de condiciones limitativas de libertad. Esto es, la condena se sigue cumpliendo y la pena privativa de su libertad también. En ese sentido, la condena condicional no implica una modificación de la pena, sino una forma de cumplimiento de la misma...De ahí que si, como ya se dijo, la suspensión de los derechos políticos es una pena accesoria de la de prisión, debe entenderse que, aunque se conceda el beneficio de la condena condicional, como la pena privativa de libertad no se modifica, deben permanecer suspendidos los derechos políticos del sentenciado, hasta en tanto no se extinga aquélla pues, como señala la Constitución, es durante la extinción de la pena que debe permanecer vigente la sanción. Es decir, ésta es aplicable a lo que dura."Que una persona al encontrarse en libertad bajo los efectos de algún sustitutivo o suspensivo, no tiene limitación alguna para ejercer sus derechos en estricta observancia al nuevo paradigma de reinserción social, ya que solo está supeditado a las obligaciones o condiciones inherentes a dichos beneficios, pues goza de la presunción de que no volverá a delinquir y que se encuentra apto para ser reinsertado a la sociedad en pleno ejercicio de sus derechos. Incluido al voto. ".Además, no se comparte la manifestación del Defensor Público Federal adscrito, en el sentido de que cuando un sujeto sentenciado está en libertad, atendiendo al principio de presunción de inocencia y reinserción social, se le debe restituir en el goce de sus derechos políticos. Lo que se afirma porque, en el presente asunto, a su representada no se le dejó en libertad, sólo se le hizo efectivo su derecho de acceder a un beneficio de libertad al colmarse los requisitos legales para ello; no obstante, se insiste, la concesión de esa prerrogativa a la que, por cierto, sólo tienen acceso aquellos sujetos condenados en sentencia ejecutoriada, no modificó en algún momento la pena de prisión que originalmente se impuso.De modo que el resultado de optar por el beneficio de la condena condicional se traduce en la suspensión parcial de la ejecución de la pena. Lo anterior se afirma porque no puede considerarse que se suspenda totalmente la pena de prisión, pues el sentenciado no recupera totalmente su libertad, ya que queda sometido a una serie de condiciones limitativas de libertad. Esto es, la condena se sigue cumpliendo y la pena privativa de su libertad también. En ese sentido, la condena condicional no implica una modificación de la pena, sino una forma de cumplimiento de la misma. De ahí que si, como ya se dijo, la suspensión de los derechos políticos es una pena accesoria de la de prisión, debe entenderse que, aunque se conceda el beneficio de la condena condicional, como la pena privativa de libertad no se modifica, deben permanecer suspendidos los derechos políticos del sentenciado, hasta en tanto no se extinga aquélla pues, como señala la Constitución, es durante la extinción de la pena que debe permanecer vigente la sanción. Es decir, ésta es aplicable a lo que dura."Que no puede darse un trato distinto a cuestiones iguales, ya que tanto los sustitutivos penales como el beneficio de la condena condicional son formas de cumplimiento de la pena; por lo que al hacer una diferenciación entre si se deben dejar o no sin efectos la suspensión de derechos políticos, transgrede el principio de igualdad y proporcionalidad. ".Continuando con el análisis de los motivos de disconformidad formulados por la defensa, en la ejecutoria que se analiza se establece claramente que la pena quedará extinguida, únicamente, si el reo demuestra haber dado cumplimiento a los requisitos que se le impusieron al otorgarle tal prerrogativa dentro del término mismo de la pena; de manera contraria, la pena no se extinguirá por el solo transcurso del tiempo. De ahí que si la sentenciada falta al cumplimiento de las obligaciones contraídas se podrá hacer efectiva la pena suspendida o apercibirse al justiciable que, si vuelve a faltar a alguna de las condiciones fijadas, se hará efectiva dicha pena. Cuestión distinta sucede cuando se concede algún beneficio de sustitución de la pena, pues al optarse por tal beneficio el sentenciado ya no está condenado a cumplir con una pena privativa de libertad, sino a cumplir con el sustitutivo (multa o trabajo en favor de la comunidad, tratamiento en libertad o semilibertad) por el que hubiere optado. Así, al ser la suspensión de derechos políticos una pena accesoria a la de prisión, cuando ésta es sustituida, debe entenderse que lo es en su integridad, incluyendo la suspensión de derechos políticos."Soslayando contestar lo relativo al principio de proporcionalidad. Así, al realizar una confronta entre los efectos del fallo protector, y la resolución que en observancia emitió la responsable, resulta evidente que existen defectos en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo en tanto que incurrió de nueva cuenta en vicios formales, con base en las siguientes razones:En la sentencia protectora, se constriño a la responsable para que diera contestación exhaustiva a los puntos de disenso esgrimidos por la defensa de la quejosa directa Margarita Zárate Domínguez, sin embargo, omitió contestar lo relativo a que: ".lo que traería como consecuencia una duplicidad de la sanción relativa a la suspensión de derechos políticos, pues se encontrarían suspendidos durante el goce de dicho suspensivo, y al serle revocado."; y, Lo relativo al principio de proporcionalidad argüido por la parte peticionaria de la tutela federal.Por tanto, con fundamento en los artículos 192, 193 y 196 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se considera que aun no se ha cumplido a cabalidad el fallo protector. De este modo, con fundamento en los precitados normativos, solicítese de la manera más atenta, al Juez Sexto de Distrito en el Estado, deje insubsistente el fallo de dieciocho de octubre pasado emitido en cumplimiento a la sentencia de amparo declarada firme, así como sus consecuencias, y dicte otro purgando los defectos de forma destacados con antelación, y así cumplir a cabalidad el fallo protector. Otorgándose para tal efecto el término de tres días, debiendo remitir a este Juzgado constancias certificadas que lo acredite.
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