Margarita Vázquez Mena

Expediente 993/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
993/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
18/12/2020

Partes del expediente

  • Margarita Vázquez Mena

Actuaciones

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de ocho de diciembre de dos mil veinte, por el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, de conformidad con el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se le tiene por perdido ese derecho, y se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que son susceptibles de destrucción sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. En consecuencia, el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en el artículo 21, incisos b) y d), de dicho Acuerdo, al ser un asunto en el que se desechó la demanda y dio por concluido el juicio sin decidirlo en lo principal; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo.

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, a ocho de diciembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta; se tiene por recibido el escrito de demanda de MARGARITA VÁZQUEZ MENA, promovida contras del Juez Primero de Primera Instancia Civil, con sede en Reynosa, Tamaulipas, y otras autoridades; regístrese en el Libro Uno de Juzgado y en el sistema integral de seguimiento de expediente con el número 993/2020, por ser el ordinal progresivo que le corresponde. Ahora bien, analizada la demanda de amparo, debe decirse que es notoriamente improcedente, por actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso numeral 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que conlleva a desecharla de plano de conformidad con los artículos 112 y 113 de la invocada ley, por las consideraciones siguientes. En efecto, los artículos 17 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. ." De la interpretación jurídica de los preceptos antes transcritos, se infiere que atento a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en el artículo 17 de ese ordenamiento, con las excepciones ahí consignadas. Ahora bien, como puede verse de la demanda de amparo, la parte quejosa reclama de las responsables, la tramitación de algún expediente promovido en su contra, el emplazamiento y lo actuado en el mismo, incluyendo la ejecución de sentencia; actos respecto de los cuales refiere en su demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, tuvo conocimiento el cuatro de noviembre del año en curso. Lo anterior, deja de manifiesto que la acción constitucional intentada por la quejosa, en contra de los aludidos actos, se encuentra fuera del término de quince días que establece el artículo 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para la interposición de la demanda de amparo. Lo expresado por la parte quejosa en su demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, constituye para quien aquí provee, una confesión expresa, en términos del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Tal afirmación se sustenta en que si bien es cierto que el artículo 119 de la Ley de Amparo, estable que: "En el juicio de amparo es admisible toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones.", no menos lo es que, no prohíbe la prueba de confesión, sino sólo una de las modalidades de este medio de convicción, que es la confesión obtenida mediante la absolución de posiciones. Sobre este tópico, conviene mencionar que el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en consulta, establece las diversas formas mediante las cuales surge la confesión, entendida como la prueba que se constituye a través del reconocimiento, expreso o tácito, de una parte, formal o material, de un hecho que le perjudica. En efecto, el dispositivo legal invocado con anterioridad, es del tenor siguiente: "La confesión puede ser expresa o tácita: expresa, la que se hace clara y distintamente, ya al formular o contestar la demanda, ya absolviendo posiciones, o en cualquier otro acto del proceso; tácita, la que se presume en los casos señalados por la ley." De la transcripción anterior, se distinguen los diversos modos que dan nacimiento a la confesión de un hecho que produce efectos jurídicos en el proceso, entre las que se encuentra la expresa, cuando deriva de la absolución de posiciones, y que prohíbe el artículo 150 de la ley de Amparo. En cambio, la confesión expresa que se hace al formular la demanda o en el escrito aclaratorio de ésta, sí es admisible en el juicio de amparo y debe valorarse en los términos fijados en el código adjetivo civil federal, por ser aplicable, supletoriamente, en ese aspecto, a la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, a la confesión expresa se debe otorgar el valor de prueba plena, al disponer los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, lo siguiente: "199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran, en ella, las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representado o del cedente, y concerniente al negocio." "200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en las páginas 294 y 295 del Tomo LXXXIX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, cuyo rubro y texto dicen: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo puede dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe." De acuerdo con lo expuesto, las manifestaciones de la parte quejosa vertidas en la demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que desde el cuatro de noviembre del presente año, se enteró de los actos que refiere en su demanda de amparo, constituyen para este juzgador una confesión expresa con valor pleno, que por esa razón genera la eficacia convictita de su emisión, con fundamento en lo estipulado en los artículos 199 y 200 del citado código adjetivo aplicado supletoriamente a la ley de la materia. En ese sentido, si el artículo 18 de la Ley de Amparo vigente, establece que el plazo de los quince días para la promoción de la demanda de amparo se computará desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o su ejecución, es claro que el primero de los quince días que tenía la quejosa para la interposición de la demanda de amparo en contra de los actos que nos ocupa, fue el cinco de noviembre del presente año y, concluyó el término correspondiente el veintisiete de noviembre pasado. Por ello, es evidente que el término de quince días que establece a favor de la quejosa el artículo 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para promover el juicio de amparo contra de los actos de que se ha venido hablando, le transcurrió del cinco al veintisiete de noviembre del presente año; por tanto, si la demanda que se provee fue presentada el siete de diciembre del año en curso, es inconcuso que dicha promoción constitucional se realizó fuera del término permitido por el citado numeral, lo que deviene en el consentimiento tácito por parte de la quejosa de los actos que por esta vía reclama, pues dejó transcurrir dicho término sin promover demanda de amparo, siendo que con esta conducta revela su conformidad con tales actos. De modo que al no haber promovido la demanda de amparo la quejosa en el periodo comprendido del cinco al veintisiete de noviembre del año en curso, en contra de los actos reclamados, es incuestionable que le corrió el término que al efecto establece el artículo 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para la interposición de la misma, siendo claro que, como se dijo, a tales actos les reviste el carácter de consentidos tácitamente, lo que hace improcedente el juicio de amparo, al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, y sin que en la especie se esté en alguno de los casos de excepción que estipula el primero de los citados preceptos legales. ... En tales circunstancias, con apoyo en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo en estudio, por encontrarse en ella motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con los diversos numerales 61, fracción XIV, y 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo ..En otro aspecto, se tiene como domicilio de la parte quejosa para efectos de oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda y como autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Carlos Eduardo Olvera Gordillo y Juan Alberto Vicencio Vite, con cédulas profesionales 5329704 y 5996432, registradas en el sistema correspondiente; y, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a la diversa persona que refiere. Notifíquese personalmente. ...

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