Margarita Victoria Canseco Reyes

Expediente 728/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 15 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
728/2017
Año
2017
Actuaciones
15
Última actuación
17/10/2017

Partes del expediente

  • Margarita Victoria Canseco Reyes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, y advirtiéndose que se concedió la medida cautelar solicitada; con fundamento en lo establecido en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como concluido, este juzgador estima que carece de relevancia documental en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado, por lo que: procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria. en su oportunidad, consérvese en el archivo de valor jurídico el original de este incidente y procédase a la digitalización de la resolución relativa a su otorgamiento. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese el original de este incidente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar el fallo dictado en este juicio), haya recurrido la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, para los efectos legales correspondientes se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    PREVIO AVISO...R E S U E L V E: ÚNICO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías 728/2017, promovido por ********************. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta, suscrito por ********************; mediante el cual se apersona al presente juicio en su carácter de tercero interesado, asimismo, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica; por tanto, se ordena notificar personalmente la sentencia dictada en autos, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, vista la razón asentada por el Actuario adscrito a este Juzgado, de la que se desprende que no le fue posible notificar personalmente al tercero interesado ********************, la resolución de doce de septiembre del año en curso, por las razones que expone; en tal circunstancia, se ordena notificarle la citada sentencia por medio de lista de acuerdos, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, para los efectos legales a que haya lugar; así como las subsecuentes notificaciones personales, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL TERCERO INTERESADO ********************. ...inserción de resolución de doce de septiembre de dos mil diecisiete... Número de expediente: 728/2017 Acuerdo: V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 728/2017; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. ********************, por su propio derecho ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, residente en esta localidad, que por razón de turno tocó conocer a este órgano jurisdiccional, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados y autoridades siguientes: Del Juez Sexto de lo Civil del Centro, reclama: todos y cada uno de los acuerdos dictados dentro del expediente número ********************, posteriores al auto de exequendum o de inicio. Del Ejecutor adscrito al Juzgado Sexto de lo Civil del Centro, reclama: la diligencia de notificación, traslado, emplazamiento, requerimiento de pago y embargo de fecha cinco de agosto de 2010, practicada dentro del expediente número ********************, como todas las notificaciones o diligencias practicadas. Que estima violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO.- Por proveído de diecinueve de julio de dos mil diecisiete, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de garantías, solicitó informe justificado a las responsables, dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Mediante acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, se ordenó emplazar a los terceros interesados ********************y********************, y la audiencia de fondo se llevó al cabo al tenor del acto que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.- Este Juzgado de Distrito resulta legalmente competente para conocer de la demanda de amparo, conforme lo disponen los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 5°, 35, 107, 124 y relativos de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO.- Del informe justificado rendido por la Juez Sexto de lo Civil residente en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, se desprende la existencia del acto que se le controvierte. El Ejecutor adscrito al Juzgado Sexto de lo Civil del Centro, no rindió su informe no obstante haber quedado legalmente notificado de su petición, como se desprende de la constancia relativa; por tanto, de conformidad con el artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, surge en contra la presunción de certeza del acto que se le imputa. TERCERO.- Previo al estudio del fondo del asunto, deben de examinarse las causas de improcedencia que las partes hagan valer o este Tribunal advierta, dado que su estudio es preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; y con apoyo además, en la jurisprudencia número 158, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja doscientos sesenta y dos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1985, que dice: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, se estima actualizada la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que dice: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: I. XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; ." En efecto, como hecho notorio se desprende que ante este órgano jurisdiccional, se tramitó el juicio de amparo 135/2013 promovido, entre otros, por la aquí quejosa ********************, en el que reclamó: "Del Juez Sexto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, reclamamos: 1.- La orden de embargo dictada en el expediente civil número ********************, del Juzgado Sexto de lo Civil de este Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por ********************, en su carácter de endosatario en procuración de ********************, en contra de********************. 2.- La orden de inscripción en el Registro Público de la Propiedad de este Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, del embargo trabado el día cinco de agosto del dos mil diez, de la casa marcada con el número ********************, en la población de San Francisco Tutla, municipio de Santa Lucía del Camino, Centro, Oaxaca, y del cual es copropietario el primero de los quejosos y con reserva de dominio y usufructo en forma vitalicia la segunda de los quejosos. 3.- La sentencia de remate y adjudicación de la casa de nuestra copropiedad a favor del acreedor ********************, que se dictará inmediatamente como consecuencia de la prosecución del juicio ejecutivo mercantil, con número de expediente ******************** y sin que hayamos sido oídos y vencidos en juicio seguido en nuestra contra, porque somos copropietarios del bien inmueble que indebidamente se embargó. De la Ejecutora llevadora del Expediente número ******************** del Juzgado Sexto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, reclamamos: 1.- El embargo trabajo el día cinco de agosto del año dos mil diez, sobre el bien inmueble de nuestra copropiedad, marcado con el número ********************, en la población de San Francisco Tutla, perteneciente al municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca. 2.- La ejecución material del auto que mande poner en posesión del inmueble marcado con el número ********************, de la población de San Francisco Tutla, perteneciente al municipio de Santa Lucía del Camino, Centro, Oaxaca, diligenciado en el expediente ******************** del Juzgado Sexto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, a favor del acreedor ********************. 3.- El despojo material de la casa marcada con el número ******************** de la población de San Francisco Tutla, perteneciente al municipio de Santa Lucía del Camino, Centro, Oaxaca. Del Director del Registro Público de la Propiedad reclamamos la inscripción del embargo trabado sobre la casa marcada con el número ******************** de la población de San Francisco Tutla, perteneciente al municipio de Santa Lucía del Camino Centro, Oaxaca, y diligenciado en el expediente número ********************, del Juzgado Sexto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca". Por audiencia constitucional de ocho de marzo de dos mil trece, y sentencia engrosada el veintidós del mismo mes y año, se sobreseyó en el juicio al determinarse que: ". es necesario tomar en consideración que a efecto de que el derecho de usufructo que la quejosa afirma poseer sea objeto de protección a través del juicio de amparo, debe demostrarse el origen del mismo, esto es, la causa generadora del derecho para ejercer ese poder de hecho, el cual constituye el sustento objetivo que pudiera dar lugar a la protección constitucional que solicita. En efecto, es preciso estudiar si quien solicita el amparo tiene un título que avale el derecho en relación al cual exige se le respete la garantía de audiencia. En apoyo a lo anterior, y por las consideraciones contenidas en la misma, se cita el criterio pronunciado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada en el Tomo XV, febrero de 2002, página 5 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, la cual es del rubro y texto siguientes: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común". En el caso concreto, la promovente ********************, no acreditó su interés jurídico en el juicio de amparo, pues el documento que exhibió no ampara la causa generadora del derecho de usufructo vitalicio que asegura poseer. Se afirma lo anterior, ya que si bien exhibió copia certificada del testimonio notarial número diez mil setecientos sesenta, verificado ante el Notario Público número treinta y uno en el Estado de Oaxaca, relativo al contrato de compraventa celebrado el once de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, entre ********************, como vendedores, y ********************, quien compró para los menores Jesús Eric Marín Canseco y********************, reservándose el usufructo vitalicio del bien inmueble ubicado en la calle de Hidalgo número ********************, de la población de San Francisco Tutla, Distrito del Centro, con las siguientes medidas y colindancias: al Norte mide ******************** metros con treinta centímetros, colinda con propiedad de ********************; al Sur mide ******************** metros treinta centímetros, colindad con propiedad de Victoria Martínez, servidumbre de paso de por medio; al Oriente mide veintiún metros, colinda con el lote número dos, que en esa misma fecha adquirió ********************; y al Poniente mide veinte metros ochenta y cinco centímetros, colinda con calle Hidalgo (fojas 10 - 12); lo cierto es que el mismo no justifica la causa generadora del derecho de usufructo vitalicio que refiere la quejosa. Para mejor comprensión del asunto, conviene transcribir los artículos 426, 427, 443, 444 y 452 del Código Civil vigente en el Estado, que dicen: "Artículo 426.- Los hijos menores de edad no emancipados, están bajo la patria potestad mientras exista alguno de los ascendientes que deba ejercerla conforme a la ley." "Artículo 427.- La patria potestad se ejerce sobre la persona y los bienes de los hijos. Su ejercicio queda sujeto en cuanto a la guarda y educación de los menores a las modalidades que le impriman las leyes aplicables al caso." "Artículo 443.- Los bienes del hijo, mientras esté en la patria potestad, se dividen en dos clases : I. Bienes que adquiera por su trabajo; II. Bienes que adquiera por cualquiera otro título." "Artículo 444.- Los bienes de la primera clase pertenecen en propiedad, administración y usufructo al hijo. En los bienes de la segunda clase, la propiedad y la mitad del usufructo pertenecen al hijo; la administración y la otra mitad del usufructo corresponden a las personas que ejerzan la patria potestad. Sin embargo, si el hijo adquiere bienes por herencia, legado o donación, y el testador o donante ha dispuesto que el usufructo pertenezca al hijo en totalidad o en proporción determinada, o que se destine a un fin expreso, se estará a lo dispuesto." "Artículo 452.- El derecho de usufructo concedido a las personas que ejerzan la patria potestad, se extingue: I. Por la emancipación o la mayor edad del hijo; II. Por la pérdida de la patria potestad; III. Por renuncia." Al respecto debe decirse que la falta de capacidad debe ser sustituida con la intervención de otra persona capaz que es llamada en lugar del incapaz, y entonces surge la representación. En virtud de ésta un sujeto (representante) está legitimado (con legitimación indirecta) para realizar los actos que implican ejercicio de un derecho o facultad cuya titularidad corresponde a otra persona (representado). El fundamento de la legitimación del representante y la esencia de la representación misma, es el poder suficiente para participar en un acto en nombre del representado y con efectos únicamente para éste. El poder de representación deriva de la ley (representación legal) o de la voluntad del representado (representación voluntaria) y supone siempre la previa legitimación de éste, aunque no siempre su capacidad (El mandato -una forma de representación voluntaria- supone legitimación y capacidad del representado; la patria potestad o la tutela -formas de representación legal o necesaria- suponen incapacidad del representado; las personas jurídicas son capaces y actúan mediante sus órganos o representantes, estando esta actuación regulada en la ley o en los estatutos respectivos). Así, en términos generales, puede decirse que la representación de los menores no emancipados corresponde a las personas que ejercen la patria potestad. Por otra parte, el artículo 443 del Código Civil vigente en el Estado, dispone que los bienes del hijo mientras esté en la patria potestad, se dividen en dos clases: bienes que adquiera por su trabajo y bienes que adquiera por cualquiera otro título; además conforme al numeral 444 del citado ordenamiento legal, los bienes de la primera clase pertenecen en propiedad, administración y usufructo al hijo; en cambio, en los bienes de la segunda clase, la propiedad y la mitad del usufructo pertenecen al hijo; la administración y la otra mitad del usufructo corresponden a las personas que ejerzan la patria potestad; finalmente el precepto 452 del mencionado Código sustantivo estipula que el derecho de usufructo concedido a las personas que ejerzan la patria potestad, se extingue: por la emancipación o la mayor edad del hijo, por la pérdida de la patria potestad, así como por renuncia. Ahora, en el contrato de compraventa que exhibió la quejosa para acreditar la afectación a su interés jurídico, en su cláusula primera se asentó lo siguiente: ".PRIMERA.- Los señores ******************** y su esposa ASUNCIÓN REYES DE CANSECO VENDE y la señora ******************** COMPRA PARA los menores ********************, RESERVÁNDOSE LA COMPRADORA EL DOMINIO Y USUFRUCTO DE LA PROPIEDAD EN FORMA VITALICIA que se ha dejado descrita y deslindada en el segundo punto declarativo en este instrumento, mismo que aquí se da por reproducido para todos sus efectos con todo cuanto de hecho y por derecho le corresponda." Sin embargo, de dicha cláusula se advierte que la promovente fungió como representante de los menores no emancipados ********************, adquiriendo únicamente para dichos menores el bien inmueble antes descrito, no para sí. Por lo que, al haber actuado como representante de los menores, únicamente se encontraba legitimada para participar en ese acto en nombre de sus representados y con efectos únicamente para éstos; no para sí, por lo que con motivo de su intervención como representante de los menores, se encontraba impedida para obtener algún beneficio propio. Se afirma lo anterior, pues las facultades de representación que tiene uno de los padres a favor de su hijo, tienen su razón de ser en el hecho de que su representado es un menor de edad que carece de la capacidad de ejercicio para acudir directamente a formalizar un acto jurídico; de ahí que, lógicamente el infante no puede ejecutarlo directamente, sino que requiere que lo haga a su nombre quien ejerce la patria potestad. De ahí que el padre representante no puede servirse de esa representación para obtener un provecho propio. Y si bien, en términos de los preceptos 443, 444 y 452 antes transcritos, al haber adquirido los menores Jesús Eric Marín Canseco y********************, por conducto de la quejosa ********************, el bien inmueble que quedó descrito con anterioridad, por medio de la compra venta (título distinto al del su trabajo), pertenecía a la quejosa la administración y la mitad del usufructo del mismo; sin embargo, dicho usufructo se extinguió por la mayor edad de los hijos; lo que puede advertirse del instrumento notarial que exhibió la promovente, ya que desde la fecha en que se celebró el mismo, hasta la fecha en que se resuelve el presente asunto, transcurrieron más de dieciocho años, suficientes para que los menores hayan cumplido la mayoría de edad, y como consecuencia de ello, la pérdida del usufructo a que tenía derecho. Luego al no haber acreditado la causa generadora del derecho de usufructo vitalicio que asegura poseer, es evidente que no se acredita la afectación a su interés jurídico. En ese contexto, se actualiza la invocada causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, que impone sobreseer en el presente juicio de garantías, con apoyo en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo.". Determinación que causó ejecutoria el dieciséis de abril de dos mil trece. Ahora, en la presente instancia constitucional, la quejosa ********************, alega ser extraña al juicio ejecutivo mercantil ********************, y no obstante ello se encuentra embargado el bien inmueble ubicado en la calle de Hidalgo número ******************** actualmente ********************, de la población de San Francisco Tutla, Distrito del Centro, con las siguientes medidas y colindancias: al norte mide ******************** metros con treinta centímetros, colinda con propiedad de ********************; al sur mide ******************** metros treinta centímetros, colindad con propiedad de Victoria Martínez, servidumbre de paso de por medio; al oriente mide veintiún metros, colinda con el lote número dos, que en esa misma fecha adquirió ********************; y al poniente mide veinte metros ochenta y cinco centímetros, colinda con calle Hidalgo, del cual es usufructuaria vitalicia; anexando para demostrar su aseveración copia certificada del testimonio notarial número diez mil setecientos sesenta, del protocolo del Notario Público número treinta y uno, con ejercicio en el Estado de Oaxaca, relativo al contrato de compraventa celebrado el once de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, entre ********************, como vendedores, y ********************, quien compró para los menores Jesús Eric Marín Canseco y********************, reservándose el usufructo vitalicio del mismo. De lo anterior se arriba a la conclusión, que los actos controvertidos emanados del juicio ejecutivo mercantil ********************, del índice de la titular del Juzgado Sexto de lo Civil, con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, fue motivo de estudio en el diverso expediente de amparo 135/2013, del índice de este órgano de control constitucional, promovido por la misma quejosa ********************, y autoridades responsables, que fue resuelto en sentencia engrosada el veintidós de marzo de dos mil trece, sobreseyéndose en el juicio, al no acreditar la afectación a su esfera jurídica. Luego, ello hace evidente que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo. Es aplicable, en lo conducente, la tesis sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, visible en la página 41, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. La fracción IV del artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, establece: "El juicio de amparo es improcedente: IV. Contra leyes o actos que hayan sido materia de otra ejecutoria en otro juicio de amparo en los términos de la fracción anterior". La fracción III a que alude la disposición transcrita señala: "El juicio de amparo es improcedente, contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas". Se establece estrecha relación entre ambas causales de improcedencia, porque la señalada en la fracción IV establece como elemento fundamental, que la ejecutoria se haya pronunciado en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior, que no puede tomarse en su integridad sino sólo en la parte en que se refiere a otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por los propios actos reclamados. Esta limitación hace que no se confundan ambas causales y que su aplicación corresponda a momentos diferentes, pues en tanto que la causal de la fracción III se contrae a lo que debe llamarse litispendencia procesal que en el juicio constitucional da origen a su sobreseimiento, cualquiera que sea la instancia en que se encuentre, la de la fracción IV sólo puede aplicarse para el mismo efecto de sobreseer, cuando se haya producido la cosa juzgada por la ejecutoria que se pronuncia en el otro juicio en el que exista la identidad en los sujetos y en el objeto; entendiendo como cosa juzgada en el caso concreto de esta causa de improcedencia, aquella verdad legal que no admite ulterior recurso.". Los criterios invocados, a pesar de haber sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, resultan aplicables al caso en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, dado que no se oponen a ésta. En ese contexto, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías, de conformidad con lo previsto en el artículo 74, fracción III, de la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado y, con apoyo además en los artículos 1°, 76, 77, 78, 79 y 155 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías 728/2017, promovido por ********************. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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