Margarita Vergara Sedano
Expediente 1529/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 13 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1529/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 19/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Margarita Vergara Sedano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Estado procesal del sumario. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la sentencia definitiva dictada el veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, en la que, en su único punto resolutivo, se sobreseyó el amparo solicitado. Firmeza del fallo definitivo. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Condición especial. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación, la circunstancia de que se encuentre transcurriendo el término de diez días para la autoridad responsable Juez Segundo Menor Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial del Estado de Morelos, pues, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, las responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ellas se haya reclamado y, en este juicio al haberse sobreseído, es obvio que no le afecta, por tal motivo, no está en aptitud de interponer el citado medio de impugnación. Lo anterior tiene apoyo, por su sentido e idea jurídica, en la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que textualmente se lee: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMÓ." Al respecto también tiene aplicación, la tesis aislada sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, de rubro: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO." Asimismo, sirve de apoyo la tesis aislada sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, del rubro: "RECURSO DE REVISIÓN. SI LA RESOLUCIÓN QUE RECLAMA LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO LE PERJUDICA, CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL." Notificación a las partes y anotaciones respectivas. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Del incidente de suspensión. En ese sentido, glósese a los presentes autos únicamente el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio y destrúyase el duplicado, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, párrafo primero, fracción II, inciso a) y párrafo tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte). Valoración documental. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente y el original del incidente de suspensión relativo se ubican, respectivamente, en las hipótesis previstas en los artículos 21, párrafo primero, inciso a), y 18, párrafo primero, fracción I, inciso a), del Acuerdo General citado; por tanto, el principal es susceptible de destrucción y el cuadernillo original de la incidencia de depuración. Transferencia del expediente principal y del original del incidente de suspensión. En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 18, párrafos tercero y cuarto, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del incidente de suspensión a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Destrucción del expediente principal. Por otra parte, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, destrúyase el expediente principal dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado Acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada Dirección. Asunto carece de relevancia documental, jurídica e histórica. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales y de la exhibición de garantías. Además, el presente asunto no contiene información reservada ni documentos originales, además no se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Devolución de un anexo. Finalmente, hágase la devolución del anexo formado con motivo de las constancias allegadas por la autoridad responsable Juez Segundo Menor Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial del Estado de Morelos, al resultar innecesaria su conservación, en el entendido que el sello de recepción del oficio correspondiente hará las veces de acuse. Notifíquese.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos relativos al juicio de amparo 1529/2022 promovido por *****, por propio derecho contra el acto que reclama del Juez Segundo Menor en Materia Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial del Estado de Morelos. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el nueve de noviembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido el siguiente día, por razón de turno, a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, Margarita Vergara Sedano por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, en contra de las autoridades y por los actos que se transcriben a continuación: AUTORIDAD RESPONSABLE "C. JUEZ SEGUNDO MENOR EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DELESTADO." ACTO RECLAMADO "La orden de la responsable a requerirme la entrega de los BIENES EMBARGADOS, en el JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL seguido en mi contra, radicado en el expediente 238/2021, de la SEGUNDA SECRETARÍA del JUZGADO SEGUNDO MENOR EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO, orden que se considera IMPROCEDENTE, en virtud de que como consta en autos, en DILIGENCIA DE EMBARGO de fecha 10 de diciembre de 2021, consta que la suscrita quede como DEPOSITARIA ya que incluso ACEPTÉ Y PROTESTÉ EL CARGO conferido, por tanto y toda vez que en mi contestación de demanda he acreditado que NO tengo ningún adeudo con la hoy tercero interesada con todas y cada una de las documentales exhibidas y que en el juicio antes mencionado NO se está en etapa de ejecución, es que se considera ilegal se me requiera la entrega de los bienes embargados, pues soy la DEPOSITARIA JUDICIAL y he venido cumpliendo con el cargo conferido, sin que se haya revocado tal designación, por tanto el actuar de la RESPONSABLE son ACTOS DE MOLESTIA innecesarios, lo anterior por ser procedente conforme a derecho y para los efectos legales conducentes". SEGUNDO. Registro y admisión. Por acuerdo de once de noviembre de dos mil veintidós, este Juzgado formó el expediente 1529/2022, admitió la demanda de amparo, solicitó informe justificado a la autoridad señalada como responsable y señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. El quince de noviembre de dos mil veintidós, se dio intervención al Ministerio Público de la Adscripción y el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, se emplazó al tercero interesado. CUARTO. Seguidos los trámites de ley tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103 y 107 constitucionales, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y conforme a lo previsto en los Acuerdos 3/2013 y 26/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, dado que se reclama un acto atribuido a una autoridad en la jurisdicción que corresponde a este órgano constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, deben fijarse de manera clara y precisa los actos reclamados. Con apoyo en esas premisas, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que en el caso se reclaman: Del Juez Segundo Menor en Materia Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial del Estado de Morelos: a) El auto de ocho de noviembre de dos mil veintidós, por el que se ordena al fedatario de la adscripción requerir a la quejosa la entrega de los bienes muebles embargados en diligencia de diez de diciembre de dos mil veintiuno, en virtud del cambio de depositaria judicial de los mismos, en el juicio ejecutivo mercantil 238/2021, del índice del Juzgado Segundo Menor en Materia Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial del Estado de Morelos. TERCERO. Acto reclamado existente. El Juez Segundo Menor en Materia Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado aceptó la certeza del acto reclamado. Certeza que se robustece con las constancias relativas a la emisión del propio acto reclamado, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fueron expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. CUARTO. Causas de Improcedencia. Con apoyo en el artículo 62 de la Ley de Amparo, previamente al estudio de fondo del asunto, se analizarán las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes, o de oficio se advierta su actualización, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente. La tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo, implica la obligación para los tribunales de amparo de resolver los conflictos que se les plantean evitando interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial, esto es, en caso de duda entre abrir o no el presente juicio en defensa de los derechos humanos que invoca la parte quejosa, por aplicación de los principios pro homine e in dubio pro actione, se debe elegir la respuesta afirmativa. Por tanto, las causales de improcedencia del juicio de amparo deben interpretarse de manera estricta para no limitar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, haciendo posible, en lo esencial, el ejercicio de dicho derecho, por lo que debe buscarse, con apoyo en los principios pro homine e in dubio pro actione, la interpretación más favorable al ejercicio de ese derecho humano; de ahí que ante distintas posibles interpretaciones de las fracciones que componen el artículo 61 de la Ley de Amparo, se acogerá únicamente aquella que se haya acreditado fehacientemente, evitando dejar, con base en presunciones, en estado de indefensión al promovente, lo que es acorde al derecho a la tutela judicial efectiva, que condiciona la actuación de todos los poderes públicos, incluido este Juzgador En ese orden de ideas, se advierte, de oficio, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad. El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de amparo, consistente en que la parte quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así, el amparo será improcedente. Este principio, aunque tiene varias excepciones, es indicativo de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa para la protección de los derechos humanos, de modo que para acudir a él, es necesario impulsar en la vía ordinaria procedente, los recursos que procedan. De igual forma, este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo, para el agraviado, acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia Federal. Ahora bien, del estudio de las constancias remitidas por la autoridad señalada como responsable, se advierten los siguientes antecedentes relevantes para la solución de este caso: 1. El diez de diciembre de dos mil veintiuno, se desahogó la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento a la demandada Margarita Vergara Sedano, quedando ésta como depositaria de los bienes muebles embargados. 2. El catorce de enero de dos mil veintidós se le tuvo por contestada en tiempo y forma la demanda a la parte demandada y se dio vista a la parte contraria para que en el término de tres días, manifestara lo que a su derecho conviniera. 3. Por promoción presentada el tres de octubre de dos mil veintidós, la parte actora solicitó la sustitución del depositario judicial de los bienes embargados. 4. El Juez del conocimiento acordó la petición relatada en los siguientes términos: "Se da cuenta con el escrito número 4927, signado por ANABEL GEORGINA SÁNCHEZ GARCÍA, en su carácter de parte actora en el presente juicio. Visto su contenido, se tienen por hechas sus manifestaciones que hace valer y en atención a ellas, se le tiene designando como nuevo depositario judicial de los bienes embargados en diligencia de fecha diez de diciembre del año dos mil veintiuno, a ANDREA JARDÓN LÓPEZ, persona que queda a cargo de la promovente su presentación ante este Juzgado en día y hora hábil que las labores del mismo lo permitan, para el efecto de que acepte y proteste el cargo conferido en su favor, requiérasele para que dentro del plazo legal de TRES DÍAS designe domicilio del depósito donde quedaron depositados los bienes embargados.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE". 5. En diecisiete de octubre de dos mil veintidós, compareció Andrea Jardón López para aceptar el cargo conferido a su favor como nueva depositaria judicial de los bienes muebles embargados en diligencia de fecha diez de diciembre de dos mil veintiuno. 6. Por escrito presentado el veinte de octubre de dos mil veintidós, la parte demandada en el juicio de origen, alegó que en relación a la petición de la actora de requerir la entrega de los bienes embargados era improcedente, toda vez que en diligencia de embargo de diez de diciembre de dos mil veintiuno, quedó como depositaria, aceptando y protestando el cargo conferido y que en la contestación de la demanda acreditó que no tenía ningún adeudo con la parte actora, y por ende, se le debía negar la petición a la parte actora. Promoción anterior que se acordó en los siguientes términos: "Visto el escrito registrado ante este Juzgado bajo el número 5349, suscrito por la Licenciada BLANCA ARELI NÁJERA CASTILLO, en su carácter de procuradora judicial de la parte demandada en el presente juicio, visto su contenido y en atención a lo solicitado por la promovente, dígasele a la misma, que no ha lugar a acordar favorable su petición, en razón de que es derecho de la parte actora solicitar el cambio de los bienes a diverso depositario judicial. Respecto a la que la parte demanda (sic) acreditó en su contestación de demanda, no tener ningún adeudo con la parte actora con todas y cada una de las documentales exhibidas, dígasele a la promovente que no es el momento procesal oportuno, para proveer sobre tal excepción es decir, que a la fecha no se han valorado las pruebas ofrecidas por las partes para poder acreditar tal cuestión y por cuanto a que no nos encontramos en la etapa de ejecución, dígasele que el código de comercio, no contempla que hasta la ejecución se puedan requerir los bienes embargados y hacer el cambio de depositario de los mismos, pues la naturaleza del Juicio Ejecutivo Mercantil, así lo establece de acuerdo a los artículos 1392 y 1394. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1055, 1066, 1391, del Código de Comercio. NOTIFÍQUESE.". 7. Por escrito presentado el cuatro de noviembre de dos mil veintidós, la parte actora solicitó que en el acto de la diligencia y con el apoyo de la fuerza pública requiriera a la parte demandada Margarita Vergara Sedano, para que entregara de manera voluntaria los bienes embargados en diligencia de diez de diciembre de dos mil veintiuno. Ocurso que fue acordado en los siguientes términos: "Se da cuenta con el escrito registrado bajo el número 5665 suscrito por el Licenciado ANABEL GEORGINA SÁNCHEZ GARCÍA, en su carácter de parte actora en el presente asunto. Visto su contenido y a la comparecencia de fecha diecisiete de octubre del año dos mil veintidós de donde se desprende que comparece la ciudadana ANDREA JARDÓN LÓPEZ, aceptar y protestar el cargo conferido así también se señala el domicilio en donde van a ser depositados los bienes embargados en diligencia de diez de diciembre del año dos mil veintiuno. Ahora bien se le tiene como nueva depositaria a la ciudadana ANDREA JARDÓN LÓPEZ y por señalado el domicilio en donde serán depositados los bienes embargados siendo el ubicado en Primera Privada Nacional 7, Colonia Buena Vista, C.P.62130, Cuernavaca, Morelos. En consecuencia, túrnense los presentes autos al Fedatario de la adscripción, para efectos de que se constituya en el domicilio de la parte demandada MARGARITA VERGARA SEDANO, y le requiera a la parte demandada en cita para que este acto haga entrega de los bienes muebles embargados y descritos en diligencia de requerimiento de pago y embargo de fecha diez de diciembre del año dos mil veintiuno, y dichos bienes sean puestos en posesión del depositario judicial, ANDREA JARDÓN LÓPEZ, siendo depositado en el domicilio antes mencionado. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1055 y 1065 del Código de Comercio en vigor. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.". Esta determinación que constituye la materia de análisis en el presente juicio constitucional. En tal orden de ideas, a juicio de este Juzgador, el auto reclamado de ocho de noviembre de dos mil veintidós dictado en el juicio ejecutivo mercantil 238/2021 constituye una determinación susceptible de reclamarse mediante el recurso de revocación a que se refiere el artículo 1334 del Código de Comercio, mismo que dispone lo siguiente: "Artículo 1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición". El quejoso, a través del dicho medio ordinario de defensa, tuvo expedito su derecho para atacar la legalidad de la determinación adoptada en el auto de ocho de noviembre de dos mil veintidós. En tal orden de ideas, resulta inconcuso que el presente juicio de amparo es improcedente, en virtud de que el quejoso no agotó el principio de definitividad que rige en este juicio. Debe destacarse que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener lo solicitado, se abra el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Pasar por alto las consideraciones derivadas del principio de definitividad, que en lo esencial se expusieron con anterioridad, podría ocasionar que las partes dentro del juicio ordinario no tengan la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, convirtiendo el juicio de amparo en un recurso ordinario. En el caso, es indudable la procedencia del recurso de revocación contra el auto aquí reclamado, puesto que el juicio de origen es de cuantía menor, lo que evidencia la procedencia de tal medio ordinario. Máxime que nuestro más Alto Tribunal, ha definido en la jurisprudencia 1a./J. 59/2010, que los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor son impugnables mediante el recurso de revocación: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS INAPELABLES, DICTADOS EN JUICIOS MERCANTILES CUANDO POR SU MONTO SE VENTILEN EN JUZGADOS DE PAZ O DE CUANTÍA MENOR, O EL MONTO SEA INFERIOR A DOSCIENTOS MIL PESOS. De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, se advierte que como la apelación no procede en juicios mercantiles cuando el monto del contrato sea inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, los autos recaídos en esos negocios pueden revocarse por el juez que los dictó, sin que sea factible considerar que el artículo 1339 del citado Código impide interponer el recurso de revocación en asuntos de dicha cuantía, al referir que sólo son recurribles las resoluciones dictadas durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de doscientos mil pesos, ya que la intención del legislador al usar la expresión "recurribles" fue referirse al recurso de apelación, como se advierte del segundo párrafo del indicado artículo 1339, el cual establece que las sentencias recurribles, conforme al supuesto previsto en su primer párrafo, son apelables. Por tanto, los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor, o el monto es inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, son impugnables mediante el recurso de revocación". Debe destacarse que la irreparabilidad del acto no constituye, por sí misma, una excepción al principio de definitividad, puesto que constituyen presupuestos distintos y autónomos, que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. La irreparabilidad del acto se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado. En ese sentido, el hecho de que el acuerdo reclamado ordene que se requiera a la parte quejosa la entrega de los bienes muebles embargados en el juicio de origen, no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados. Sirven de apoyo a lo anterior, en lo conducente, los criterios que a continuación se exponen: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Bajo esa óptica, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, respecto del acto reclamado al Juez Menor en Materia Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial del Estado de Morelos. SEXTO. Publicación de la sentencia con supresión de datos personales. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, Base A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los numerales 1, 3, 11, fracción VI, 16, 68, 110, 113, y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos preceptos 1, 3, fracciones IX y X del decreto por el que se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicados en el Diario Oficial de la Federación nueve de mayo de dos mil dieciséis y el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, respectivamente, se hace del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública protegiendo los datos considerados sensibles, confidenciales o reservados. Por último, debe precisarse que las tesis invocadas en este fallo, concebidas en el marco de la abrogada Ley de Amparo, fueron citadas en estricta observancia de lo previsto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por *******, respectos de las autoridades y actos precisados en el considerando segundo por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos cuarto de este fallo. Notifíquese Personalmente.
- Principal
DOMICILIO IMPRECISO. en cumplimiento al acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós y con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, siendo las nueve horas del veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, notifico por medio lista a la parte tercero interesada la sentencia de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, dejando a su disposición en la Secretaría encargada del trámite del presente expediente, copia del acuerdo y/o resolución antes aludida, que dice: "V I S T O S para resolver los autos relativos al juicio de amparo 1529/2022 promovido por *****, por propio derecho contra el acto que reclama del Juez Segundo Menor en Materia Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial del Estado de Morelos. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el nueve de noviembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido el siguiente día, por razón de turno, a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, Margarita Vergara Sedano por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, en contra de las autoridades y por los actos que se transcriben a continuación: AUTORIDAD RESPONSABLE "C. JUEZ SEGUNDO MENOR EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DELESTADO." ACTO RECLAMADO "La orden de la responsable a requerirme la entrega de los BIENES EMBARGADOS, en el JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL seguido en mi contra, radicado en el expediente 238/2021, de la SEGUNDA SECRETARÍA del JUZGADO SEGUNDO MENOR EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO, orden que se considera IMPROCEDENTE, en virtud de que como consta en autos, en DILIGENCIA DE EMBARGO de fecha 10 de diciembre de 2021, consta que la suscrita quede como DEPOSITARIA ya que incluso ACEPTÉ Y PROTESTÉ EL CARGO conferido, por tanto y toda vez que en mi contestación de demanda he acreditado que NO tengo ningún adeudo con la hoy tercero interesada con todas y cada una de las documentales exhibidas y que en el juicio antes mencionado NO se está en etapa de ejecución, es que se considera ilegal se me requiera la entrega de los bienes embargados, pues soy la DEPOSITARIA JUDICIAL y he venido cumpliendo con el cargo conferido, sin que se haya revocado tal designación, por tanto el actuar de la RESPONSABLE son ACTOS DE MOLESTIA innecesarios, lo anterior por ser procedente conforme a derecho y para los efectos legales conducentes". SEGUNDO. Registro y admisión. Por acuerdo de once de noviembre de dos mil veintidós, este Juzgado formó el expediente 1529/2022, admitió la demanda de amparo, solicitó informe justificado a la autoridad señalada como responsable y señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. El quince de noviembre de dos mil veintidós, se dio intervención al Ministerio Público de la Adscripción y el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, se emplazó al tercero interesado. CUARTO. Seguidos los trámites de ley tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103 y 107 constitucionales, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y conforme a lo previsto en los Acuerdos 3/2013 y 26/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, dado que se reclama un acto atribuido a una autoridad en la jurisdicción que corresponde a este órgano constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, deben fijarse de manera clara y precisa los actos reclamados. Con apoyo en esas premisas, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que en el caso se reclaman: Del Juez Segundo Menor en Materia Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial del Estado de Morelos: a) El auto de ocho de noviembre de dos mil veintidós, por el que se ordena al fedatario de la adscripción requerir a la quejosa la entrega de los bienes muebles embargados en diligencia de diez de diciembre de dos mil veintiuno, en virtud del cambio de depositaria judicial de los mismos, en el juicio ejecutivo mercantil 238/2021, del índice del Juzgado Segundo Menor en Materia Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial del Estado de Morelos. TERCERO. Acto reclamado existente. El Juez Segundo Menor en Materia Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado aceptó la certeza del acto reclamado. Certeza que se robustece con las constancias relativas a la emisión del propio acto reclamado, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fueron expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. CUARTO. Causas de Improcedencia. Con apoyo en el artículo 62 de la Ley de Amparo, previamente al estudio de fondo del asunto, se analizarán las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes, o de oficio se advierta su actualización, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente. La tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo, implica la obligación para los tribunales de amparo de resolver los conflictos que se les plantean evitando interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial, esto es, en caso de duda entre abrir o no el presente juicio en defensa de los derechos humanos que invoca la parte quejosa, por aplicación de los principios pro homine e in dubio pro actione, se debe elegir la respuesta afirmativa. Por tanto, las causales de improcedencia del juicio de amparo deben interpretarse de manera estricta para no limitar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, haciendo posible, en lo esencial, el ejercicio de dicho derecho, por lo que debe buscarse, con apoyo en los principios pro homine e in dubio pro actione, la interpretación más favorable al ejercicio de ese derecho humano; de ahí que ante distintas posibles interpretaciones de las fracciones que componen el artículo 61 de la Ley de Amparo, se acogerá únicamente aquella que se haya acreditado fehacientemente, evitando dejar, con base en presunciones, en estado de indefensión al promovente, lo que es acorde al derecho a la tutela judicial efectiva, que condiciona la actuación de todos los poderes públicos, incluido este Juzgador En ese orden de ideas, se advierte, de oficio, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad. El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de amparo, consistente en que la parte quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así, el amparo será improcedente. Este principio, aunque tiene varias excepciones, es indicativo de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa para la protección de los derechos humanos, de modo que para acudir a él, es necesario impulsar en la vía ordinaria procedente, los recursos que procedan. De igual forma, este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo, para el agraviado, acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia Federal. Ahora bien, del estudio de las constancias remitidas por la autoridad señalada como responsable, se advierten los siguientes antecedentes relevantes para la solución de este caso: 1. El diez de diciembre de dos mil veintiuno, se desahogó la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento a la demandada Margarita Vergara Sedano, quedando ésta como depositaria de los bienes muebles embargados. 2. El catorce de enero de dos mil veintidós se le tuvo por contestada en tiempo y forma la demanda a la parte demandada y se dio vista a la parte contraria para que en el término de tres días, manifestara lo que a su derecho conviniera. 3. Por promoción presentada el tres de octubre de dos mil veintidós, la parte actora solicitó la sustitución del depositario judicial de los bienes embargados. 4. El Juez del conocimiento acordó la petición relatada en los siguientes términos: "Se da cuenta con el escrito número 4927, signado por ANABEL GEORGINA SÁNCHEZ GARCÍA, en su carácter de parte actora en el presente juicio. Visto su contenido, se tienen por hechas sus manifestaciones que hace valer y en atención a ellas, se le tiene designando como nuevo depositario judicial de los bienes embargados en diligencia de fecha diez de diciembre del año dos mil veintiuno, a ANDREA JARDÓN LÓPEZ, persona que queda a cargo de la promovente su presentación ante este Juzgado en día y hora hábil que las labores del mismo lo permitan, para el efecto de que acepte y proteste el cargo conferido en su favor, requiérasele para que dentro del plazo legal de TRES DÍAS designe domicilio del depósito donde quedaron depositados los bienes embargados.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE". 5. En diecisiete de octubre de dos mil veintidós, compareció Andrea Jardón López para aceptar el cargo conferido a su favor como nueva depositaria judicial de los bienes muebles embargados en diligencia de fecha diez de diciembre de dos mil veintiuno. 6. Por escrito presentado el veinte de octubre de dos mil veintidós, la parte demandada en el juicio de origen, alegó que en relación a la petición de la actora de requerir la entrega de los bienes embargados era improcedente, toda vez que en diligencia de embargo de diez de diciembre de dos mil veintiuno, quedó como depositaria, aceptando y protestando el cargo conferido y que en la contestación de la demanda acreditó que no tenía ningún adeudo con la parte actora, y por ende, se le debía negar la petición a la parte actora. Promoción anterior que se acordó en los siguientes términos: "Visto el escrito registrado ante este Juzgado bajo el número 5349, suscrito por la Licenciada BLANCA ARELI NÁJERA CASTILLO, en su carácter de procuradora judicial de la parte demandada en el presente juicio, visto su contenido y en atención a lo solicitado por la promovente, dígasele a la misma, que no ha lugar a acordar favorable su petición, en razón de que es derecho de la parte actora solicitar el cambio de los bienes a diverso depositario judicial. Respecto a la que la parte demanda (sic) acreditó en su contestación de demanda, no tener ningún adeudo con la parte actora con todas y cada una de las documentales exhibidas, dígasele a la promovente que no es el momento procesal oportuno, para proveer sobre tal excepción es decir, que a la fecha no se han valorado las pruebas ofrecidas por las partes para poder acreditar tal cuestión y por cuanto a que no nos encontramos en la etapa de ejecución, dígasele que el código de comercio, no contempla que hasta la ejecución se puedan requerir los bienes embargados y hacer el cambio de depositario de los mismos, pues la naturaleza del Juicio Ejecutivo Mercantil, así lo establece de acuerdo a los artículos 1392 y 1394. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1055, 1066, 1391, del Código de Comercio. NOTIFÍQUESE.". 7. Por escrito presentado el cuatro de noviembre de dos mil veintidós, la parte actora solicitó que en el acto de la diligencia y con el apoyo de la fuerza pública requiriera a la parte demandada Margarita Vergara Sedano, para que entregara de manera voluntaria los bienes embargados en diligencia de diez de diciembre de dos mil veintiuno. Ocurso que fue acordado en los siguientes términos: "Se da cuenta con el escrito registrado bajo el número 5665 suscrito por el Licenciado ANABEL GEORGINA SÁNCHEZ GARCÍA, en su carácter de parte actora en el presente asunto. Visto su contenido y a la comparecencia de fecha diecisiete de octubre del año dos mil veintidós de donde se desprende que comparece la ciudadana ANDREA JARDÓN LÓPEZ, aceptar y protestar el cargo conferido así también se señala el domicilio en donde van a ser depositados los bienes embargados en diligencia de diez de diciembre del año dos mil veintiuno. Ahora bien se le tiene como nueva depositaria a la ciudadana ANDREA JARDÓN LÓPEZ y por señalado el domicilio en donde serán depositados los bienes embargados siendo el ubicado en Primera Privada Nacional 7, Colonia Buena Vista, C.P.62130, Cuernavaca, Morelos. En consecuencia, túrnense los presentes autos al Fedatario de la adscripción, para efectos de que se constituya en el domicilio de la parte demandada MARGARITA VERGARA SEDANO, y le requiera a la parte demandada en cita para que este acto haga entrega de los bienes muebles embargados y descritos en diligencia de requerimiento de pago y embargo de fecha diez de diciembre del año dos mil veintiuno, y dichos bienes sean puestos en posesión del depositario judicial, ANDREA JARDÓN LÓPEZ, siendo depositado en el domicilio antes mencionado. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1055 y 1065 del Código de Comercio en vigor. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.". Esta determinación que constituye la materia de análisis en el presente juicio constitucional. En tal orden de ideas, a juicio de este Juzgador, el auto reclamado de ocho de noviembre de dos mil veintidós dictado en el juicio ejecutivo mercantil 238/2021 constituye una determinación susceptible de reclamarse mediante el recurso de revocación a que se refiere el artículo 1334 del Código de Comercio, mismo que dispone lo siguiente: "Artículo 1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición". El quejoso, a través del dicho medio ordinario de defensa, tuvo expedito su derecho para atacar la legalidad de la determinación adoptada en el auto de ocho de noviembre de dos mil veintidós. En tal orden de ideas, resulta inconcuso que el presente juicio de amparo es improcedente, en virtud de que el quejoso no agotó el principio de definitividad que rige en este juicio. Debe destacarse que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener lo solicitado, se abra el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Pasar por alto las consideraciones derivadas del principio de definitividad, que en lo esencial se expusieron con anterioridad, podría ocasionar que las partes dentro del juicio ordinario no tengan la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, convirtiendo el juicio de amparo en un recurso ordinario. En el caso, es indudable la procedencia del recurso de revocación contra el auto aquí reclamado, puesto que el juicio de origen es de cuantía menor, lo que evidencia la procedencia de tal medio ordinario. Máxime que nuestro más Alto Tribunal, ha definido en la jurisprudencia 1a./J. 59/2010, que los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor son impugnables mediante el recurso de revocación: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS INAPELABLES, DICTADOS EN JUICIOS MERCANTILES CUANDO POR SU MONTO SE VENTILEN EN JUZGADOS DE PAZ O DE CUANTÍA MENOR, O EL MONTO SEA INFERIOR A DOSCIENTOS MIL PESOS. De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, se advierte que como la apelación no procede en juicios mercantiles cuando el monto del contrato sea inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, los autos recaídos en esos negocios pueden revocarse por el juez que los dictó, sin que sea factible considerar que el artículo 1339 del citado Código impide interponer el recurso de revocación en asuntos de dicha cuantía, al referir que sólo son recurribles las resoluciones dictadas durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de doscientos mil pesos, ya que la intención del legislador al usar la expresión "recurribles" fue referirse al recurso de apelación, como se advierte del segundo párrafo del indicado artículo 1339, el cual establece que las sentencias recurribles, conforme al supuesto previsto en su primer párrafo, son apelables. Por tanto, los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor, o el monto es inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, son impugnables mediante el recurso de revocación". Debe destacarse que la irreparabilidad del acto no constituye, por sí misma, una excepción al principio de definitividad, puesto que constituyen presupuestos distintos y autónomos, que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. La irreparabilidad del acto se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado. En ese sentido, el hecho de que el acuerdo reclamado ordene que se requiera a la parte quejosa la entrega de los bienes muebles embargados en el juicio de origen, no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados. Sirven de apoyo a lo anterior, en lo conducente, los criterios que a continuación se exponen: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Bajo esa óptica, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, respecto del acto reclamado al Juez Menor en Materia Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial del Estado de Morelos. SEXTO. Publicación de la sentencia con supresión de datos personales. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, Base A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los numerales 1, 3, 11, fracción VI, 16, 68, 110, 113, y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos preceptos 1, 3, fracciones IX y X del decreto por el que se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicados en el Diario Oficial de la Federación nueve de mayo de dos mil dieciséis y el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, respectivamente, se hace del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública protegiendo los datos considerados sensibles, confidenciales o reservados. Por último, debe precisarse que las tesis invocadas en este fallo, concebidas en el marco de la abrogada Ley de Amparo, fueron citadas en estricta observancia de lo previsto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por *******, respectos de las autoridades y actos precisados en el considerando segundo por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos cuarto de este fallo. Notifíquese Personalmente."
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Acta de notificación y emplazamiento a la tercero interesada. Agréguese a los autos el acta de notificación personal y emplazamiento a la tercero interesada ****, firmada por el actuario judicial de la adscripción, en la cual, la tercero interesada señaló domicilio procesal. Domicilio procesal. Por tanto, con base en el arábigo 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio de la tercero interesada para oír y recibir notificaciones el que señala en la diligencia de emplazamiento; en la inteligencia que de ser incierto o inexacto, sin ulterior acuerdo se le notificará por lista las subsecuentes, aún las de carácter personal, lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Estado de autos. Finalmente, del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte en proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, se formuló requerimiento a la autoridad responsable a efecto de que por su conducto emplazara a juicio a la tercero interesada; sin embargo, en el escrito de cuenta el actuario de la adscripción remite constancia de emplazamiento a la parte procesal antes mencionada; por ende, se deja sin efectos el requerimiento formulado a la autoridad responsable y sin efectos el apercibimiento decretado en autos. Notifíquese.
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