Margarita Yolotzi Gonzalez Lugo
Expediente 743/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 743/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Margarita Yolotzi Gonzalez Lugo
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos y de la certificación secretarial que antecede, toda vez que ha transcurrido el plazo de cinco días, sin que la quejosa hubiere recurrido el auto de nueve de septiembre del año en curso; consecuentemente, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Comuníquese lo anterior a la parte quejosa y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto concluido. Ahora, en términos del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; el presente expediente carece de relevancia documental en virtud de que no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas dicho artículo, lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. En virtud de lo anterior y toda vez que no obran en autos documentos originales, de conformidad con el numeral 21, inciso a), del citado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de tres años, procédase a la destrucción de este expediente. Mientras tanto, resérvese en el archivo de este órgano jurisdiccional para su posterior destrucción.
- Principal
Visto el escrito de cuenta, signado por la quejosa ***, mediante el cual manifiesta aclarar los actos reclamados de su escrito inicial de demanda; lo anterior en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de treinta y uno de agosto del año en curso. Ahora bien, previamente a proveer lo que en derecho corresponda, conviene precisar lo siguiente: De autos se advierte que la inconforme inicialmente señaló como actos reclamados indicados en auto. Luego, mediante proveído de treinta y uno de agosto del presente año, se le previno para que precisara qué acto en específico le reclamaba a la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; en cumplimiento a ello la quejosa mediante escrito presentado en esta data precisó que señala como actos reclamados los siguientes: 1. La omisión de dictar el acuerdo de ejecución forzosa para dar cumplimiento al laudo dictado el catorce de marzo de dos mil diecinueve en el expediente laboral *** del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, lo cual le fue solicitado mediante escrito de once de agosto del año en curso. 2. La omisión de hacer efectivas las medidas de apremio a los terceros interesados previstas en auto de veintidós de octubre de dos mil veinte; y 3. La omisión de señalar día y hora para que la quejosa sea reinstalada en los términos y condiciones indicados en el laudo de catorce de marzo de dos mil diecinueve. Como se advierte de lo anterior, el único acto reclamado que reclama la quejosa es la omisión de proveer en relación al escrito de once de agosto del año en curso, por el cual solicitó la ejecución del laudo dictado el catorce de marzo de dos mil diecinueve en el expediente laboral *** del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. En ese sentido, no es el caso tener como actos reclamados destacados el resto de los ya reseñados, pues resultan genéricos, de ahí que resultaría jurídicamente inexistente por ser de realización futura e incierta, en razón de que no podría constreñirse a la autoridad responsable para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de oficio y dentro de los trámites y términos legales, la ejecución de un laudo. No pasa desapercibido que en el primero de los actos señalados como reclamados la impetrante refirió que ha elevado diversas peticiones ante la autoridad responsable por ocursos de veintisiete y veintiocho de junio y veintiocho de agosto de dos mil diecinueve y que la autoridad laboral no ha acordado de fondo tales peticiones; no obstante, tampoco se pueden tener como actos reclamados pues la quejosa confiesa que sus peticiones fueron acordadas -aunque de manera deficiente- empero no señaló como actos reclamados los proveídos correspondientes. Sirve de apoyo a lo anterior por igualdad de razón, la jurisprudencia con número de registro 2010025 de rubro y texto son: "AMPARO INDIRECTO. DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE RECLAMA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LO CONDUCENTE PARA LA EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. Conforme al artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, corresponde a la parte que obtuvo resolución favorable la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, así como su necesaria intervención en la prosecución de ese procedimiento a fin de lograr el cumplimiento de dicha resolución. De ahí que de señalarse como acto reclamado en amparo indirecto, la omisión genérica del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, el juicio de amparo debe sobreseerse en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, habida cuenta que el acto reclamado se tornaría jurídicamente inexistente al momento de presentarse la demandada y además de realización futura e incierta, en razón de que no podría constreñirse al Tribunal burocrático para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de oficio y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución de un laudo, pues ese impulso precisamente corresponde al ejecutante, por lo que no podría considerarse que los actos así reclamados tuvieran el carácter de inminentes, puesto que los mismos deben estimarse de realización futura e incierta, cuya existencia se encuentra sujeta a la voluntad del ejecutante. En efecto, de una interpretación conforme a los artículos 153 a 160 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se deduce que existen actos en los que debe intervenir la quejosa para la prosecución de la ejecución del laudo, como son las atinentes al señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario, así como su eventual cambio o remoción; de ahí que la ejecución forzosa del laudo no es una fase que la autoridad laboral pueda y deba seguir de manera oficiosa, máxime que dentro de ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución, como lo serían, los emolumentos del depositario o interventor, los costos propios del depósito o de la administración de los bienes embargados, de los avalúos o dictámenes periciales, de la publicación de edictos para convocar postores y lograr el remate de los bienes sujetos a la traba. Apoya a lo anterior las jurisprudencias 2a./J. 16/2011 (10a.) y 2a./J. 15/2011 (10a.), sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la diversa PC.I.L. J/9 L (10a.) sustentada por el Pleno en Materia del Trabajo del Primer Circuito, con números de registro 2000025, 2000011 y 2010031, de rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo." "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse.". "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO BUROCRÁTICO. CORRESPONDE AL EJECUTANTE SU INICIO Y PROSECUCIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 151 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. El citado numeral de la Ley Federal Burocrática, dispone que cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, requiera a la demandada el cumplimiento de la resolución, apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa hasta por mil pesos, en términos del artículo 148 del referido ordenamiento laboral; de ahí que no sólo corresponda a la ejecutante la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, sino que también, se encuentra obligada a intervenir en la prosecución de ese procedimiento hasta su conclusión, al resultar necesaria su asociación con el Actuario comisionado por el Tribunal burocrático, cuantas veces sean necesarias, a efecto de requerir el cumplimiento del laudo. Además de que estimar lo contrario, implicaría desconocer la figura de la prescripción contenida en el numeral 114, fracción III, de la referida ley, que establece que prescriben en dos años las acciones para ejecutar las resoluciones del tribunal, y si bien es cierto que en términos del artículo 150 de la ley burocrática, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de proveer a la inmediata y eficaz ejecución de sus laudos, también es verdad que esa obligación es correlativa con la parte interesada en el sentido de que ésta tiene a su vez la obligación de manifestar su voluntad de continuar con la acción de ejecución ejercida, lo cual debe realizar dentro del término de dos años, ya que de no hacerlo, su falta de interés daría lugar, en su caso, a que opere la prescripción de la acción para ejecutar el laudo, pues razonar en sentido contrario implicaría que dicha ejecución se tornara indefinida, lo que contravendría el principio de certeza jurídica que prevé el artículo 14 constitucional." Sentado lo anterior, respecto al acto reclamado en concreto por la impetrante consistente en la omisión de dar contestación al escrito de once de agosto del año en curso, por el cual solicitó la ejecución del laudo dictado el catorce de marzo de dos mil diecinueve en el expediente laboral *** del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis aislada XV.2o.2 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con registro 203196 de rubro siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS." Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Al respecto, este juzgador, de oficio advierte que en el caso se actualiza una causal de improcedencia, contenida en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. Esto debido a que las consecuencias que en el particular genera dicha omisión, constituye una violación que no afecta los derechos del quejoso, ya que tal trasgresión se refiere a las que afectan el procedimiento, la cual es análoga a la prevista en el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo; es decir, se trata de la violación de carácter adjetivo, al no ocasionar una afectación directa e inmediata a derechos sustantivos, pues no se trata de una omisión autónoma, sino que se presenta dentro de un juicio. Es decir, no tiene una ejecución que, objetivamente analizada, amerite sujetarla al control constitucional inmediato durante el trámite del procedimiento, ya que no vulnera o menoscaba los derechos sustantivos de la quejosa. Al respecto, conviene precisar que sobre el tema relativo a las omisiones en que incurren las autoridades responsables al tramitar un juicio o un procedimiento, principalmente bajo la vigencia de la anterior ley de la materia, se estimaba que las omisiones o dilaciones en el procedimiento afectaban los derechos fundamentales consagrados en los artículos 8, 14 y 17 del Pacto Federal, por lo que el amparo en la vía indirecta, era procedente a fin de salvaguardar esos derechos, en caso de que se demostrara la dilación o contravención a las normas que rigen el procedimiento. No obstante, la entrada en vigor de la nueva legislación de amparo, estableció claramente que el juicio de amparo indirecto, procede únicamente contra violaciones que afecten derechos sustantivos. Ahora bien, en relación con las omisiones o dilaciones que se generan dentro del juicio laboral, la Segunda Sala del citado Máximo Tribunal del País, conoció de la contradicción de tesis 325/2015, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 48/2016, con registro electrónico 2011580, de rubro siguiente:"AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS." Dicho criterio es aplicable al caso concreto, pues la omisión que en su caso se reclama, no se genera de manera independiente al procedimiento de origen, en el cual la parte quejosa es la parte actora, sino que se presenta dentro de éste, lo cual genera como consecuencia que dicha omisión se repute como violación de carácter adjetivo, contra la cual, como se ha dejado sentado, no procede el juicio de amparo indirecto al no provocar una afectación de manera inmediata y directa en sus derechos. Esto, porque tal omisión no constituye una abierta dilación en el procedimiento dentro del juicio de origen, mucho menos por sí, la paralización total de procedimiento, que amerite declarar procedente el presente juicio constitucional, lo cual engendraría una excepción a lo anteriormente dicho. Sin que en el caso, se reitera, se actualiza alguno de los aludidos supuestos de excepción. De igual forma, en relación con el tópico en estudio, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País también conoció de la contradicción de tesis 294/2018, la cual fue fallada en sesión de nueve de enero del año en curso, en la cual se adujo, en lo conducente, lo siguiente: "QUINTO. Estudio. Esta Segunda Sala en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) estableció lo siguiente: (.) AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. (.) Ahora bien, dentro del juicio laboral existen múltiples plazos para que los órganos jurisdiccionales, y servidores públicos que participan en ellos, provean los diversos trámites que la secuela procesal exija, así como numerosas razones para que algunos de tales periodos no se observen a cabalidad, ya sea por la interposición de recursos, la excesiva carga de trabajo, fuerza mayor o hecho fortuito, etcétera. Tan solo por dar un ejemplo, basta con señalar que el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo dispone un lapso de cuarenta y ocho horas como el plazo genérico para el dictado de resoluciones y autos, pero tales actos no son los únicos dentro del juicio laboral, porque existen muchos más periodos legales, inclusive algunos de ellos también computados por horas, de muy distinta naturaleza. El plazo genérico al cual se ha hecho mención es el siguiente: "(REFORMADO Y REUBICADO, D.O.F. 4 DE ENERO DE 1980) Artículo 838. La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley." Por ello, resulta difícil establecer un lapso genérico de la duración de la demora que pueda ser establecido de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no, una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el amparo indirecto. Por otra parte, la interpretación del artículo 8o. de la Constitución Federal, ha establecido que, si la falta de respuesta llega a un extremo de cuatro meses, es indudable que se viola el derecho de petición, lo cual tampoco significa que la autoridad cuente con ese periodo para responder, sino exclusivamente que ese lapso hace indiscutible la infracción al derecho fundamental de obtener una respuesta en breve término. Así se explica en el siguiente criterio: (.) Conforme a lo anterior, tampoco puede adoptarse la interpretación del artículo 8o. constitucional para instituir un plazo único para conocer cuándo la autoridad jurisdiccional laboral ha incurrido en una demora que, prácticamente, constituya una verdadera interrupción arbitraria del proceso, surgiendo entonces una violación autónoma que justifique la promoción del amparo indirecto, en tanto ya no se trate solamente de una mera inobservancia de las normas que rigen el procedimiento, sino de una auténtica denegación de justicia, no solo contraventora del precepto citado, sino también de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Federal, el cual establece que "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." No obstante todo lo anterior, a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio laboral, cuyo trámite y resolución se ha procurado agilizar por virtud de las recientes reformas legales en la materia, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquiera otra diligencia, que la demanda de amparo será procedente cuando han transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador, en los siguientes términos: "Artículo 772. Cuando, para continuar el trámite del juicio en los términos del artículo que antecede, sea necesaria promoción del trabajador y éste no la haya efectuado dentro de un lapso de cuarenta y cinco días naturales, el Presidente de la Junta deberá ordenar que se le requiera personalmente para que la presente, apercibiéndolo de que, de no hacerlo, operará la caducidad a que se refiere el artículo siguiente. Si el trabajador está patrocinado por un Procurador del Trabajo, la Junta notificará el acuerdo de que se trata al trabajador y a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, para los efectos correspondientes. Si no estuviera patrocinado por la Procuraduría, se le hará saber a ésta el acuerdo, para el efecto de que intervenga ante el trabajador y le precise las consecuencias legales de la falta de promoción, así como para que le brinde asesoría legal en caso de que el trabajador se la requiera." De lo dispuesto en el precepto anterior se observa que el legislador federal ya estableció en la ley un lapso preciso (45 días naturales) para que la Junta oficiosamente provea lo necesario a fin de que el juicio continúe con su trámite, bajo la condición de que si no se activa éste por la parte actora, la sanción procesal será la caducidad; periodo que evidentemente tiene el propósito de que los juicios no queden indefinidamente paralizados, y resulta un referente útil, por identidad de razones, para determinar cuándo debe considerarse que se ha configurado una dilación excesiva que se traduce en una paralización del procedimiento. Consecuentemente, la jurisprudencia que debe prevalecer es la siguiente: AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." De lo anterior se desprende que el Máximo Tribunal del País, consideró que el plazo de cuarenta y cinco días naturales que prevé la Ley Federal del Trabajo, es el referente para estimar si en el caso existe una dilación excesiva que se traduzca en una paralización del procedimiento. Ahora bien, en el caso, la quejosa señala como acto reclamado de manera concreta la omisión de dar contestación al escrito de once de agosto del año en curso, presentado en el expediente laboral *** del índice de la responsable. En tal virtud, el término de cuarenta y cinco días a que se refiere la jurisprudencia de la Segunda Sala, inició el trece de agosto del año en curso -posterior a las veinticuatro horas con las que cuenta la autoridad responsable para atender ocursos- y concluirá el veintiséis de septiembre del año en curso, con lo cual se tiene que a la fecha de presentación de la demanda constitucional (treinta de agosto de dos mil veintiuno), habían transcurrido solo dieciocho días naturales, a partir de la fecha en que la autoridad responsable debió emitir algún pronunciamiento conforme al procedimiento previsto en la Ley Federal del Trabajo. En ese contexto, considerando la fecha en que se presentó el ocurso inicial, aún no ha transcurrido el plazo de cuarenta y cinco días naturales a que alude el criterio jurisprudencial antes transcrito; por tanto es evidente que la demora reclamada no puede entenderse como una paralización total del procedimiento y, en consecuencia, la falta de resolución en el indico medio de impugnación, no afecta los derechos sustantivos de la parte quejosa, sino que solamente contraviene normas procesales durante la tramitación del procedimiento laboral. De esta forma, dicha omisión hasta este momento no vulnera los derechos del promovente, sino que se reitera, en todo caso tiene injerencia en el carácter meramente procesal, en el cual es parte la ahora quejosa. En esa tesitura, es inconcuso que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo; por tanto, conforme al artículo 113 de la citada ley, se impone DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO.
- Principal
Se hace efectivo el apercibimiento hecho a la parte QUEJOSA, al no haber acudido a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, dentro de los dos días siguientes, en el horario comprendido entre las nueve y las quince horas, a partir de la fecha en que se le dejó el AVISO en el domicilio señalado en autos y se procede a notificar por lista que se fija en los estrados del Juzgado y en la página electrónica www.cjf.gob.mx, EL AUTO DE NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, del cual ya existe síntesis publicada con anterioridad.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve ***. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número 743/2021-k. Ahora bien, previo a acordar lo que en derecho corresponda sobre la demanda de amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días siguientes a la legal notificación del presente proveído, dé cumplimiento a lo siguiente: Aclare el acto u omisión que reclama; esto es, precise si se duele de la falta de contestación a algún escrito presentado ante la responsable, la omisión de dictar el acuerdo correspondiente derivado de algún estado de autos, o si bien, el acto reclamado lo es algún acuerdo donde se haya acordado contario a sus intereses alguna petición relativa a la ejecución de laudo. Pues en el capítulo correspondiente de la demanda de amparo, lo señaló de manera siguiente: "A. DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO, RECLAMO DE DILACIÓN INFUNDADA E ILEGAL, ABSTENCIÓN Y OMISIÓN DE NO IMPARTIR JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA, YA QUE A LA FECHA NO HA DICTADO EL ACUERDO DE EJECUCIÓN FORZOSA, POR EL CUAL, EL PRESIDENTE EJECUTOR DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES Y APLICANDO LAS MÁXIMAS MEDIDAS DE APREMIO PARA HACER EFECTIVAS SUS PROPIAS DETERMINACIONES, DICTE EL ACUERDO DE EJECUCIÓN FORZOSA EN EL CUAL HAGA CUMPLIR LOS PUNTOS RESOLUTIVOS TERCERO, CUARTO, SÉPTIMO, DÉCIMO, Y DÉCIMO PRIMERO DEL LAUDO DE CATORCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE; . SIN EMBARGO, Y AUN CUANDO LA QUEJOSA SE LO HA REQUERIDO EN DIVERSAS OCASIONES POR ESCRITO (27 DE JUNIO DE 2019, 28 JUNIO 2019, 28 DE AGOSTO 2019, EL RESPONSABLE NO ACUERDA DE FONDO LAS PETICIONES DE LA QUEJOSA, SOLO HACE DIFERIR EL PROCESO DE EJECUCIÓN EN UN TIEMPO IRRACIONAL, SIN ACATAR LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN LA LEY LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS." "B. DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO, RECLAMO DE DILACIÓN INFUNDADA E ILEGAL, ABSTENCIÓN Y OMISIÓN DE HACER EFECTIVAS LAS MEDIDAS DE APREMIO A LOS TERCEROS INTERESADOS H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA Y SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES, MUNICIPIOS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE TLAXCALA "7 DE MAYO", RESPECTO A LOS REQUERIMIENTOS PREVISTOS EN EL AUTO DE FECHA VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. ASÍ MISMO, DE ABSTENERSE DE DAR CONTINUIDAD AL PROCEDIMIENTO, RESPECTO DE PROVEER DE LA VISTA CONCEDIDA A LA QUEJOSA MEDIANTE AUTO DE FECHA DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE." "C. DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO, RECLAMO DE DILACIÓN INFUNDADA E ILEGAL, ABSTENCIÓN Y OMISIÓN DE SEÑALAR DÍA Y HORA PARA QUE LA QUEJOSA SEA REINSTALADA BAJO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE EL LAUDO DE FECHA CATORCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE." Posteriormente, en sus antecedentes refiere que derivado del diverso juicio de amparo 363/2020 del índice de este órgano jurisdiccional, ".la responsable emitió auto con fecha veintidós de octubre de dos mil veinte, en el cual acordó a medias las peticiones realizadas por el apoderado legal de la quejosa lo cual nuevamente dejó en incertidumbre jurídica a la quejosa, ." Lo anterior, toda vez que dichos datos resultan relevantes para conocer la verdad, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público, en términos del artículo 62 de la ley de la materia. En el entendido, que de no dar cumplimiento al anterior requerimiento, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Por otra parte, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten su actuación a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; es decir, promuevan en la vía electrónica, asimismo, deberán proporcionar algún correo electrónico, número telefónico -celular o fijo- o mensajería instantánea -whatsapp-, a efecto de entablar comunicaciones no procesales, lo anterior con sustento en lo previsto en el artículo 22, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020 del referido órgano colegiado. Se tiene como domicilio el que indica y de igual forma, téngase como autorizados en términos amplios, a los profesionistas que indica por así solicitarlo. Asimismo, se les tiene proporcionando los correos electrónicos y números de teléfonos que refiere para efectos de entablar comunicaciones no procesales. En cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis; el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Asimismo, se instruye al secretario encargado del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales" aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad del secretario la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio, en términos de lo establecido por los artículos 118 a 120 de la aludida Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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